Que reforma y adiciona el parrafo quinto del articulo 99 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de impugnacion electoral, presentada por el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, en la sesion del martes 22 de abril de 2003 Versión para Imprimir
El que suscribe, Luis Miguel
Barbosa Huerta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga
la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, presento ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, iniciativa de decreto que reforma y adiciona el párrafo quinto del
artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
consagrar en el texto de la Carta Magna la vía indirecta o vía de excepción
para impugnar ante el Tribunal Electoral actos de aplicación de leyes
inconstitucionales, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Hasta antes del proceso
legislativo del que surgió el decreto de reformas constitucionales publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, no existía
prácticamente un control de la constitucionalidad en materia electoral; la ley
reglamentaria y la jurisprudencia establecieron la improcedencia del juicio de
amparo para la tutela de los derechos político-electorales de los ciudadanos.
El objetivo primordial de dichas reformas fue el establecimiento de un sistema
integral de justicia en materia electoral, que garantizara: el control
constitucional de actos y resoluciones de las autoridades electorales federales;
la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos mexicanos
de votar, ser votados y de asociación para tomar parte en los asuntos políticos
del país; así como el control constitucional de los actos y resoluciones
definitivos de las autoridades electorales de las entidades federativas.
A través de ellas se pone de
manifiesto la voluntad evidente del órgano revisor de la Constitución de
establecer un sistema integral de justicia electoral con el objeto de que todas
las leyes, actos y resoluciones electorales se sujetaran, invariablemente, a lo
dispuesto en la Carta Magna, para lo cual se fijó una distribución competencial
del contenido total de este sistema integral de control de constitucionalidad,
entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral.
Sistema que finalmente quedó recogido en los términos pretendidos, pues para la
impugnación de leyes, como objeto único y directo de la pretensión, por
consideradas inconstitucionales, se concedió la acción de inconstitucionalidad
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el artículo 105, fracción
II, de la ley fundamental, y respecto de los actos y resoluciones en materia
electoral la jurisdicción para el control de su constitucionalidad se confirió
al Tribunal Electoral cuando se combaten a través de los medios de impugnación
de su conocimiento, como se desprende de los artículos 41, fracción IV, 99, y
116, fracción IV, de la Ley Fundamental.
En este sentido, se advierte que
por mandato legal se faculta al Tribunal Electoral para ejercer el control
constitucional en la materia, convirtiéndose así en un tribunal de control
constitucional sobre los actos y resoluciones en materia electoral. Y en tal
virtud el Tribunal Electoral no sólo debe garantizar la legalidad en materia
electoral, sino que como órgano del Poder Judicial de la Federación, debe tener
plenas facultades para revisar la constitucionalidad de los actos de las
autoridades electorales, velando porque el principio de supremacía
constitucional sea observado y respetado en los mismos.
Ahora bien, la única forma en que
el Tribunal Electoral puede cumplir plenamente con la voluntad señalada,
consiste en la aptitud absoluta de examinar los dos aspectos que pueden
originar la inconstitucionalidad de los actos y resoluciones: la posible
contravención de disposiciones constitucionales que las autoridades electorales
apliquen o deban aplicar directamente; y el examen de las violaciones que
sirvan de sustento a los actos o resoluciones, que deriven de que las leyes
aplicadas se encuentren en oposición con las normas fundamentales.
Para tal efecto, es preciso que
desde le mismo texto constitucional se consagre en forma explícita la
posibilidad de impugnar en materia electoral las leyes inconstitucionales por
la vía indirecta o también llamada vía de excepción, y que consistiría en
acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra
de resoluciones o actos alegándose en los conceptos de violación que los mismos
se dictaron violando el artículo 133 constitucional, por haberse apoyado dichas
resoluciones o actos en una ley inconstitucional. Así, el Tribunal gozaría de
competencia suficiente e indiscutible para determinar la inconstitucionalidad
de un acto aplicativo de una ley que se estime contraria a la Constitución.
De esta suerte, cuando en algún
medio de impugnación en materia electoral se haga valer como agravio la
aplicación de una norma electoral de carácter general que se estime contraria a
la Constitución, se consideraría que de manera similar a la resolución de los
juicios de amparo directo por parte de los tribunales colegiados de circuito,
las sentencias que emita el Tribunal Electoral no contendrían en los puntos
resolutivos declaración alguna en torno al precepto que dio lugar a la
existencia del acto impugnado, pues tal declaración se encuentra fuera de su
órbita competencial, debiendo hacerse el análisis sobre la inconstitucionalidad
de dicha norma, en la parte considerativa de la sentencia, con el propósito de
determinar si la resolución o acto de aplicación impugnado es o no
inconstitucional. Y dado el caso, dejar insubsistente el acto aplicativo, sin
hacer una declaración general de inconstitucionalidad del precepto legal que
dio origen a dicho acto.
No constituye obstáculo a lo
anterior, la previsión contenida en el artículo 105, fracción II,
constitucional, en el sentido de que la única vía para plantear la no
conformidad de leyes electorales a la Constitución es la prevista en ese
precepto, que prima facie, podría implicar una prohibición del análisis de la
oposición de leyes secundarias y la Constitución, en algún proceso diverso a la
acción de inconstitucionalidad, dado que esa apariencia se desvanece, si se ve
el contenido del precepto en relación con los fines perseguidos con el sistema
del control de la constitucionalidad que se analiza, cuyo examen conduce a
concluir válidamente, que el verdadero alcance de la limitación en comento es
otro, y se encuentra en concordancia con las demás disposiciones del
ordenamiento supremo y con los fines perseguidos por éstas, a la vez que
permite la plena satisfacción de los fines perseguidos con la institución, y la
interpretación estriba en que el imperativo de que “la única vía para plantear
la no con conformidad de las leyes electorales a la Constitución” sólo
significa que los ordenamientos legislativos no pueden ser objeto directo de
una acción de anulación en una sentencia, sino exclusivamente en la vía
específica de la acción de inconstitucionalidad, lo cual no riñe con reconocerle
al Tribunal Electoral la facultad de analizar por vía de excepción y de
desaplicar a los actos y resoluciones combatidos, en los medios de impugnación
de su conocimiento, las leyes que se encuentren en oposición con las
disposiciones constitucionales, en los términos y con los lineamientos
conducentes para superar un conflicto de normas, como lo hace cualquier juez o
tribunal cuando enfrenta un conflicto semejante en la decisión jurisdiccional
de un caso concreto, y la intelección en este sentido armoniza perfectamente
con todas las partes del sistema constitucional establecido.
Esto se ve robustecido con lo
previsto en el actual párrafo quinto del artículo 99 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dada la distribución de competencias
del sistema íntegro de justicia electoral, tocante al control de
constitucionalidad, entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el
Tribunal Electoral, el supuesto en que se ubica la previsión constitucional que
se analiza, respecto a la hipótesis de que el Tribunal Electoral sustente una
tesis sobre la inconstitucionalidad de un acto o resolución y que la suprema
corte sostenga un criterio contrario en algún asunto de su jurisdicción y
competencia, únicamente se podría presentar para que surtiera efectos la regla,
en el caso de que habiéndose promovido una acción de inconstitucionalidad en
contra de una ley electoral, el pleno la desestimara, y declarara la validez de
la norma, y que, por otro lado, con motivo de la aplicación de esa norma para
fundar un acto o resolución, se promoviera un medio de impugnación en el que se
invocara la oposición de la misma norma a la Carta Magna, y el Tribunal
Electoral considerara que sí se actualiza dicha oposición, ante lo cual cabria
hacer la denuncia de contradicción de tesis prevista en el mandamiento
comentado.
En vista de las anteriores
consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la
consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa
de decreto que reforma y adiciona el párrafo quinto del artículo 99 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para consagrar en el
texto de la Carta Magna la vía indirecta o vía de excepción para impugnar ante
el Tribunal Electoral actos de aplicación de leyes inconstitucionales.
Unico: Se
reforma y adiciona el párrafo quinto del artículo 99 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Artículo
99. ...
...
...
...
I. a XI. ...
II. ...
III. ...
IV. ...
...
V. ...
VI. ...
VII. ...
VIII. ...
IX. ...
X. ...
XI. ...
Podrá
impugnarse ante el Tribunal el acto de aplicación de leyes o disposiciones
inconstitucionales; si se impugna una resolución o acto por estimarse
inconstitucional la ley o norma aplicada, ello será materia únicamente del
capítulo de conceptos de violación de la impugnación, sin señalar como acto
reclamado la ley o norma, y la calificación de éste por el Tribunal se hará en
la parte considerativa de la sentencia. Cuando una
Sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de
algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta
Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las
Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros,
las Salas o las partes, podrán denunciar la contradicción, en los términos que
señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
decida en definitiva cual tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten
en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.
...
...
...
...
...
...”
Transitorios
Unico: El
presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los veintidós días del mes de abril de dos mil tres.
Dip. Luis Miguel Barbosa Huerta (rúbrica)
(Turnada a la Comisión
de Puntos Constitucionales. Abril 22 de 2003.)