Mal hace el gobierno mexicano en pasar por alto el verdadero origen de este acontecimiento: la motivación permanente del gobierno estadounidense para cumplir un bloqueo casi total hacia Cuba, sin importar las transgresiones jurídicas, diplomáticas y de derechos humanos que implique.

¿Qué fue lo que activó la alerta del gobierno de Estados Unidos respecto del encuentro entre un grupo de cubanos y estadounidenses en México? ¿Fue el simple encuentro? No al parecer. En el marco de la Cumbre Energética entre Cuba y Estados Unidos para analizar las posibilidades de inversión en materia petrolera en aguas territoriales de la isla caribeña, se realizaba un encuentro, no el primero, con empresarios estadounidenses dedicados a esta actividad, el mismo negocio de la familia Bush y del vicepresidente Richard Cheney.

Estas conversaciones representan un desafío a lo dispuesto en la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, mejor conocida por los apellidos de sus principales promotores, el senador republicano Jesse Helms y el representante demócrata Dan Burton, que tiene como propósito último restringir la cooperación y el comercio con Cuba para acelerar la caída del gobierno de Fidel Castro.

El céntrico hotel ubicado a un costado de la embajada de Estados Unidos, en la ciudad de México, recibió una orden de su matriz en aquel país, Starwoods Hotel and Resorts Worldwide, para acatar las disposiciones sugeridas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y cancelar cualquier servicio prestado a la delegación cubana, apresurando su salida inmediata del inmueble.

Sin rubor alguno, el vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack, justificó plenamente lo ocurrido, en virtud de que las leyes de su país, a decir de él, se aplican a las corporaciones de ese país y a sus subsidiarias, estén donde estén. En síntesis, el mundo entero es jurisdicción de las leyes de Estados Unidos mientras ahí exista una corporación, oficina o ciudadano estadounidense.

La respuesta del gobierno federal ha sido tibia, deliberadamente contenida bajo el matiz de prudencia gubernamental. El argumento para no emprender ninguna acción de carácter diplomático por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es que en ningún momento se vulneró la soberanía, ya que se trató de la aplicación de una norma extranjera por parte de un hotel perteneciente a un corporativo y no desde un gobierno extranjero. Para la Cancillería mexicana, un intercambio verbal que para desalentar la aplicación de normas jurídicas de manera extraterritorial es suficiente.

No se trata de sobredimensionar el hecho nada más porque sí, pero tampoco de soslayar lo que resulta evidente y por lo menos incómodo para el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada. La debilidad del respeto a las leyes en nuestro país da paso a una acción por demás inadmisible: la discriminación y restricción del derecho de libre reunión, todo derivado de una orden de una entidad gubernamental estadounidense, como es el Departamento del Tesoro, que es ejecutada en nuestro país con conocimiento pleno de la violación a diversas leyes mexicanas y que, sin embargo, se realiza sin la menor preocupación de las implicaciones jurídicas o diplomáticas.

El derecho diplomático establece que una nota diplomática es un comunicado destinado a informar de un hecho o de una decisión importante, enviada por un sujeto de derecho internacional a otro. En el caso de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores es la dependencia que envía las notas diplomáticas por mandato del Ejecutivo federal. Este suceso debe considerarse lo suficientemente importante para realizar una nota de este tipo, ya que el origen de la petición expresa para el retiro de la delegación cubana del hotel se generó en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a sabiendas que contraviene directamente las disposiciones jurídicas de nuestro país y también del derecho internacional.

Es preciso hacer valer las leyes mexicanas y aplicarlas con todo rigor, y que una solicitud de un gobierno extranjero acatada por un consorcio o filial debe atender la pertinencia legal de su aplicación en nuestro país. En México existe una Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual ha sido transgredida, así como fueron incumplidas la Ley Federal del Consumidor, la Ley Federal de Turismo, la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional, que aplica desde 1996, por citar sólo algunas.

El gobierno del presidente Vicente Fox gusta de suavizar el tono cuando de la Casa Blanca se trata y, como en este caso, opta por reducir el nivel del problema, pero lo hace de espaldas a la realidad mayoritariamente aceptada, que percibe un flanco más en la vulnerable y errática política exterior mexicana de esta administración. El Ejecutivo mexicano es capaz de acusar de espionaje y reducir a su mínima expresión diplomática las relaciones con el gobierno cubano, pero es incapaz de elevar su condena al mínimo nivel de una nota diplomática por lo ocurrido a plena luz en el hotel María Isabel.

La sociedad mexicana, en su mayoría, condenó el maltrato que recibieron los integrantes de la delegación cubana, porque es evidente que no corresponde aceptar ninguna disposición que tiene como principio limitar los derechos humanos y el libre encuentro en nuestro territorio, además de rechazar las pretensiones injerencistas y la aplicación extraterritorial de cualquier ley extranjera, venga de donde venga.

Senador de la República (PRD)