Una delegada del gobierno del Distrito Federal, Virginia Jaramillo, descubrió súbitamente por obra y gracia de "quejas vecinales" que el hotel Sheraton María Isabel no tenía un menú en braile en sus restaurantes, que dos de sus bares carecían de la licencia respectiva, que el estacionamiento estaba por debajo de las necesidades del hotel y que había hecho una construcción no autorizada en una superficie de 3 mil metros cuadrados. Atendiendo esas "quejas", ordenó ipso facto una investigación y sentenció a priori que en tres semanas clausurará el inmueble. ¿Veloz, la delegada Jaramillo? A nadie engaña. La perredista es una incompetente y, sobre todo, oportunista.

Las deficiencias del hotel las debió haber contemplado en las visitas de rutina que se supone deben hacer sus funcionarios delegacionales, y a nadie escapa que su acción es un acto de represalia administrativa porque ese hotel decidió expulsar a 16 cubanos de sus instalaciones, acatando una exigencia del gobierno de Estados Unidos. Pero el problema de fondo no es que la delegada y sus patrones en el PRD sean unos aventureros frente a un nuevo diferendo político y diplomático entre México y Estados Unidos derivado de la acción del hotel, sino de las consecuencias internacionales que este fundamentalismo tropical y visión estrecha traen consigo.

Para entender el daño que trae esta iniciativa habría que disipar un poco el humo. El María Isabel pertenece ahora a la firma Sheraton, que es una de las cadenas propiedad de Starwood, uno de los consorcios hoteleros más importantes del mundo. Cuando hace más de cuatro décadas se empezó a construir -como Hilton María Isabel-, los 70 mil metros cuadrados fueron adquiridos en el mismo paquete que una superficie similar que se escogió para la Embajada de Estados Unidos. Hoy en día, el Sheraton María Isabel es el único hotel propiedad estadounidense, pues el Sheraton Centro Histórico es una franquicia que se dio a mexicanos.

Al ser una propiedad total estadounidense, a Starwood le debe haber sido fácil enviar desde su matriz en Phoenix la instrucción a su gerente local de suspender un evento con empresarios estadounidenses y expulsar a los ciudadanos cubanos de sus instalaciones en México, aplicando una ley estadounidense que data de 1992 que prohíbe "negociar con el enemigo", de acuerdo con un fallo de la época de la Suprema Corte de Justicia de ese país que autoriza la aplicación extraterritorial de sus leyes.

El principio de extraterritorialidad de las leyes estadounidenses es absolutamente inadmisible, pero la decisión de la firma Starwood tampoco viola la soberanía mexicana, entendida ésta como la capacidad de un Estado para tomar sus decisiones en forma autónoma e independiente. Expulsar a los cubanos fue una exigencia de Washington a Starwood, no de Washington al gobierno de nuestro país. Pero esto tampoco es un asunto entre particulares, puesto que la acción de Starwood sí viola varias leyes mexicanas. El hotel Sheraton María Isabel puede ser juzgado en tribunales mexicanos con plena libertad por haber violentado, para empezar, la Cláusula Calvo, que es una jurisprudencia mexicana del Derecho internacional donde "los extranjeros que adquieren bienes, de cualquier naturaleza en la República Mexicana, aceptan por ese mismo hecho, considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y no invocar la protección de su gobierno, en caso contrario, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido".

Esta cláusula obliga a toda empresa extranjera en México a sujetarse a las leyes nacionales y, de no hacerlo, asumir las consecuencias, que es lo que tendrá que enfrentar el hotel Sheraton María Isabel.

Esto no justifica los lances del gobierno perredista capitalino. Al contrario. No sólo sobran, sino son verdaderamente tan peligrosos para su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, con fama internacional de ser un irrespetuoso del marco legal de la sociedad, como para México mismo. La acción de la delegada Jaramillo no demuestra dignidad ni defensa de ningún interés nacional sino una mojigatez ignorante que extiende la percepción del irrespeto por las leyes -paradójicamente bajo la mascarada de aplicación de la ley-, y envía una pésima señal al mundo al mostrar la flexibilidad, laxitud y discrecionalidad con la que se emplean los recursos legales en México. Si ella hubiera actuado en contra del hotel sin el contexto de los ciudadanos cubanos expulsados, la racionalidad habría señalado una adecuada aplicación de la Ley; al hacerlo post, lo que muestra es la vendetta clientelar y la amenaza permanente a cualquier empresario o ciudadano de que, si es necesario para fortalecer alianzas políticas, la ley es un instrumento desechable.

Uno de los problemas torales que ven en contra de México en el mundo, y en particular los inversionistas, es la falta de garantías jurídicas en este país. En este sexenio el mal manejo que hizo el presidente Vicente Fox Quesada del caso de la aseguradora holandesa ING, aparentemente para beneficiar a un protector de su familia inmediata, provocó una desconfianza en amplios sectores de inversionistas que impidió un mayor flujo de capital extranjero en la economía mexicana. El que el gobierno perredista actúe de esta manera contra otra empresa extranjera, no hace más que ratificar que el irrespeto a la ley es lo único que el continuismo cultural en la política mexicana puede prevalecer en el siguiente sexenio. Quizá no nos hemos dado cuenta plena de ello, pero la falta de garantías jurídicas y manejo discrecional de la ley impide que sea tomado México como un país que realmente ha logrado transitar a la democracia, manteniendo fuertes resabios de algo que afirmamos mentirosamente haber superado: el autoritarismo.