La expulsión de un grupo de cubanos del hotel Sheraton es un hecho vergonzoso. Nadie puede ser expulsado de un lugar como ése por causa de su color de piel, credo religioso, inclinaciones sexuales, equipo de futbol favorito o nacionalidad, pues en ese caso se incurre en violación del artículo primero constitucional en tanto que se atenta "contra la dignidad humana" y se anulan o menoscaban los derechos y libertades de las personas. Por eso, hechos como ése merecen sanciones de acuerdo con nuestro marco legal.

Lo lamentable es la cadena de reacciones que suscitó un hecho que debió verse con prudencia republicana. Primero la Cancillería, en lugar de guardar silencio y analizar los hechos en frío, declaró que se trataba de un asunto entre particulares, lo que lastimó fibras sensibles de los sectores más nacionalistas. Luego, voceros del PRD, el PRI y hasta del PAN lo mismo que legisladores, periodistas y líderes sociales levantaron la voz para exigir que el gobierno mexicano presentara ante Washington una enérgica protesta, casi una declaración de guerra, pues a su juicio el honor nacional había sido mancillado.

Por supuesto, es irritante para la comunidad internacional que Estados Unidos apruebe leyes con la pretensión de observancia universal, como las que prohíben todo trato comercial con Cuba. Pero no se crea que el país vecino es el único que incurre en ese despropósito. Los mexicanos también contamos con disposiciones jurídicas que pueden resultar molestas y hasta inaceptables en otros países.

Los ejemplos son varios, pero baste decir que la Constitución prohíbe que un mexicano por naturalización utilice un pasaporte de otro país ¡en otro país! Se trata de un caso frecuente, pues no son pocos los que siguen empleando el documento de viaje del país de origen para ingresar en ese mismo país o para entrar sin complicaciones en territorio de otros Estados. Resultaría estéril y hasta ridículo desplegar un mecanismo de vigilancia para evitar el empleo de documentos migratorios extranjeros, pero lo cierto es que la prohibición, de carácter extraterritorial, existe en el artículo 37 de la Constitución.

En la misma situación pueden estar los abogados que se propongan llevar hasta la última instancia su defensa del Hotel María Isabel Sheraton, pues "la ciudadanía mexicana" se pierde "por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional". ¿Y qué tal si el caso llega hasta alguna instancia jurídica fuera del territorio nacional?

Lo anterior significa que cada país puede dictar restricciones a sus connacionales que se hallen en el extranjero o disponer que cuentan con inmunidad más allá de sus fronteras. Pero son como las llamadas a misa. Durante varios años, los gobiernos mexicanos respondían indignados a la "certificación" que extendía la Cámara de Representantes en lo referente a la lucha contra el narcotráfico. Cuando México salía reprobado se producían declaraciones flamígeras contra la incomprensión de los vecinos, pero cuando la certificación nos trataba como chicos bien portados entonces se veían amplias sonrisas de satisfacción de nuestras autoridades.

Lo procedente hubiera sido, en una u otra situación, sencillamente ignorar las determinaciones del Capitolio y atenernos a nuestras leyes y procedimientos, pero lo cierto es que aquí suelen tomar demasiado en serio las disposiciones de tufo injerencista que allá se adoptan, generalmente para sus ajustes de cuentas y por razones de política interna.

De acuerdo con el periódico The Miami Herald, la expulsión de funcionarios cubanos del Sheraton es "un incidente directamente salido de la escuela de diplomacia de Los Tres Chiflados" y ocurrió "a instancias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos". Desde luego, dan ganas de decir que lo primero es cierto porque lo segundo está confirmado. Cabe, pues, una protesta ante Washington por la intromisión.

Cuando la protesta diplomática no cabe, hechos de esta naturaleza sí requieren de respuesta política que no involucre al gobierno nacional. Eso precisamente fue lo que ocurrió cuando una funcionaria menor, la delegada en Cuauhtémoc, clausuró la citada hospedería y lo mismo deberían hacer otras dependencias del poder público que deben sancionar por la violación a diversas normas.

Cuentan que el presidente Adolfo López Mateos, cada vez que se producía una declaración antimexicana u ocurría un hecho ofensivo pero contra el cual no podían interponerse recursos oficiales, solía llamarle a su amigo Vicente Lombardo Toledano, con quien comentaba lo sucedido. Un rato después, una brigada de la Juventud Popular Socialista estaba apostada frente a la embajada de Estados Unidos, de donde, luego de gritar consignas antiyanquis, era retirada por la fuerza pública. De esta manera, todos estaban en su papel y los hechos no quedaban sin respuesta. Eran tiempos en que tanto en el poder como fuera de él había políticos que sabían hilar fino.