I. Repensando la Reforma del Estado________________________________________________________

Antes de iniciar una reflexión sobre la Reforma del Estado, resulta conveniente hacer una precisión inicial: la Reforma del Estado es un proceso histórico de largo plazo que no se agota con un momento específico, ni exclusivamente a partir de una legislación determinada que la anime, así como tampoco desde los marcos teóricos vigentes. En este sentido, lo que hoy llamamos Reforma del Estado, no agota la Reforma del Estado (en sentido amplio) que es necesario llevar a cabo como Nación. Dicha acotación, lejos de reducirle importancia al actual proceso de Reforma del Estado, lo que hace es señalarle un horizonte objetivo, más allá de la voluntad política vigente, que se descubre en el rostro de las mujeres y hombres que integran a la sociedad y que interpelan, cuestionan, y sitúan en la discusión nacional las exigencias de la más elemental justicia sustantiva, por encima incluso, de los procesos de reforma institucionalizados.

La Reforma del Estado implica una profunda reestructuración de las instituciones públicas, de la forma en que se ejerce el poder, de la relación del gobierno con la sociedad y del modo en que las y los integrantes de la sociedad se relacionan y conviven. Es por ello importante considerar que una Reforma del Estado dentro del marco de democratización del país, necesariamente debe considerar no solamente una dimensión funcional institucional, sino sobre todo una revisión del pacto social relativo a una serie de preguntas fundamentales, sustentantes de una profunda e incluyente Reforma del Estado. Entre estas preguntas podrían señalarse: el cuestionamiento relativo a cómo se conciben y cómo desean vivir las mujeres y hombres que integran una determinada sociedad, qué tipos de relaciones deben de existir entre ellas y ellos, qué tipos de oportunidades de desarrollo deben de existir para las mujeres y los hombres, cómo pueden resolverse los distintos ámbitos de desigualdad, exclusión y violencia existentes dentro de la convivencia social y, en específico, a partir del hecho de ser mujer o ser hombre.

La Reforma del Estado no se reduce a una modificación funcional de las instituciones, sino que implica, fundamentalmente, revisar si los marcos conceptuales, analíticos y discursivos desde los que se aborda la Reforma del Estado, son suficientes, si aportan principios y exigencias substanciales de justicia (y no sólo formales), si son incluyentes, si realmente implican la posibilidad de aportar soluciones a los enormes desafíos de igualdad y equidad que dolorosamente reclama con urgencia la vida social.

En este sentido, tal vez lo primero que habría que hacer al discernir sobre la Reforma del Estado es permitirse su revisión, deconstrucción, innovación, actualización, proyección y aplicación desde nuevos lugares; desde renovadas miradas; desde una valiente revisión acerca de lo que se ha establecido como lo propio de las mujeres y de los hombres; desde una concepción más real y exigente de una democracia incluyente; desde una más profunda denuncia de los problemas que no han sido resueltos; desde una más radical exigencia del cumplimiento de las responsabilidades de las y los servidores públicos; desde un más eficaz y real mecanismo de representación popular; desde una decidida voluntad de reconocer y garantizar todos los derechos humanos (no solamente los derechos civiles y políticos) para cada mujer y cada hombre que forma parte de la sociedad.  

En el contexto de una sociedad democrática es necesario preguntarse si existen una serie de convicciones, principios, compromisos que se han de asumir como país, o si, en sentido contrario, se piensa que  aún se tiene el tiempo necesario para poder llevar a cabo una Reforma del Estado parcial e insuficiente.

Si partimos de comprender a la política como un proceso civilizatorio y al momento histórico actual como el tránsito hacia una mayoría de edad de las y los actores políticos, sociales y económicos del país, resulta importante señalar que el actual proceso de Reforma del Estado surge en México, por primera vez desde el Poder Legislativo y no desde el Poder Ejecutivo.