José López Portillo había ofrecido en su discurso de toma posesión una reforma política. El cambio de gobierno había dado tranquilidad a la sociedad después del fin de sexenio echeverrista y las propuestas económicas del nuevo gobierno ayudaban a crear el clima de confianza necesario. Los empresarios disminuyeron su actitud agresiva y los obreros hicieron lo propio. Incluso la guerrilla que tantos dolores de cabeza había dado al anterior gobierno, había prácticamente desaparecido aunque a veces volvía a realizar actos violentos. Así que en abril de 1977 inició consultas públicas para empezar a discutir la posible reforma a desarrollarse.

Dos propósitos se tenían que cumplir con la reforma: revitalizar el sistema de partidos y ofrecer una opción de acción política legítima tanto a los que habían rechazado como a los que habían optado por la violencia. La reforma era tanto más urgente porque la apertura política de Echeverría se había visto recortada en su alcance al promover una reforma electoral limitada.

También, al liquidar la figura de los diputados de partido e introducir el sistema mixto de representación proporcional, incrementó el número de diputados a 400 -divididos éstos en 300 uninominales y 100 plurinominales-, redujo los requisitos para que los partidos políticos obtuvieran su registro -si bien estableció dos categorías de reconocimiento, el definitivo y el condicionado- y reconoció personalidad a las asociaciones políticas. Todo ello permitió la incorporación de nuevos actores políticos. En estas circunstancias, el Partido Demócrata Mexicano (PDM), el Partido Comunista Mexicano (PCM) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) solicitaron y obtuvieron su registro condicionado. Además, cuatro asociaciones políticas nacionales de izquierda (Unificación y Progreso A.C., la Unidad Izquierda Comunista, el Movimiento por el Partido Revolucionario de los Trabajadores y Acción Comunitaria A.C.) quedaron habilitadas para participar electoralmente en alianza con algún partido político.

La prueba para la reforma electoral llegó en 1979, cuando se realizaron elecciones para diputados. En ellas el abstencionismo fue muy elevado -41.6% del padrón-, el PRI obtuvo el 69.84% de los votos (le correspondieron 296 diputados) y perdió, en manos del PAN, 4 diputaciones uninominales; este último partido obtuvo 10.79% de los votos (43 diputados) y le siguieron el PCM con 4.97% (18 diputados), el PPS con 2.59% (11 diputados), el PST con 2.12% (10 diputados),el PDM con 2.05% (l0 diputados) y, por último el PARM con 1.81% (12 diputados). Aunque no fueron resultados espectaculares, por primera vez se permitió la presencia en la Cámara de Diputados de otros partidos diferentes a los que habían estado por más de tres lustros. Así, en agosto de 1979, se instaló la LI Legislatura del Congreso de la Unión, en la que fueron incorporados diputados opositores de la izquierda, con lo que la pluralidad de la Cámara se vio incrementada de manera significativa, aunque en términos reales la oposición no tuviera el número suficiente de representantes para crear un congreso equilibrado.

En tal sentido, la LI Legislatura sería histórica, no sólo por haber sido resultado de la primera reforma verdaderamente importante en términos de elecciones, sino porque en su seno se pudieron escuchar por primera vez en mucho tiempo debates y discusiones con otros interlocutores políticos.

La necesidad de más espacio para el funcionamiento legislativo, dio pie a que se iniciara la construcción, en septiembre de 1979, del nuevo recinto de San Lázaro, mismo que se terminó y daría cobijo a esta misma legislatura en junio de 1982.

Los años transcurridos entre 1977 y 1981 fueron de crecimiento. En ese lapso la economía aumentó a una tasa media anual de 8.4%; se produjeron casi cuatro millones de empleos, algo nunca visto hasta entonces en tan corto periodo; el gasto público como porcentaje del PIB aumentó de 39.5% en 1979 a 47.2% en 1981, con lo cual se consolidó un amplio sector público de la economía y el Estado pudo resolver algunas contradicciones tanto con el sector privado como con el sindicalismo.

Sin embargo la estrategia presentaba serias fallas. La principal de ellas se refería al hecho de que la expansión de la economía dependía crecientemente de los ingresos provenientes sólo de las exportaciones del petróleo, mientras que el resto de las exportaciones permanecieron estancadas. Así. a pesar del petróleo, el déficit público creció de 5.2% en 1977a 16 51% en 1982, como porcentaje del PIB, lo que preparó la debacle del fin de sexenio. De hecho, la estrategia inicial del presidente López Portillo, anunciada en su discurso de toma de posesión, que incluyó dos años intermedios para la estabilización de la economía, fue sustituida sobre la marcha por otra de crecimiento rápido promovido por déficit fiscales.

Si bien el petróleo hizo crecer el PIB, los desequilibrios persistieron y se acentuaron: gran inflación, crecimiento del déficit de la cuenta corriente, crecimiento de la deuda externa -37 mil millones de dólares en 1978, 71 mil millones de dólares en 1981-. Los síntomas de problemas económicos generados por el crecimiento petrolero fueron apareciendo a lo largo del sexenio en medio del debate sobre la conducción del programa económico entre la Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de Hacienda. En 1979 la tasa de crecimiento del PIB llegó a su nivel más alto, provocando un " sobrecalentamiento '' de la economía.

Ante la situación que golpeaba a los sectores más bajos de la sociedad, el gobierno intentó echar a andar proyectos económicos que los favorecieran, como la Coordinación General del Plan General de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados ( Coplamar ), que pretendía coordinar acciones entre las distintas entidades gubernamentales.

El gobierno de López Portillo intentó recuperar su déficit con la puesta en marcha de una serie de impuestos que fueron aprobados por el Congreso, en medio de la crítica panista. El Impuesto al Valor Agregado ( IVA ), surgido de la L Legislatura, así como el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y la expedición de las nuevas leyes de Impuesto sobre la Renta, Aduanera y Federal de Derechos, que se aprobaron por la LI Legislatura, trataron, además de modernizar la estructura impositiva del país, obtener recursos adicionales. Sin embargo, los impuestos no solucionaron el problema y, en cambio, se convirtieron inmediatamente en un factor inflacionario.

Preludio de la crisis de 1981 resultó el incremento de 6% al 20% de las tasas bancarias internacionales, a finales de 1980. De manera automática, la deuda mexicana se elevó a más de 34 mil millones de dólares y, en lo inmediato, se tuvo que pagar 5 mil millones de dólares. Pero los problemas desatados con el incremento de las tasa de interés no adquirieron su verdadera dimensión sino hasta mediados de 1981, con la caída internacional del precio del petróleo, hecho " inesperado " que definió el rumbo de los acontecimientos. Al estar la economía mexicana atada completamente al petróleo, la base de ésta se vino abajo y con ello la reacción de los empresarios se agudizó nuevamente: fuga de capitales que a fines de ese año llegó a niveles verdaderamente increíbles. Por tanto, en febrero de 1982 el gobierno se vio obligado a devaluar la moneda en un 7() por ciento.

Sin embargo, medidas de último momento como la reducción del gasto el establecimiento de exenciones y estímulos fiscales -claramente favorecedores de los intereses de los empresarios- ya no tuvieron respuesta positiva.

Ante la inmensa fuga de capitales y las difíciles condiciones económicas en que se encontraba el país como consecuencia de la salida de divisas, el gobierno tuvo que tomar una determinación sorpresiva el 1 de septiembre: la nacionalización bancaria, anunciada por López Portillo ante un Congreso estupefacto.

Con la nacionalización de la banca y la imposición control de cambios el gobierno esperaba frenar de manera radical la fuga de capitales, y responder políticamente al aislamiento con el que el capital financiero le había supeditado. Políticamente buscaba convertir el arrinconamiento en que se encontraba el Estado en una situación fortalecida. Más que un triunfo caprichoso sobre los empresarios, lo que estaba en juego para el Esta acumulación de capital como base material de sustentación del sistema.

Desde el punto de vista legislativo, la nacionalización de la banca fue motivo de un amplio debate al interior del Congreso. No sólo porque a todos los diputados de la LII Legislatura, recién estrenados, tomó por sorpresa el decreto del Ejecutivo, sino porque unificó el apoyo hacia el Presidente, por parte del PRI, PPS, PST, y PSUM ( partido en que se había convertido el PCM ), y contra al PAN y al PDM. De cualquier manera, los debates al interior de la Cámara -cuya nueva sede legislativa en San Lázaro había sido inaugurada en junio anterior- no eran sino un reflejo del debate que se desarrollaba afuera -como había ocurrido seis años atrás- entre los empresarios y el Estado, y en el cual, el Presidente recientemente electo, Miguel de la Madrid, parecía no estar muy de acuerdo.

En las elecciones presidenciales de 1982 el PRI había presentado la candidatura de Miguel de la Madrid y a ella se adhirieron el PPS y el PARM; el PAN, la de Pablo Emilio Madero; el PSUM la de Arnoldo Martínez Verdugo; el PDM, la de Ignacio Gollaz; el PST, la de Cándido Díaz; el Partido Social Demócrata ( PSD ) -cuyo registro era condicionado-, la de Manuel Moreno Sánchez, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores ( PRT ) -que también había recibido recientemente su registro definitivo-, a Rosario Ibarra de Piedra.

Estas elecciones contrastaban porque en las anteriores elecciones presidenciales, en 1976, sólo hubo un candidato legal a la presidencia, en cambio ahora, siete contendientes con registro se disputaban la presidencia, sin embargo, desarrolladas las elecciones, los resultados no fueron muy diferentes a las de la última votación. Con una abstención del 27%, el candidato del PRI, PARM y PPS, obtuvo la presidencia del país y 74.43% de la votación total. El PAN, obtuvo el 14%, el PSUM el 5.81%, el PPS el 2.25%, el PRT el 2.05%, el PDM con 1.67% y el PST el 1.59%. Tanto el PARM como el PSD perdieron el registro al no obtener el mínimo porcentaje para mantenerlo -1.5% de la votación total-; en el caso del PRT, aunque en la votación general obtuvo más del mínimo necesario para mantener su registro, en la de Diputados no alcanzó el 1 .5%, por lo que no pudo obtener ninguna presencia en el Congreso.

Por otra parte, el PRI acaparó 299 curules de mayoría relativa en el Congreso, y el PAN sólo obtuvo una, lo cual significó un retroceso pues en las elecciones anteriores había ganado 4 diputaciones. Fuera del PRI, las diputaciones se distrubuyeron de la siguiente forma: PAN, 51 diputados; PSUM, 17 diputados; PDM, 12 diputados; PST, 11 diputados; y PPS, 10 diputados. Sin embargo en su conjunto la oposición ganó más votos que nunca ( el 25 % ), que significaron 100 diputaciones de partido o representación proporcional. Si bien el avance era importante en términos de la pluralidad en el Congreso, en realidad no resultó tan importante en sus efectos, ya que la Cámara de Diputados continuó funcionando bajo las prácticas tradicionales.

Los comicios de 1985 se realizaron bajo las mismas normas aprobadas desde 1977 y los resultados fueron similares a los anteriores: PRI, 64.8%, PAN, 15.6%; PSUM, 3.2%; PDM, 2.7%; PST, 2.5%; PPS, 2.0%; PARM, 1.6%; PMT, 1.6% y PRT, 1.6%. Con tales resultados, la Cámara de Diputados se integró en su LIII Legislatura de la siguiente forma en téminos de curules: PRI, 289; PAN, 41; PPS, 11; PDM, 12; PSUM, 12; PST, 12; PRT, 6; PARM, 12 y PMT, 6. El cambio más importante con relación a las elecciones previas, fue que esta vez se le concedió al PMT el registro condicionado, y se le reintegró su registro al PARM, mismo que había perdido en las elecciones anteriores. Pero si bien es cierto que el PRI siguió siendo mayoritario en este periodo, también lo es que la presencia de la izquierda en la Cámara de Diputados desde 1979, le fue imprimiendo al Congreso un cariz diferente, al introducir mayor pluralismo en su seno.

Con Miguel de la Madrid en el gobierno, además de reformas estructurales de la economía mexicana, la política comenzó a sufrir cambios importantes que tendieron -por empuje de la sociedad- a la modernización del sistema. Sin embargo, las contradicciones continuaron. La situación crítica de la economía, y el descontento generado con la aplicación del modelo de reordenación hizo que en un periodo relativamente corto -apenas un sexenio- el panorama tradicional de la política cambiara de manera radical y que empezara a surgir en México, realmente, un sistema de partidos.

En principio, la política democratizadora del gobierno se expresó en diversas propuestas enviadas al Congreso al asumir la presidencia. La primera de ellas fue la reforma al Artículo 115 constitucional a fin de reintegrar recursos y facultades a los municipios, vigorizando con ello su hacienda y su autonomía política. Se trataba de volver a la vieja idea del municipio como célula de la vida democrática de la comunidad. El proyecto político de De la Madrid parecía buscar la legitimidad perdida por el sistema político en su conjunto a raíz de la crisis económica.

El proyecto que le tocó iniciar a Miguel de la Madrid y continuar a Carlos Salinas de Gortari seis años después, implicó cambios profundos en la tradicional estructura económica mexicana. En su toma de posesión el 2 de diciembre, el nuevo presidente reconoció la profunda crisis por la que atravesaba el país y la necesidad de variar el rumbo que hasta entonces se había mantenido: inflación de casi el 100%, un déficit sin precedentes, ausencia total de ahorro para financiar inversión, rezago de las tarifas y los precios públicos, debilitamiento en la dinámica de los sectores productivos, crecimiento cero, ingreso de divisas paralizado, deuda externa pública y privada de proporciones desmesuradas, recaudación fiscal debilitada y crédito externo reducido drásticamente. En tales circunstancias, señalaba De la Madrid, la planta productiva y el empleo se veían seriamente amenazados, el desempleo abierto era el más alto de los últimos años y los sectores de menores ingresos tenían problemas para satisfacer necesidades mínimas de subsistencia. Había desconfianza y pesimismo en la sociedad, lo que podía conducir peligrosamente a la discordia entre clases y grupos. La crisis mexicana se ubicaba en un contexto internacional donde existían incertidumbre, temor y la recesión estaba presente, además de las guerras comerciales, el proteccionismo, las altas tasas de interés, el desplome en los precios de las materias primas y el alza en los productos industriales, todo lo cual atentaba contra las posibilidades de todos los países. Finalmente reconoció que se vivía una situación de emergencia frente a la que había de actuar con definición y responsabilidad para que " la Patria no se nos deshaga entre las manos ''.

La base del proyecto reestructurador era la economía y hacia allá enfocó el presidente todas sus baterías desde un principio. En su toma de posesión presentó el Programa Inmediato de Reordenación Económica ( PIRE ) y, pocos meses después, en mayo de 1983, presentó también el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Ambos constituyeron la primera fase, entre 1983 y 1985, del proyecto restaurador de la economía.

Fundamento y punto de partida de la estrategia económica del presidente De la Madrid fue la de restaurar la confianza de los inversionistas. Se trataba no sólo de obtener su apoyo moral para el proyecto económico, sino también político. Esta política se complementó, además, con el inicio de la venta de las empresas del sector paraestatal. En diciembre de 1983 el Congreso de la Unión había aprobado modificaciones constitucionales que definieron la rectoría del Estado. Ello le dio al gobierno la pauta que necesitaba para llevar adelante la venta de empresas paraestatales, con lo que se obtendría, además de mayor confianza de los empresarios, y más recursos para el Estado, al tiempo que se ponía en práctica el principio de adelgazamiento que había prometido el gobierno.

Sin embargo, en 1985, las cosas no fueron como se esperaba. Además del impacto social que significó el terremoto de septiembre en la ciudad de México -que por muchos fue leído como una señal inequívoca de la condición en que se encontraba el país-, la inflación comenzó a crecer de nuevo como consecuencia, por un lado, del relajamiento de las políticas contraccionistas y restrictivas -en un intento del gobierno por recuperar más rápidamente el crecimiento y, por el otro, del inicio en la caída de los precios del petróleo, que pronto, a inicios de 1986, llegaron a su nivel más bajo.

Lo que provocó la crisis de 1985-1986 fue, al contrario de lo que podría pensarse, una radicalización de las medidas económicas que se venían desarrollando. Se hizo evidente que la transformación estructural de la economía era más necesaria que nunca. Temas como la diversificación de las exportaciones, la reconversión industrial, el aumento de la producción agrícola, pesquera, silvícola y minera, acompañaron a las ya tradicionales encaminadas al saneamiento de las finanzas y a la reducción del gasto público. Para darle un sentido a toda esta política, el gobierno puso en funcionamiento el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), con el que trató de dar coherencia a la segunda fase de su gobierno en materia económica.

Además de una mayor reducción en el déficit público y de flexibilizar las tasas de interés, como parte de la Carta de Intención firmada con el FMI en 1986, el gobierno se comprometió a aplicar una política de apertura comercial. Ello significaba dejar atrás décadas proteccionistas con las que el país había podido desarrollarse en un mundo eminentemente cerrado en cuestiones comerciales. Pero ante las nuevas reglas de juego internacional, la apertura representaba para el país la alternativa más conveniente. En consecuencia, el gobierno inició negociaciones con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATA, por sus siglas en inglés), al mismo tiempo que promovió consultas a través del Senado. La discusión volvió a desatar las mismas acusaciones que había provocado López Porrillo en 1979 cuando sometió a consulta el asunto: era una política entreguista a los Estados Unidos. Pero si López Portillo decidió en su momento no ir más allá, en esta ocasión, Miguel de la Madrid firmó el protocolo de adhesión el 25 de julio de 1986.

Aunque pronto se sintieron en la economía señales alentadoras como consecuencia de tantos cambios estructurales, al grado que las reservas del Banco de México crecieron a 14 mil millones de dólares, la inflación se convirtió en el principal obstáculo. Esta había bajado del 100% en 1982 a 59.2% en 1984, pero al año siguiente había empezado a crecer nuevamente. Para tratar de remediar este fenómeno, el gobierno echó mano de uno de sus recursos históricos para tratar de contener la inflación: el establecimiento de un pacto entre los diversos sectores de la producción para combatir la inflación. Ello dio origen en diciembre de 1987 al Pacto de Solidaridad Económica, el primero de una serie que se firmaría en los años siguientes, y en los cuales, detalles más o menos, los obreros aceptaban moderar sus demandas salariales, los campesinos aceptar los precios de sus productos, los empresarios no incrementar los precios y el gobierno vigilar a todos.

Con este mecanismo basado en la histórica estructura corporativista del Estado mexicano, la inflación pudo ser contenida y para 1988 se encontraba ya en 50%, después de que había llegado un año antes al 170% . Así, la política económica de Miguel de la Madrid daba frutos positivos hacia final del sexenio. Pero, si bien el balance general del gobierno iba en este sentido, no todo parecía igualmente optimista. Para recuperar el crecimiento del país, el gobierno, sin muchas alternativas a la vista, había echado mano de un proyecto económico que implicaba un cambio radical en la estructura económica mexicana, que priorizaba los subsidios a la acumulación privada en detrimento del nivel de vida de la mayoría de los mexicanos. El Estado disminuyó su inversión en alimentación, salud, educación y vivienda, lo que afectó directamente a los sectores más pobres, los más golpeados por la crisis desde la década anterior.

A partir de 1982 -pese al propósito del presidente al asumir el cargo de '' construir una sociedad igualitaria ''-, justificado con la enorme crisis económica en que se vio envuelto el país, se dio no sólo un cambio radical en el tipo de política económica, que implicaba una caída más que evidente del nivel de bienestar de la mayoría de la población, sino que de hecho se replanteó, bajo la idea de modernización, lo que hasta entonces había sido proyecto histórico de la Revolución mexicana. En todo caso, la reorganización de la economía del país se volvió incompatible con el nivel de vida de gran parte de la población y produjo agudización extrema de las desigualdades sociales y económicas.