No. de Reg: 589/2CP2/02

1 Proyecto de Decreto:      Con proyecto de decreto que reforma los artículos 48, 49, 50, 51 y adiciona el 50 bis a la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados Decomisados y Abandonados.
2 Nombre de quien presenta: Congreso del Estado de Jalisco.
3 Grupo Parlamentario o Partido Político: Congreso de los Estados.
4 Fecha de presentación ante el Pleno: Mayo 08 de 2002
5 Fecha de Publicación en la Gaceta Parlamentaria: Mayo 14 de 2002
6 Turno a Comisión: Justicia y Derechos Humanos , Hacienda y Crédito Público.
7 Fecha de aprobación en la Cámara de Diputados: Pendiente.
8 Fecha de aprobación en la Cámara de Senadores: Pendiente.
9 Fecha de Publicación en el Diario Oficial de la Federación: Pendiente.
 
     Sinopsis:

     La reforma propone que los bienes decomisados y abandonados en jurisdicción federal, sean considerados como aprovechamientos en términos fiscales, se enteren a la Tesorería de la Federación, que formen parte del presupuesto federal y parte se destinen a la Procuraduría General de la República a la Secretaría de Salud y a los municipios o delegaciones.

     Se busca la reparación del daño a la sociedad y se establecen los siguientes criterios para la distribución de los mismos: 70% en apoyo al gasto social, 10% a la Procuraduría General de la República, 10% en apoyo a los programas para la prevención de las adicciones y 10% en apoyo del presupuesto de egresos municipal o delegacional, del municipio o delegación política a donde pertenecieren los bienes decomisados.

     Se sostiene que la reparación del daño social se obtiene con mayor éxito cuando los bienes pasan a la administración de las entidades federativas, o del Distrito Federal, en donde se encuentren. Con ello, se propone que se discierna entre aquellos que hubieran sido asegurados en zonas de jurisdicción federal, de aquellos que lo hubieran sido en zonas de jurisdicción de diversa entidad federativa, o del gobierno del Distrito Federal. Los primeros serían destinados a fortalecer los presupuestos de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Salud.

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