APUNTES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AGRARIA EN MÉXICO

	APUNTES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AGRARIA EN MÉXICO

	E L C O N C E P T O
	El proceso de reforma agraria en México debe propiciar que las relaciones sociales en el campo y la regulación de los derechos de propiedad, posesión y utilización sobre la tierra, generen condiciones estables para el desarrollo rural sustentable, la armonía social y el mejoramiento de la calidad de vida, contribuyendo así a la seguridad alimentaria, a la integridad territorial, al desarrollo nacional y a la soberanía de la república.
	L A S R A Z O N E S
	A 10 años de haber reformado el Artículo 27 Constitucional y de tener una nueva legislación agraria, las condiciones del campo son lamentables: los indicadores de pobreza, marginación, baja productividad, y descapitalización muestran claramente como no se han cumplido los propósitos y objetivos de la reforma agraria de 1992. El rango constitucional que se le concedió a los núcleos agrarios y la personalidad jurídica que ahora ostentan no ha significado nada para los campesinos más que el hecho de reconocer y regularizar situaciones que ya se daban. Este hecho, junto con las facultades que se dan a ejidos y comunidades para ordenar su tierra y decidir el destino de la misma (entiéndase seguridad jurídica), no ha traído los efectos que se esperaba, peor aún, tales efectos se perciben como adversos cuando resulta ahora indiscriminada la compra venta de tierras ejidales y comunales que presionan al cambio de uso de suelo, devastan los recursos naturales y especulan con tierras susceptibles al crecimiento urbano. La promoción de formas de organización y prácticas democráticas internas, así como la capacitación, han sido endebles y no han reflejado sistemáticamente el fortalecimiento de la autogestión campesina encaminada al desarrollo integral de la sociedad rural. Los esfuerzos para lograr la organización económica a través de figuras asociativas para hacer más eficiente la actividad productiva se ha traducido en innumerables Sociedades de Solidaridad Social, Uniones de Ejidos y Sociedades de Producción Rural que sólo engrosan los archivos de las dependencias. La asociación para la producción y los incipientes apoyos institucionales coordinados con alto grado de efectividad se han derivado generalmente de acuerdos coyunturales y no de compromisos dictados por marcos normativos específicos y políticas públicas de largo plazo. La constitución de sociedades mercantiles han sido hechos meramente aislados y fortuitos, por lo que este esfuerzo no ha sido la manifestación sostenida de un proceso de capitalización rural. La certeza en los derechos de propiedad, posesión y uso sobre la tierra no ha sido factor de desarrollo, porque el incipiente sistema de acreditación de la propiedad hasta ahora creado es sólo una fotografía, se mantiene estático y con información para autoconsumo frente a una realidad dinámica que exige información catastral y de uso de suelo confiable para planear la actividad productiva, de crecimiento urbano y de conservación de los recursos naturales. Todo esto nos lleva a la necesidad de reconceptualizar un sólo tema ligado con el desarrollo de la sociedad rural que es: la justicia agraria. Porque no únicamente se trata de dirimir controversias sobre la tenencia de la tierra sino de las oportunidades de desarrollo. Entonces el Estado debe procurarla e impartirla, debe crear condiciones para que sea una realidad.
	E L L E M A
	Por una Ley Agraria para la Seguridad y el Desarrollo Para la Seguridad: En la tenencia de la tierra En la acreditación y transmisión de los derechos de propiedad En el uso de los recursos naturales En las acciones para la conservación de los bosques y el agua En las inversiones productivas En la producción y abasto de alimentos básicos Para el Desarrollo Sustentable, Justo y Equitativo del Campo Para el Desarrollo: De la actividad agropecuaria De las familias campesinas De la sociedad rural De las nuevas generaciones De la patria grande
	L A S M E T A S
	Lograr que la sociedad en su conjunto comparta la convicción de que en ésta época de globalización la reforma agraria representa un aspecto central para organizar la actividad productiva y de conservación en el medio rural, pues tiene como sólida base la propiedad de la tierra. Lograr entonces que en la agenda de gobierno se tenga la certeza de que las relaciones sociales que se dan en torno a la tierra se constituyen en la piedra angular para dar consistencia a cualquier tipo de actividad que se desee desarrollar en el medio rural. Redimensionar el proceso de reforma agraria a través de modificaciones y adecuaciones al marco jurídico que regula el funcionamiento de las instituciones y las relaciones de los sujetos del sector. Construir una legislación agraria para la seguridad y el desarrollo, que propicie los negocios rentables para los campesinos y empresarios, el ordenamiento de toda la propiedad rural del país, la regulación geográfica de los usos del suelo, la defensa de la propiedad social y privada, la procuración expedita y transparente de la justicia agraria, la defensoría de los campesinos ante los actos de autoridad, la distribución racional de la población; que fomente la participación de la sociedad rural y de la organización campesina, la formación del capital humano, la autogestión campesina, la elevación de la calidad de vida de las familias campesinas y la preservación del medio ambiente. Una legislación agraria que vaya acorde con los requerimientos de los tiempos actuales. Crear una legislación agraria moderna con vigencia, que responda a las demandas presentes y futuras de la sociedad actual, a las exigencias de un México moderno que aspira a un crecimiento con justicia, equidad y que tiene un compromiso generacional con los mexicanos y mexicanas del mañana. Elaborar una legislación agraria que responda a los intereses de todos los habitantes del campo, en especial de los campesinos, los ejidatarios, colonos agrícolas y ganaderos, minifundistas, comuneros, indígenas, avecindados, jornaleros agrícolas y propietarios rurales.
	L O S T E M A S
	La Comisión de Reforma se ha propuesto revisar con la sociedad mexicana la naturaleza y los alcances de la procuración e impartición de justicia agraria, los tiempos para el ordenamiento de la propiedad rural , las dificultades y limitaciones en la posesión y uso de la tierra, los retos para la participación, organización y autogestión campesina, la eficacia y la eficiencia en el manejo del catastro rural y las nuevas necesidades de coordinación institucional y atribuciones de gobierno. De esta manera se han definido cinco temas genéricos para conducir el análisis de las aportaciones. Procuración e impartición de justicia agraria Ordenamiento de la propiedad, posesión y uso de la tierra Organización y autogestión campesina Derecho de propiedad y catastro rural Coordinación interinstitucional y atribuciones de Gobierno
	L A F O R M A
	La importancia del tema agrario en la agenda de gobierno se captará de forma tal que las aportaciones de la sociedad y de los principales actores en los asuntos rurales, recaben su experiencia en la aplicación de las disposiciones de la legislación agraria vigente. El estudio y análisis acucioso de las propuestas encaminadas a mejorar el marco jurídico agrario, basándose en técnicas de derecho comparado y en la técnica legislativa parlamentaria darán los elementos para decidir si debe enriquecerse la actual legislación o debe ser sustituida. El nuevo orden jurídico en materia agraria será el resultado de un intenso trabajo de construcción de consensos y por lo mismo reflejará el interés de la nación y la pluralidad de nuestro País.
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