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Además
de la casi absoluta libertad política de la que gozaba,
Santa Anna contaba con el apoyo de militares, del clero
y del Partido Conservador. De acuerdo con los intereses
reaccionarios y del propio presidente, se fortaleció
el gobierno centralista y se dieron diversas medidas
tendientes a limitar la influencia liberal dentro de
la vida nacional: expulsó del país a hombres como Mariano
Arista y Benito Juárez por considerarlos amenazantes
del sistema; restringió la libertad de imprenta mediante
la llamada Ley Lares, limitó el libre tránsito por el
territorio mexicano, obligando a nacionales y extranjeros
a portar pasaporte en sus travesías por el país, restableció
la Compañía de Jesús y autorizó el funcionamiento de
los conventos.
Poco a
poco las medidas dictatoriales de Santa Anna, en su
afán por conseguir emolumentos para la vida cortesana
que lo distinguía, lo condujeron a fijar impuestos para
gravar aspectos francamente ridículos.
Durante
el último gobierno santannista se presentó también el
conflicto del territorio en disputa de La Mesilla, el
cual fue vendido a los Estados Unidos en 10 millones
de pesos que fueron utilizados en beneficio de Santa
Anna y el boato que le rodeaba.
Diversos
levantamientos en todo el país se generalizaban en contra
de los conservadores y en defensa de los principios
liberales. Fue en esta coyuntura de excesos y despilfarros
que se hizo el pronunciamiento del Plan de Ayutla del
1 de marzo de 1854 y que fue reformado diez días después
en Acapulco por Juan Alvarez. Alvarez e Ignacio Comonfort
quedaron al frente de la revuelta cuyos planteamientos
estipulaban el desconocer a Santa Anna, y elegir un
presidente interino que convocara a un Congreso extraordinario,
que tendría como tarea prioritaria constituir a la nación
en república representativa y popular.
La Revolución
de Ayutla se encontraba muy extendida y los esfuerzos
de Santa Anna resultaron infructuosos, por lo que decidió
salir del país en agosto de 1855.
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