"Es un asunto entre particulares por lo que la cancillería no va a intervenir".

Secretaría de Relaciones Exteriores, 5 de febrero del 2006

Bien hace el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Alejandro Encinas, en considerar la posibilidad de sancionar al Hotel María Isabel Sheraton por haber expulsado a los miembros de una delegación cubana que participaban en una reunión el pasado fin de semana. Mal hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores encabezada por Luis Ernesto Derbez en lavarse las manos del tema en un principio al emitir una declaración en que afirmaba que esto era un asunto entre particulares.

No lo es. Estamos ante un nuevo caso de un gobierno extranjero que pretende aplicar su ley en nuestro país de manera extraterritorial. Y esto es inaceptable para cualquier nación que se precie de su soberanía.

México nunca ha reconocido la Ley Helms-Burton de los Estados Unidos que permite la aplicación de sanciones a empresas estadounidenses fuera de la Unión Americana que realicen actividades comerciales con cubanos. Pero al acceder a que se lleve a cabo una acción tan pública como la expulsión de un grupo de funcionarios cubanos del Sheraton simplemente por ser cubanos se está tácitamente aceptando la aplicación de esa ley en nuestro país.

El Hotel María Isabel Sheraton cometió varias violaciones a la ley mexicana al expulsar a estos funcionarios cubanos. En primer lugar quebrantó el artículo primero de la Constitución mexicana, que prohíbe discriminar a cualquier individuo por su origen étnico o nacional. Cometió también un fraude al consumidor al haber aceptado un pago por un servicio que después se negó a proporcionar.

Las autoridades locales y federales deben tomar cartas en el asunto. Si nosotros permitimos que las empresas que operan en nuestro país se rijan por leyes distintas a las de nuestra república estaremos renunciando a la soberanía nacional.

No es una cuestión de derechas o de izquierdas. En el pasado hemos aceptado ya la aplicación extraterritorial de la ley de otros países en causas "progresistas". Lo hicimos con el gobierno español cuando aceptamos extraditar a España a un argentino, Ricardo Miguel Cavallo, acusado de tortura en su propio país. El extraño argumento del juez español Baltasar Garzón, que vergonzosamente aceptó nuestro país, era que la justicia de España -quizá por ser una vieja potencia colonial- tiene jurisdicción internacional. Ésta es la misma actitud que prevalece en Washington cuando se pretende con la Ley Helms-Burton que las empresas estadounidenses violen la legislación de los países en que operan.

Para defender la soberanía nacional, especialmente frente a los poderosos, es indispensable actuar con firmeza y valentía. Y eso es algo que les ha faltado a nuestras autoridades. En el caso en particular de la expulsión de los funcionarios cubanos del Sheraton, una declaración inicial de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 5 de febrero, que afirmaba que la Cancillería no podía tomar cartas en el asunto, revelaba una cobarde aceptación de la injerencia estadounidense en nuestro país. El 6 de febrero el propio secretario Derbez tuvo que dar marcha atrás en esta posición, pero es dudoso que él mismo no hubiera aprobado la declaración original.

Queda claro que el gobierno del presidente Vicente Fox ha estado haciendo todo lo posible por evitar conflictos y decisiones importantes en esta última etapa del sexenio. Está buscando terminar bien con todos, incluso con el gobierno estadounidense. Pero esto es imposible, especialmente cuando un país extranjero decide violar abiertamente las leyes de nuestro país.

Me da la impresión de que el gobierno de Estados Unidos buscó esta confrontación con México como castigo por las diferencias que ha tenido con nuestro país con motivo de la legislación migratoria, el homicidio de ilegales mexicanos y la violencia en general en la frontera.

Y yo coincido con el gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que México es el responsable fundamental en el problema de la migración ilegal al no haber generado suficientes empleos y buenos sueldos en nuestro país. Estoy de acuerdo también con la posición de los estadounidenses de que ellos tienen el derecho de hacer valer sus propias leyes migratorias.

Pero los mexicanos no podemos aceptarle ni al gobierno estadounidense ni al español que sus leyes se apliquen en nuestro territorio. Yo entiendo que el Hotel Sheraton se encontraba entre la espada y la pared. Pero ni a esa institución ni a ninguna se le puede permitir operar en nuestro país si no está dispuesta a atenerse a las leyes mexicanas.

Miopía

La dictadura de Fidel Castro no habría durado 47 años de no ser por la miopía del gobierno estadounidense. Son leyes como la Helms-Burton, y otras acciones con las que se pretende mantener un cerco económico sobre Cuba, las que le han permitido a Castro justificar y mantener su régimen autoritario. Una actitud más sensata de Washington habría hecho que desde hace años los propios cubanos buscaran un gobierno democrático. La insistencia de Estados Unidos de actuar como la potencia imperial del mundo moderno tiene un costo muy elevado.

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