Además, las autoridades impusieron una multa de 156 mil 474 pesos al establecimiento.

Virginia Jaramillo, jefa delegacional, quien aseguró que la disposición no violentó la ley, dijo que su gobierno dio un plazo a la empresa para desocupar el inmueble, y el lugar debe quedar vacío a las 13:00 horas de hoy.

Explicó que no se clausuró en su totalidad, debido a que en su interior se encontraban huéspedes y empleados; "si colocábamos los sellos en todas las puertas, nos podían acusar de secuestro".

Dijo que nunca se consideró el uso de la fuerza pública, ya que hay buena disposición del personal del establecimiento para acatar la orden de la autoridad.

La clausura y la multa se derivaron porque este hotel no subsanó 15 de las 16 irregularidades que le fueron detectadas en la visita de verificación del 8 de febrero pasado, como la falta de un programa interno de protección civil, de documentación oficial para justificar los 3 mil metros que hay de más en la construcción, por carecer de licencia de funcionamiento para dos bares, así como no contar con señalamientos para salidas de emergencia y no contar con una carta del menú con escritura Braille, por mencionar algunas.

La única anomalía que se subsanó fue la falta de cajones de estacionamiento, ya que el hotel presentó un contrato de arrendamiento de un predio contiguo para cumplir con la norma.

Recordó que la verificación fue producto de quejas ciudadanas y del gobierno capitalino, por presuntas anomalías del lugar, sin embargo, esto se relacionó a raíz de la expulsión que hizo el hotel a una delegación de cubanos, por orden del gobierno de Estados Unidos.

Al mediodía, Jaramillo convocó a una conferencia de prensa para anunciar que minutos más tarde realizaría la clausura definitiva del establecimiento, el cual se llevó a cabo sin violencia y ante la sorpresa de empleados y huéspedes.

Alonso Rojas, director general de Jurídico y Gobierno de la demarcación, argumentó que pese a que el Sheraron contaba con una suspensión provisional, ésta no impedía los actos de autoridad, como la clausura, ya que no se puede pedir protección contra hechos no realizados.

En tanto, Laura Caneta, directora de Relaciones Públicas de América Latina del hotel, declaró que no fueron notificados oficialmente de la clausura, la cual la recibieron de forma sorpresiva, ya que, dijo, se había cumplido con todos los requerimientos que la delegación les había solicitado.

Informó que los abogados comenzaron a analizar las acciones jurídicas y administrativas que llevarán a cabo, además de que se evalúa el impacto de esta acción en la actividad turística de la ciudad de México.

Esta situación provocó reacción entre autoridades y empresarios, quienes dijeron que esto podría afecta la imagen que a nivel internacional tiene México como destino turístico, consideraron que hay otras medidas antes del cierre y se mostraron optimistas de que no haya cancelación de inversión extranjera en el sector.

Rodolfo Elizondo, secretario de Turismo federal, ofreció que la dependencia a su cargo, como cabeza de sector, realizará las investigaciones que deban realizarse y dijo que la clausura no era el "último recurso, porque en un centro de trabajo de esa naturaleza, la clausura perjudica más que una sanción", debido al tipo de trabajo que se realiza.

Jesús Náder, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) consideró que había otras soluciones, antes de la clausura y dijo que se trata sólo de un acto de revancha de la delegada.

Alejandro Encinas, jefe de Gobierno del Distrito Federal, se deslindó de esta decisión y aseguró que se trata de una atribución de la delegación, no obstante, consideró que mientras esté vigente el amparo que le otorgaron a esa empresa de origen estadounidense, se debe respetar.

Por su parte, Joel Ortega, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, informó que no habrá apoyo para el resguardo del hotel, en tanto no haya un mandamiento judicial expreso.

Precisó que no enviará policías para el resguardo o algún desalojo que hubiera de las instalaciones.

Indicó que aunque la delegación puede aplicar sellos y hacer efectiva la multa, no puede impedir el ingreso de huéspedes o en su caso el desalojo.