No

1	Proyecto de Decreto:	Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
2	Nombre de quien presenta:	Dip.Margarita Saldaña Hernández.
3	Grupo Parlamentario :	PAN.
4	Fecha de presentación ante el Pleno:	Abril 01, 2004.
5	Fecha de Publicación en la Gaceta Parlamentaria:	Abril 01, 2004.
6	Turno a Comisión:	Comisión de Hacienda y Crédito Público .
7	Fecha de aprobación en la Cámara de Diputados:	Pendiente.
8	Fecha de aprobación en la Cámara de Senadores:	Pendiente.
9	Fecha de Publicación en el Diario Oficial de la Federación:	Pendiente.

Síntesis:

Esta iniciativa propone incluir dentro del ámbito material de validez de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros, a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión o las entidades de ahorro y crédito popular; otorgar mayores atribuciones a la CONDUCEF para coadyuvar con el ministerio público en la integración de la averiguación previa cuando el usuario se vea afectado por un fraude perpetrado mediante cajeros automáticos o expedición de cheques; ampliar la facultad de la citada Comisión para requerir a las instituciones financieras, no únicamente información, sino también documentación y aquellos elementos que estime necesarios, a efecto de que sus servicios sean más eficientes; prever la posibilidad de realizar la conciliación vía telefónica o por cualquier medio idóneo en aquellos casos que así lo permitan; que la propia Comisión cuantifique la obligación contractual y que el dictamen que emita adquiera la naturaleza de título ejecutivo no negociable a favor del usuario con el propósito de que le permita agilizar el procedimiento que habrá de entablar ante la autoridad jurisdiccional; en caso de que sea necesario sancionar a las instituciones financieras cuando reiteradamente han incurrido en violaciones a la ley; se adiciona la facultad de ordenar la clausura de sucursales, matriz u oficinas de la infractora especificándose la gravedad de los casos que ameriten esta sanción; y por lo que se refiere al recurso administrativo de revisión, se propone establecer su carácter optativo, a fin de reconocer la posibilidad de que el afectado pueda demandar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Aministrativo.