Este
organismo, erigido por Felipe V en la cédula real
de 1717, redujo muchísimo las atribuciones del
Consejo de Indias que perdió en consecuencia casi
por completo sus facultades legislativas y administrativas.
A la Secretaría se le confirió lo propio de la
hacienda, guerra, comercio y navegación de las
Indias; al Consejo lo concerniente al gobierno
municipal, Real Patronato, la concesión de licencias
para ir a las Indias y el proponer candidatos
para puestos políticos.
Hubo
en la Nueva España desde entonces, un predominio
de la legislación ministerial de las ''reales
órdenes'', y asimismo una distinta vía para hacer
llegar al monarca los asuntos o negocios.
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