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3. Relatoría General

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en coordinación con la H. Cámara de Diputados llevó a cabo, del 18 de septiembre al 4 de octubre, el Foro de Consulta sobre Derecho e Informática, con la finalidad de recopilar opiniones, propuestas y experiencias en torno al marco jurídico-administrativo relacionado con la informática.

Para la realización de este Foro, se llevaron a cabo cinco reuniones en diferentes entidades del país, donde se realizaron y discutieron diversos temas que servirán de base para revisar el marco jurídico relativo al uso y desarrollo de la informática.

La primera reunión se llevó a cabo el 18 de septiembre en Boca del Río, Ver., cuya ceremonia de inauguración fue presidida por el Lic. Francisco Loyo Ramos, Subsecretario de Gobierno, en representación del Lic. Patricio Chirinos Calero, Gobernador Constituticonal del Estado de Veracruz.

En este evento se presentaron tres trabajos, en los cuales se abordaron diversos aspecto relacionados con los derechos de los ciudadanos a la confidencialidad de información personal almacenada en bases de datos públicas y privadas, así como de la protección jurídica de datos producidos por el sector público y privado. Se contó con la participación de aproximadamente 100 representantes de los sectores público, privado, académico, empresarial y de investigación.

Los comentarios de este evento giraron en torno a los siguientes aspectos:

a) Propiedad de la información y derechos tanto del sujeto como del poseedor de los datos.

b) Responsabilidad por daños causados por mal uso de la información, ya sea porque ésta es incorrecta o tergiversada, o por su carácter como información confidencial relativa a propiedad industrial y a información de los particulares.

c) Derecho a preservar la Confidencialidad de la información, tanto de la que por ley es proporcionada al gobierno como de la que reciban los particulares.

d) Acceso a la información propia almacenada en bases de datos y derecho a su revisión.

En la ciudad de Guadalajara, Jal., el 20 de septiembre se llevó a cabo el segundo evento, en el cual se contó con la participación del Lic. Francisco Javier Vizcaíno Gutiérrez, Director General de Planeación de la Secretaría de promoción de Desarrollo Económico, en representación del Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

Se presentaron cinco participaciones relacionadas con la tipificación de delitos cometidos con el uso de herramientas informáticas que lesionan patrimonios y derechos de personas físicas y morales, así como del valor probatorio del documento electrónico en procesos administrativos y judiciales. Asistieron en esta ocasión 120 repesentantes de los diferentes sectores.

En este evento los comentarios estuvieron relacionados con los siguientes aspectos:

a) Actividades informáticas que se pueden considerar como conductas delictivas y su definición.

b) Responsabilidad del uso de los datos confidenciales y personales tanto del prestador de servicio como del usuario.

c) Elementos que deben considerarse para determinar la responsabilidad de las personas autorizadas para administrar bases de datos.

d) Necesidad de definir el ámbito de aplicación del derecho informático.

e) Posibilidad de reconocimiento del documento electrónico como medio de prueba.

f) Requisitos que debe tener un sistema para que su bitácora sea reconocida legalmente.

Asimismo, se presento un propuesta de iniciativa de ley en la que se contemplan aspectos relacionados con las conductas que no están claramente tipificadas en el Código Penal vigente.

El 25 de septiembre se realizó el tercer evento en Monterrey, N.L., en donde asistió el Lic. Juan Francisco Rivera Bedoya, Secretario General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del Estado Lic. Benjamín Clariond Reyes Retana.

Los temas que se analizaron en esta ocasión fueron sobre la protección de los derechos de autor para desarrolladores de programas, así como la información contenida en medios magnéticos distribuida a través de redes de datos públicas. Asimismo, se discutió la protección de derechos de propiedad industrial. Se leyeron dos trabajos que contemplaron dichos temas.

Asistieron al evento 130 representantes de los sectores público, privado, académico, empresarial y de investigación.

El grupo de especialistas invitados, así como el auditorio emitieron diversos comentarios, entre los que destacan:

a) La importancia del procedimiento de registro de programas de cómputo.

b) Titularidad de derechos de los desarrollos que se realizan en empresas o instituciones por los trabajadores que en ellos intervienen.

c) Responsabilidad de los empleados que hacen uso de programas de cómputo ilegal en la empresa o institución en la que laboran.

d) Definición de términos jurídicos y técnicos para la solución de conflictos derivados del uso ilegal de programas de cómputo.

e) La posible clasificación y reubicación, en su caso, de los programas de cómputo para su protección en el contexto de la Ley de Propiedad Industrial.

f) Definición de contratos de bienes y servicios informáticos.

La cuarta reunión de llevó a cabo en Tijuana, B.C., el 27de septiembre, cuya ceremonia de inauguración estuvo presidida por el Ing. Armando Artega King, Director General de Informática del Gobierno del Estado de Baja California, en representación del Lic. Héctor Terán Terán, Gobernador Constitucional del Estado.

Durante el evento de este Foro de Cosnutla sobre Derecho e Informática, las participaciones que se presentaron giraron en torno a los mecanismos de fomento al desarrollo y uso de la informática, así como a las condiciones adecuadas de competencia y servicio entre los proveedores de bienes y servicios informáticos.

Se contó con la participación de aproximadamente 110 representantes de diferentes sectores y los comentarios que fueron emitidos en esta ocasión, giraron en torno a:

a) La competitividad de empresas en el mercado informático.

b) Apoyos para el desarrollo de proyectos informáticos y mecanismos de evaluación.

c) Mecanismos para promover y fomentar el desarrollo de empresas de bienes y servicios informáticos.

d) Instancias de evaluación y certificación de calidad de empresas de bienes y servicios informáticos.

e) Situación de las empresas desarrolladoras de programas de cómputo en el marco de la Ley Federal de Competencia Económica.

f) Programas de estudio de la licenciatura en derecho que incluyan conceptos informáticos.

El último evento se realizó en el Distrito Federal el 8 de octubre, y fue presidido por el Dip. Humberto Roque Villanueva, Presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados.

En esta reunión se presentaron once participaciones en torno a las condiciones para la prestación de servicios telemáticaos, públicos y privados, así como a las condiciones de acceso universal a la información y a la infraestructura tecnológica. Participaron 160 representantes de diferentes sectores.

Se emitieron diversos comentarios, los cuales giraron en torno a los siguientes temas:

a) Acceso a la información.

b) Utilidad y aplicación de la informática.

c) Regulación jurídica que proteja y ponga orden para propiciar el desarrollo informático.

d) Derechos y responsabilidades de desarrolladores de software.

Como resultado de estos cinco eventos, se recibieron propuestas para líneas de acción inmediata que permitirán revisar el marco jurídico-administrativo, destacando las siguientes:

Realizar un estudio de derecho comparado y promover que exista congruencia de la legislación nacional con tratados internacionales de los que México forma parte.

Promover la emisión de disposiciones que agilicen los procesos jurídicos y precisar el proceso para deslindar responsabilidades en caso de que se violen los derechos autorales protegidos por la ley.

Protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial para estimular la actividad creadora e instrumentar mecanismos técnicos y legales que propicien una protección más efectiva para minimizar el uso ilegal de software.

Definir los términos jurídicos que deben considerarse para su aplicaión en litigios derivados de la violación a los derechos autorales o de algún ilícito cometido en el uso de esta tecnología.

Establecer un modelo de "Derecho Informático" que contemple simultáneamente componentes jurídicos, educacionales y administrativos.

Presentar propuestas de iniciativa de ley que contemplen aspectos relacionados con las conductas que no están claramente tipificadas en el Código Penal vigente y disposiciones complementarias.

Tipificación del delito informático o electrónico como modalidad de lo ya existentes a partir de la identificación y definición de sus características.

Educar a las personas respecto a las consecuencias del mal uso de las tecnologías de información y promover la cultura en las universidades para apoyar la aplicación de las leyes.

Que el gobierno fomente el mercado informático mediante la presentación de sus necesidades a la insutrsis, licitando soluciones que posteriormente podrían ser utilizadas en el sector privado con sus correspondientes utilidades y creación de nuevas fuentes de trabajo.

Ampliar conceptos en la ley que regula los procesos de adquisiciones para que sustente la compra de soluciones más que de bienes informáticos.

Promover la certificación de la calidad de empresas proveedoras de bienes y servicios infromáticos y definir instancias que la validen.

Promover mecanismos que regulen el comercio electrónico para que tenga mayor seguridad en las transacciones que se hacen por este medio.

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