Texto Vigente

Presidente de la República
(Ernesto Zedillo)

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologísta

Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional (Senado)

D.O. 29 de diciembre de 1960

3 de febrero de 1999

18 de Noviembre de 1999

4 de diciembre del 2001

"Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines."

"…Corresponde exclusivamente a la Nación el control operativo de la red nacional de transmisión de electricidad, el cual no podrá ser concesionado a los particulares. "

"…Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares salvo cuando la energía generada sea renovable y no provenga del consumo de combustibles fósiles, y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. "

"…Corresponde exclusivamente a la Nación la transmisión de energía eléctrica a través del Sistema Nacional de Transmisión, así como la operación, control y mantenimiento de este último, asegurando el acceso no discriminatorio a dicho sistema; en esta materia no se otorgarán concesiones."

TEXTO VIGENTE

(Ernesto Zedillo)

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologísta

Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional (Senado)

D.O. 3 de febrero de 1983

3 de febrero de 1999

18 de noviembre de 1999

4 de diciembre del 2001

"…No constituirán monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de la Constitución, el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos, mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia".

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos; generación de energía nuclear; el control operativo de la red nacional de transmisión de electricidad, y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite, los ferrocarriles y la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación, así como de las redes generales de transmisión y de distribución de energía eléctrica, de acuerdo con las leyes de la materia.

No constituirán monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos; generación de energía nuclear; electricidad, salvo cuando la energía generada sea renovable y no provenga del consumo de combustibles fósiles, y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, teIégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la transmisión de electricidad en los términos del artículo 27 de esta Constitución; y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de Ia Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá Ia seguridad y Ia soberanía de Ia Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de Ia materia.

Texto Vigente

Presidente de la República (Ernesto Zedillo)

D.O. 29 de diciembre de 1960

3 de febrero de 1999

Artículo 27 constitucional (1960).

"La prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo la generación, transformación y distribución -expresé en mi Informe- así como las demás operaciones o actividades industriales o comerciales de que la misma puede ser objeto requieren, como en el caso del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, ser realizados directamente por el Estado, a través de los órganos competentes, ya que México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicas, han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano.

"Para garantizar la efectiva realización de este propósito de que la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica debe sustentarse en razones de beneficio social y no en motivos de interés particular..."

Artículo 28 constitucional (1983).

"El Ejecutivo a mi cargo estima necesario adecuar, actualizar e incorporar los principios del desarrollo económico a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales quedarían contenidos en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución.

"Para el sector público se establece que tendrá a su cargo exclusivo las áreas estratégicas que la Constitución especifica. Para fortalecer a la sociedad y lograr el mejor cumplimiento de los fines de los organismos descentralizados y empresas que se sitúan en las áreas estratégicas, se considera necesario que la ley defina formas de participación social en éstas, conservando el Estado en todo tiempo el control sobre la condición y operación de las mismas.

"Se especifican las actividades que tendrá a su cargo el Estado, las cuales no serán sujetas a concesión. Con ello se delimita el ámbito exclusivo del sector público, y los alcances de la participación del Estado.

"Se fundamenta la existencia de instituciones, organismos y empresas que requiere el Estado para su eficaz desempeño."

Consideraciones que la propia iniciativa indican la sustentan:

Primera.- La capacidad de nuestro país para mantener el dinamismo de su economía y mejorar las condiciones de vida de la población depende en gran medida de la expansión y modernización del sector eléctrico nacional. Frente a las elevadas tasas de crecimiento de la demanda eléctrica que se prevén para los próximos años, se requiere de una nueva transformación de la industria eléctrica nacional; una transformación que reafirme la rectoría del Estado en un entorno de mayor apertura y competencia en el sector.

Segunda.- Los requerimientos de inversión en el sector eléctrico durante los próximos años ejercerán una presión sin precedente sobre las disponibilidades presupuestarias y la capacidad financiera del sector público.

Tercera.- Pretender enfrentar todos esos requerimientos exclusivamente con recursos públicos, implicaría no sólo poner en riesgo la modernización y expansión del sector eléctrico, sino también transferir parte de los fondos indispensables para atender necesidades básicas de las familias mexicanas.

Cuarta.- El avance tecnológico experimentado en los últimos años hace factible que el sector privado complemente al Estado en la tarea de impulsar al sector eléctrico. La suma de esfuerzos es la mejor garantía de que el país contará con un sector eléctrico acorde con su dinámica de crecimiento y con las aspiraciones de progreso y bienestar de los mexicanos.

Quinta.- La eficiencia y la competitividad de la industria eléctrica nacional serían promovidas por medio de la operación de un mercado eléctrico que permita garantizar que la demanda existente en cada momento sea cubierta con la energía eléctrica generada por las plantas que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad, estabilidad y precio.

Sexta.- La inversión privada, nacional y extranjera, haría posible la adquisición de las tecnologías más avanzadas para la adecuada expansión del sector eléctrico nacional, lo cual permitiría que nuestra economía continúe compitiendo en las mejores condiciones en el ámbito internacional.

Séptima.- La concurrencia de los sectores público, social y privado reforzaría la capacidad del Estado para atender objetivos prioritarios en materia de desarrollo social y combate a la pobreza, al igual que en materia de infraestructura básica para el país, como la relativa al agua.

Octava.- La reforma permitiría financiar los pasivos laborales de los actuales suministradores eléctricos mediante la creación de un mecanismo que respalde la totalidad del monto de los derechos de jubilación. En un ambiente de absoluto respeto a los derechos de los trabajadores eléctricos, las relaciones laborales de las empresas del sector eléctrico se regirían por lo dispuesto en el apartado A del artículo 123 constitucional.

Novena.- La expansión de la industria eléctrica que resultara de estas reformas y que la convertiría en uno de los sectores de mayor dinamismo de nuestra economía, sería una fuente de generación de empleos permanentes no sólo en ésta sino también en otras ramas industriales y de servicios.

Décima.- El Estado mantendría como área estratégica la generación nuclear y el control operativo de la red nacional de transmisión, actividad fundamental para la seguridad y funcionamiento del sistema eléctrico, al tiempo que ejercería su rectoría sobre el resto de la industria eléctrica como actividad prioritaria del desarrollo nacional.

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano

Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional (Senado)

18 de Noviembre de 1999

4 de diciembre del 2001

A pesar de que nuestro país ha reiterado abiertamente su apoyo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático bajo el principio de responsabilidad común, pero diferenciada, y que por lo tanto no se encuentra comprometido como los grandes países contaminadores a reducir en la misma proporción la cantidad de gases de efecto invernadero, no por ello exime a las autoridades mexicanas de la responsabilidad de disminuirlos según sus propias posibilidades.

El hecho de que México no genere más allá del 2 por ciento de bióxido de carbono mundial que se emite a la atmósfera, no implica que se fomente o permita la operación de industrias contaminantes sin que exista un proceso de conversión industrial, tendiente a la conservación, ahorro y adecuado aprovechamiento de los recursos, así como tampoco implica que no se inhiba la emisión de contaminantes a la atmósfera, que contribuyen al efecto de invernadero.

Uno de esos sectores industriales en los que nuestro Gobierno debe poner especial interés es el energético.

Según consta en la Primera Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático formulada por el Gobierno de México, en los rubros de Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Invernadero por Fuentes y Sumideros así como de Medidas de Mitigación, particularmente en el espacio dedicado a Política Energética, podemos apreciar que el sector energético es la fuente antropogénica de CO2 más importante en México; que representa el 23 por ciento del total de emisiones de gases de efecto invernadero, tan sólo por debajo del sector transporte, que debido a que utiliza combustibles fósiles, requiere de ellos para el funcionamiento de motores; y que en 1990, cerca del 84 por ciento de la energía de uso final y del 62 por ciento de la electricidad generada, se producían por medio de combustibles fósiles.

Todos ellos son datos que nos revelan la situación actual que guarda el sector energético en la mitigación del cambio climático.

El gobierno mexicano, desafortunadamente, no ha tomado con seriedad el problema derivado del descuido al sector energético, en lo relativo a la emisión de gases altamente contaminantes.

En nuestros días, la industria energética basa su producción de energía eléctrica, en poco más de un 90 por ciento, en el consumo de combustibles fósiles. Al respecto, la misma Comisión Federal de Electricidad señala que las alternativas de energía renovables en 1994, específicamente la eoeléctrica y la geotérmica, ocupan no más del 2.5 por ciento de la producción de energía nacional.

El sector energético debe tener una transformación integral paulatina que tienda a la eficientización en la producción de energía eléctrica y de ahorro en su consumo. Las necesidades de energía programados para los próximos diez años, requieren de un crecimiento muy acelerado, según las apreciaciones que hizo el Ejecutivo Federal en su iniciativa presentada ante el Senado de la República, pero dicha apreciación pierde de vista que la solución del problema energético no solo depende de la producción, sino también del ahorro.

La propuesta del Ejecutivo Federal se reduce a permitir la inversión privada en la generación de energía eléctrica tomando como costo aproximado por concepto de inversión por la expansión y modernización del sector eléctrico, el equivalente a entre 195,550 millones de pesos, según consta en la "Prospectiva del Sector Eléctrico 1997-2006", y 250 mil millones de pesos, como se señala en la iniciativa de reforma constitucional presentada ante el Senado de la República, pero no contempla la aplicación de programas efectivos de eficientización energética, salvo la aplicación del Programa de Ahorro de Energía en inmuebles de la Administración Pública Federal, cuya aplicación no ha tenido grandes avances.

De esta forma, pareciera más bien que la propuesta del Ejecutivo Federal obedece más al deseo de abrir la inversión extranjera a la generación de energía eléctrica, para el cumplimiento de compromisos internacionales, que a una auténtica solución del problema del aumento de las necesidades de suministro de energía eléctrica, tal y como se desprende de la lectura del punto 17 del Acuerdo de Estabilización celebrado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Fondo Monetario Internacional.

Así, aquella disyuntiva que nos presenta el Presidente de la República en su iniciativa presentada ante el Senado para privatizar la industria eléctrica o de asumir las consecuencias por el descuido de la aplicación del gasto social, es falsa.

Ahorrar energía es más barato que producirla.

La posibilidad de crecimiento de las fuentes de producción de energía eólica es simple; hay zonas en el Noreste y Sureste de la República, en Baja California y Oaxaca, especialmente, donde puede desarrollarse esa tecnología, pero para ello requeriría de inversión privada, sobre todo cuando las principales fuentes de energía en las que se basa no solo nuestra economía, sino nuestra producción de energía, son las no renovables. De esta forma, la biomasa como fuente de energía de origen forestal como fundamento para el desarrollo de los cultivos energéticos, así como la energía solar y la hidroeléctrica, pueden contribuir de manera significativa al consumo energético, con el adecuado control ambiental y evitando el desabasto en el suministro de energía, desarraigando de paso el uso y la aplicación de tecnologías de generación de energía, basadas en la industria nuclear.

Lo anterior, claro está, siempre que la aplicación de tales tecnologías energéticas no comprometa o afecte el equilibrio ecológico en las regiones que se pretenda aplicar.

El paso del tiempo ha dado la razón a aquellos que dudaron de la seguridad de estas instalaciones y de su viabilidad económica por la producción de energía eléctrica con base en la tecnología nuclear, y hoy, ésta se halla muy cuestionada en la gran mayoría de países desarrollados.

No tenemos por qué experimentar nuevamente la implementación de industrias ineficientes que de paso generan residuos nucleares peligrosos para la población y la posibilidad de colisiones de graves y negativos efectos ambientales. De ahí que la inquietud de diversos grupos sociales promuevan la revisión constante de las instalaciones de la única planta nucleoeléctrica y su desmantelamiento hasta en tanto su vida útil haya terminado.

Por su parte, el sector de las energías renovables está adquiriendo una dimensión económica muy relevante y el sector empresarial también ha comenzado a participar activamente. Incentivar la eficiencia energética y las energías renovables además de proteger el medio ambiente y de contribuir a la suficiencia energética, servirá para potenciar un sector empresarial en auge e impulsar el desarrollo económico en ese rubro.

Estos sectores constituyen también una fuente de trabajo inexplorada tanto directa como indirectamente. La necesidad de mano de obra en estas áreas es muy superior a la empleada en las energías convencionales, mas no por ello, se afectarán los derechos de los trabajadores que actualmente laboran tanto en la CFE como en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Al respecto, los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, les manifestamos que no deberán preocuparse por la estancia en sus empleos o la falta de cumplimiento de los contratos colectivos de trabajo. Si la industria eléctrica basa primordialmente su generación en combustibles fósiles, y dado que las aproximaciones más optimistas proporcionan al Estado mexicano la conservación de sus reservas petroleras en poco menos de sesenta años de las que basa cerca del 60 por ciento la generación, entonces, la misma necesidad de prever a largo plazo la producción de energía eléctrica, no puede partir de fuentes contaminantes, para evitar el aceleramiento de los efectos del cambio climático, ni de aquellas fuentes basadas en combustibles fósiles.

Las nuevas tecnologías permiten ya hoy mantener bienestar y prestaciones con enormes ahorros de energía. El Club de Roma ha denominado "factor 4" a las posibilidades que ofrece la técnica de lograr similar bienestar con tan sólo una cuarta de energía o materias primas.

El Plan Energético Nacional deberá considerar como uno de sus objetivos principales la reducción del consumo energético para el año 2000 y el siglo que se avecina.

Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que lejos de partir única y exclusivamente de un crecimiento sostenido en la producción de energía, tal y como lo propone el Presidente de la República en la mencionada iniciativa de reformas a la Constitución, debemos sujetarnos a una política de desarrollo sustentable. Por ello, debemos adoptar a la par que una política energética nueva, un Programa Nacional de Ahorro en el Consumo de Energía, en el que participen todos los integrantes de la sociedad en sus distintos sectores público, privado y social.

De esta forma, la Constitución General de la República guardará la congruencia debida con aquellas otras reformas y adiciones a los artículos 4 y 25 en donde se establecen el derecho fundamental de los habitantes de la República de gozar de un medio ambiente sano y donde el Estado cumpla la obligación de adaptar el modelo de desarrollo dentro de estándares sustentables.

Se suele decir, con buena parte de razón, que la energía más cara es la que no se tiene. No se concibe el desarrollo económico sin el abasto garantizado de electricidad. El marco jurídico no puede ni debe ser obstáculo para alcanzar estos propósitos; antes bien, es instrumento eficaz para lograrlos. Es responsabilidad del legislador prever y anticiparse a los acontecimientos, adecuando dicho marco. Posponer la solución de la problemática que nos aqueja es agravarla, complicarla y, en gran medida, imposibilitarla.

La inserción de México en el contexto mundial nos ha llevado a una dinámica en donde la competitividad es un factor creciente, la tecnología es de avanzada y los recursos a invertir son escasos. Como nunca antes, la realidad mundial nos llama a tomar decisiones, con todos los retos y exigencias que ello implica.

El sector energético de nuestro país, a lo largo de la historia, ha logrado construir instituciones sólidas y empresas que son orgullo de la nación. Éstas han logrado mantenerse como sustento de nuestra economía y del bienestar de las personas.

De manera general, el reto energético se traduce en construir en los próximos años infraestructura de la misma dimensión con la que contamos hoy en día. La política energética no es un mero instrumento de la política macroeconómica sino base insustituible del desarrollo.

Los desafíos de la modernidad se han manifestado en el aumento de la demanda de los bienes y servicios energéticos. En los últimos años hemos observado en diversos países del mundo, incluso en economías altamente desarrolladas, profundas crisis por desabasto, por falta de inversiones o por concepciones equivocadas de políticas públicas.

México no está exento de ver interrumpida su capacidad de crecimiento y desarrollo por falta de electricidad. Aun cuando tenemos la potencialidad, carecemos de un marco institucional que permita un desarrollo más dinámico del sector, acorde con las necesidades y exigencias del país.

La estructura actual del sector eléctrico mexicano no responde a nuestras necesidades como nación. En los últimos años la tasa de crecimiento de la demanda por energía eléctrica en México ha sido mayor que la tasa de crecimiento del PIB y se estima que para las próximas décadas se mantenga esta tendencia. Por lo tanto, el Estado actualmente tiene que destinar un volumen creciente de recursos al sector para asegurar el abasto, lo que va en detrimento de recursos que deberían ser utilizados para necesidades apremiantes como el gasto social en educación, salud, agua y combate a la pobreza.

En las condiciones actuales, el Estado no tiene la posibilidad de continuar financiando el crecimiento de la demanda por energía eléctrica con recursos fiscales, ni es deseable recurrir a esquemas de deuda pública o a contratos de largo plazo que signifiquen un importante pasivo contingente para el Gobierno federal. Así mismo, la antigüedad de parte importante de la infraestructura eléctrica existente, aunada a los bajos márgenes de reserva en el sistema eléctrico nacional durante los dos últimos años, son indicadores muy claros de que el sector requiere una urgente modernización integral y, por lo tanto, recursos aun mayores.

Hoy queremos construir una política energética de Estado sustentada en la preservación de nuestra soberanía, disponiendo de los recursos naturales de la nación para asegurar su autonomía en un mundo global, bajo la inequívoca rectoría del Estado, haciendo posible en el corto y largo plazos, el acceso y abasto pleno a insumos energéticos para toda la población y con la debida protección al medio ambiente.

Para avanzar, debemos dotar al sector energético de instituciones y marcos regulatorios sólidos y modernos, con empresas públicas eficientes, capaces de crecer y competir, y que aprovechen las ventajas comparativas de México.

La complementariedad de la inversión privada y social respecto de la inversión pública no significa renunciar ni hacer nugatoria la responsabilidad del Estado. Las nuevas tecnologías y el desarrollo de modernas formas de organización industrial y regulación permiten, bajo un marco legal transparente, la participación de todos los sectores de cara al reto energético. Tenemos que reconocerlo, la falta de recursos suficientes, así como la oportunidad de éstos para la inversión es un riesgo real para la soberanía de México.

Las empresas públicas en esta materia han tenido –y seguirán teniendo– una función vital en el desarrollo económico de México. En las nuevas circunstancias mundiales y nacionales, es necesario revisar el marco jurídico que regula sus actividades y que están obstaculizando su pleno desarrollo.

Las nuevas políticas públicas requieren de mayores recursos que renueven la capacidad real para programar con certidumbre el crecimiento de las empresas del sector energético. La autonomía de gestión, con un adecuado control corporativo de las empresas, será indispensable para favorecer su sano crecimiento e incrementar su contribución al desarrollo del país. Debemos garantizar empresas viables y finanzas públicas sanas. Es necesario adoptar estrategias que aumenten su competitividad y la eficacia de los servicios que ofrece mediante el establecimiento de reglas claras, sencillas y permanentes, rendición de cuentas y una infraestructura adecuada que permita realizar sus actividades dentro de un sistema de autonomía de gestión.

Sin duda, un medio de incrementar la eficacia de las empresas públicas es el desarrollo de mercados competitivos en los que participan como usuario, comprador y proveedor de servicios. Con todo y los riesgos, se ha demostrado que los mercados competitivos resultan más eficientes en todos los órdenes que los mercados oligopólicos o monopólicos. El objetivo a corto plazo es que las empresas públicas se modernicen y funcionen con criterios de calidad total que permitan consolidar una mayor autonomía energética de largo plazo en el país.

La industria eléctrica ha experimentado grandes transformaciones para enfrentar los diferentes retos del sector. Su historia inició a finales del siglo XIX, especialmente en los sectores textil y minero. No había entonces un marco jurídico que la regulara. Debemos reconocer en la iniciativa privada a los pioneros por su inventiva y su perseverancia para desarrollar plantas hidroeléctricas - algunas de las cuales aún hoy funcionan- y proyectos de alumbrado público.

En los años veinte se creó la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de Generación y Fuerza para regular el funcionamiento de la industria eléctrica. En 1926 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se promulgó el Código Nacional Eléctrico. En 1934 se reformó la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgarle facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de energía eléctrica.

Durante la administración del General Lázaro Cárdenas se fortaleció la participación del Estado en la economía. El sector eléctrico no fue la excepción y en 1937 se creó la Comisión Federal de Electricidad. Desde ese momento el Estado inició su participación activa en el desarrollo de la infraestructura eléctrica.

El 14 de agosto de 1937 se expidió la Ley de la Industria Eléctrica con el propósito de normar las distintas fases de producción de la electricidad, de estimular el desarrollo de la industria y de modificar el otorgamiento de concesiones.

El aumento de la población y el proceso de industrialización y de urbanización demandaban más electricidad en todo el territorio nacional. Desarrollar un sector energético nacional e independiente, que garantizara el suministro de electricidad, era una situación que todos los países enfrentaban de manera similar, dando al Estado la responsabilidad de conducir y planear el desarrollo del sector.

La nacionalización de la industria eléctrica en 1960 es un acontecimiento sobresaliente que marca el desarrollo y la orientación de este sector hasta la actualidad. En congruencia, ante las necesidades y condiciones en aquel entonces existentes, el Estado asumió su responsabilidad de realizar un mayor esfuerzo para tratar que todos los mexicanos contaran con este servicio; atender la creciente demanda que se genera en el campo, la industria, las comunicaciones, el transporte; y abastecer a la población urbana y rural.

A principios de la década de los sesenta, las empresas encargadas de la generación y suministro eléctrico atendían únicamente a los centros de población que les aseguraban rentabilidad, mientras que la Comisión Federal de Electricidad avanzaba en la cobertura del servicio y en la ampliación de la infraestructura de transmisión. No obstante, gran parte de la población carecía de los servicios de electricidad.

Pasada la nacionalización de la industria eléctrica, la inversión de Comisión Federal de Electricidad creció en forma acelerada. Junto con el trabajo comprometido de los trabajadores electricistas, la expansión del Sistema Eléctrico Nacional fue una realidad. En el periodo de 1965 a 1969, la inversión pública aumentó en 7.9 por ciento. Entre 1970 y 1982, su porcentaje de incremento superó al registrado en la inversión pública total.

Como ocurrió con toda la inversión pública realizada durante la década de los setenta, la Comisión Federal de Electricidad financió su expansión a través del endeudamiento. Esta situación se conjugaba con el rezago en la estructura de precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público. A partir de 1973 se hacen esfuerzos por ajustar las tarifas para alcanzar un equilibrio entre precio y costo.

Para 1982 se ven transformaciones notables en la política del sector eléctrico. En el mes de diciembre se modificaron los artículos constitucionales 25, 26 y 28 para quedar plasmados los siguientes compromisos: al Estado le corresponde la rectoría económica; el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; el Estado tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que determina el artículo 28.

El sector eléctrico, al ser definido como área estratégica, ratificó su carácter de monopolio estatal. Inmediatamente después, el gobierno adoptó una serie de medidas para lograr la rehabilitación financiera del la Comisión Federal de Electricidad, entre las que destacaron: incrementos de las tarifas, limitación al endeudamiento del sector al 50 por ciento de su inversión, para realizar el otro 50 por ciento con recursos propios; reestructuración de pasivos y capitalización por parte del Gobierno federal.

En el Plan Nacional de Desarrollo, publicado en 1983, se exponen los objetivos, propósitos y metas que el sector eléctrico pretende alcanzar en el sexenio. Un año después, en el Programa Nacional Energético 1984-1988, se especifican los problemas principales: el alto consumo de energía por unidad de producto, la gran dependencia energética de hidrocarburos, la ausencia de servicios eléctricos para el 25% de la población, y el enorme déficit financiero de la Comisión Federal de Electricidad.

En la búsqueda de una solución a la falta de recursos estatales para incrementar la capacidad de generación y apoyar el desarrollo económico, en 1992 se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para abrir posibilidades de inversión, aunque limitadas, a la participación privada, en las actividades de generación de electricidad bajo las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción y producción independiente. Además, se creó la Comisión Reguladora de Energía para atender la regulación de los generadores privados y la adquisición de energía eléctrica que se destinase al servicio público.

En febrero de 1994, Luz y Fuerza del Centro se constituyó como un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Febrero de 1999 marca una fecha importante en la historia de la industria eléctrica. Los entonces encargados de la política energética del país incluyen por primera vez en la agenda nacional los problemas que enfrentaría el sector de no contar con inversiones para cubrir las necesidades de abasto en los años siguientes.

El México de hoy, hemos de reconocerlo, enfrenta el reto de procurar mantener niveles de inversión crecientes. Se requieren recursos para adicionar capacidad de generación, para expandir las redes de transmisión y distribución, para dar mantenimiento óptimo a la infraestructura, así como para repotenciar algunas plantas ya existentes, con el objetivo de garantizar el abasto oportuno de energía y continuar expandiendo la cobertura del Sistema Eléctrico Nacional. Las necesidades de inversión en el sector son una realidad independientemente de la evolución de la economía.

En la actualidad, las condiciones del sector eléctrico mexicano nos muestran que más del 45 por ciento de la infraestructura, tanto de generación como de transmisión y distribución, cuenta con una antigüedad de entre 16 y 30 años. Por este motivo, será necesario llevar a cabo una tarea de repotenciación de plantas antiguas, además de modernizar y expandir las redes de transmisión y distribución.

El deterioro de la infraestructura del sector eléctrico se ha traducido en un servicio que, en los momentos de demanda máxima, no cuenta con la calidad y confiabilidad que merecen los mexicanos para su desarrollo personal y para el del país. Dicho deterioro se ha reflejado también en las empresas del sector, las cuales no han alcanzado los niveles de costo y productividad deseables.

Hoy en día, la relación precio/costo se encuentra en 71 centavos por cada peso para la Comisión Federal de Electricidad y en 49 para Luz y Fuerza del Centro, lo que significa una pérdida en rentabilidad.

Para los próximos diez años se requerirá la instalación de más de 32,400 megawats de capacidad de generación, equivalente al 86 por ciento de la capacidad con que contamos actualmente.

Al recoger las inquietudes y preocupaciones de la colectividad nacional y reconocer lo que el sector eléctrico representa, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del Senado de la República formula la presente iniciativa de reforma que, al tiempo de proponer una alternativa innovadora para capitalizar el sector eléctrico, no es ajena al sentir social y ratifica expresamente la rectoría del Estado.

En los últimos tiempos se ha discutido ampliamente la política de subsidios que instrumentan las compañías de electricidad. Necesitamos redefinir nuestras prioridades; debemos pasar de los subsidios generalizados a subsidios orientados para beneficiar a quienes realmente lo necesitan. Se trata de focalizar y transparentar los subsidios para asegurar que su impacto tenga repercusiones positivas en el nivel de vida de las familias y los sectores productivos. El Estado no abandonará sus objetivos sociales dentro de la política energética; es un compromiso y una convicción compartida por la sociedad en su conjunto.

Asimismo, el sector público asegurará el abasto de energía eléctrica a la población de las comunidades que menos recursos tienen e invertirá para llevar el suministro eléctrico a las zonas marginadas. Los tres niveles de gobierno deberán avanzar para que la cobertura de los servicios eléctricos siga creciendo.

Confiamos, además en el compromiso puntual de sus trabajadores y sus organizaciones sindicales para instrumentar programas que mejoren la calidad y productividad de las mismas.

Debemos actuar con visión y patriotismo para atender las urgentes necesidades de la industria eléctrica.

Por lo anterior, y con base en todo lo que aquí se ha señalado, proponemos una reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos permita transitar, de un servicio prestado en forma exclusiva por el Estado, a un servicio que sume los esfuerzos de las empresas de los sectores público, social y privado, bajo la rectoría del Estado, en congruencia con los principios consagrados en los artículos 25, 26 y 28 de la propia Constitución.

Actualmente, el sexto párrafo del artículo 27 confiere al Estado en forma exclusiva la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. La presente iniciativa plantea modificar el texto de dicho párrafo, a efecto de que las empresas de los sectores social y privado puedan concurrir con las entidades del sector público a la ampliación de la capacidad de generación, así como al crecimiento de la infraestructura de transmisión y distribución y a la prestación de los servicios de energía eléctrica.

Extender la apertura a la participación de los sectores social y privado en la industria, más allá de lo que marca la legislación vigente, se puede fundamentar en el hecho de que en la actualidad diversos campos de dicha industria, principalmente en las áreas de la generación y la venta de energía, ofrecen oportunidades para el capital social y privado. En estos términos, ya no será necesario que el Estado sea el único que atienda todas las necesidades derivadas de la provisión del servicio público de electricidad.

El Sistema Nacional de Transmisión está integrado por las redes de conducción de electricidad en alta tensión que interconecta las plantas de generación con los sistemas de distribución en prácticamente todo el territorio nacional. Por ser la columna vertebral de la industria eléctrica, dicho sistema se mantiene bajo el dominio del Estado.

La operación, planeación y el control del Sistema Nacional de Transmisión, así como su mantenimiento, continuarán a cargo del sector público de manera exclusiva, así como la generación nucleoeléctrica. A excepción de las actividades mencionadas, en las demás actividades de la industria eléctrica podrían participar los sectores social y privado, pero siempre bajo la rectoría del Estado.

Con esta reestructuración, se introduce competencia en las actividades de generación y en la comercialización, que estarían sujetas a un régimen de permisos.

Estamos proponiendo un artículo transitorio en el cual se expresa que la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro no requieren asignación ni concesión alguna para continuar atendiendo las zonas de distribución de energía eléctrica en las que actualmente prestan el servicio. Con esta disposición queda plenamente garantizado el respeto a las empresas públicas y a sus trabajadores. Se trata de que en el futuro haya una apertura en el mercado de energía eléctrica para los usuarios calificados a fin de dar certidumbre en el abasto y en la eficiencia del servicio.

El nuevo marco jurídico busca la autosuficiencia económica y financiera del sector, así como la rentabilidad de las empresas del Estado, no sólo en su propio beneficio y en el de sus trabajadores, sino también para brindar a los nuevos inversionistas la certeza de que el Estado no generará distorsiones que vulneren la equidad en el nuevo marco competitivo. Todo lo anterior redundará, en última instancia, en un mejor servicio a los usuarios, en beneficio de la economía del país y en un mejor nivel de vida para los mexicanos.