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DIVISIÓN DE POLÍTICA INTERIOR

 

·        COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

 

1.- Reforzar y mejorar los instrumentos legales, tanto  de protección y sanciones penales, relativas al manejo de tarjetas bancarias.

 

Proyecto de decreto que reforma los artículos 112 bis de la Ley de Instituciones de Crédito y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

 

Proceso Legislativo

Iniciativa presentada por el Dip. Manuel Ignacio López Villareal (PAN) en Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados del 5 de abril de 2004, LIX Legislatura.

En votación económica, se autorizó su inclusión en el orden del día, se dispensa la segunda lectura y se abre a discusión.

Fecha de aprobación del dictamen: 29 de abril 2004

Votación: 395 en pro, 0 en contra, 4 abstenciones

Turnado al Senado para los efectos constitucionales.

 

Gaceta. Jueves 29 de abril de 2004.  Anexo XII

 

Contenido:

Hoy en día, las tarjetas de crédito y de débito expedidas por el sistema bancario mexicano, se han convertido en un medio usual de pago. En México existen más de 30 millones de tarjetahabientes. Sin embargo, su uso frecuente y lo obsoleto de la legislación, ha ocasionado que mediante diversas conductas delictivas se lleven a cabo actividades como la falsificación, producción, reproducción, distribución y comercialización de tarjetas en perjuicio de los usuarios de servicios financieros y de las instituciones bancarias.

 

Adicionalmente, los avances tecnológicos y la sofisticación de las conductas delictivas han provocado que nuestras disposiciones legales se vuelvan obsoletas e ineficientes en poco tiempo, por lo que se requiere reforzar y mejorar los instrumentos legales que reflejen las circunstancias presentes.

 

Por ello, resulta necesario que se contemple a nivel federal a este tipo de delitos en todas sus modalidades, a fin de proveer el marco jurídico adecuado para que las autoridades puedan consignar a los sujetos que cometan estos fraudes y se brinde certidumbre jurídica a las empresas y a las familias mexicanas que gran parte de sus actividades están relacionadas con el uso de tarjetas.

 En resumen, de aprobarse estas reformas, se podrá castigar a los delincuentes que se aprovechan de la tecnología y de la vulnerabilidad de los sistemas de protección y seguridad de los diversos instrumentos de pago, para dañar el patrimonio de los usuarios, de las instituciones financieras y de los negocios establecidos.

 


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