A pesar de que nuestro
país ha reiterado abiertamente su apoyo a la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático bajo el principio
de responsabilidad común, pero diferenciada, y que por lo
tanto no se encuentra comprometido como los grandes
países contaminadores a reducir en la misma proporción la cantidad
de gases de efecto invernadero, no por ello exime a las autoridades
mexicanas de la responsabilidad de disminuirlos según sus propias
posibilidades.
El hecho de que México
no genere más allá del 2 por ciento de bióxido de carbono mundial
que se emite a la atmósfera, no implica que se fomente o permita
la operación de industrias contaminantes sin que exista un proceso
de conversión industrial, tendiente a la conservación, ahorro y
adecuado aprovechamiento de los recursos, así como tampoco implica
que no se inhiba la emisión de contaminantes a la atmósfera, que
contribuyen al efecto de invernadero.
Uno de esos sectores
industriales en los que nuestro Gobierno debe poner especial interés
es el energético.
Según consta en la
Primera Comunicación Nacional ante la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático formulada por
el Gobierno de México, en los rubros de Inventario Nacional de
Emisiones de Gases de Invernadero por Fuentes y Sumideros así
como de Medidas de Mitigación, particularmente en el espacio
dedicado a Política Energética, podemos apreciar que el sector
energético es la fuente antropogénica de CO2 más importante en México;
que representa el 23 por ciento del total de emisiones de gases
de efecto invernadero, tan sólo por debajo del sector transporte,
que debido a que utiliza combustibles fósiles, requiere de ellos
para el funcionamiento de motores; y que en 1990, cerca del 84 por
ciento de la energía de uso final y del 62 por ciento de la electricidad
generada, se producían por medio de combustibles fósiles.
Todos ellos son datos
que nos revelan la situación actual que guarda el sector energético
en la mitigación del cambio climático.
El gobierno mexicano,
desafortunadamente, no ha tomado con seriedad el problema derivado
del descuido al sector energético, en lo relativo a la emisión de
gases altamente contaminantes.
En nuestros días,
la industria energética basa su producción de energía eléctrica,
en poco más de un 90 por ciento, en el consumo de combustibles fósiles.
Al respecto, la misma Comisión Federal de Electricidad señala
que las alternativas de energía renovables en 1994, específicamente
la eoeléctrica y la geotérmica, ocupan no más del 2.5 por ciento
de la producción de energía nacional.
El sector energético
debe tener una transformación integral paulatina que tienda a la
eficientización en la producción de energía eléctrica y de ahorro
en su consumo. Las necesidades
de energía programados para los próximos diez años, requieren de
un crecimiento muy acelerado, según las apreciaciones que
hizo el Ejecutivo Federal en su iniciativa presentada ante el Senado
de la República, pero dicha apreciación pierde de vista
que la solución del problema energético no solo depende de la producción,
sino también del ahorro.
La propuesta del Ejecutivo
Federal se reduce a permitir la inversión privada en la generación
de energía eléctrica tomando como costo aproximado por concepto
de inversión por la expansión y modernización del sector eléctrico,
el equivalente a entre 195,550 millones de pesos, según consta en
la "Prospectiva del Sector Eléctrico 1997-2006", y
250 mil millones de pesos, como se señala en la iniciativa
de reforma constitucional presentada ante el Senado de la República,
pero no contempla la aplicación de programas efectivos de eficientización
energética, salvo la aplicación del Programa de Ahorro de Energía
en inmuebles de la Administración Pública Federal, cuya aplicación
no ha tenido grandes avances.
De esta forma, pareciera
más bien que la propuesta del Ejecutivo Federal obedece más al deseo
de abrir la inversión extranjera a la generación de energía eléctrica,
para el cumplimiento de compromisos internacionales, que a una auténtica
solución del problema del aumento de las necesidades de suministro
de energía eléctrica, tal y como se desprende de la lectura del
punto 17 del Acuerdo de Estabilización celebrado por el Gobierno
de México a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
con el Fondo Monetario Internacional.
Así, aquella disyuntiva
que nos presenta el Presidente de la República en su iniciativa
presentada ante el Senado para privatizar la industria eléctrica
o de asumir las consecuencias por el descuido de la aplicación del
gasto social, es falsa.
Ahorrar energía es
más barato que producirla.
Las potencialidades
con que cuenta nuestro país para la producción de energía eléctrica
cuyo origen sean fuentes alternativas a la quema de combustibles
fósiles, son muy importantes.
La posibilidad
de crecimiento de las fuentes de producción de energía eólica es
simple; hay zonas en el Noreste y Sureste de la República, en Baja
California y Oaxaca, especialmente, donde puede desarrollarse esa
tecnología, pero para ello requeriría de inversión privada, sobre
todo cuando las principales fuentes de energía en las que se basa
no solo nuestra economía, sino nuestra producción de energía, son
las no renovables. De
esta forma, la biomasa como fuente de energía de origen forestal
como fundamento para el desarrollo de los cultivos energéticos,
así como la energía solar y la hidroeléctrica, pueden contribuir
de manera significativa al consumo energético, con el adecuado control
ambiental y evitando el desabasto en el suministro de energía, desarraigando
de paso el uso y la aplicación de tecnologías de generación de energía,
basadas en la industria nuclear.
Lo anterior, claro
está, siempre que la aplicación de tales tecnologías energéticas
no comprometa o afecte el equilibrio ecológico en las regiones que
se pretenda aplicar.
El paso del tiempo
ha dado la razón a aquellos que dudaron de la seguridad de estas
instalaciones y de su viabilidad económica por la producción de
energía eléctrica con base en la tecnología nuclear, y hoy, ésta
se halla muy cuestionada en la gran mayoría de países desarrollados.
No tenemos por qué
experimentar nuevamente la implementación de industrias ineficientes
que de paso generan residuos nucleares peligrosos para la población
y la posibilidad de colisiones de graves y negativos efectos ambientales.
De ahí que la inquietud de diversos grupos sociales promuevan la
revisión constante de las instalaciones de la única planta nucleoeléctrica
y su desmantelamiento hasta en tanto su vida útil haya terminado.
Por su parte, el sector
de las energías renovables está adquiriendo una dimensión económica
muy relevante y el sector empresarial también ha comenzado a participar
activamente. Incentivar la eficiencia energética y las energías
renovables además de proteger el medio ambiente y de contribuir
a la suficiencia energética, servirá para potenciar un sector empresarial
en auge e impulsar el desarrollo económico en ese rubro.
Estos sectores constituyen
también una fuente de trabajo inexplorada tanto directa como indirectamente.
La necesidad de mano de obra en estas áreas es muy superior a la
empleada en las energías convencionales, mas no por
ello, se afectarán los derechos de los trabajadores que actualmente
laboran tanto en la CFE como en la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro.
Al respecto, los diputados
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
les manifestamos que no deberán preocuparse por la estancia en sus
empleos o la falta de cumplimiento de los contratos colectivos de
trabajo. Si la industria eléctrica basa primordialmente su
generación en combustibles fósiles, y dado que las aproximaciones
más optimistas proporcionan al Estado mexicano la conservación de
sus reservas petroleras en poco menos de sesenta años de las que
basa cerca del 60 por ciento la generación, entonces, la
misma necesidad de prever a largo plazo la producción de energía
eléctrica, no puede partir de fuentes contaminantes, para evitar
el aceleramiento de los efectos del cambio climático, ni de aquellas
fuentes basadas en combustibles fósiles.
Las nuevas tecnologías
permiten ya hoy mantener bienestar y prestaciones con enormes ahorros
de energía. El Club de Roma ha denominado "factor 4" a
las posibilidades que ofrece la técnica de lograr similar bienestar
con tan sólo una cuarta de energía o materias primas.
El Plan Energético
Nacional deberá considerar como uno de sus objetivos principales
la reducción del consumo energético para el año 2000 y el siglo
que se avecina.
Los diputados integrantes
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos
que lejos de partir única y exclusivamente de un crecimiento sostenido
en la producción de energía, tal y como lo propone el Presidente
de la República en la mencionada iniciativa de reformas a la Constitución,
debemos sujetarnos a una política de desarrollo sustentable. Por
ello, debemos adoptar a la par que una política energética nueva,
un Programa Nacional de Ahorro en el Consumo de Energía, en el que
participen todos los integrantes de la sociedad en sus distintos
sectores público, privado y social.
Por ello, la permisibilidad
de la inversión privada en el sector eléctrico, fundamentalmente
en el relativo a la generación, necesariamente deberá llevarse a
cabo con la restricción de que dicha inversión se lleve a cabo para
fomentar la generación de electricidad con proyectos ambientalmente
eficientes.
De esta forma, la Constitución
General de la República guardará la congruencia debida con aquellas
otras reformas y adiciones a los artículos 4 y 25 en donde se establecen
el derecho fundamental de los habitantes de la República de gozar
de un medio ambiente sano y donde el Estado cumpla la obligación
de adaptar el modelo de desarrollo dentro de estándares sustentables.
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Se suele decir, con buena parte de razón, que la energía más cara
es la que no se tiene. No se concibe el desarrollo económico
sin el abasto garantizado de electricidad. El marco jurídico
no puede ni debe ser obstáculo para alcanzar estos propósitos; antes
bien, es instrumento eficaz para lograrlos. Es responsabilidad del
legislador prever y anticiparse a los acontecimientos, adecuando
dicho marco. Posponer la solución de la problemática que nos aqueja
es agravarla, complicarla y, en gran medida, imposibilitarla.
La importancia del
sector energético en el desarrollo económico de México y en el bienestar
cotidiano de los ciudadanos reclama decisiones que consideren las
consecuencias del uso y explotación de los recursos energéticos
de la nación en el largo plazo.
La importancia del
sector, como sustento de la viabilidad económica del país, obliga
a tomar las mejores decisiones, con el apoyo de los recursos humanos
altamente capacitados que tiene este sector y de las metodologías
más apropiadas para conducir una política energética claramente
orientada al desarrollo.
La inserción de México
en el contexto mundial nos ha llevado a una dinámica en donde la
competitividad es un factor creciente, la tecnología es de avanzada
y los recursos a invertir son escasos. Como nunca antes, la realidad
mundial nos llama a tomar decisiones, con todos los retos y exigencias
que ello implica.
El sector energético
de nuestro país, a lo largo de la historia, ha logrado construir
instituciones sólidas y empresas que son orgullo de la nación. Éstas
han logrado mantenerse como sustento de nuestra economía y del bienestar
de las personas.
De manera general,
el reto energético se traduce en construir en los próximos años
infraestructura de la misma dimensión con la que contamos hoy en
día. La política energética no es un mero instrumento de la política
macroeconómica sino base insustituible del desarrollo.
Los desafíos de la
modernidad se han manifestado en el aumento de la demanda de los
bienes y servicios energéticos. En los últimos años hemos observado
en diversos países del mundo, incluso en economías altamente desarrolladas,
profundas crisis por desabasto, por falta de inversiones o por concepciones
equivocadas de políticas públicas.
México no está exento
de ver interrumpida su capacidad de crecimiento y desarrollo por
falta de electricidad. Aun cuando tenemos la potencialidad, carecemos
de un marco institucional que permita un desarrollo más dinámico
del sector, acorde con las necesidades y exigencias del país.
La estructura
actual del sector eléctrico mexicano no responde a nuestras necesidades
como nación. En los últimos
años la tasa de crecimiento de la demanda por energía eléctrica
en México ha sido mayor que la tasa de crecimiento del PIB y se
estima que para las próximas décadas se mantenga esta tendencia.
Por lo tanto, el Estado actualmente tiene que destinar un volumen
creciente de recursos al sector para asegurar el abasto, lo que
va en detrimento de recursos que deberían ser utilizados para necesidades
apremiantes como el gasto social en educación, salud, agua y combate
a la pobreza.
En las condiciones
actuales, el Estado no tiene la posibilidad de continuar financiando
el crecimiento de la demanda por energía eléctrica con recursos
fiscales, ni es deseable recurrir a esquemas de deuda pública o
a contratos de largo plazo que signifiquen un importante pasivo
contingente para el Gobierno federal.
Así mismo, la antigüedad de parte importante de la infraestructura
eléctrica existente, aunada a los bajos márgenes de reserva en el
sistema eléctrico nacional durante los dos últimos años, son
indicadores muy claros de que el sector requiere una urgente modernización
integral y, por lo tanto, recursos aun mayores.
Hoy queremos
construir una política energética de Estado sustentada en la preservación
de nuestra soberanía, disponiendo de los recursos naturales de la
nación para asegurar su autonomía en un mundo global, bajo la inequívoca
rectoría del Estado, haciendo posible en el corto y largo plazos,
el acceso y abasto pleno a insumos energéticos para toda la
población y con la debida protección al medio ambiente.
Para avanzar,
debemos dotar al sector energético de instituciones y marcos regulatorios
sólidos y modernos, con empresas públicas eficientes, capaces de
crecer y competir, y que aprovechen las ventajas comparativas
de México.
La complementariedad
de la inversión privada y social respecto de la inversión pública
no significa renunciar ni hacer nugatoria la responsabilidad del
Estado. Las nuevas tecnologías
y el desarrollo de modernas formas de organización industrial y
regulación permiten, bajo un marco legal transparente, la participación
de todos los sectores de cara al reto energético. Tenemos
que reconocerlo, la falta de recursos suficientes, así como la oportunidad
de éstos para la inversión es un riesgo real para la soberanía de
México.
Las empresas públicas
en esta materia han tenido y seguirán teniendo una función
vital en el desarrollo económico de México. En las nuevas
circunstancias mundiales y nacionales, es necesario revisar
el marco jurídico que regula sus actividades y que
están obstaculizando su pleno desarrollo.
Las nuevas políticas
públicas requieren de mayores recursos que renueven la capacidad
real para programar con certidumbre el crecimiento de las empresas
del sector energético. La autonomía de gestión, con un adecuado
control corporativo de las empresas, será indispensable para favorecer
su sano crecimiento e incrementar su contribución al desarrollo
del país. Debemos garantizar empresas viables y finanzas públicas
sanas. Es necesario adoptar estrategias que aumenten su competitividad
y la eficacia de los servicios que ofrece mediante el establecimiento
de reglas claras, sencillas y permanentes, rendición de cuentas
y una infraestructura adecuada que permita realizar sus actividades
dentro de un sistema de autonomía de gestión.
Sin duda, un medio
de incrementar la eficacia de las empresas públicas es el desarrollo
de mercados competitivos en los que participan como usuario, comprador
y proveedor de servicios. Con todo y los riesgos, se ha demostrado
que los mercados competitivos resultan más eficientes en todos los
órdenes que los mercados oligopólicos o monopólicos. El
objetivo a corto plazo es que las empresas públicas se modernicen
y funcionen con criterios de calidad total que permitan consolidar
una mayor autonomía energética de largo plazo en el país.
La industria eléctrica
ha experimentado grandes transformaciones para enfrentar los diferentes
retos del sector. Su historia inició a finales del siglo XIX, especialmente
en los sectores textil y minero. No había entonces un marco jurídico
que la regulara. Debemos reconocer en la iniciativa privada a los
pioneros por su inventiva y su perseverancia para desarrollar plantas
hidroeléctricas - algunas de las cuales aún hoy funcionan- y proyectos
de alumbrado público.
En los años veinte
se creó la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria
de Generación y Fuerza para regular el funcionamiento de la industria
eléctrica. En 1926 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el decreto por el cual se promulgó el Código Nacional Eléctrico.
En 1934 se reformó la fracción X del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgarle facultades
al Congreso de la Unión para legislar en materia de energía eléctrica.
Durante la administración
del General Lázaro Cárdenas se fortaleció la participación del Estado
en la economía. El sector eléctrico no fue la excepción y en 1937
se creó la Comisión Federal de Electricidad. Desde ese momento el
Estado inició su participación activa en el desarrollo de la infraestructura
eléctrica.
El 14 de agosto de
1937 se expidió la Ley de la Industria Eléctrica con el propósito
de normar las distintas fases de producción de la electricidad,
de estimular el desarrollo de la industria y de modificar el otorgamiento
de concesiones.
El aumento de la población
y el proceso de industrialización y de urbanización demandaban más
electricidad en todo el territorio nacional. Desarrollar un sector
energético nacional e independiente, que garantizara el suministro
de electricidad, era una situación que todos los países enfrentaban
de manera similar, dando al Estado la responsabilidad de conducir
y planear el desarrollo del sector.
Como resultado, destaca
el proceso de integración que tiene la industria eléctrica, mismo
que se desarrolla por dos vías. Por un lado sobresale la integración
en las empresas privadas; por otro, la rápida expansión de la Comisión
Federal de Electricidad.
La nacionalización
de la industria eléctrica en 1960 es un acontecimiento sobresaliente
que marca el desarrollo y la orientación de este sector hasta la
actualidad. En congruencia, ante las necesidades y condiciones en
aquel entonces existentes, el Estado asumió su responsabilidad de
realizar un mayor esfuerzo para tratar que todos los mexicanos contaran
con este servicio; atender la creciente demanda que se genera en
el campo, la industria, las comunicaciones, el transporte; y abastecer
a la población urbana y rural.
A principios de la
década de los sesenta, las empresas encargadas de la generación
y suministro eléctrico atendían únicamente a los centros de población
que les aseguraban rentabilidad, mientras que la Comisión Federal
de Electricidad avanzaba en la cobertura del servicio y en la ampliación
de la infraestructura de transmisión. No obstante, gran parte de
la población carecía de los servicios de electricidad.
La industria eléctrica,
basada en el servicio público prestado en forma exclusiva por el
Estado, logró integrar a los distintos sistemas eléctricos regionales
y llevar energía a prácticamente todas las regiones del país.
Pasada la nacionalización
de la industria eléctrica, la inversión de Comisión Federal de Electricidad
creció en forma acelerada. Junto con el trabajo comprometido de
los trabajadores electricistas, la expansión del Sistema Eléctrico
Nacional fue una realidad. En el periodo de 1965 a 1969, la inversión
pública aumentó en 7.9 por ciento. Entre 1970 y 1982, su porcentaje
de incremento superó al registrado en la inversión pública total.
Como ocurrió
con toda la inversión pública realizada durante la década de los
setenta, la Comisión Federal de Electricidad financió su expansión
a través del endeudamiento.
Esta situación se conjugaba con el rezago en la estructura
de precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público.
A partir de 1973 se hacen esfuerzos por ajustar las tarifas
para alcanzar un equilibrio entre precio y costo.
Para 1982 se ven transformaciones
notables en la política del sector eléctrico. En el mes de diciembre
se modificaron los artículos constitucionales 25, 26 y 28 para quedar
plasmados los siguientes compromisos: al Estado le corresponde la
rectoría económica; el Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional; el Estado tendrá a su cargo,
de manera exclusiva, las áreas estratégicas que determina el artículo
28.
El sector eléctrico,
al ser definido como área estratégica, ratificó su carácter de monopolio
estatal. Inmediatamente después, el gobierno adoptó una serie de
medidas para lograr la rehabilitación financiera del la Comisión
Federal de Electricidad, entre
las que destacaron: incrementos de las tarifas, limitación al
endeudamiento del sector al 50 por ciento de su inversión, para
realizar el otro 50 por ciento con recursos propios; reestructuración
de pasivos y capitalización por parte del Gobierno federal.
En el Plan Nacional
de Desarrollo, publicado en 1983, se exponen los objetivos, propósitos
y metas que el sector eléctrico pretende alcanzar en el sexenio.
Un año después, en el Programa Nacional Energético 1984-1988, se
especifican los problemas principales: el alto consumo de energía
por unidad de producto, la gran dependencia energética de hidrocarburos,
la ausencia de servicios eléctricos para el 25% de la población,
y el enorme déficit financiero de la Comisión Federal de Electricidad.
En la búsqueda de una
solución a la falta de recursos estatales para incrementar la capacidad
de generación y apoyar el desarrollo económico, en 1992 se reformó
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para abrir posibilidades
de inversión, aunque limitadas, a la participación privada, en las
actividades de generación de electricidad bajo las modalidades de
autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción y producción
independiente. Además, se creó la Comisión Reguladora de Energía
para atender la regulación de los generadores privados y la adquisición
de energía eléctrica que se destinase al servicio público.
En febrero de 1994,
Luz y Fuerza del Centro se constituyó como un organismo público,
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Febrero de 1999 marca
una fecha importante en la historia de la industria eléctrica. Los
entonces encargados de la política energética del país incluyen
por primera vez en la agenda nacional los problemas que enfrentaría
el sector de no contar con inversiones para cubrir las necesidades
de abasto en los años siguientes.
El Gobierno de la República
reconocía abiertamente la insuficiencia presupuestal para ofrecer
a la población un suministro eléctrico suficiente, confiable y de
calidad, puesto que las urgentes necesidades de educación, salud,
vivienda y servicios públicos en general, representaban la prioridad
principal en materia de gasto público.
El México de hoy, hemos
de reconocerlo, enfrenta el reto de procurar mantener niveles de
inversión crecientes. Se requieren recursos para adicionar capacidad
de generación, para expandir las redes de transmisión y distribución,
para dar mantenimiento óptimo a la infraestructura, así como para
repotenciar algunas plantas ya existentes, con el objetivo de garantizar
el abasto oportuno de energía y continuar expandiendo la cobertura
del Sistema Eléctrico Nacional. Las necesidades de inversión en
el sector son una realidad independientemente de la evolución de
la economía.
En la actualidad, las
condiciones del sector eléctrico mexicano nos muestran que más del
45 por ciento de la infraestructura, tanto de generación como de
transmisión y distribución, cuenta con una antigüedad de entre 16
y 30 años. Por este motivo, será necesario llevar a cabo una tarea
de repotenciación de plantas antiguas, además de modernizar y expandir
las redes de transmisión y distribución.
El deterioro
de la infraestructura del sector eléctrico se ha traducido en un
servicio que, en los momentos de demanda máxima, no cuenta con la
calidad y confiabilidad que merecen los mexicanos para su desarrollo
personal y para el
del país. Dicho deterioro se ha reflejado también en las empresas
del sector, las cuales no han alcanzado los niveles de costo y productividad
deseables.
Hoy en día, la relación
precio/costo se encuentra en 71 centavos por cada peso para la Comisión
Federal de Electricidad y en 49 para Luz y Fuerza del Centro, lo
que significa una pérdida en rentabilidad.
En los últimos dos
años el Sistema Eléctrico Nacional ha operado de forma recurrente
con reservas operativas de capacidad de generación menores al seis
por ciento, que es el mínimo recomendado en el ámbito internacional
para prevenir contingencias de muy corto plazo.
Para los próximos diez
años se requerirá la instalación de más de 32,400 megawats de capacidad
de generación, equivalente al 86 por ciento de la capacidad con
que contamos actualmente.
Al recoger las inquietudes
y preocupaciones de la colectividad nacional y reconocer lo que
el sector eléctrico representa, el Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional del Senado de la República formula la presente iniciativa
de reforma que, al tiempo de proponer una alternativa innovadora
para capitalizar el sector eléctrico, no es ajena al sentir social
y ratifica expresamente la rectoría del Estado.
En los últimos
tiempos se ha discutido ampliamente la política de subsidios que
instrumentan las compañías de electricidad. Necesitamos redefinir
nuestras prioridades; debemos pasar de los subsidios generalizados
a subsidios orientados para beneficiar a quienes realmente lo necesitan.
Se trata de focalizar y transparentar los subsidios para asegurar
que su impacto tenga repercusiones positivas en el nivel de vida
de las familias y los sectores productivos. El Estado no abandonará
sus objetivos sociales dentro de la política energética;
es un compromiso y una convicción compartida por la sociedad en
su conjunto.
Asimismo, el
sector público asegurará el abasto de energía eléctrica a la población
de las comunidades que menos recursos tienen e invertirá para llevar
el suministro eléctrico a las zonas marginadas. Los tres
niveles de gobierno deberán avanzar para que la cobertura de los
servicios eléctricos siga creciendo.
El Partido Acción Nacional,
en coincidencia con lo manifestado en diversos foros por el Presidente
de la República, reitera el compromiso de que no se privatizarán
ni Comisión Federal de Electricidad ni Luz y Fuerza del Centro,
ni sus activos, respetando los derechos laborales de los trabajadores
de esas empresas, los que quedan plenamente garantizados.
Confiamos, además en
el compromiso puntual de sus trabajadores y sus organizaciones sindicales
para instrumentar programas que mejoren la calidad y productividad
de las mismas.
Debemos actuar con
visión y patriotismo para atender las urgentes necesidades de la
industria eléctrica.
Por lo anterior, y
con base en todo lo que aquí se ha señalado, proponemos una reforma
a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que nos permita transitar, de un servicio
prestado en forma exclusiva por el Estado, a un servicio que sume
los esfuerzos de las empresas de los sectores público, social y
privado, bajo la rectoría del Estado, en congruencia con los principios
consagrados en los artículos 25, 26 y 28 de la propia Constitución.
Actualmente, el sexto
párrafo del artículo 27 confiere al Estado en forma exclusiva la
generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento
de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio
público. La presente iniciativa plantea modificar el texto
de dicho párrafo, a efecto de que las empresas de los sectores social
y privado puedan concurrir con las entidades del sector público
a la ampliación de la capacidad de generación, así como al crecimiento
de la infraestructura de transmisión y distribución y a la prestación
de los servicios de energía eléctrica.
Extender la apertura
a la participación de los sectores social y privado en la industria,
más allá de lo que marca la legislación vigente, se puede fundamentar
en el hecho de que en la actualidad diversos campos de dicha industria,
principalmente en las áreas de la generación y la venta de
energía, ofrecen oportunidades para el capital social
y privado. En estos términos, ya no será necesario que el
Estado sea el único que atienda todas las necesidades derivadas
de la provisión del servicio público de electricidad.
El Sistema Nacional
de Transmisión está integrado por las redes de conducción de electricidad
en alta tensión que interconecta las plantas de generación con los
sistemas de distribución en prácticamente todo el territorio nacional.
Por ser la columna vertebral de la industria eléctrica, dicho sistema
se mantiene bajo el dominio del Estado.
La operación,
planeación y el control del Sistema Nacional
de Transmisión, así como su mantenimiento, continuarán a cargo del
sector público de manera exclusiva,
así como la generación nucleoeléctrica. A excepción
de las actividades mencionadas, en las demás
actividades de la industria eléctrica podrían
participar los sectores social y privado, pero siempre
bajo la rectoría del Estado.
Con esta reestructuración,
se introduce competencia en las actividades de generación
y en la comercialización, que estarían sujetas a un
régimen de permisos.
Estamos proponiendo
un artículo transitorio en el cual se expresa que la Comisión Federal
de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro no requieren asignación
ni concesión alguna para continuar atendiendo las zonas de distribución
de energía eléctrica en las que actualmente prestan el servicio.
Con esta disposición queda plenamente garantizado el respeto a las
empresas públicas y a sus trabajadores. Se trata de que en el futuro
haya una apertura en el mercado de energía eléctrica para los usuarios
calificados a fin de dar certidumbre en el abasto y en la eficiencia
del servicio.
El nuevo marco jurídico
busca la autosuficiencia económica y financiera del sector,
así como la rentabilidad de las empresas del Estado, no
sólo en su propio beneficio y en el de sus trabajadores, sino también
para brindar a los nuevos inversionistas la certeza de que
el Estado no generará distorsiones que vulneren la equidad en el
nuevo marco competitivo. Todo lo anterior redundará, en
última instancia, en un mejor servicio a los usuarios, en beneficio
de la economía del país y en un mejor nivel de vida para los mexicanos.
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