Los avances y la deuda pendiente con las mujeres en la Reforma del Estado
     
 

Asimismo, el tema de los presupuestos públicos con perspectiva de género se ha institucionalizado en la Cámara de Diputados gracias al impulso de organizaciones de la sociedad civil y a la voluntad política de las diputadas de esta comisión, quienes durante la LVIII Legislatura y principalmente en la LIX Legislatura, realizaron un trabajo de negociación importante que les permitió ampliar las asignaciones presupuestales a programas dirigidos a mujeres y a promover la equidad de género.

En los Congresos Estatales también se instalaron Comisiones de Equidad de Género, algunas de ellas han propuesto y aprobando leyes para beneficio de las mujeres, así como realizado acciones legislativas en torno al presupuesto con perspectiva de género, como es el caso del Congreso de Morelos y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Es en el Poder Judicial donde no se ha instrumentado una política explícita para favorecer la equidad entre los géneros. Su papel como encargado de la procuración de la justicia es muy importante, sobre todo en los casos de la atención que se debe dar a la violencia contra las mujeres. La violencia feminicida presentada de manera más cruel en los años recientes, tanto en Ciudad Juárez como en distintas entidades del país, muestra que uno de los problemas que se presentan en el contexto de estos delitos es la negligencia y omisión en la impartición de justicia, por lo que urge una reforma al Poder Judicial que permita brindar mejor atención y acceso equitativo a la justicia para hombres y mujeres.

Cabe mencionar que no se pretende hacer un examen minucioso de los avances y las acciones del Estado para incorporar la perspectiva de género, se trata de mostrar cuál ha sido el proceso, para después abordar la agenda pendiente y reflexionar en torno a las modificaciones que tendrían que hacerse para concretarla.
 

 

II. Congreso Nacional de Mujeres: “Hacia la Reforma del Estado con equidad de género”

La amplia movilización de mujeres que se generó en México después de la realización de la Conferencia de Beijing en las organizaciones de la sociedad civil, las trabajadoras, las maestras, las académicas y las legisladoras, permitió la confluencia y el acuerdo para realizar un Congreso Nacional de Mujeres en donde se discutieron propuestas para incidir en la Reforma del Estado.

Dicho congreso se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2000, con la participación de más de 50 organizaciones de mujeres de todo el país: partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, organizaciones civiles, sindicales y sociales de mujeres. En la declaración política del Congreso, las mujeres manifestaron que: “la Reforma del Estado no es un proceso acabado (…) debe contemplar a quienes somos más de la mitad de la población”.

   
 
Las demandas que se plantearon fueron, entre otras:
  • Que en la Reforma del Estado se incorporen los conceptos de equidad y justicia social, ofreciendo igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, promoviendo políticas públicas integrales con enfoque de género.
  • La revalorización del trabajo de las mujeres en los ámbitos público y privado, erradicar todo tipo de discriminación y violencia en la esfera del trabajo e incorporar la perspectiva de género en la Ley Federal del Trabajo.
  • Incorporar el enfoque de género en la planeación del desarrollo nacional y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en todos los demás niveles de gobierno.

 

  
  • La creación del Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo rector para la equidad de género.
  • Desde el Inmujeres promover y apoyar la creación de comisiones de Equidad y Género al interior del Poder Judicial de la Federación y de los Estados, así como en los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia.
  • La reforma del Código Federal de Institucional y Procedimientos Electorales (COFIPE) para establecer la obligatoriedad de los partidos políticos de que en sus candidaturas no exista la representación de más de 70% de un mismo género.
  • La prevalencia del Estado laico, como condición para el desarrollo integral de las mujeres, con respecto a su libre vocación y a su capacidad de decidir sobre sus vidas y sus cuerpos; que permita florecer el discernimiento y libre albedrío de las personas.
   

Como se puede observar, varias de las demandas que se plantearon en el Congreso de Mujeres del año 2000, de alguna forma se han cumplido, como la creación del Inmujeres y la modificación al COFIPE, aunque es necesario decir que sus resultados no son los esperados por las mujeres de las organizaciones que las promovieron, toda vez que en el caso de la “Ley de Cuotas”, no ha cumplido realmente el propósito de incorporar a más mujeres en los puestos de elección popular.

  

Las elecciones federales de 2003 y las de varias entidades de la República, mostraron que los partidos políticos encontraron formas de “simular” que se cubría la cuota, colocando a las mujeres en las suplencias, o bien se dieron casos de mujeres que teniendo la titularidad de la candidatura, renunciaron una vez estando ya en el puesto para que su suplente masculino asumiera el cargo.