Permitir que el Estado, por conducto de la autoridad competente, pueda disponer la conclusión del periodo autorizado para la estancia en el país, de un extranjero y determinar su expulsión, mediante el procedimiento administrativo correspondiente, confiriéndose al extranjero el derecho de impugnar la determinación por los medios legales procedentes. Establecer que únicamente cuando medien causas de seguridad nacional, el Presidente de la República determine la expulsión inmediata y sin necesidad de juicio previo de cualquier extranjero cuya presencia juzgue inconveniente.