Es ampliamente reconocido que 1968 puede ser tomado como el arranque de una fase de transición del país hacia la democracia moderna. Hasta entonces, la estructura del poder en México se mantuvo estable, pero sin la existencia del juego político necesario que permitiera la expresión de una sociedad que había ido creciendo y diversificáindose. El movimiento estudiantil de 1968 fue, al menos en parte, la expresión de un sector de la sociedad -las clases medias urbanas- que demandaba mayor participación en un sistema político que no había cambiado al mismo ritmo que el país.

Por ello es que el movimiento estudiantil removió de manera importante la necesidad de empezar a cambiar la cultura política de la sociedad mexicana, e iniciar un proceso de transición a la democracia que, a partir de entonces, ha transcurrido de manera lenta pero efectiva, y se ha visto reflejado en diferentes planos de la vida política nacional.

A pesar de los sucesos de 1968, Luis Echeverría llegó a la presidencia a través de unas elecciones muy cómodas. Compartiendo su candidatura por el PRI con el PPS y el PARM, y teniendo como opositor único por el PAN a Efraín González Morfín, obtuvo el 84.63% del total de las votaciones. Además de la votación presidencial, la integración de XLVIII Legislatura se mantuvo de manera idéntica a como se había distribuido la Cámara de Diputados desde 1964: 178 diputados del PRI, 20 del PAN, 10 del PPS y 5 del PARM . En tales condiciones, la desventaja de la oposición se mantuvo en todos sentidos.

Sin embargo, Echeverría, presionado por los acontecimientos de 1968, que habían dejado un saldo político mucho más grande que las proporciones del movimiento, se había presentado como candidato del PRI, y después como presidente, con un cuestionamiento al modelo de crecimiento -que partía, en principio, del reconocimiento a las desigualdades sociales y políticas generadas a lo largo del " desarrollo estabilizador " - y, al mismo tiempo, con un discurso oficialista que buscaba nuevas legitimidades y consensos que revitalizaran las instituciones de la Revolución Mexicana. Todo ello bajo el convencimiento de que de no hacer reformas la sociedad mexicana y, sobre todo, el Estado, podían tener problemas en el mediano plazo.

En tal sentido, el presidente Echeverría trató de llevar a cabo un primer intento por recuperar la hegemonía y legitimidad estatal aparentemente perdida en 1968. Los cambios que habían ocurrido en la sociedad mexicana desde los años cuarenta (crecimiento, modernización, urbanización e industrialización), y la aparición y desarrollo de nuevos sectores sociales con demandas específicas ( v. g. las clases medias ), no habían sido acompañados de cambios políticos en el Estado y sus formas de gobierno.

Como presidente, Echeverría impulsó ciertos cambios que dieron la impresión de una actitud más abierta a la tolerancia. Sin embargo, de manera contradictoria, a diferencia de la mayoría de las políticas de Echeverría, la " apertura democrática " sólo se expresó tímidamente en términos jurídicos. Las modificaciones de 1973 a la Ley Federal Electoral, promovidas en la XVIII Legislatura, de ninguna manera correspondieron al discurso de cambio que difundía el Presidente.

De cualquier manera, los inicios del sexenio, y de la década de los setenta, fueron de definición de un sector de la sociedad: si la " apertura democrática " convenció a algunos jóvenes militantes del movimiento estudiantil de 1968 de participar a través de los pequeños canales legales que se fueron abriendo, algunos otros en cambio optaron por radicalizarse. La " derrota " de Tlatelolco, la represión de los llamados " Halcones " en junio de 1971, y la débil democratización de la vida política nacional, les hizo reflexionar sobre que la mejor vía para cambiar al país era la de la lucha armada, a través de las guerrillas en las montañas o a través de la guerrilla urbana.

En el sexenio, las acciones de todos estos grupos radicales mantuvieron un clima de inestabilidad y zozobra en la sociedad a través de asaltos y secuestros, e implicaron respuestas igualmente violentas por parte del Estado. Aunque también se trató de contrarrestar a la guerrilla con el impulso a una reforma político-electoral que permitiera la participación legal de otros sectores de la sociedad.

Obviamente, no sólo la guerrilla empujaba a tal reforma. Para entonces, diferentes sectores de la sociedad -muchos de ellos alentados por la retórica echeverrista- pugnaban por participar políticamente a través de organizaciones no oficiales. Una de las características del sexenio, es que fueron apareciendo diversos movimientos que trataban de presentarse como una opción política distinta a la que representaba históricamente la del propio Estado. Entre 1971 y 1974 la disidencia sindical tomó fuerza entre los electricistas, los maestros, los ferrocarrileros y los petroleros, pero también en un sinnúmero de sindicatos de empresa. A la vez, aparecieron organizaciones formales, tales como el Frente Auténtico del Trabajo y la Unidad Obrera Independiente. Por lo general, se luchaba por mejores condiciones económicas, pero también, cada vez más, por impulsar la democratización del sindicalismo oficial.

Por otro lado, los movimientos independientes campesinos, aunque pequeños y aislados entre sí, empezaron a adquirir un perfil orgánico más definido a nivel local y regional, y en las principales urbes del país comenzaron a organizarse grupos de marginados y posesionarios que exigían tierras, títulos de propiedad y servicios. En síntesis, los años entre 1971 y 1976 fueron los tiempos de la aparición y ascenso de este tipo de movimientos que, aunque reprimidos muchos de ellos, hicieron evidentes las limitaciones de la apertura echeverrista, limitaciones contrastadas mucho más dramáticamente por la guerrilla urbana y rural.

Contradictoriamente, la necesidad de iniciar una transición hacia formas más abiertas de democratización de la sociedad mexicana, que permitiera contrarrestar la presión de los movimientos independientes, radicales o no, se volvió una necesidad imperiosa, a riesgo de que se incrementaran los canales no institucionales de participación de la sociedad. Desde diciembre de 1971, como paso previo a las elecciones de 1973, se iniciaron mínimas reformas a la Ley Electoral, tales como el aumento del número de habitantes de los distritos electorales, y la reducción de la edad para ser diputado ( 21 años ) y senador ( 30 años ), que resultaban insuficientes en una sociedad con anhelos más fuertes de democracia. La modificación más importante en ese momento fue, sin duda, la disminución del porcentaje de votación, de 2.5 a 1.5, necesario para que los partidos políticos conservaran el registro y obtuvieran diputaciones de partido, mismas que con esa modificación aumentaron a 25. En realidad, esta última reforma tuvo que ver más que con una apertura democratizadora hacia la sociedad, con la necesidad de seguir contando con la presencia en la Cámara de Diputados de los que, más tarde, serían llamado partidos paraestatales: el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y Popular Socialista (PPS), quienes en la elección d 1970, habían obtenido sólo 0.54% y 0.84% respectivamente del votación total.

Desde su campaña presidencial, Echeverría había planteado lo que haría su gobierno en términos económicos: creación de nuevos empleos, desconcentración industrial, apoyo a las regiones más atrasadas, justa distribución de la riqueza y, sobre todo, un cuestionamiento muy fuerte al papel de la iniciativa privada que había privilegiado en su beneficio el crecimiento económico en detrimento de la justicia social. Asimismo, propuso darle un mayor impulso al gasto social, particularmente a la educación y salud, tratar de resolver el atraso en que se encontraba sumido sector agropecuario, luchar por mejores condiciones de intercambio para los productos mexicanos en el exterior y, desarrollar un papel de liderazgo en torno a la integración económica latinoamericana.

En esta perspectiva, una de las intenciones de Echeverría fue, con base en su propia interpretación de los principios básicos de la Revolución mexicana, la de recuperar el control de la economía que -según él- poco a poco se había trasladado a manos de la iniciativa privada. El mecanismo apropiado para tal fin, fue intervención gradual del Estado en la economía y la ampliación sus funciones en todos los niveles de la misma, con lo cual se justificaba la necesidad de pasar a un nuevo esquema de desarrollo q permitiera continuar el ritmo de crecimiento de los años sesenta, pero corrigiendo los enormes desequilibrios sociales que se habían generado. En ese sentido, Echeverría pensaba que era posible solucionar las contradicciones generadas por el '' desarrollo estabilizador ", sin atentar contra el esquema de crecimiento acelerado.

Así las cosas, el Estado transformó su papel de primotor del desarrollo a rector de la economía. Ello dio pie a que empezara a tener injerencia tanto en la producción, distribución, circulación y consumo, para supuestamente lograr una equitativa distribución del ingreso. Desde esta perspectiva, Echeverría orientó su política económica en torno a tres vertientes fundamentales: una política social que buscó, por un lado, mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y, por el otro, desarrollar una estrategia asistencial hacia los sectores mayoritarios de la sociedad; el crecimiento, Estado a través de la creación de empresas paraestatales, fideicomisos y organismos públicos, que abarcaron múltiples facetas de actividad económica del país, y, en tercer lugar, una política gasto público que, como nunca, creció cada año hasta convertirse en un costoso gasto improductivo que no resolvía los problema los sectores más necesitados, y en cambio resultaba improductivo y generoso para el país.

Además, de acuerdo con este nuevo papel del Estado, Echeverría, tan pronto asumió la presidencia, envió al Congreso iniciativas de creación del Instituto Nacional para el Desarrollo la Comunidad Rural, del Instituto Mexicano de Comercio Exterior y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También envió otras iniciativas que reformaron leyes vigentes, entre las destacaron la Federal de Reforma Agraria, la Orgánica de Petróleos Mexicanos y la de Control de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal.

En 1972 la XLVIII Legislatura reformó el artículo cuarto constitucional y expidió una nueva Ley General de Población, con el fin de adoptar una política de población. La reforma constitucional estableció el derecho de las parejas a decidir '' de manera libre responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos " . Paralelo a esto último, en 1976 se creó el Consejo Nacional de Población (Conapo), que quedó a cargo de la planeación demográfica y se expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, que estableció las bases jurídicas para ordenar los procesos relacionados con los asentamientos humanos y la distribución de la población en el territorio nacional.

También la misma XLVIII Legislatura expidió la ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, y en 1973 otra ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera que, por cierto, provocarían protestas de la Asociación Nacional de Banqueros y de las empresas transnacionales. En realidad, tanto la XLVIII, como su sucesora la XLIX legislaturas desarrollaron una intensa actividad a lo largo de todo el sexenio echeverrista. Sin embargo, aunque toda esta intensa labor legislativa mostraba una clara necesidad de dar al país una nueva cara, y de que además las legislaturas del periodo mostraron un ritmo de trabajo que no habían tenido en gobiernos anteriores, el Congreso continuó -con la única excepción del PAN- mayoritariamente supeditado a las necesidades del Ejecutivo.

La política económica-social más evidente a lo largo de su gobierno, fue el uso al llamado gasto social . Este se mantuvo por encima de otros rubros, aun por encima de la inversión en el sector industrial y paraestatal. Dentro del gasto social, la mayor inversión se dio en el sector agropecuario -que creció en el periodo a una tasa promedio anual de 34%-, seguido por el educativo y aspectos vinculados al desarrollo tecnológico -18% promedio de crecimiento anual- y, en tercer lugar, por el de salud.

En el campo, el presidente pretendió desarrollar lo que llamó " la segunda etapa de la reforma agraria '', que consistió en tratar de continuar lo que había sido la política agrarista de Lázaro Cárdenas, y darle nueva presencia al paralizado ejido, colectivizándolo y apoyándolo para aumentar su producción. El objetivo era, además de refuncionalizar al ejido, que de su producción se pudiera recuperar la crisis alimenticia que el país vivía desde la década anterior. Paralelamente trató de llevar a cabo una reforma educativa, que culminó con la expedición de la Ley Federal de Educación en 1973. Esto fue acompañado de un aumento, en 14 veces, al presupuesto educativo, que permitió abrir nuevas escuelas superiores, como la Universidad Autónoma Metropolitana. También enfatizó la educación técnica al establecer 857 escuelas técnicas secundarias e institutos tecnológicos en todo el país.

Pero además, el aumento del gasto público también provino del crecimiento del propio Estado, creó fideicomisos que y compró todo tipo de empresas que el sector privado no podía seguir sosteniendo, bajo el argumento de la necesidad de mantener los empleos. Esto llevó al intenso crecimiento del sector paraestatal que, sin embargo era visto como una necesidad por parte del Estado de cubrir áreas económicas que el mercado no podía satisfacer. En todo caso, la política económica del gobierno, con el fin de satisfacer las cargas sociales que se había impuesto implicó la existencia de un gasto público muy elevado que, además de no tener correspondencia con los ingresos del propio Estado, estuvo sujeto al inmediatismo, la improvisación, el desorden y, desde luego, la corrupción.

Pero si la contradictoria política económica de Echeverría trajo beneficios a ciertos sectores sociales, en cambio, el eje determinante de los conflictos sociales durante el periodo echeverrista, se fue trasladando poco a poco por el lado del enfrentamiento con los empresarios. Desde el principio de su gobierno el presidente Luis Echeverría había tenido que enfrentar la desconfianza de los sectores privados hacia su gobierno. La retórica " populista '' se reflejaba en la economía en un programa que, para los empresarios, era difícil de asimilar.

En esas circunstancias, la situación financiera del país se fue deteriorando fuertemente. Y si bien en el sexenio la economía todavia creció a un ritmo acelerado ( 5% promedio anual ), la inflación aumentó a niveles nunca antes vistos en la economía mexicana ( 14.2% promedio anual ), sobre todo después de 1973. Además, la inflación provocada por el aumento del circulante empezó a ser reforzada por los aumentos internacionales a los energéticos y la inflación mundial que para entonces apareció en el horizonte. Para 1976, la situación económica del país evidenciaba los síntomas de una profunda crisis, donde los problemas con la balanza de pagos, la disminución aguda de la producción agrícola e industria, el endeudamiento, la fuga de capitales y, en general, el estancamiento en el crecimiento del país eran los signos más visibles.

A fines del sexenio, la relación entre los empresarios y el Estado no auguraba nada bueno. Las condiciones del enfrentamiento, aunadas a las dificultades económicas a que había entrado el país desde 1975, llevaron al gobierno -sobre todo a través de la retracción de la inversión y de la fuga de capitales- a un callejón sin salida, cuyo desenlace fue la devaluación del peso.

En lo político, los avances no fueron significativos. La tímida Reforma Electoral de 1973 no había producido resultados realmente democratizadores. Las elecciones para diputados realizadas en 1973 no mostraron ningún cambio profundo: según cifras oficiales, con un abstencionismo del 34%, el Partido Revolucionario Institucional obtuvo el 70% del total de los votos, el Partido Acción Nacional el 14.60% -la cifra más alta hasta entonces-, el Partido Popular Socialista el 3.61%, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana apenas logró superar el porcentaje mínimo al obtener el 1.82%. El reflejo de esta votación en la Cámara de Diputados fue la existencia de 189 curules para el PRI, 25 para el PAN ( 23 de mayoría y 2 de partido ), 10 para el PPS y 7 para el PARM.

La mismas condiciones electorales se repitieron tres años después en las elecciones presidenciales de 1976. Sin embargo, para entonces ya algunas fuerzas políticas que habían permanecido en la clandestinidad, trataban de manifestarse en forma legal. El viejo Partido Comunista Mexicano, sin registro, decidió aprovechar los aires democratizadores que soplaban en el país y, además de intentar agrupar en su seno a parte importante de la izquierda tradicional, presentó la candidatura, sin validez oficial, de Valentín Campa para la presidencia de la República. Otra presencia importante, con fuerza en la opinión pública, aunque sin participación electoral, lo constituyó el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT). Muy estrechamente vinculado al PMT, surgió en 1973 de una escisión en el CNAO, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Aunque se conformó oficialmente en 1975 y obtuvo su registro formal hasta 1978, se convirtió rápidamente en un nuevo partido paraestatal, destinado, más que nada, a oponerse a la oposición del PRI. Por su parte, el PAN, que había venido obteniendo una votación creciente, aunque sin representar un serio peligro para el PRI, y que en la Cámara de Diputados se había constituido en la única oposición crítica a la política del presidente Echeverría, en medio de controversias internas, terminó por no presentar candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de 1976, por considerar que no había garantías suficientes para llevar adelante elecciones democráticas.

Al realizarse las elecciones de 1976, no hubo más que un sólo candidato con registro: José López Portillo por el PRI. El PARM y el PPS, siguiendo su costumbre desde 1958, apoyaron la candidatura del PRI, y sólo el PCM presentó a Valentín Campa como contendiente.

En estas circunstancias, las elecciones presidenciales resultaron cómodas para el PRI. Sin embargo, contradictoriamente reflejaban las condiciones de atraso político en que se encontraba el país: oficialmente, José López Portillo obtuvo el 90.63% de los votos emitidos, con un abstencionismo del 35.5%. Cuando en agosto de ese año se integró la L Legislatura en la Cámara baja del Congreso, de 237 Diputados, 195 eran del PRI, 20 del PAN, 12 del PPS y 8 del PARM. Ello representaba con toda evidencia un cuadro con las precarias condiciones políticas en que vivía el país a fines del gobierno de Echeverría quien, a pesar de la " apertura democrática '', no había podido generar las condiciones mínimas de un tránsito a una situación más abierta de participación política; además, ya era evidente la presencia de grupos que demandan presencia legal en el Congreso.

Al empezar a trabajar el nuevo gobierno en diciembre de 1976 era evidente la crisis económica por la que atravesaba el país, tanto por los desequilibrios en el modelo de crecimiento seguido desde los años cuarenta, como por los acontecimientos negativos surgidos en el último sexenio, que al combinarse con la recesión internacional, crearon una situación recesiva de la economía que hacía peligroso el inicio de su gobierno. Pata López Portillo, sin embargo, no se trataba de modificar radicalmente la estrategia seguida por su antecesor, sino únicamente variarla para corregir los resultados negativos. En tal sentido, el problema fundamental de la desigual redistribución del ingreso subsistía y su gobierno se propuso corregirla desde otro ángulo: a través de un programa de creación de empleos. Para lograr esta alternativa siguió la misma senda echeverrista del gasto público elevado, pero tuvo en su favor un recurso muy importante: el petróleo. Durante la mayor parte de su gobierno, contó con la riqueza generada por el petróleo, lo que permitió que el país recuperara los índices de crecimiento -e incluso más altos- que habían existido en la década anterior. Pero el petróleo también incidió en la profundización de problemas que llevaron al país a una nueva crisis al final del sexenio: el gasto público excesivo y el incremento desproporcionado del endeudamiento externo.

Para empezar, con el objetivo de lograr estabilizar al país, el nuevo gobierno se vio obligado a confirmar el acuerdo de estabilización pactado con el Fondo Monetario Internacional al final de la administración anterior, mismo que presuponía principalmente la reducción del déficit del sector público la limitación del endeudamiento externo, el no crecimiento del gobierno, la apertura al exterior y la aplicación de políticas restrictivas del salario.

Parte fundamental del programa del nuevo gobierno fue la reforma administrativa. Con ésta, aparte de achicar y haces más racional el aparato público, se buscó introducir la racionalidad y la planeación, es decir, modernizar a la burocracia. Para ello, el gobierno, además de la creación inmediata de la Secretaría de Programación y Presupuesto -destinada a planear la forma en como se gastaban los egresos-, envió al Congreso tres iniciativas de leyes: la Ley sobre Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público que atribuyó la política presupuestaria a esta Secretaría para hacer coincidir en ella la confección del presupuesto con la planeación; la Ley General de Deuda Pública que colocó a la Secretaría de Hacienda como controlador único de la contratación de toda la deuda pública, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que redistribuyó funciones entre dependencias.

Esta inversión fue financiada con deuda externa y divisas así conseguidas sirvieron tanto para pagar el servicio de la deuda como para incrementar los ingresos del Estado. Dentro la perspectiva lopezportillista, todo ello alentaría al sector industrial y crearía empleo. El énfasis se puso en el empleo industrial, sin olvidar la productividad del campo y los proyectos sociales para los marginados. Esto explica por qué, a diferencia de su antecesor, López Portillo orientó su gobierno más hacia la inversión que hacia el gasto social. La industria fue reactivada mediante cuantiosas inversiones públicas en empresas del Estado, así como subsidios y exenciones a la exportación de manufacturas del sector privado. Por otro lado, y dentro de la lógica de la alianza sectorial, el nuevo gobierno convenció al movimiento obrero de moderar las perticiones de aumento salariales a cambio de la creación masiva nuevos empleos.

Por el lado de la agricultura, aunque el Ejecutivo manifestó que éste era un sector prioritario, no fue sino hasta marzo de 1980 -más de tres años después de haber tomado posesión- que dio a conocer un proyecto para tratar de resolver los problemas le aquejaban: el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Se trataba de un plan para lograr la autosuficiencia alimentaria que evitaría las terribles importaciones y compensaría en buena medida la maltrecha balanza de pagos.

El SAM llegó acompañado de la aprobación, por parte la LI Legislatura, de la Ley de Fomento Agropecuario, que apoyaba la posible asociación de ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios para la producción y la prestación de servicios. Lo interesante del caso, es que junto a la crítica de la izquierda por lo consideraban una ley '' reaccionaria y contrarrevolucionaria ", que preparaba la privatización del campo y debilitaba al ejido, en el mismo sentido se alzaron voces dentro de los diputados priistas.

El descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo al inicio de la administración lopezportillista, en un momento en que los precios del combustible empezaban a subir, no pudo más afortunada y dio lugar a la certidumbre gubernamental de contar con una salida definitiva a su problema económico.