Durante el porfiriato, la labor legislativa de las cámaras se desarrolló conforme se acostumbró durante todo el siglo XIX. Sin embargo, sí hubo una variante con respecto a los trabajos anteriores del cuerpo legislativo, ya que, como se ha dicho, este órgano se constituyó durante buena parte del siglo pasado en la institución más fuerte del país, con mayor peso incluso que los poderes ejecutivo y judicial.

Pronto, sin embargo, se haría necesario modificar el texto constitucional por así convenir a los planes del presidente quien modificaría en varias ocasiones el artículo 78 llegando incluso a desaparecer de él cualquier alusión a la no reelección. Por supuesto que, de acuerdo con la legislación federal, al modificar la constitución nacional, los congresos estatales podían también hacer los ajustes necesarios en las constituciones locales con lo cual en algunos estados los gobernadores lograron mantenerse en el poder por varios periodos, con la anuencia, y el beneplácito, del presidente.

La Constitución del 57 estipulaba en su artículo 127 que ésta podía ser modificada, o reformada, previa aprobación de dos terceras partes del Congreso y de las legislaturas estatales. Bajo este precepto, la Carta Magna fue reformada en numerosas ocasiones.

La división territorial fue materia recurrente dentro de las sesiones del Congreso; el arreglo de los límites entre municipios, pueblos y estados e incluso la conformación de nuevos estados y territorios como la división de Baja California en dos distritos políticos en 1887. También llamaría su atención la legislación sobre el cuidado y mejor aprovechamientos de minas, aguas y bosques nacionales.

Sin embargo, los temas más importantes tratados durante los más de treinta años que duró el porfiriato son los relacionados con la tierra, los bancos, al derecho privado, penal, mercantil y fiscal, la salubridad y la educación.

Las principales leyes agrarias del periodo estuvieron relacionadas con los terrenos baldíos, ya que el aprovechamiento de las tierras ociosas atrajo siempre la atención del gobierno mexicano. Para lograr hacer productivas dichas tierras, se facultó mediante la ley del 15 de diciembre de 1883, a compañías deslindadoras para que determinasen cuáles tierras, sobre las que no existieran títulos de propiedad, podían considerarse propiedad nacional, y ser distribuidas a colonizadores, nacionales o extranjeros, en lotes de hasta 2 500 hectáreas. Como pago por sus servicios, las compañías deslindadoras recibirían una tercera parte de los terrenos en cuestión. Aunque las leyes sobre terrenos baldíos fueron modificándose durante el periodo, desafortunadamente, y contrario a los deseos de incrementar los pequeños propietarios dentro del territorio nacional, las leyes agrarias favorecieron el latifundismo depositando en manos de unos pocos propietarios gran parte de la tierra productiva del país. Así las leyes del 1883, 1885, 1896 y 1902 sobre terrenos baldíos resultaron perjudiciales para la población en general por los abusos y arbitrariedades en los que incurrieron constantemente las compañías deslindadoras en su propio provecho.

Los problemas sociales que este desequilibrio acarreó para el país son por demás conocidos. A la marginación, la pobreza y la ignorancia en la que estaba sumida la mayor parte de la población se sumaba una explotación desmedida de los trabajadores por parte de los propietarios de las haciendas, mismas que lograrían un gran desarrollo en estos años. Las jornadas prolongadas, las tiendas de raya, los enganchamientos por endeudamiento y en fin, una serie de condiciones casi esclavizantes, crearon, lo que se ha dado en llamar una servidumbre agraria cuyas condiciones serían soslayadas por un gobierno que sacrificaba todo en función de un orden y un progreso que beneficiaba a unos cuantos.

No menos importante fue la labor del Congreso en apoyo a la educación. En 1888 se promulgó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, la cual decretaba la instrucción elemental, laica y gratuita en el Distrito y los territorios federales. Hubo diversas leyes tendientes a mejorar la educación, sobre todo en los niveles medio y superior, se creó la Escuela Normal Superior y la Escuela Nacional Preparatoria, llegándose incluso a conformar, en 1905, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes con Justo Sierra a la cabeza.

Se legisló también para favorecer la modernización del país aprobándose contratos para tender líneas de ferrocarril, electrificar diversas zonas, o establecer haciendas metalúrgicas, explotar la telegrafía internacional o invertir en industrias nuevas. Se puso en práctica del sistema métrico decimal y el cambio del patrón oro, que insertaron a México dentro de una economía cosmopolita de la cual no le convenía excluirse.

A pesar de los múltiples decretos y leyes emitidos por los congresos porfirianos, la legislación no logró beneficiar a la mayoría de la población y sus representantes, diputados y senadores, se encontraban muy lejos de cuidar los intereses de la mayoría. La sociedad presentaba un sistema piramidal cuya base eran el pueblo y la clase trabajadora que vivía en condiciones de extrema pobreza En la parte superior se encontraba Díaz seguido de las clases privilegiadas, la llamada aristocracia porfiriana, los extranjeros los intelectuales y los que gozaban de todos los beneficios de un régimen que había permitido, por años, todo tipo de abusos bajo el lema de poca política y mucha administración y que se justificaba en los logros económicos alcanzados.

Además, quienes ocupaban puestos clave en la administración porfirista se mantuvieron en ellos hasta que, en alguno casos, la muerte los separó de su cargo. No sólo en su gabinete, sin en el ejército y en los estados, los hombres de confianza de Díaz era sostenidos por él en su cargo mediante un doble juego de concesiones donde ambas partes cedían un poco para su mutuo provecho. Así, el dictador permitía algunos excesos y abusos hacia el interior de sus jurisdicciones y ellos le concedían y aseguraban su continuidad en la silla presidencial sin darle ningún problema, de hecho e régimen se constituyó en una gerontocracia.

De una población que para 1900 se censó en 13 500 000 habitantes, se consideró que tres cuartas partes de ella vivía en rancherías y poblados dispersos por todo el territorio nacional y, consecuentemente, distantes de la civilización moderna y progresista que se pregonaba. Durante el gobierno porfiriano las rebeliones indígenas, campesinas y obreras, reclamando justicia fueron constantes.

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