La convocatoria al Congreso General de 1834 abrió nuevas expectativas para el cambio de gobierno: hacia el centralismo.

Las elecciones se efectuaron el 1 de septiembre, salvo en aquellos lugares donde había conflictos. El flamante congreso se instaló, no sin dificultades para reunir al número preciso de diputados y senadores, el 4 de enero de 1835 siendo en realidad el Sexto Congreso General, que sería elevado al carácter de constituyente por los propios representantes de mayoría centralista, lo que aseguraba la posibilidad de cambio al sistema de organización política de la nación.

La primera etapa de las sesiones se dedicó a derogar algunas de las medidas radicales expedidas por el congreso anterior, y a destituir legalmente a Gómez Farías quien todavía era formalmente vicepresidente con licencia. Entre las reformas que se suprimieron destacaron la amnistía concedida a los involucrados en el asesinato de Vicente Guerrero; la anulación a la confiscación de los bienes de Monteleone; las relativas a las cuestiones educativas y la de provisión de curatos. Con el propósito de terminar con otros aspectos del gobierno liberal, y en detrimento del federalismo, se dictaron medidas tendientes a la reorganización de las milicias cívicas con el fin de disminuirlas.

Como era de esperarse, los estados más radicales protestaron airadamente contra esta disposición que afectaba su soberanía.

Poco antes se había se había expedido una ley por la que se otorgaba a las cámaras todas las facultades extraconstitucionales para hacer en la Constitución de 1824 cuantos cambios se creyeran necesarios en bien de la nación. Con el Congreso a su favor y los estados sometidos, el presidente y los partidarios del centralismo, buscaron cuidar las formas para evitar actuar fuera de la legalidad y, sobre todo, del orden constitucional.

El resultado de los trabajos e intereses de la mayoría del Congreso desembocó en las Siete Leyes o Constitución Centralista de 1836, cuyas características principales eran: que el sistema gubernativo de la nación era el republicano representativo popular; el Poder se dividiría en cuatro: Ejecutivo, Legislativo -compuesto por dos cámaras: de diputados y de senadores-, Judicial y Conservador controlador de los otros tres. La división territorial se establecía con base en departamentos dejando a un lado la antigua división por estados; sus gobernantes serían designados por el gobierno central y las llamadas juntas departamentales serían elegidas popularmente.

El centralismo no alcanzó el consenso general. Muy pronto los intereses de los antiguos estados salieron a relucir en búsqueda del ejercicio de su soberanía. Pero no solamente los debates legislativos en torno a la organización nacional constituyeron el principal problema del país: la falta de recursos hacendarios, la rebelión de los colonos tejanos que de tiempo atrás encaraba la ambición no sólo de algunos individuos que lucraban con la venta de terrenos, sino de la posición de los Estados Unidos por agrandar su territorio a costa de México y que culminaría con la campaña militar de 1836 y la virtual independencia, los reclamos extranjeros e incluso, más tarde, la llamada ''guerra de los pasteles" con Francia, habían de complicar aún más la ya de por si crítica situación nacional. Además, comenzaron a surgir pronunciamientos a favor del federalismo. Estos temas fueron también de vital importancia dentro de las discusiones parlamentarias.

Así se entiende que hacia 1838 se presentaran severos cuestionamientos al centralismo, se criticara abiertamente al Supremo Poder Conservador y que el segundo congreso, 1838-1840, ya no contara con una mayoría defensora de esa tendencia política.

En 1840 el senador José Manuel Gutiérrez de Estrada expresó una tercera opción para el sistema de organización nacional, a través de su famosa carta en la que planteaba la monarquía como solución al caos nacional.

No obstante, el 1 de enero de 1841 se inauguró el Tercer Congreso Conservador que continuaba planteando la reforma a la Ley Suprema, aunque sin erradicar el centralismo. Pero la política hacendaria, que imponía las nuevas cuotas, afectó los intereses de los comerciantes, quienes en respuesta se unieron en contra del presidente Anastasio Bustamante, por medio de un plan que involucró a Santa Anna. E1 8 de agosto de 1841, Mariano Paredes y Arrillaga se levantó en contra del gobierno de Bustamante con un manifiesto en que se expresaba que se convocaría a un Congreso Nacional extraordinario elegido bajo la base más amplia para reformar la Constitución. El presidente realizó infructuosos esfuerzos para someter a los sublevados y las Bases de Tacubaya truncaron la existencia de la Constitución de 1836. Por principio, se disolvió el Congreso, para dar paso al nombramiento de una Junta de Representantes integrada por miembros de los departamentos. La Junta designó como presidente provisional a Antonio López de Santa Anna, quien muy pronto buscaría la manera de controlar en forma a absoluta los destinos nacionales.

Habiéndose derogado las Siete Leyes, el panorama se mostró favorable para que los federalistas retomaran la iniciativa política en el ámbito nacional y, por ende, se prepararon para tener presencia en el congreso.

El 10 de abril de 1842 se efectuaron las elecciones primarias para diputados del nuevo Congreso Constituyente, que abrió sus sesiones el 10 de junio. A él concurrieron representantes de todas las facciones, predominando los federalistas con sus distintos matices: José Fernando Ramírez, Octaviano Muñoz Ledo, Manuel Gómez Pedraza, Mariano Otero, Melchor Ocampo, José María Lafragua, Juan José Espinosa de los Monteros, entre otros. El ambiente era propicio para demandar cambios. El punto principal del debate se centró en la necesidad del federalismo o la renuencia a éste, pero se daba, de hecho, por terminado el experimento de 1836.

Una vez más se creyó que promulgar otra constitución (sería la tercera ocasión en que se intentaba hacerlo) permitiría encauzar a la nación hacia la estabilidad. Sin embargo una serie de vicisitudes hicieron fracasar a estos proyectos ya que a fin de cuentas las discusiones se centraban en los problemas que enfrentaba el Legislativo con el Ejecutivo. El proyecto presentado por la mayoría defendió un sistema republicano, representativo y popular, en tanto que el de la minoría introdujo el término federal haciendo de este punto la gran diferencia y generando un intenso debate en el seno del congreso. El proyecto de la mayoría fue rechazado y la Asamblea determinó que la comisión presentara un nuevo proyecto que consensara las posturas surgidas entre los miembros de ésta.

Al advertir la posibilidad de reinstaurar el federalismo el gobierno, compuesto por militares, preparó un golpe en contra de la Asamblea Legislativa con el propósito de desaparecerla. El pronunciamiento de Huejotzingo desconoció al Congreso y se propuso una junta que debía estar formada por ochenta personas notables por sus virtudes y patriotismo, para que reformase la Constitución, gobernando entre tanto la séptima de las Bases que confería al presidente las facultades extraordinarias. A pesar de estas dificultades, los diputados continuaron sesionando fuera del recinto hasta que el presidente dictó la disolución, dando paso a la Junta Nacional Legislativa que habría de legislar a nivel constitucional para toda la República.

Las Bases Orgánicas sancionadas el 12 de junio de 1843, resultado de las discusiones de la llamada Junta Nacional Legislativa, prescribían como organización política de la nación, la República representativa y popular. El Ejecutivo, por su parte, recuperaba fuerza y la República quedaba dividida en departamentos con un gobernador designado por el presidente, al tiempo que continuaba prescribiendo la supervivencia de fueros y privilegios para la Iglesia y el ejército, y la intolerancia religiosa. Se le redujeron facultades al Legislativo en relación con el Poder Ejecutivo. En cuanto a la conformación de la Cámara de Diputados y sus atribuciones, los requisitos no presentaban mayor novedad. Sin embargo, en cuanto a la de senadores tendía a eliminar el carácter popular constituyéndose en un coto aristocratizante; la mejor prueba de ello fue la forma cómo se integraría: dos tercios de la cámara serían elegidos por las asambleas departamentales, sólo que los propuestos tendrían que formar parte de las siguientes clases: agricultores, mineros propietarios o comerciantes y fabricantes quienes además de poseer un sueldo o renta mensual en esa ocasión se les exigía poseer un bien raíz cuyo valor fuera superior a los 40 mil pesos, reduciendo las posibilidades de participación de los sectores no propietarios de la sociedad. El tercio restante sería designado por el presidente de la República en combinación con la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia y quedaba reservado para los ciudadanos distinguidos en las carreras civil, militar o eclesiástica, es decir las cúpulas de cada una de estas corporaciones.

Tras haberse proclamado las Bases Orgánicas, se expidió la convocatoria para la elección de diputados al nuevo Congreso. Reunido el número de representantes se procedería a la elección del presidente de la República.

El 1 de enero de 1844 Valentín Canalizo, presidente interino, inauguró las sesiones del Legislativo. Los primeros trabajos se encaminaron a la elección presidencial y recayó en Santa Anna. Pese a tener un congreso ad boc, su actitud autoritaria chocó con los miembros del Legislativo y con el tiempo inclusive se presentó en la asamblea una proposición para despojar a Santa Anna del poder casi absoluto que ejercía.

Sin embargo. Santa Anna se resistió a perder las prerrogativas que le otorgaba la séptima de las Bases y se esforzó en conseguir recursos del erario para emprender la campaña de Texas. La animadversión en torno a Santa Anna se agudizó y en el Congreso la postura imperante fue contraria a las actitudes del mandatario empeñado en solicitar excesivos créditos para armar y vestir al ejército.

Como resultado de ese conflicto entre los dos poderes, el gobierno consideró indispensable la disolución de ambas cámaras y se manifestó por la solución militar al conflicto texano. Esta medida acarrearía diversos levantamientos en contra de la actitud gubernamental, permitiendo la supervivencia del Congreso, la prosecución de sus labores y, por consiguiente, el desconocimiento de Santa Anna como presidente. La revolución habida en diciembre llevó al poder al general José Joaquín de Herrera, con lo cual para 1845 el único gran poder lo constituyó el Legislativo, preocupado por el orden constitucional por encima de todo.

Un hecho determinante dentro del desarrollo subsecuente de las acciones fue la anexión de Texas a los Estados Unidos, mediante su aprobación en el Congreso norteamericano: con ello el gobierno mexicano tomaría cartas definitivas en ese espinoso asunto.

En el ambiente político surgieron dos posturas: una que apoyaba la guerra y otra, encabezada por el general José Joaquín de Herrera, que pugnaba por un arreglo pacífico que incluía el reconocimiento de la independencia texana con la condición de que no se uniera como un estado más a la Unión Americana. En el congreso se ventilaron ambas posiciones sin predominar ninguna.

La incertidumbre fue aprovechada por los bandos opositores para tratar de imponer su decisión. En ese contexto, el grupo encabezado por Mariano Paredes Arrillaga llegó al poder mediante un nuevo levantamiento y el apoyo de las expectativas monarquistas. El 27 de enero de 1846 se publicó la convocatoria al Congreso Extraordinario.

La situación del país se agravó con la actitud hostil del gobierno de Washington y no obstante los graves problemas que representaba el peligro de guerra con el vecino norteño, el 6 de junio se llevó a cabo la reunión de los representantes y el presidente interino, Paredes, se presentó haciendo una protesta favorable al sistema republicano y canceló las expectativas de los monarquistas. El Congreso procedió a la elección de presidente, y el cargo recayó en el propio general Paredes y la vicepresidencia en el también general Nicolás Bravo, en agosto refrendó el republicanismo al restablecer el Acta Constitutiva de la Federación de 1824.