Al concluir la segunda guerra mundial con el triunfo de los países aliados, el panorama político nacional e internacional habían cambiado, era necesario adaptarse a las nuevas circunstancias político y económicas que presentaba la posguerra. Por tanto, el gobierno decidió alinearse a la realidad que presentaba el ámbito internacional y pasar del discurso de la unidad nacional a otro donde se asumieran los enunciados de la nueva era democrática. Así, civilismo y democracia surgirían como los nuevos pilares del Estado mexicano contemporáneo.

Con la promulgación de la Ley Federal Electoral en 1946, arranca la primera etapa en la conformación de un sistema d partidos, al otorgárseles personalidad jurídica. Se conservó el sistema de escrutinio de mayoría relativa en distritos uninominales vigente desde 1912, pero estableció la exclusividad en la participación electoral a los partidos políticos nacionales, y centralizó 1a organización y vigilancia de los comicios en órganos colegiado federales dominados por el gobierno. La finalidad era propiciar el surgimiento de organizaciones más estructuradas y menos coyunturales o " electoreras ", a fin de controlar el surgimiento de aquellas con características y potencial desconocido.

Se crearon instancias como la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que depositó por primera vez la organización a supervisión del proceso en un organismo federal. De igual importancia resultó la federalización del empadronamiento que quedó, cargo del Consejo del Padrón Electoral, transfiriéndole las facultades que en esa materia desempeñaban las autoridades estatales e municipales. A través de estos cuerpos se dio un paso adelante e la tarea de garantizar el buen desempeño de los comicios, eliminando las injerencias locales permeadas por intereses locales o de grupo. Asimismo se instauraron las Comisiones Locales Electorales, los Comités Distritales, la Junta Computadora y las Mesas de Casilla. Se concedió a la Suprema Corte de Justicia la facultad de intervenir para solucionar los conflictos surgidos de la votación.

Con Miguel Alemán en la Presidencia, el civilismo habría de ganar la batalla definitiva al militarismo, al igual que la industria lo haría sobre la agricultura y concretamente sobre. La política proejidal. La principal preocupación no fue ya la de otorgar tierras a los núcleos de población sino mas bien, la de dotar al país de una infraestructura sólida. El apoyo más importante para realizar este proyecto no serían ni obreros ni campesinos, sino el sector empresarial.

El proceso de centralización del poder era un hecho, L presidencia había adquirido supremacia política como institución independientemente de los rasgos de su ocupante; el Estado mexicano estaba ya consolidado sobre la base del pacto social contraído a finales de los años treinta y sus principales instituciones habían adquirido sus rasgos distintivos teniendo al nacionalismo como referente ideológico.

En diciembre de 1946, se tumó a la Cámara de Senadores para su aprobación, la iniciativa presidencial de reforma al artículo 115, señalando como un " acto de conveniencia nacional " la participación de la mujer en las elecciones municipales.

Ante el fortalecimiento de la figura presidencial a partir de 1935, los puestos de senadores y diputados carecieron de poder real, aun cuando no de prestigio. Quienes los detentaron recibieron -además de evidentes ventajas económicas- un reconocimiento a su influencia y lealtad por parte de las autoridades que negociaban su ingreso a las cámaras. Ocupar una curul indicaba no sólo motivo c le pertenencia sino la garantía de permanecer dentro del juego político.

Años más tarde, en 1949, se volvió a reformar la ley electoral con el fin de precisar algunos aspectos relativos a la organización y vigilancia de los comicios y de los que se excluyó a la Suprema Corte de Justicia. Se modificaron varios artículos de la ley, reasignando a la Procuraduría General de Justicia todas las funciones que anteriormente correspondían a la Corte.

En el mes de febrero de 1949, después de haberse publicado las reformas a la ley electoral, el PRI, el PAN y el PP, legalmente registrados, lanzaron sus candidatos a diputados federales, que ocuparían una curul del 1 de septiembre de 1949 al 30 de agosto de 1952. Posteriormente, bajo la presidencia del secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines, se instaló la Comisión de Vigilancia Electoral, encargada de encauzar y observar el cumplimiento de la ley Electoral en las elecciones para diputados federales.

Al iniciar la década de los cincuenta, de cara a la industrialización, la sociedad mexicana experimentó cambios profundos que alteraron su fisonomía: abandonó su carácter esencialmente agrario y se transformó en una sociedad urbana e industrial. Las expectativas de mejoramiento y movilidad social condujeron a una nueva estratificación, sobre todo entre las clases altas, medias y los obreros sindicalizados que incrementaron su importancia social al amparo de la industrialización. La irrupción de los sectores medios en los años sesenta constituyó un fenómeno importante en la transformación de la estructura social. No obstante lo anterior, la tendencia al desequilibrio social se fue acentuando cada vez más, pues si bien existía un sector de la sociedad que registró una notable mejoría en sus ingresos, hubo otro que lejos de mejorar su situación, se vio severamente afectado.

Pasados algunos anos, se presentó nuevamente la necesidad de revisar los procesos electorales. La ley del 4 de diciembre de 1951 significó un avance en ese sentido al establecer que los representantes del Poder Ejecutivo en la Comisión Federal Electoral, se redujeran de dos a uno y que los delegados de los partidos políticos se incrementaran de dos a tres. Además se transformó el Consejo del Padrón Electoral en Registro Nacional de Electores, dándole a esta dependencia no sólo facultades de supervisión sino ejecutivas en la integración del padrón a nivel nacional. Con esto el régimen pretendía dar muestra de una mayor apertura en materia de registro y relaciones con los partidos.

Sin embargo, la confluencia de gran cantidad de partidos registrados a partir de 1946 (Partido Acción Nacional, Partido Popular, Partido Democrático Mexicano, Federación de Partidos del Pueblo, Partido Nacionalista de México, Partido Fuerza Popular, etc.) y el peso adquirido por algunos de ellos, hicieron que el gobierno tomara medidas al respecto a fin de reducir las posibilidades de registro, obstaculizando su formación y su participación en los comicios. Para ello, en 1954 se reformó la ley electoral de 1951, con el propósito de elevar el número de afiliados para que un partido pudiera alcanzar su registro. A diferencia de la ley de 1946 que había fijado un mínimo de mil afiliados en dos tercios de las entidades federativas y un mínimo nacional de 30 000, ahora se exigía un mínimo de 75 000 militantes en todo el país, y 2 500 miembros en dos tercios de las entidades federativas. Los efectos pronto se dejaron ver. Mientras que entre 1946 y 1953 se habían concedido 16 registros (10 transitorios y 6 definitivos), de 1957 a 1963, sólo se concedió un registro y a cambio de una cancelación. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines se inició con las reformas de los artículos 34 y 115 constitucionales para otorgar el voto a la mujer.

En septiembre de 1954, el Poder Legislativo mexicano recibió a la primera diputada federal que representaba al estado de Baja California, Aurora Jiménez de Palacios. Al año siguiente, por primera vez en la historia del país, las mujeres emitieron su voto para elegir diputados federales y en 1958 para presidente de la República.

El afán moralizador, el control sobre el comercio, la austeridad presupuestal y el empeño por reducir el costo de la vida, contribuyeron sin duda a mejorar la imagen del gobierno tan deteriorada a finales del alemanismo.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del régimen se dieron las primeras fisuras en el aparato político. Mientras que por un lado se avanzó en la tarea de lograr una mayor cohesión entre los miembros de la familia revolucionaria, en la incorporación de mayor número de organizaciones al partido, en neutralizar la demanda obrera y mantener bajo control al sector campesino, por el otro se fueron gestando una serie de movimientos independientes cuyo objetivo era poner fin al control de las organizaciones sindicales por parte del Estado. Ejemplo de ello fueron las luchas del magisterio y de los trabajadores ferrocarrileros entre 1958 y 1959.

Al hacer un estudio de las votaciones de la Cámara de Diputados respecto de los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo durante el periodo 1935-1961, tenemos la referencia: de 1935 a 1941, el 100% de los proyectos fueron aprobados por unanimidad. A partir de 1943 el 92%, en 1947 el 74%, en 1949 el 77%, el 59% en 1953, el 62% en 1955, el 95% en 1959 y el 82% en 61. Ahora bien, en los proyectos aprobados por la mayoría, los votos en contra no representaron más del 5% de la votación total.

La debilidad de los partidos de oposición se hacía cada vez más evidente; sobre todo, en la integración de la Cámara de Diputados. En el periodo que va de 1955 a 1964, en el cual se eligieron tres legislaturas, la oposición en conjunto obtuvo apenas 20 curules de las 483 disputadas en ese lapso. Hacia principios de los años sesenta era notorio que el sistema de mayoría simple que imperaba para todas las elecciones, amenazaba la permanencia de los partidos de oposición.