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Nuestro
siglo - De la Reforma de
1986 a la modernización del proceso electoral
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Noticongreso
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Pasadas
las elecciones de 1985 y como resultado de la
serie de impugnaciones realizadas por los partidos
de oposición, el presidente De la Madrid decidió
abrir el debate sobre la normatividad de la legislación
electoral. Cabe mencionar que entre las propuestas
de modificación que se hicieron en 1985 estuvo
la de modificar la estructura de la Cámara de
Senadores.
Prácticamente
todos los partidos de oposición y algunos miembros
del PRI, se declararon por introducir modificaciones
sustanciales en el Senado ( desde ampliar el número
de miembros e introducir la representación proporcional,
hasta desaparecerlo ). Al final, la propuesta
del presidente no recogió ninguna modificación
en su estructura, aunque sí introdujo un cambio
importante: la vuelta a la elección mitad de los
senadores cada tres años.
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Se
realizaron audiencias públicas en las que
se presentaron diversas e interesantes propuestas
y finalmente el presidente, envió a la LIII
Legislatura una iniciativa de reforma constitucional
en la materia, y un nuevo Código Federal
Electoral que sustituyó a la LFOPPE de 1978,
mismas que fueron aprobadas en diciembre
de 1986.
El
nuevo Código Federal Electoral introdujo
algunos cambios con relación a su antecesor
LFOPPE: se suprimió el registro condicionado,
permitió las coaliciones y los frentes electorales
-lo que poco después favoreció la formación
del Frente Democrático Nacional (FDN) y
que éste alcanzara una gran votació en 1988-,
y precisó el acceso a los medios de comunicación
y recursos económicos; incrementó el número
de diputados plurinominales de 100 a 200,
conservando en 300 el número de los diputados
uninominales y, como ya se mencionó, dispuso
la renovación del Senado por mitades cada
tres años.
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Además,
permitió, a diferencia de la ley electoral anterior,
que el partido mayoritario participara en la distribución
de diputados proporcionales en la cámara baja,
aunque con la limitación de no pasar de 350 curules
lo que equivalía al 70% de los asientos. Otras
novedades fuero creación del Tribunal de lo Contencioso
Electoral, que sustituyó las competencias que
en esta materia había otorgado a la Suprema Corte
de Justicia la ley anterior, y una serie de disposiciones
para dar mayor participación a los partidos y
a la sociedad en organismos electorales y en el
proceso de preparación de elecciones, así como
la creación de la Asamblea de Representa del Distrito
Federal.
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Con
vistas a las elecciones de 1988, el movimiento
político más importante no se dio en la
oposición, sino en el mismo PR. Un grupo
de políticos inconformes con las decisiones
partidistas organizaron en 1987 lo que se
conocería como la Corriente Democrática.
Este grupo estaba encabezado por Cuauhtémoc
Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Rodolfo
González Guevara quienes cuestionaron públicamente
la política económica desarrollada por el
presidente y pidieron un debate interno
al respecto Además, a propósito del cambio
de gobierno, propusieron que se eligiera
de manera democrática al candidato del Partido
Revolucionario Institucional.
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Al
atentar de tal manera contra el presidencialismo
y las formas autoritarias del partido, la Corriente
Democrática, después de enfrentamientos verbales
con los mismos priístas, abandono el PRI para
iniciar la formación de una fuerza independiente
que se presentara en las elecciones siguientes.
Con
el beneficio del Código Federal Electoral recién
aprobado, formó una coalición con los partidos
paraestatales -PPS, PARM, PST, ( que en octubre
de 1987 se había convertido en PFCRN )-, con el
nombre de Frente Democrático Nacional y postuló
a Cuauhtemoc Cárdenas como candidato presidencial.
Poco después, Heberto Castillo, candidato presidencial
por el Partido Mexicano Socialista (PMS) -partido
en que se transformó el PSUM al fusionarse con
el Movimiento Revolucionario del Pueblo, la Unidad
de Izquierda Comunista, el Partido Mexicano de
los Trabajadores y el Partido Patriótico Revolucionario-
declinó su candidatura, con lo cual el PMS se
coaligó también al FDN. Por su parte el PRI postuló
a Carlos Salinas de Gortari, el PAN al empresario
Manuel J. Clouthier; el PDM a Gumersindo Magaña,
y el PRT, por segunda ocasión, a Rosario Ibarra
de Piedra.
Las
elecciones se celebraron el 6 de julio y fueron
causa de la mayor disputa electoral habida en
muchas décadas en el país.
La
LIV Legislatura quedó integrada de la siguiente
manera: PRI, 262 diputados; PAN, 101 diputados;
PMS ( que en mayo de 1989 se convirtió en PRD
), 22 diputados; PPS, 49 diputados; PARM, 30 diputados
y PFCRN, 36 diputados. Estas elecciones tendrían
repercusiones muy importantes en diferentes sentidos
para la sociedad mexicana.
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Entre
otros, lograron equilibrar un poco las relaciones
del poder ejecutivo con el legislativo,
volviendo a éste una instancia capaz de
oponerse y hasta de derrotar las iniciativas
presidenciales. Salinas de Gortari propuso
nuevas consultas para modificar el Código
Federal Electoral. Por varios meses, entre
febrero y abril de 1989, se llevaron a cabo
reuniones en la Comisión Federal Electoral
para emprender la reforma política que el
país demandaba. Nuevamente como en 1985,
volvieron a presentarse diversas propuestas
para transformar la estructura electoral
y legislativa mexicana, entre las que destacan
las referentes al Senado.
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En
medio de las discusiones para una nueva reforma
electoral, un infortunado accidente provocó, el
5 de mayo de 1989, el incendio de la Cámara de
Diputados en San Lázaro, por lo que ésta se tuvo
que trasladar al Auditorio de la Unidad de Congresos
del Centro Médico Nacional, donde permanecería
los próximos tres años mientras se reconstruía
su sede oficial.
Finalmente
en agosto de 1990 fue aprobado en el Congreso,
con la única oposición del PRD por considerarlo
insuficiente, un nuevo Código y Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales ( COFIPE ). En él
se plasmaron una serie de modificaciones, con
la idea de promover elecciones más limpias.
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En
principio, dio origen a cuatro instituciones:
el Instituto Federal Electoral (organismo
público autónomo de carácter permanente,
con personalidad jurídica y patrimonio propios,
en que se depositó la autoridad electoral
y la responsabilidad de la función estatal
de organizar las elecciones) ; un nuevo
Registro Federal de Electores (para asegurar
que cada registro en el padrón electoral
corresponda a un ciudadano identificado
con residencia en una sección determinada
; el Servicio Profesional Electoral (servicio
civil encargado de la administración de
los procesos); y el Tribunal Federal Electoral.
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Además,
se establecieron algunas enmiendas notables que
modificaron la legislación anterior: a). Los delitos
electorales pasaron a ser materia del Código Penal;
b). Para favorecer el pluripartidismo, se mantuvo
la fórmula de primera proporcionalidad con coeficiente
ratificado y el día de la elección se fijó para
el tercer domingo de agosto. Además, se recobró
la figura del registro condicionado al resultado
de las elecciones . Se mantuvo la denominada cláusula
de gobernabilidad; c). Se suprimió la figura de
la candidatura común y se regularon de manera
más precisa las coaliciones electorales; se suprimieron
las asociaciones políticas y se mantuvo la exclusividad
de los partidos políticos para postular candidatos;
d). Se introdujo la insaculación como método para
la designación de los integrantes de las casillas
y se definió un máximo de 1 500 electores por
sección y de 750 por casilla. Se establecieron
casillas especiales para electores en tránsito;
e). Se acortaron los plazos para la entrega de
los paquetes electorales a los consejos distritales,
f). Se amplió sobre nuevas bases el financiamiento
a los partidos políticos y se intrudujeron disposiciones
relativas al desarrollo de las campañas y a la
propaganda electoral.
Económicamente
Salinas propuso la existencia de tres prioridades
fundamentales: una nueva negociación de la deuda
externa que permitiera aliviar de manera radical
la economía mexicana, la privatización total del
sector paraestatal para reducir la deuda interna
y, el establecimiento de un Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Estados Unidos y Canadá.
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Bajo
estas condiciones económicas, y las políticas
reestructuradoras en funcionamiento, en
torno a las cuales el pluralismo de la LIV
legislatura no pudo hacer nada para proponer
alternativas más allá de la discusión, el
país empezó a recuperarse lentamente de
las condiciones de estancamiento en que
se había mantenido durante todos los ochenta.
Aunque los efectos positivos no fueron de
inmediato sentidos por la mayoría de la
población, en cambio, los efectos macroeconómicos
comenzaron a dar frutos.
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Por
ello al desarrollarse las elecciones para diputados
en agosto de 1991, el gobierno pudo moderar en
algo las condiciones adversas de la última elección.
De la misma manera que la economía había repuntado,
los resultados a favor del PRI- de 63% del total
de la votación- tuvieron un alza del 13% más arriba
lo alcanzado en 1988, mientras que el resto de
los porcentajes se repartían de la siguiente manera:
PAN 17.73%, PARM 2.15%, PFCRN 4.36%, PPS 1.80%
y PRD 8.25% . La tradución de tales porcentajes
en números de diputados fue como sigue: PRI, 320
diputados; PAN, 89 diputados; PARM, 15 diputados;
PFCRN, 23 diputados; PPS, 12 diputados, y PRD,
41 diputados. A la LV Legislatura le correspondió
reinaugurar el recinto legislativo de San Lázaro
luego de su reconstrucción posterior al incendio
de 1989.
Entre
los cambios constitucionales más importantes que
han sido aprobadas en el Congreso, a lo largo
del sexenio, están, el orden en que fueron dictados:
el Decreto que reforma y adiciona los artículos
28 y 123 de la Constitución, para establecer régimen
mixto de la propiedad de la Banca (27 de junio
de 1990); el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electoral (15 de agosto de 1990);
la adición al artículo 4° de la Constitución para
el reconocimiento de los derechos de los indígenas
(27 de enero de 1992); la reforma al artículo
27 constitucional y expedición de una nueva Ley
Agraria (26 de febrero de 1992) iniciativa de
adición al artículo 102, apartado B, de la Constitución,
y la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
( 2 de junio de 1992 ); la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público, que modificó las relaciones
entre la Iglesia, el Estado y la sociedad ( 15
de agosto de 1992 ); la iniciativa de reforma
y adiciones a los artículos 28, 73 y 123 de la
Constitución, para dotar de autonomía al banco
de México ( 23 de diciembre de 1993 ); entre las
más importantes.
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En
cuanto a lo político, durante el gobierno
de Salinas de Gortari se impulsó una nueva
reforma electoral en 1993. Se iniciaron
para ello negociaciones con los partidos,
entre julio y septiembre de ese año, tras
de las cuales fueron aprobadas tanto las
reformas constitucionales. , como las específicas
del COFIPE. Los cambios más importantes
que fueron, por lo que respecta a las primeras,
una nueva fórmula c le integración de la
Cámara de Senadores ( 160 integrantes, 4
por cada estado de la Federación ), una
nueva fórmula de integración de la Cámara
de Diputados, y la desaparición de la autocalificación
de las elecciones. Con relación a las segundas,
en sus aspectos más importantes, se establecieron
una serie de principios que buscaban mejores
condiciones de competencia electoral: equidad
en el acceso a los medios de comunicación,
mayor equilibrio al financiamiento a los
partidos y establecimiento de topes a los
gastos de campaña, acceso a las listas nominales
de electores, modificaciones a los requisitos
para el registro de nuevos partidos.
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En
el marco de los acontecimientos ocurridos el 1°
de enero de 1994 -el levantamiento del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional en el estado
de Chiapas- el 16 de marzo siguiente se llegó
a un acuerdo de reformas al COFIPE. Esta nueva
reforma constituyó un avance sustancial en la
democratización de los procesos electorales: subrayó
el carácter autónomo e independiente de los organismos
electorales, modificó la estructura del IFE permite
que visitantes extranjeros observen el proceso
electoral y tipificó como delitos electorales
38 prácticas ilícitas. Sin duda la propuesta más
importante de estos acuerdos consistió en ciudadanizar
el máximo órgano electoral.
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En
la nueva integración del Consejo General
del IFE, los consejeros ciudadanos tendrán
a su cargo la organización y vigilancia
de los procesos electorales; así, los partidos
con voz pero sin voto, dejarán de ser juez
y parte, lo cual brindará un mayor índice
de credibilidad a este organismo y a las
elecciones. Finalmente, el 12 de mayo, la
Cámara de Diputados aprobó en lo general
esta propuesta de reforma al COFIPE por
266 votos a favor, del PRI, PAN, PARM y
parte del PRD; 6 votos en contra del PPS
y el PFCRN; y 16 abstenciones del PRD.
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Las
continuas reformas políticas desarrolladas desde
1963 lentamente al principio y de manera acelerada
al final, expresan una larga transición del país
hacia la democracia. Su reflejo inmediato en la
pluralización del Congreso ha ayudado de manera
directa a la democratización de las Cámaras y
del país en general. En consecuencia, es de esperarse
que el proceso continúe y se afiance en los próximos
años.
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Fin
de Salas
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