Cámara de Diputados - H. Congreso de la Unión

Cuarto Informe de Gobierno
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Honorable Congreso de la Unión:
Comparezco ante esta Soberanía para cumplir la responsabilidad que señala el artículo 69 de nuestra Constitución, de rendir cuentas sobre el estado que guarda la administración pública del país.
Hago entrega del Informe escrito y sus anexos, que detallan los resultados de este año de gestión. En este mensaje me referiré únicamente a los aspectos más relevantes.
Al asumir la Presidencia de la República, incorporé a mi propuesta de gobierno las aspiraciones democráticas de la sociedad. El mandato ciudadano que recibí fue muy claro: profundizar en la democracia y avanzar en la construcción de un país que tuviera como ejes la independencia de los poderes y el fortalecimiento del orden jurídico.
La democracia exige proteger libertades y derechos civiles, fijar responsabilidades y fomentar la rendición de cuentas. Exige también una gobernabilidad que, además de las normas, los procedimientos y las estructuras de decisión, comprenda una responsabilidad compartida entre la autoridad y la comunidad política.
La democracia exige un gobierno que someta sus actos a la vigilancia de la ciudadanía y oriente sus recursos hacia programas en beneficio de la sociedad.
Nuestro proyecto asume esas demandas; asume la misión de hacer de la democracia un medio indispensable para el desarrollo humano.
La inclusión de los grupos marginados ha permitido una nueva definición del ciudadano como miembro pleno de la sociedad, al asegurar que cada mexicano cuente con oportunidades y derechos suficientes para salir adelante por su propio esfuerzo.
Al rendir este Informe, el proyecto democrático en el que hemos trabajado con empeño aún no logra todos sus objetivos. No obstante, con responsabilidad y rumbo claro, estamos avanzando en la construcción de un mejor futuro.
El cambio político ha dado vida a la democracia y nuestra energía ha estado dirigida a lo esencial: a la libertad. Libertad para elegir; para expresar ideas; para participar y decidir el rumbo de nuestras vidas. Cuando hablamos de humanismo, hablamos de libertad.
Los mexicanos estamos demostrando que la libertad y la democracia se refuerzan y enriquecen mutuamente. Ambas dan sustento al Estado de derecho y a la transparencia. La voz de la sociedad contribuye a crear una vida pública de manos limpias y verdades claras.
Éste es un gobierno que trabaja en función de la ciudadanía; un gobierno que cree que la política no sólo la hacen los políticos, sino, sobre todo, las y los ciudadanos; un gobierno que respeta su libertad para tomar parte en las decisiones.
La libertad y la capacidad de participación pública son transformaciones de fondo. No obstante, la libertad no es aval de una democracia perfecta.
Las mujeres y hombres que viven en ella deben de estar dispuestos a bregar, a bregar en un escenario de intereses y pasiones; donde las luchas de poder son reales; donde hay que arriesgar y hay que asumir deberes.
En la democracia no hay absolutos; es una balanza en la que hay pesos y contrapesos. Los problemas inherentes a la democracia no son motivo de desánimo; son un desafío.
La democracia exige que los intereses de la población se reflejen en decisiones colectivas; exige hablar de frente y con verdad a los ciudadanos.
La democracia requiere también de medios de comunicación que respondan a las necesidades de una sociedad plural e informada; que ejerzan su tarea con ética y compromiso, con una actitud recta, crítica, responsable y objetiva.
Cuando los actores políticos omiten la discusión de los problemas centrales o carecen de interés para resolverlos, la ciudadanía acaba por sentirse insatisfecha de la política.
Nuestro desafío es conciliar más democracia con mejor gobierno; es lograr una democracia gobernable, en el más amplio sentido de la palabra.
El cambio político muestra aún carencias importantes. Una de las más evidentes es que la comunicación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo no ha sido tan fluida como demandan estos tiempos. No obstante, quiero reconocer que, cuando hemos hecho a un lado las diferencias, construimos leyes fundamentales para la consolidación de la democracia.
Es responsabilidad de todos los miembros de la clase política evitar que la sociedad se desilusione de la democracia; que piense, que piense que la lucha de tantos años fue en vano.
La preservación de la democracia y su consolidación no son hechos espontáneos. Son construcciones deliberadas, formuladas en proyectos, modeladas por liderazgos e investidas del poder que proviene del apoyo ciudadano. Los retos de México son esencialmente desafíos a nuestra responsabilidad individual.
La solución de los problemas nacionales comienza con nuestra propia decisión de asumirlos. La democracia se torna realidad cada vez que uno de nosotros hace suya la responsabilidad de cambiar a México.
La vida democrática nos exige hoy dar un paso más. El gobierno en función de la ciudadanía debe transformarse ahora en un Estado en función de la ciudadanía; en un Estado capaz de dar una estructura institucional al nuevo rumbo de la sociedad, y de procesar los conflictos conforme a reglas democráticas.
La virtud de un Estado en función de la ciudadanía es que no sólo garantiza el respeto de los derechos y es instrumento central para su expansión, sino que contribuye también a la construcción de una identidad democrática.
Los gobiernos son temporales; los Estados deben su permanencia a la solidez de sus principios y valores, a la fortaleza de sus instituciones, y a la madurez de su ciudadanía.
Construimos una democracia para ciudadanos. Nuestra democracia exige que vivamos de acuerdo con las normas de un Estado de derecho, que reconozca la diversidad de intereses y visiones, y sujete su actuar a la Constitución.
Las mujeres y hombres de las fuerzas armadas han sido sólidos garantes del Estado de derecho. Siempre leales a su vocación constitucional y al pueblo del que nacen, son también un pilar de nuestra lucha por consolidar el imperio de la ley.
Su compromiso con la Nación y su actitud responsable confirman su lugar central en la democracia. La sociedad y el gobierno estamos orgullosos de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Aérea y nuestra Armada. Reconocemos su contribución al respeto de la ley, de las instituciones y de nuestras libertades.
En la consolidación del Estado de derecho, contamos con un Poder Judicial que garantiza la legalidad y contribuye a que nuestra democracia ajuste su actuar a reglas claras y justas.
Toda sociedad busca proteger y preservar la integridad física, moral y patrimonial de sus integrantes. La vigencia del Estado de derecho no puede separarse de la garantía de seguridad.
Nuestro compromiso con un Estado que respeta la legalidad se tradujo en una reforma institucional que rediseñó la Procuraduría General de la República, creó la Secretaría de Seguridad Pública y estableció la Agencia Federal de Investigación.
Como resultado de su trabajo, hemos detenido a más de 32 mil personas relacionadas con el narcotráfico; más, más de 5 mil de ellas sólo durante este año. Asimismo, se han desmantelado 51 bandas de secuestradores y liberado a 458 de sus víctimas.
Sólo habrá un México seguro si sumamos los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. El trabajo coordinado de las procuradurías y de las secretarías de seguridad pública de todo el país demuestra que la unión hace la fuerza.
Este año, incrementamos los recursos del Sistema Nacional de Seguridad en mil millones de pesos sobre lo presupuestado.
Además, estamos proponiendo en el presupuesto, duplicar el presupuesto de seguridad para el año 2005; sin embargo, estos recursos son aún insuficientes para erradicar a la delincuencia y al crimen organizado.
La seguridad preocupa a todas las autoridades. Con la reforma del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se integrará a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad en esa tarea. Este Consejo trabaja para que la seguridad tenga la más alta prioridad presupuestal y eficacia en sus resultados.
Gracias al sistema de planeación y control de la Policía Federal Preventiva, muchas ciudades con altos índices de delitos están recibiendo apoyos significativos. Ejemplo de ello son Acapulco, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Tijuana.
Sabemos que esto no es suficiente. Necesitamos que los jefes de familia, los maestros y las maestras, los medios de comunicación, las organizaciones ciudadanas ayuden a concientizar a la población, para que nadie justifique ni tolere la delincuencia.
Sólo una sociedad vigilante y defensora de la ley puede lograr que los gobiernos cumplan sus responsabilidades.
En marzo, envié a esta representación una iniciativa de ley para rediseñar las estructuras de seguridad pública y justicia penal. Con una policía articulada --formada dentro de un servicio profesional de carrera--, que se encargue de investigar los delitos, seremos más eficaces para combatirlos.
Otra parte de este esfuerzo es el cambio en los juicios penales para hacerlos transparentes. A través de un juicio oral y de más corta duración, el derecho de las y los mexicanos a una justicia penal, pronta y expedita, dejará de ser letra muerta para convertirse en realidad. Es necesario también garantizar que se repare el daño de las víctimas.
La sociedad civil ha exigido legítimamente más seguridad pública y mejor justicia penal. El mes pasado, rendí cuentas sobre diez acciones concretas a las que me comprometí en materia de seguridad. Acordamos ahí el Programa Emergente de Acciones para Afrontar el Fenómeno Delictivo, que establece nuevas medidas, mayores presupuestos en contra de la impunidad y el crimen. Ellas recogen las demandas ciudadanas y son resultado de un intenso diálogo entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad.
Hemos sentado las bases para que los criminales no se escondan tras la división entre fuero común y fuero Federal. Atacamos la inseguridad respetando las normas del orden constitucional y en beneficio de la sociedad. Como muestra de la transparencia de mi gobierno, hemos publicado las cifras relativas a delitos federales.
Los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez son una ofensa para el país. Mi gobierno no endosa su responsabilidad, ni tampoco la evade. Hemos apoyado la formación de un banco de datos en genética forense para avanzar en la identificación de las víctimas. También hemos fortalecido la protección social de las mujeres y sus familias.
Las investigaciones preliminares han establecido que 81 servidores públicos del gobierno de Chihuahua --entre quienes se encuentran fiscales, agentes del ministerio público y de la policía judicial-- propiciaron la impunidad al no cumplir su deber. Estos funcionarios han sido denunciados ante las autoridades correspondientes para que se actúe en consecuencia.
Ni en Juárez, ni en ningún otro lugar, permitiremos que las mujeres sean víctimas de agresiones o de discriminación.
La consolidación de nuestra democracia y el fortalecimiento del Estado de derecho tienen como un valor fundamental el respeto a los derechos humanos.
En diciembre pasado, recibí el diagnóstico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Somos de los pocos países en donde la ONU ha podido realizar esta tarea, y el único en el que han participado organizaciones civiles y dependencias gubernamentales.
Con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantenemos una relación de respeto absoluto a su autonomía constitucional y hemos atendido sus recomendaciones.
Nuestra lucha contra la tortura es frontal. La adhesión de la PGR al Protocolo de Estambul confirma nuestro decidido compromiso para erradicar este mal.
Mi gobierno presentó, en abril, una iniciativa de reforma que propone atribuir al Estado la obligación constitucional de garantizar los derechos humanos. Buscamos que su protección sea responsabilidad de los tres órdenes de gobierno.
Defendemos los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Llevamos a la Corte Internacional de Justicia el caso de los mexicanos condenados a la pena de muerte en los Estados Unidos. Su fallo es una victoria para la justicia y para México.
La sociedad exige conocer la verdad sobre los sucesos que ensombrecieron nuestro pasado. La Fiscalía Especial ha ejercido sus funciones con autonomía técnica y operativa. Los resultados están ahora bajo examen de los tribunales del Poder Judicial Federal. Mi gobierno acatará su decisión, consciente de que el poder del Estado debe preservar el derecho y la libertad.
La democracia debe asegurar que la represión no vuelva a ser una herramienta de gobierno, y que nunca más una autoridad esté por encima de la ley.
La eficacia de una democracia depende de que la respuesta gubernamental esté a la altura de las demandas sociales. Por ello, en un marco de gobernabilidad, buscamos soluciones legítimas y adecuadas a los problemas.
La Convención Nacional Hacendaria es un hito en el fortalecimiento del federalismo; es una nueva oportunidad para la nación. Es también un paso histórico que permite compartir visiones para corregir los desequilibrios regionales, para hacer de la palabra y la razón las bases de todo acuerdo democrático.
Ahí, los tres órdenes de gobierno y los poderes de la Unión nos reconocimos como políticamente iguales.
El ánimo federalista de los participantes fructificó en 323 acuerdos unánimes para crear una nueva hacienda pública. Estos acuerdos promueven la eficiencia en el ejercicio del gasto y en los procesos recaudatorios; fortalecen la colaboración entre los órdenes de gobierno en la administración del patrimonio; y sientan las bases para una administración responsable y profesional de la deuda pública.
Los acuerdos de la Convención, que corresponden a decisiones administrativas están ya en marcha. El resto es responsabilidad de los congresos, que tienen la última palabra.
La gobernabilidad democrática es el más importante de los bienes públicos. Fortalecerla es uno de los principales objetivos de la distribución equitativa del gasto y del patrimonio de la Federación; también es uno de los propósitos de las reformas a las instituciones políticas.
Nuestro sistema electoral es perfectible. Por ello, en marzo, enviamos al Congreso una iniciativa de reforma electoral para fomentar la transparencia en el uso de los recursos, para impulsar la rendición de cuentas. Buscamos disminuir los costos y los tiempos de los procesos, así como facilitar acuerdos.
En junio, enviamos otra iniciativa, para que las y los mexicanos que viven en el exterior puedan ejercer el derecho esencial de todo ciudadano: el voto.
Como parte de nuestro deber con la gobernabilidad, estamos regularizando las tierras de los campesinos para tener un campo libre de conflictos. Promoviendo acuerdos, cosechamos una paz genuina y duradera, nacida de la aplicación de la justicia y de la buena voluntad de las comunidades.
En el último año, hemos desactivado ya más de la mitad de los focos rojos que amenazaban la paz de muchas comunidades, provocando enfrentamientos, muerte y violencia entre hermanos. Así, hemos resuelto conflictos ancestrales por la tierra como el de Bernalejo de la Sierra y el de los Chimalapas.
El buen gobierno es puntal de la democracia. El buen gobierno hace de los ciudadanos el centro de sus acciones. Su misión es actuar con transparencia y rendir cuentas claras; es promover una mejor regulación; es profesionalizar a los servidores públicos y usar las nuevas tecnologías para atender las demandas ciudadanas. El buen gobierno implica servicios de calidad y ahorro de los recursos públicos.
Trabajamos bajo el escrutinio de la sociedad. En su primer año, el Instituto Federal de Acceso a la Información atendió más de 47 mil solicitudes, contribuyendo a que el ciudadano conozca y vigile las acciones del gobierno.
Este año iniciamos el Servicio Profesional de Carrera. La ley que lo hizo posible promueve el ejercicio de una nueva ética, basada en el mérito y la calidad.
La incorporación de las tecnologías de la información nos ha permitido ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Este esfuerzo fue reconocido con el premio global Reto Estocolmo. La calidad del gobierno se refleja en la gran cantidad de centros de trabajo que han recibido la certificación internacional ISO-9000.
En este gobierno, hemos ahorrado más de 55 mil millones de pesos en gastos administrativos. Los hemos reorientado a programas sociales para el desarrollo.
Hemos cancelado 165 mil plazas administrativas. Una vez más, este año no habrá incremento salarial para mandos medios y superiores en el gobierno Federal. Agradezco a los servidores públicos su trabajo y su disposición. Con honestidad y un mejor servicio, hacemos del buen gobierno una realidad y un legado para el futuro.
México es un actor de vanguardia en el escenario internacional. Defendemos el diálogo respetuoso y la cooperación solidaria entre las naciones, como base de un nuevo régimen internacional de paz, justicia y desarrollo compartidos.
México es hoy un líder respetado por su contribución a la forja de un régimen basado en los principios y normas de la convivencia y el derecho internacionales.
Con nuestra posición en el Consejo de Seguridad de la ONU durante el conflicto de Iraq, así como a través de la creación y coordinación del “Grupo de Amigos de la Reforma de Naciones Unidas”, demostramos ser una nación firmemente comprometida con la paz y el multilateralismo.
Estamos convencidos de que la cooperación multilateral es el instrumento para lograr un desarrollo que amplíe las libertades y asegure el respeto a la dignidad e integridad de cada ser humano.
La vocación pacifista de México se reconoce en la solicitud para que nuestro país facilite el proceso de paz en Colombia.
La presencia de México en el escenario mundial también se consolidó al haber sido sede de importantes encuentros. Logramos la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada en nuestro país. Albergamos la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC, avanzando en la erradicación de los subsidios agropecuarios, y la Cumbre de las Américas, así como la Tercera Reunión de las Naciones de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. En estas reuniones impulsamos un diálogo para la cooperación y la corresponsabilidad, en favor de un desarrollo compartido.
Hemos estrechado la relación con nuestros socios estratégicos. La iniciativa para construir una comunidad entre los países de América del Norte busca asegurar un futuro común de bienestar.
Promovemos los vínculos de nuestros paisanos en el exterior con sus comunidades de origen a través del Programa 3 por 1, y luchamos para que sus condiciones de salud y educación sean mejores.
Para hacer de este apoyo una política de Estado, creamos el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Firmamos acuerdos sobre seguridad social y derechos laborales para proteger a los trabajadores, independientemente de su situación migratoria.
Seguiremos insistiendo en un acuerdo integral que garantice una migración ordenada y segura. Nuestros paisanos saben que cuentan con el gobierno de México para defender sus derechos y su dignidad.
Con América Latina y el Caribe, continuaremos trabajando para que nuestras convergencias se traduzcan en una comunidad latinoamericana integrada. Así lo demostramos en la Sexta Reunión del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, y al solicitar nuestro ingreso al MERCOSUR como Estado asociado.
Estamos construyendo una economía con rostro humano. La democracia debe llevarnos a la igualdad de oportunidades, y a facilitar el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas para hacer realidad los derechos sociales y los derechos económicos.
Con visión de largo alcance y frente a una situación adversa internacional, hemos mantenido una política económica responsable. Gracias a ella, la inflación y las tasas de interés están en los niveles más bajos de las últimas décadas. Así, hemos podido defender y fortalecer el poder de compra de los mexicanos.
Nuestro país tiene bases firmes para consolidar el crecimiento y aprovechar el nuevo dinamismo de la economía mundial.
Hoy, gracias al esfuerzo de todas y de todos los mexicanos, estamos de regreso en el camino del crecimiento económico. En el segundo trimestre de este año, el Producto Interno Bruto creció 3.9 por ciento, en junio la actividad económica se expandió 5.1 por ciento y esperamos terminar el año 2004 con un incremento de 4 por ciento.
Esto es menos de lo que México necesita, de lo que queremos y por lo que estamos trabajando.
Sin embargo, el crecimiento significa nuevas empresas que crean nuevos empleos. En los primeros siete meses del año, 281 mil trabajadores se incorporaron al sector formal, con derechos y con prestaciones. También se crearon fuentes de trabajo e ingreso en el autoempleo y en proyectos productivos. Necesitamos avanzar más deprisa en la generación de nuevas fuentes de trabajo y desarrollo de emprendedores. De ninguna manera nos satisfacen los 400 mil nuevos empleos formales que se estiman para este año.
En México todavía existen enormes rezagos. Uno de los más preocupantes es el deterioro que, a lo largo de más de un cuarto de siglo, sufrieron el salario y el nivel de vida de los trabajadores. Hemos actuado para detener y revertir esta tendencia. El avance es moderado, pero marca el inicio de una mejoría del ingreso familiar. En esta administración, el salario medio de cotización de las y los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social se ha elevado en 8.5 por ciento, en términos reales, por encima de la inflación.
Tenemos que lograr un crecimiento mayor del salario y de la productividad. También es necesario expandir el número de créditos, para que muchos más trabajadores puedan hacerse de una vivienda y adquirir bienes a tasas fijas y accesibles. Estas oportunidades deben llegar a cada trabajador. Así consolidaremos una democracia que se refleje también en el ámbito económico.
El Congreso aprobó la reforma a la Ley del Seguro Social. Esta decisión constituye el primer paso para asegurar la viabilidad financiera de este organismo, así como para elevar la calidad de sus servicios para los doce y medio millones de trabajadores y sus familias. Reitero mi compromiso de respetar todos los derechos de las y los trabajadores de este instituto, patrimonio y orgullo de todos los mexicanos.
Les invito a todas las partes a que hagamos una tregua, reemprendamos el diálogo y alcancemos acuerdos próximos.
Desde 2001, el FONACOT ha otorgado más de un millón 200 mil créditos a los trabajadores. Al finalizar este año, el monto de los créditos otorgados por esta administración ascenderá a 10 mil 800 millones de pesos, cifra que supera, en términos reales, lo otorgado en sus primeros 27 años de historia. Para alcanzar una democracia integral, debemos seguir fortaleciendo la labor de las instituciones creadas en beneficio de los trabajadores.
La estabilidad económica es fruto de una política fiscal responsable, que fortalece los ingresos públicos y evita el derroche. Al finalizar 2004, la captación fiscal se incrementará en un punto porcentual como proporción del Producto Interno Bruto con respecto al año 2000, ubicándose en 11.6 por ciento. El padrón de contribuyentes ha crecido 30 por ciento en relación al año 2000. Esto quiere decir que muchos de quienes no pagaban impuestos contribuyen hoy a las obras que realizan los tres órdenes de gobierno en beneficio de los mexicanos.
Hemos orientado cada vez más recursos para atender las demandas de la ciudadanía. Entre 2000 y 2004, ha aumentado 45.2 por ciento, en términos reales, el presupuesto destinado a superación de la pobreza; 8.8 por ciento la educación; 14.3 por ciento más a la salud; 33.8 por ciento más al campo y 24.3 por ciento a seguridad, y un 17 por ciento más, en términos reales, en las transferencias a los estados y los municipios.
En contraste, ha disminuido en 17.3 por ciento real el gasto de operación para actividades burocráticas y de apoyo administrativo. También hemos reducido el déficit fiscal del 1.1 por ciento --como proporción del PIB-- en el año 2000, a 0.3 este año. La propuesta de 0.1 en el año 2005 y en el 2006 buscaremos el equilibrio. Como gobierno, estamos cumpliendo nuestra parte para mantener una economía estable y sólida.
La política fiscal se complementa con una política monetaria responsable. La labor del Banco de México ha sido ejemplar.
En materia de deuda, desactivamos un conflicto que pudo tener graves efectos. Me refiero al vencimiento de la mayoría de los pagarés que el gobierno anterior firmó durante la crisis financiera de 1995. Logramos reducir en 116 mil millones de pesos el costo de las obligaciones que heredamos del rescate bancario.
Hemos reducido también la deuda externa como proporción del Producto Interno Bruto. En octubre, se emitió por primera vez un bono a tasa fija, en pesos mexicanos, con vencimiento a 20 años, cuando hace ocho años, en el gobierno anterior, no conseguíamos plazos mayores a unos meses.
Durante la presente administración, el crecimiento en términos reales del índice de la Bolsa Mexicana de Valores ha sido del 52 por ciento, uno de los más altos del mundo.
México genera certidumbre y confianza. Hoy, el riesgo-país es el más bajo en décadas. Nuestras reservas internacionales se fortalecen. En los últimos días, ascendieron a 57 mil 591 millones de dólares.
La confianza internacional se refleja también en la creciente inversión extranjera directa, que es la más alta de la historia en un periodo de cuatro años. Eso significa no sólo certidumbre en la evolución de nuestra economía, sino también mayor crecimiento, nuevos empleos y más exportaciones.
Las reformas al marco legal y a las instituciones han generado un efecto directo y positivo sobre la productividad y la competitividad, y han propiciado un incremento de la inversión.
Al crear una nueva institucionalidad, estamos creando futuro.
No hay desarrollo posible sin instituciones financieras sólidas y confiables, que apoyen el crecimiento económico y promuevan el ahorro interno. Por ello, hemos impulsado iniciativas y logrado la aprobación de este Congreso a nuevas leyes que han transformado el sector financiero. También hemos reestructurado la banca de desarrollo, convirtiéndola en motor de las actividades productivas.
El apoyo de Nacional Financiera a las empresas ha crecido de manera notable. Mientras que en el año 2000 respaldaba a 15 mil pequeñas y medianas empresas, este año lo hace a 450 mil. Durante esta administración se han entregado un millón 300 mil créditos, esto es más que todos los créditos otorgados por NAFIN en siete décadas. Al democratizar y hacer accesible el crédito, se amplía la planta productiva y se crean fuentes de trabajo.
Estamos llevando servicios financieros a quienes no los tenían. Para ello, creamos el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) y promovimos la Ley del Ahorro y Crédito Popular. Conformamos también una red nacional, la Red de la Gente, de productos y servicios financieros que, sólo en este año, atiende a 5 millones de usuarios con ahorro y crédito.

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