DIVISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO |
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e. Fiscalización Superior. 1.- Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2001.
Proceso Legislativo
Gaceta, jueves 31 de marzo de 2005 (2) Contenido: En la revisión de la cuenta pública se determinó un déficit de 43 mil 430 millones de pesos, monto superior en 2 mil 459.7 millones de pesos respecto de la meta aprobada. Como proporción del PIB fue equivalente a 0.75 por ciento, mayor en 0.1 puntos al aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación para ese año. Durante 2001, los ingresos ordinarios del sector público presupuestario ascendieron a un billón 271 mil 646.3 millones de pesos, monto inferior en 2.4 por ciento con relación a lo previsto en la Ley de Ingresos. Como consecuencia de la reducción de la recaudación tributaria, en este año se realizaron cuatro ajustes presupuestarios que sumaron 16 mil 220.3 millones de pesos, destacando los ajustes correspondientes a los presupuestos de los ramos: Provisiones Salariales y Económicas; Comunicaciones y Transportes; Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a algunas entidades de control presupuestario directo como Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bajo este contexto, en 2001, el gasto neto total del sector público presupuestario -gasto total menos amortización de la deuda- ascendió a un billón 327 mil 188.1 millones de pesos, cifra por abajo de lo esperado en 2.5 por ciento, que equivale a una disminución neta de 34 mil 678.4 millones de pesos. Pese a este escenario recesivo, se apoyaron los programas sociales más importantes: Durante 2001 se destinó a los Programas para Superar la Pobreza Extrema 59 mil 713.8 millones de pesos, lo que significó un incremento anual de 9.7 por ciento real. Para el ejercicio fiscal del 2001, la Cámara de Diputados autorizó recursos destinados la Desarrollo Humano por 31 mil 663 millones de pesos. Los recursos orientados al fortalecimiento de la Infraestructura Social Básica ascendieron a 20 mil 803.7 millones de pesos. 2.- Reforma de la Fracción VI del Artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Procedimiento Legislativo
Gaceta, jueves 21 de octubre del 2004 (2) Contenido Desde la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, se ha detectado que una parte de los recursos públicos quedan, sin razón jurídica alguna, ajenos a los procedimientos de fiscalización en virtud de que un número importante de fideicomisos, fondos y mandatos que reciben fondos federales, no rinden cuentas, ya que no se incluye el resultado de sus operaciones dentro de la Cuenta Pública que presenta el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. Esta situación neutraliza, en los hechos, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de vigilar el origen, administración y destino de los recursos públicos, razón por la cual es importante dejar a salvo de cualquier indebida duda la facultad de fiscalización de los recursos públicos que se administran a través de los fideicomisos, fondos y mandatos, ya sean públicos o privados. Por esta razón, la Comisión dictaminadora reconoce la necesidad de aclarar el concepto de entidades fiscalizadas e incorporar la mención específica de los mandatarios, fiduciarios y los fondos o fideicomisos que administren recursos públicos en aras de que se incluyan sus resultados de su gestión dentro de la Cuenta Pública, y así fortalecer la capacidad de fiscalización de la Cámara de Diputados, por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, y asegurar la transparencia de esas operaciones en particular. A partir de la reforma aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, se incluirán en las entidades fiscalizadas: Los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales; los mandatarios, fiduciarios o cualquier otra figura análoga, así como el mandato o fideicomiso público o privado que administren, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.
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