De igual forma, tanto desde el movimiento feminista como desde la academia, se realizaron investigaciones y reuniones nacionales e internacionales donde se discutía la agenda nacional e internacional de las mujeres y se elaboraban propuestas para resolver algunos de los más graves problemas de las mexicanas, de forma que los gobiernos instrumentaran políticas públicas para el beneficio de las mujeres.

La década de los noventa destaca por la creación de redes nacionales de mujeres tales como la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (1987, en la década de los noventa se consolida), el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población (1993-1994), la Red Nacional de Organizaciones de Mujeres por un Milenio Feminista (1993), la Red de Género y Medio Ambiente (1995), la Red de Mujeres Periodistas (1995), la Red de Mujeres Sindicalistas (1997), la Red de Género y Economía (1997), la Marcha Mundial de las Mujeres (1999), entre muchas otras.

I. Las acciones del Estado dirigidas a las mujeres

Es hasta 1995, con la realización de la IV Conferencia Internacional de la Mujer, que el Estado empieza a evaluar la situación de las mujeres mexicanas y a establecer una serie de acciones, tanto para cumplir la Plataforma de Acción de Beijing, como para dar respuesta a las organizaciones feministas y de mujeres, quienes en este marco cambiaron su postura de “nada de negociación con el Estado”, a hacer un trabajo de monitoreo de las políticas públicas y de incidencia para la inclusión de sus propuestas en las políticas gubernamentales.

Una de las primeras acciones realizadas por el gobierno federal a fines de los años noventa durante el sexenio de Ernesto Zedillo, fue la creación de la Comisión Nacional de la Mujer, ubicada en la Secretaría de Gobernación.  Con pocos recursos, ningún poder de decisión e influencia en las políticas nacionales y una estructura endeble en el proceso de aprendizaje en el tema de la perspectiva de género; nada pudo hacer para establecer políticas nacionales a favor de las mujeres.

En 2001 el gobierno de Vicente Fox concretó una de las propuestas que venían haciendo tanto el movimiento de mujeres, como algunas legisladoras, quienes desde el Congreso Federal trabajaron en la Ley que creó el Instituto Nacional de las Mujeres, publicada en enero de ese año. La creación del mismo se hace oficial el 8 de marzo en el marco del “Día Internacional de la Mujer”. Se elaboró también un instrumento rector del gobierno federal en materia de equidad de género, con la contribución de la sociedad civil y las académicas. Así, a fines de 2001 se presentó el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (proequidad).

En las entidades federativas también se crearon instancias de la mujer con carácter de comisiones o institutos. La mayoría elaboró un programa rector para la equidad de género, en el cual se establecen las líneas de actuación y los objetivos a alcanzar.Un siguiente paso ha sido la promoción de instancias de la mujer en los municipios del país, proceso que está resultando mucho más lento y complejo, tanto por la gran cantidad de municipios existentes, la duración de cada periodo de gobierno (tres años), como por resistencias de algunos gobiernos y el desconocimiento del tema y su importancia. 

En varias de las Secretarías de Estado (federales) hay programas dirigidos a las mujeres, algunos instaurados desde el gobierno de Ernesto Zedillo y otros en el de Vicente Fox.

Por otra parte, en el Poder Legislativo, el tema de la equidad de género ha tenido un avance institucional importante. En el Congreso Federal se creó la Comisión de Equidad y Género en la LVII Legislatura (1997-2000) como comisión especial. Pasó a ser comisión ordinaria en el año 2000.

Desde entonces ha convocado a las mujeres de organizaciones de la sociedad civil y a las mexicanas en general, al Parlamento de Mujeres de México, espacio que ha permitido la interlocución entre las legisladoras federales, locales y las mujeres organizadas.

Desde la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, se han impulsado leyes como la que creó el Instituto Nacional de las Mujeres (LVIII Legislatura), modificaciones a la misma LIX Legislatura), modificaciones a la Ley de Federal de Procedimientos Electorales, para el establecimiento de “cuotas” para que los partidos políticos postulen al menos 30% de mujeres en sus candidaturas LVIII Legislatura); la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia LIX Legislatura); La  Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LIX Legislatura), entre otras.

Las diputadas de esta Comisión fueron impulsoras también de la creación de varias instancias relacionadas con el feminicidio: la Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez; la Fiscalía Especial para Investigar las Desapariciones y Asesinatos de Mujeres, ya extinta y en lugar de la cual se creó la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres, y la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia de la Cámara de Diputados.