En este primer Congreso, que inició sus labores en 1822, participaron antiguos representantes de la Nueva España, hombres que habían tenido la experiencia de Cádiz o que habían participado en las diputaciones provinciales. Su tarea fundamental consistió en reconocer en sí mismo la soberanía de la nación para poder dar paso al otro gran problema a solucionar, el de la división de poderes. Aquí se expresó por vez primera la importancia del Legislativo, pues en él recaían las funciones primordiales para dar vida a la nación: decidir su organización política y redactar sus leyes. Los Tratados de Córdoba facilitaron algunos puntos. Pero un suceso le otorgaría una mayor libertad en sus decisiones: la negativa de España a aceptar la realidad de su antigua colonia. Ello cancelaba la cláusula de los tratados relativa a depositar el gobierno en un miembro de la casa real española y facilitaba las aspiraciones de un grupo claramente definido, el cual aprovechó el momento para presionar y llevar al poder a Agustín de Iturbide.

En un principio, Iturbide gobernó con el Congreso. Sin embargo, en las sesiones legislativas se comenzaron a percibir con fuerza las posturas de los grupos antagónicos, haciéndose eco de las demandas de una monarquía constitucional, por un lado, y de la república, por el otro. Los legisladores fueron un verdadero poder que se opuso al Ejecutivo y ventiló los ideales de quienes representaban a las fuerzas más importantes del país.

Asimismo, la voz de las provincias cobraba mayor auge. El descontento se sumó a los problemas entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el centro y las regiones. En respuesta, Iturbide disolvió al congreso para ejercer por sí solo el gobierno nacional; para guardar las formas designó una Junta Nacional Instituyente, a fin de elaborar una constitución de acuerdo a las inclinaciones del emperador. Paralelos a estos trabajos, comenzaron a surgir una serie de levantamientos en favor del Congreso y opuestos a las disposiciones autoritarias de Iturbide.

Frente a esta situación, el emperador argumentó que la Junta se encargaría de elaborar únicamente la convocatoria al nuevo congreso, y no la redacción de la constitución, al tiempo en que abdicó para salvar la difícil situación a la que se enfrentaba. La disolución de la Junta y el restablecimiento del Congreso fueron inmediatos. Este, por su parte, aprovechó para desconocer la autoridad del Ejecutivo, anuló la elección del emperador, rechazó la supuesta abdicación y confirmó su destitución.