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Por el que la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión expresa su total
repudio a las acciones de violencia
contra los defensores de derechos
humanos, en particular hacia Eva Alarcón
Ortiz y Marcial Bautista Valle,
dirigentes de la Organización de
Campesinos Ecologistas de la Sierra de
Petatlán y Coyuca de Catálán, Guerrero,
así como contra la activista Norma
Andrade.
Acuerdo:
PRIMERO.-
La Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, expresa su total repudio a las
acciones de violencia contra Eva Alarcón
Ortiz y Marcial Bautista Valle,
coordinadora y presidente
respectivamente de la Organización de
Campesinos Ecologistas de la Sierra de
Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), y
ofrece a los familiares de las víctimas
todas las gestiones a su alcance a fin
de coadyuvar a una solución pronta,
expedita y justa del caso. Se compromete
a llevar a cabo las acciones
legislativas necesarias para garantizar
los derechos humanos, la protección de
los defensores y la adopción de normas
específicas para la atención a las
víctimas de la violencia.
Asimismo, manifiesta su preocupación por
la situación de hostilidad y riesgo en
la que llevan a cabo su labor las
personas y organizaciones defensoras de
derechos humanos y se pronuncia por el
cese inmediato de las agresiones y el
hostigamiento a las víctimas, deudos y
defensores. Es el caso de Norma Andrade,
defensora de derechos humanos quien
recientemente fue víctima de un
atentado.
SEGUNDO.-
Exhorta al Ejecutivo federal para que
instruya a las instituciones de
seguridad pública, inteligencia,
procuración de justicia y protección al
medio ambiente para que, en el marco de
las atribuciones que les brindan la
Constitución y las leyes, conjunten
esfuerzos e intensifiquen las labores de
búsqueda e investigación para presentar
con vida a Eva Alarcón Ortiz y a Marcial
Bautista Valle, así como para detener a
los responsables directos y a los
implicados en la comisión de la
privación ilegal de la libertad de que
fueron objeto y en los delitos que
resulten, con imparcialidad y estricto
apego a derecho.
TERCERO.-
Demanda al Ejecutivo federal dicte las
medidas cautelares de protección
específicas hacia los miembros de la
OCESP a fin de salvaguardar su
integridad y la viabilidad de sus
acciones.
CUARTO.-
Exhorta al gobierno del estado de
Guerrero a que instruya a las
instituciones de seguridad pública,
procuración de justicia y protección al
medio ambiente para que, en el marco del
orden jurídico nacional y estatal,
emprendan las acciones necesarias que
permitan encontrar a Eva Alarcón Ortiz y
a Marcial Bautista en integridad física;
asimismo, para que detengan a los
responsables de este artero delito y los
sometan a proceso judicial.
QUINTO.-
Considerando las graves y recientes
agresiones en contra de defensores de
derechos humanos, activistas y
representantes campesinos e indígenas,
entre otros actores sociales, se exhorta
al gobierno federal a que implemente de
manera urgente, en acuerdo con la
sociedad civil, un mecanismo de medidas
cautelares de protección permanente,
responsable y oportuna a los ciudadanos
que realizan este tipo de labor social y
que están sujetos a condiciones de
riesgo o sean objetos de amenazas; lo
anterior para honrar el compromiso
asumido ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. |
