Ante la falta de un gobernante ejecutivo el Congreso nombró un triunvirato integrado por Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete; declaró inexistentes el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, y en respuesta al Plan de Casa Mata llamó nuevamente a elecciones. El 8 de noviembre de 1823 comenzaron las labores legislativas. Designó a una comisión para elaborar el Plan de Constitución Política de la Nación Mexicana. En el Congreso, los representantes defendían las opciones viables para la organización política de México.

El primer paso para otorgar un cuerpo legal a la nació fue el Acta Constitutiva de la Federación en la que se establecieron los lineamientos para conformar al Estado mexicano.

Así, México pasó de ser una monarquía a una república federal. Como producto del debate legislativo, en el seno del Congreso Constituyente surgió la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos que se proclamó el 4 de octubre de 1824.

En las entidades creadas por la Constitución de 1824 fueron surgiendo congresos locales, en la medida en que se redactaron sus constituciones particulares, a ejemplo de la Carta Magna. Uno de los puntos que debieron atender con detenimiento fue el relativo a los municipios, además de todo lo referente a s organización interna y las características de sus autoridades. Tare primordial fue la elección del Presidente de la República. El cargo de presidente recayó en Guadalupe Victoria y el de vicepresidente en Nocivas Bravo.

Una vez resuelto el problema de la Constitución y de la elección presidencial, el Congreso convocó nuevamente a elecciones para dar paso al Congreso Constitucional (compuesto de una cámara de senadores y otra de diputados) que tendría como tareas prioritarias la redacción de la leyes, la búsqueda del reconocimiento internacional y el no menos importante asunto de los empréstitos necesarios para rehacer a la nación tras once años de guerra. Desde un principio, este congreso reflejó las tendencias políticas de sus miembros que ahora mostraban su pertenencia a las logias masónicas. La yorkina, garante del federalismo; la escocesa que agrupaba en su seno a antiguos centralistas, a caducos iturbidistas y a partidarios del antiguo orden.

Este antagonismo entre los dos grupos explica la confrontación en el seno del Congreso frente a la elección presidencial de 1828; la disputa entre el candidato de los escoceses, Manuel Gómez Pedraza y su rival, Vicente Guerrero. Al efectuarse la elección presidencial, la votación favoreció inesperadamente al candidato escocés Gómez Pedraza y demostró el poder de decisión de los estados y mostró una vez más el sentido de autonomía que gozaron desde un principio. Sin embargo, el Plan de Perote, proclamado por Antonio López de Santa Anna, pidió la destitución de Pedraza.

Frente a tal situación, un nuevo Congreso Genera instalado el 1 de enero de 1829, de mayoría yorkina, reaccionó anulando por decreto del 12 enero la votación. Justificó su decisión ante la posible traición de algunas legislaturas al verdadero sentir de sus representados; declaró presidente a su candidato, Guerrero y provocó el primer gran conflicto al que se enfrentaría el sistema federal. El segundo Congreso Constitucional terminó su existencia en medio de la crítica periodística, que señalaba a las logias; como promotoras de la división nacional, y de un gran descontento generalizado.

Tras la destitución de Vicente Guerrero como presidente, Anastasio Bustamante se encargó del Ejecutivo. Su política fue centralizante y favoreció al grupo escocés. Fue un tiempo despunte económico para el país.

La política emprendida por el presidente, sin embargo, trajo consigo las protestas de aquellos sectores que consideraron en riesgo el sistema federal y las sublevaciones no se hicieron esperar en distintos puntos de la nación apelando al respeto a la Constitución y la vuelta al poder de Manuel Gómez Pedraza. Uno de los primeros pasos en la gestión pedracista fue la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones para la renovación total de las Cámaras. Las legislaturas locales, por tanto, también se renovaron y procedieron a la elección del Poder Ejecutivo que recayó, como era de esperarse, en Antonio López de Santa Anna, el representante de la gran fuerza militar, y en el progresista Valenín Gómez Farías como vicepresidente.

El gobierno encontró en el Poder Legislativo el respaldo necesario para emprender medidas radicales. El primer intento formal por acabar con las prebendas de clero y milicia, se dio en 1833, durante la presidencia de Valentín Gómez Farías, cuando se dictaron reformas encaminadas a dar un golpe frontal a las instituciones, más poderosas que la estancia colonial había heredado: la Iglesia y el ejército.

Las disposiciones emitidas por el vicepresidente buscaron restringir el papel de la Iglesia a su labor espiritual; atacaron los fueros y privilegios de que gozaba; intentaron desamortizar algunos de sus bienes con el fin de restarle poder económico y aprovechar sus recursos en beneficio del Estado.

En 1834 ya se habían dictado los principales decretos reformistas, pero también habían tenido lugar diversos levantamientos antifederalistas y antireformistas; el grito de "religión y fueros" comenzó a cobrar significación y el clamor general se manifestó contrario a la política reformista de Gómez Farías. Todo esto permitiría esbozar la necesidad de un cambio en las instituciones del país, aunque, de hecho, no implicara necesariamente la idea del sistema central. La solución inmediata fue separar del poder a Gómez Farías.

El Congreso, que había estado de acuerdo con la política reformista, no estaba dispuesto a echar por tierra sus propuestas; no permitiría que el presidente acallara su política liberal, y desoyera la posición de algunas entidades. Varios estados manifestaron abierto apoyo al vicepresidente y dejaron ver la posición de sus gobernadores y de sus legislaturas.

La posición de Santa Anna comenzó a ser riesgosa, pues el Congreso continuó sus sesiones bajo el mismo tenor. Sin embargo, la actitud autoritaria del presidente no se hizo esperar: decretó el cierre aduciendo que el 31 de mayo había terminado el periodo extraordinario e inmediatamente, cuidando las formas, dejó en moción suspensiva los decretos por no tener capacidad para derogarlos. Para este momento, el Ejecutivo no se manifestó contrario al federalismo. Justificó su actuación y su proceder en nombre de la paz, como una manera de evitar la anarquía nacional.

Al término del periodo extraordinario de sesiones, Santa Anna se abstuvo de convocar -e impidió que el Consejo de Gobierno lo hiciera- a otro periodo extraordinario de sesiones, optó por repetir la fórmula de dos años atrás: convocar a elecciones pata un nuevo congreso, mismo que se abriría sin que el anterior hubiese terminado su tiempo legal y en el que las figuras reformistas estuvieron ausentes.