INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 25 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION (PARA DESTINAR UN MONTO ANUAL EQUIVALENTE A 8 POR CIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL PAIS AL GASTO PUBLICO FEDERAL EN EDUCACION), A CARGO DE LA DIPUTADA HORTENCIA ARAGON CASTILLO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA. PRESENTADA EN LA SESION DEL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000

 

Con fundamento en los artículos 3°, fracción VIII, y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del PRD, sometemos a su consideración la siguiente Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

 

Exposición de Motivos

La educación es el medio fundamental para alcanzar el desarrollo pleno de las capacidades humanas; nos permite adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad; factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. Es garantía individual y sus principios, plasmados en el artículo 3° de nuestra Constitución Política, han dado vida a un conjunto de instituciones públicas sobre las que ha descansado la tarea de hacer posible el acceso a este derecho.

 

De acuerdo a nuestra norma fundamental, la educación debe ser laica, es decir, ajena a todo credo religioso; democrática para que el progreso se extienda a toda la población y aliente un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de los ciudadanos; nacional, con el objeto de proteger los intereses de la patria; y debe contribuir a la mejor convivencia humana, a fomentar el aprecio a la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la fraternidad e igualdad, así como evitar cualquier tipo de discriminación. Además, toda la educación que el Estado imparta será gratuita.

 

En síntesis, recibir educación es una garantía constitucional de todo individuo, a través de ella el Estado busca desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentar valores nacionales y universales. La educación es tarea de primer orden de una política social activa.

 

No obstante, durante los últimos tres sexenios, como resultado del giro neoliberal que se le dio a la política social, los recortes presupuestales y el cambio de prioridades en el gasto público, se condujo al sistema educativo a una situación delicada que le ha impedido abatir sus rezagos. Para dar una idea de los retos educativos del futuro inmediato, baste señalar la existencia de 7 millones de analfabetas; una escolaridad promedio menor al segundo de secundaria, aunque el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en entidades de la república como Chiapas y Oaxaca es menor al sexto grado de primaria. Más de un millón de niños no se inscriben en la escuela; 430 mil abandonan la primaria antes de concluir el sexto grado; dos millones 900 mil más no concluyen este ciclo en los seis años previstos. Al primero de secundaria llega el 87 por ciento de los egresados de primaria y sólo la concluyen 79 por ciento de los niños entre 13 y 15 años. Más de cinco millones de jóvenes entre los 13 y los 17 años se quedan fuera de la escuela. La educación media superior recibe sólo al 36 por ciento de los matriculados entre 16 y 18 años. En educación superior se excluye a 8.6 millones de jóvenes de entre 20 y 24 años de edad. Mientras que en México, en 1995, por cada 100 mil habitantes existían mil 682 alumnos inscritos en educación superior, en Canadá había 5 mil 984; en Estados Unidos, 5 mil 210, y en Francia, 3 mil 608; países con los que el nuestro tiene un intenso intercambio comercial, lo que da cuenta de las enormes disparidades competitivas en este terreno.

 

En ese mismo sentido, el crecimiento de la matrícula que con tanto optimismo reportan los informes de gobierno, no refleja el fenómeno de la constante expulsión del sistema educativo de miles de educandos, de un nivel a otro, ni reconoce que sólo una parte muy pequeña de la población atendida accede a la educación superior. Tampoco registra los problemas de calidad y pertinencia de la educación.

 

Asimismo, el salario magisterial promedio en plaza inicial en la actualidad es apenas de 3 salarios mínimos generales, y ha perdido de 1982 a la fecha el 57.7 por ciento de su poder adquisitivo. El maestro ha sido abandonado y desatendido por el gobierno durante muchos años, los diferentes planes para revalorar su carrera magisterial han fracasado. Más de la mitad de los maestros tiene dos plazas u otro empleo para completar un ingreso que le permita el sostenimiento familiar; en casi el 90 por ciento de los casos el o la cónyuge se ven obligados a trabajar en una actividad remunerada y más del 25 por ciento de los profesores son interinos. En el terreno de la práctica docente, las condiciones en que se realiza son inadecuadas para la enseñanza; existe una movilidad inadecuada de los maestros en lo que se refiere a los planteles en donde trabajan. Estas condiciones, de conjunto, repercuten en su desempeño profesional y en la calidad de la enseñanza que imparten.

 

Todos los problemas descritos están relacionados, de una u otra manera, con el financiamiento educativo. El gasto federal en educación que alcanzó en 1982 un monto equivalente al 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), tuvo una drástica caída en la década de los ochenta hasta alcanzar su punto más bajo en 1989 cuando representó el 2.8 por ciento del PIB. Lo anterior fue consecuencia del ajuste estructural y de la política de austeridad impuesta para resolver la aguda crisis económica que en ese momento se vivía. A partir de aquel año, el gasto social tuvo una recuperación gradual y con ello el gasto federal en educación pasó del 2.8 por ciento al 4.6 por ciento como proporción del PIB en 1994, la más alta registrada en los pasados 25 años. No obstante la recuperación observada en ese periodo, el daño provocado al sector educativo fue enorme y este castigo presupuestal impidió que los rezagos fuesen atendidos oportunamente y provocó que se acumularan otros. Además, profundizó las dificultades por las que ya atravesaban los distintos niveles de atención de la demanda y devaluó la tarea magisterial. La situación de desastre educativo, en los albores del siglo XXI, no se explica sin esa caída brutal del gasto público en educación.

 

A pesar de que la educación fue caracterizada en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 como la más alta prioridad del actual gobierno, ello no se ha reflejado en las finanzas públicas. No obstante que en los planes de gobierno se le asignó un papel clave a la educación en el desarrollo nacional, y se fijó como propósito destinarle más recursos, éstos fueron insuficientes para alcanzar sus altas metas. El Sexto Informe de Gobierno reporta un crecimiento de 23 por ciento en términos reales durante los últimos seis años y una inversión equivalente al 4.2 del Producto Interno Bruto, pero no se reconoce que esta cifra es aún menor al 4.6 por ciento alcanzado en 1994 y está muy lejos del 8 por ciento recomendado por la UNESCO. La baja presupuestal durante el Gobierno de Ernesto Zedillo impidió el abatimiento de los rezagos y el cumplimiento de metas.

 

En ese mismo sentido, la huelga estudiantil en la UNAM fue un resultado inmediato de la escasez de recursos en que se debaten las instituciones públicas de educación superior: el gasto en este sector, de 1995 a 1998, cayó entre un 10 y 15 por ciento dependiendo del tipo de institución.

 

Los recortes presupuestales de 1998 y 1999 tuvieron efectos severos sobre la educación, y la reasignación del gasto conseguida para el 2000 fue alterada por un nuevo recorte de mil 200 millones de pesos impuesto por el gobierno federal, lo que dañó diversos programas.

 

Por otra parte, algunos estudios especializados han demostrado la caída del gasto federal total en educación por habitante y por alumno de 1994 a 1998 y disminuciones del gasto en los niveles de educación media superior y superior en el mismo lapso de tiempo. En este último nivel, mientras que en 1994 se gastaban 10 mil 203 pesos por alumno, en 1999 se gastaron, a pesos de 1994, 5 mil 477 pesos por alumno.

 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que urge una medida legislativa que ponga freno al deterioro del gasto educativo y le fije mínimos muy precisos y obligatorios, en función de sus verdaderos requerimientos y en atención a las recomendaciones internacionales. La medida busca comprometer aún más al Estado para que invierta mayores recursos en educación pública, antes que apoyar a la educación privada como ha venido ocurriendo en los últimos años. Consiste en reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación, para reforzar el compromiso presupuestal del gobierno; se propone señalar que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública, y que el monto que anualmente destine la Federación no será menor del 8 por ciento del Producto Interno Bruto del país. La propuesta, de aprobarse, permitirá a la Cámara de Diputados velar porque al gasto federal anual en educación reflejado en el presupuesto de egresos correspondiente, se asignen recursos no menores a ese monto. También, impedirá la disminución de recursos al sector debido a los vaivenes sexenales y a las crisis económicas recurrentes. Además obligará al Estado a asumir un compromiso creciente con el sostenimiento de la tarea educativa y a colocarla en el primer orden de prioridades.

 

Conviene aclarar que el gasto federal en nuestra Iniciativa no incluye el gasto educativo estatal ni el privado. De tal modo que partiríamos de un piso del 4.2 por ciento del PIB registrado en el 2000 para colocarlo en el 8 por ciento del producto, con independencia de la inversión estatal y municipal que se realice en los próximos años.

 

No omitimos las dificultades que conlleva esta Iniciativa. Para hacerla realidad se necesita reorientar varios renglones de la política económica y presupuestal hasta hoy seguida ortodoxamente: la política de pago de la deuda pública, tanto interna como externa, el sostenimiento de las deudas contraídas por el IPAB, la estrategia de "rescate" a empresas privadas que han asumido actividades públicas, el gasto superfluo e innecesario en varias dependencias de gobierno y una política fiscal regresiva. Por ello, proponemos en los artículos transitorios del Decreto que la meta del 8 por ciento del PIB para gasto en educación sea alcanzada en el año 2004. Es decir, que a partir de ejercicio fiscal del año 2001 se destine un punto porcentual del PIB adicional a lo invertido durante el 2000 hasta llegar al monto recomendado por la UNESCO. Esto permitirá realizar los ajustes necesarios al presupuesto de egresos y tomar las medidas de política económica indispensables para no afectar otros renglones del gasto social.

 

En forma complementaria, año con año, la Cámara de Diputados aprobaría los renglones del gasto a los que se destinarían los incrementos propuestos, en consulta con los sectores involucrados: maestros, alumnos, padres de familia, especialistas y autoridades educativas. Empero, por los rezagos hasta hoy detectados, tendríamos que invertir con urgencia en salario magisterial, que no ha recibido los beneficios de la ínfima recuperación presupuestal registrada durante el sexenio. En contrapartida los maestros han resentido disminuciones reales en sus ingresos en todos los niveles educativos, lo que se ha reflejado en un notable deterioro de la calidad de vida de sus familias y constituye un obstáculo para su profesionalización, desempeño y mejoría personal.

 

La propuesta que ponemos a consideración del Congreso es perfectamente viable. Es una aspiración programática del PRD que el propio Presidente de la República electo ha hecho suya. Con motivo del diálogo que Vicente Fox Quesada sostuvo con el magisterio nacional, en la reunión convocada por el Comité Nacional del Acción Política del SNTE, el pasado 2 de mayo, el entonces candidato sostuvo:

"México no está preparado para enfrentar el nuevo milenio y ése no puede ser nuestro destino. México debe y puede aspirar a un mejor futuro en materia educativa.

"Para ello, para caminar a gran velocidad al escenario deseable, los invito a repensar el proyecto educativo nacional.

"Primero, deberemos incrementar el presupuesto para la educación pública, laica y gratuita de calidad. Pasar del 5 por ciento del Producto Interno Bruto a por lo menos el 8 por ciento en los próximos seis años, a fin de hacer una cruzada por la infraestructura educativa de calidad que pueda generar educandos de calidad?"

 

Llegó la hora de pasar de las palabras a los hechos. De las promesas de campaña a las políticas públicas. A que cada quien asuma su responsabilidad republicana. Los tiempos exigen una educación para el cambio, reforzar su enfoque laico, democrático y gratuito en todos los niveles; preservar su carácter universal, plural, científico, crítico, humanista, libertario y social. El PRD asume el reto de iniciar el cambio de la política educativa con esta propuesta que pretende robustecer el financiamiento de la educación pública.

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente proyecto de

 

Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación

 

Artículo Unico. Se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

 

Artículo 25. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública. El monto anual que la Federación destine al gasto en educación pública no podrá ser menor al 8 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

...

...

...

Artículos Transitorios

 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Artículo Segundo. El gasto federal en educación a que hace referencia el primer párrafo del artículo 25 de la Ley General de Educación, que con este decreto se reforma, no será inferior al equivalente al 5 por ciento del Producto Interno Bruto del país para el año 2001, al 6 por ciento en el año 2002 y al 7 por ciento del mismo indicador en el año 2003.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 14 de septiembre de 2000.

 

Diputados: Petra Santos Ortiz (rúbrica), Rafael Servín Maldonado (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica), Luis Herrera Jiménez (rúbrica), Jesús Garibay García (rúbrica), José Delfino Garcés Martínez (rúbrica), Luis Miguel J. Barbosa Huerta (rúbrica), Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Uuc-Kib Espadas Ancona (rúbrica), Gregorio Urías Germán (rúbrica), Martí Batres Guadarrama (rúbrica), Ricardo Moreno Bastida (rúbrica), Rogaciano Morales Reyes (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vázquez (rúbrica), Mario Cruz Andrade (rúbrica), Auldárico Hernández Gerónimo (rúbrica), Adela del Carmen Graniel Campos (rúbrica), Miguel Bortolini Castillo (rúbrica), Elías Martínez Rufino (rúbrica), Ramón León Morales (rúbrica), Alfredo Hernández Raigosa (rúbrica), José Antonio Magallanes Rodríguez (rúbrica), Raquel Cortés López (rúbrica), Miroslava García Suárez (rúbrica), Rosalinda López Hernández (rúbrica), Oliverio Elías Cardona (rúbrica), Pedro Miguel Rosaldo Salazar (rúbrica), Rubén Aguirre Ponce (rúbrica), Genoveva Domínguez Rodríguez (rúbrica), Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica), Ma. de los Angeles Sánchez Lira (rúbrica), Félix Salgado Macedonio (rúbrica), Héctor Sánchez López (rúbrica).