Crear un sistema de responsabilidad penal-ambiental más justo, introduciendo figuras jurídicas que permitan un tratamiento más equitativo del infractor: desde excluyentes para el caso de aquellas conductas que no deban ser abordadas por el derecho penal; atenuantes para aquellos casos en los que sea conveniente reducir la pena; tipos básicos con parámetros punitivos mínimos y máximos que permitan al juez valorar las circunstancias específicas del caso; agravantes para conductas especialmente dañinas y gravosas para la sociedad; así como delitos graves en aquellos casos en los que el sujeto activo manifieste un grado de peligrosidad social y ambiental, resulte indispensable restringir su derecho de libertad provisional bajo caución.