Que adiciona el articulo 63 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Mauro Huerta Diaz, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesion del lunes 28 de abril de 2003     Versión para Imprimir

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, Jose Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Nicasia García Domínguez, Rosalío González Nájera, Mauro Huerta Díaz, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa

Exposición de Motivos

La profesionalización de los servidores públicos y en particular de los diputados federales y senadores es un anhelo que ha sido pospuesto y denegado una y otra vez. Los cambios sexenales y las mudanzas al interior de las secretarias de estado le imprimieron una movilidad alta y un alud de cambios a la administración pública federal que terminaban repercutiendo en la conformación del Congreso. La gran mayoría de los equipos de trabajo que se forman en torno a un dirigente subsecretario o secretario en muchas ocasiones se traducían en el envío de un factotum al Congreso de la Unión para que se convirtiera en el enlace de una secretaria o dependencia y desde la comisión respectiva impulsará la agenda y cuidará los intereses del funcionario que lo apoyó para llegar a esta Honorable Asamblea. 

Debemos poner mayor atención al análisis para establecer un mecanismo que le otorgue profesionalismo rendición de cuentas y contacto con los electores a los legisladores de cada uno de los 300 distritos uninominales y también a los 200 electos por el principio de representación proporcional. El propósito de esta iniciativa es reflexionar sobre la necesidad de establecer un sistema que responda a los retos y los avances que demanda la sociedad y el desenvolvimiento de los asuntos públicos. El pueblo tiene derecho a saber y a estar informado sobre que es lo que hacen los diputados que los representan.

Si bien hay que reconocer que por medio de diversos medios electrónicos, por ejemplo, las transmisiones televisivas del Canal del Congreso y las listas de votación publicadas en la página electrónica de la Cámara de Diputados y el Diario de los Debates es ahora más transparente y sencillo conocer como actúan y en que sentido votan cada uno de los diputados y legisladoras. Sin embargo, lo correcto y lo ideal sería que además de la búsqueda individual que un ciudadano emprendierá para evaluar a su diputado este por ley presentará un informe de labores público en el distrito que lo beneficio con su voto.

Una rendición de cuentas que comenzará con informar a los ciudadanos posibilitaría presentar a los electores la realidad del país y de los asuntos legislativos, así como los pasos que deben tomarse para solucionar los problemas más apremiantes. Por otro lado, al legislarlo en nuestra Carta Magna los esfuerzos de profesionalización de los legisladores no se perderían con los cambios de legislatura.

De continuar con el esquema actual de no informar en la cabecera distrital en el caso de los diputados uninominales y en la capital de la entidad federativa en donde fueron postulados los legisladores plurinominales y conformarnos con breves síntesis voluntarias perpetuaremos la elección de gobernantes temporales (además sujetos a un esquema de no reelección) en un sistema democrático. Mientras que la transparencia resultado de un equipo de legisladores profesionales comprometidos al servicio público, posibilitaría que ejerzan su función de cara a los ciudadanos que los eligieron y explicando su desempeño.

De esta manera los diputados federales pueden ejercer su función manteniendo un contacto y retroalimentandose de la opinión de su distrito. Lo cual redundaría en vigilar la aplicación de programas sociales consistentes con las necesidades de sus representados y, a dirigirse a metas comunes con sus electores para poder unirse en esfuerzos conjuntos.

En cuanto a la Cámara de Diputados en su conjunto, las ventajas de contar con la obligación de informar de los diputados es que proyectaría ser un Poder Legislativo con mayor potencial de servicio y de compromiso hacia el país. Por otro lado, se estarían sentando las bases para un sistema que efectivamente tenga accountability. De manera paralela a un sistema de reclutamiento pluripartidista equitativo, igualitario y profesionalizado —como el actual— con reglas claras para la elección y el financiamiento, se necesita llevar a cabo un sistema de evaluación y de entrega de resultados. Sólo así se liquidará al viejo sistema de patronazgo, más basado en la confianza personal y política, que en la responsabilidad pública.

Es cierto que México llega tarde a esta modernización de sus legisladores otros países llevan ya un siglo de ventaja Francia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y un retraso de décadas nos separan de Brasil, Costa Rica, Honduras, El Salvador y República Dominicana. Muchas son las razones políticas, administrativas y legales que explican la ausencia de la rendición de cuentas en nuestro país. La buena nueva es que México está en un momento histórico crucial donde puede afianzar y mejorar sus instituciones y los Poderes de la Unión, por la vía de una modernización administrativa que privilegie el conocimiento del desenvolvimiento profesional de sus representantes. Lo anterior es aún más relevante a la luz de la alternancia de los partidos políticos en los distritos de mayoría.

La oportunidad de establecer la iniciativa que hoy presento debe ser aprovechada ya que así se podría avanzar a la creación de un liderazgo del Poder Legislativo en el siglo XXI. A través del tiempo, señala un documento de la OCDE:

“El papel más importante de los líderes del sector público ha sido solucionar los problemas y los retos enfrentándolos en un ambiente específico. ¿Cuál es entonces el problema que requiere resolver el liderazgo actual? El problema es el de la adaptación. Por adaptación, se entiende la capacidad de promover adecuaciones que más adelante restauraren y promueven los valores e intereses fundamentales de la sociedad u organización de manera particular en circunstancias cuando hay una brecha amplía, entre como son las cosas y como deberían ser. Para ponerlo en términos de sector público, el problema es ¿cómo las naciones, los gobiernos y las oficinas públicas se adaptan a circunstancias cambiantes cuando los cambios requeridos están más allá de la perspectiva de la forma actual de hacer las cosas? Por lo tanto, cuando se dice que requerimos más liderazgo en el sector público, lo que estamos buscando realmente, es gente que promueva adaptaciones institucionales viendo por el interés público”.1

Hoy el cuidado de los asuntos públicos y el establecimiento de un sistema de servidores públicos (incluidos los Legisladores Federales) coherente, predecible y razonable es una prioridad en todos los sentidos. Al estar los legisladores siendo evaluados de manera continua su éxito real será en la medida en que su desarrollo esté fincado en el interés público y en las prioridades nacionales, así como en cumplimiento cabal de su tarea legislativa.

La idea de implementar una rendición de cuentas de los diputados federales de mayoría modificando enriqueciendo con la adición de un párrafo el Artículo 63 de la Constitución Política de los ]Estados Unidos Mexicanos es con el objetivo de modificar actitudes, comportamientos, niveles de responsabilidad, lealtades, creando una nueva cultura del legislador.

A pesar de que desde las postrimerías del siglo XX se ha tratado de impulsar en México el proceso de rendición de cuentas, no existe dentro de nuestro ordenamiento constitucional disposición alguna que obligue a los Diputados Federales ha rendir cuentas de su gestión ante sus representados, hecho que no es concordante con la convicción de un régimen democrático que cuenta con instrumentos que nos permiten ejercer controles a la actividad administrativa del gobierno.

La Cámara de Diputados cuenta con un órgano técnico responsable de revisar la cuenta pública, velando por el uso honesto del erario público, lo que constituye  un eje fundamental de la función que tiene este órgano colegiado como vigilante de la gestión pública, pero paradójicamente los diputados no están obligados ha rendir un informe ante nadie, por lo que es un hecho innegable  que nuestros electores tienen un desconocimiento generalizado  de la labor que nos compete en nuestra calidad de Diputados Federales.

En virtud de que la rendición de cuentas es un elemento esencial de la democracia, la capacidad de nuestras instituciones para hacer frente a la responsabilidad que nos es conferida es un elemento prioritario,  ya que nos permite conciliar el interés colectivo con la función pública, ya que se crea un canal de comunicación entre el funcionario o representante y aquellos ante quienes es responsable,  en este sentido debemos suponer que todos los gobernantes, en todos los niveles, deben estar sujetos a la rendición de cuentas, en este tenor la ciudadanía ha expresado su deseo de que los diputados  estemos obligados ha rendir cuentas ante ellos, por lo que la presente iniciativa es producto de una demanda ciudadana que ha sido expresada en este caso a través del prestigiado programa radiofónico Cúpula Empresarial que dirige el señor Oscar Mario Beteta.

Por todo lo anterior, sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:

Decreto Mediante el cual se adiciona un párrafo quinto al Artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Unico.- Se adiciona un párrafo quinto al Artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 63. ...

...

...

...

...

Los diputados están obligados a presentar un informe legislativo, personal y por escrito anualmente; los trescientos diputados elegidos por distritos electorales uninominales, lo harán en la cabecera de la demarcación territorialpor la que hayan sido electos; los doscientos diputados electospor el principio de representación proporcional, lo harán en la capital de la entidad federativa en donde hayan sido postulados. Los diputados que no dieren cumplimiento a esta obligación, serán sancionados con la dieta de treinta días.

Transitorios

Unico.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de abril del 2002.

Diputados: Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica), coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez (rúbrica), María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas,  Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), Sara Guadalupe Figueroa Canedo (rúbrica), Alejandro Rafael García Sainz Arena, Nicasia García Domínguez (rúbrica), Rosalío González Nájera (rúbrica), Mauro Huerta Díaz (rúbrica), María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica), Concepción Salazar González (rúbrica), Erika Elizabeth Spezia Maldonado (rúbrica).

Nota:

1 OECD, Public Sector Leadership for the 21st Century, París, 2001, p. 16.

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Abril 28 de 2003.)