Las reformas proponen que se mantenga la obligación de registrar los vehículos, pero que se elimina la posibilidad de concesiones, proponiendo la creación de un organismo descentralizado que este conformado por representantes del Poder Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de la República, que a través de convenios de colaboración entre la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, se conforme una base de datos nacional.