De
decreto que adiciona el articulo tercero de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la educacion publica
superior en Mexico, presentada por el diputado Oscar Alfonso del Real Muñoz,
del grupo parlamentario del PRI, en la sesion del martes 10 de septiembre de
2002
El suscrito, diputado integrante
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 73 fracción XXV de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56,
62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta
honorable asamblea, la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el artículo
3º de nuestra Carta Magna, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Como semillero de profesionistas
que participan en la vida pública o como fuente de expertos que toman
decisiones políticas importantes, la educación superior pública en México
constituye un baluarte fundamental de la riqueza y soberanía nacional.
Los beneficiados por la educación
superior pública vemos con preocupación su problemática y contradicciones.
Consideramos útil otorgarle el mejor de los cuidados, sin escatimar recursos y
respetando su vida interna.
Creemos, además, que su desarrollo
debe ser observado y sostenido por un Estado claro en sus fortalezas,
consciente de que con la definición de una política para la educación superior
pública responde positivamente a la mayoría de los mexicanos, que aspira a que
sus recintos educativos sigan siendo apoyados e impulsados, de modo que
alcancen los niveles de cobertura y excelencia que hoy demanda el país; sin
embargo, hoy sabemos que 26 universidades públicas sufren condiciones
económicas extenuantes que las ponen en peligro de desaparecer o de ceder al
marasmo, víctimas de las deudas.
Ante este panorama, algunos
investigadores de la educación, académicos y legisladores, nos hemos reunido
para intercambiar inquietudes y hacer un análisis más riguroso acerca del
estado que guarda la educación superior pública en nuestro país y cuyos
materiales hemos volcado en la realización de un foro, efectuado en el mes de
agosto que acaba de pasar.
En efecto, quienes nos reunimos en
ese foro hemos tomado la iniciativa para discutir los problemas más acuciantes
de las universidades públicas. Creemos que de su análisis y debate ha surgido
un diagnóstico que nos muestra con claridad las partes álgidas que deben ser
atendidas para echar adelante a las escuelas que trabajan en medio del acecho y
de la crisis.
Deseamos que las conclusiones de
ese foro sean lo suficientemente interesantes, para tomar en manos de este
Congreso la defensa de la universidad pública, pero sobre todo que coadyuve en
una postura del Estado que sea clara y a favor de ella.
Desde esta tribuna, agradecemos la
participación de todos los que nos han regalado lo mejor de sus planteamientos
para que este evento concluyera con un pronunciamiento claro que, ojalá, motive
a los compañeros diputados. Sabemos que hay muchos temas de importancia que
tendrán prioridad en la agenda legislativa de este periodo; pero el tema que
hoy nos interesa y por el que deseamos una manifestación expresa de todos ustedes
apoyando esta iniciativa, nos parece de significativa relevancia.
No omito mencionar que en algunos
ámbitos del medio universitario me expresaron opiniones pesimistas respecto a
la posibilidad de poder lograr las dos terceras partes de los votos para dar blindaje
de existencia y desarrollo a las universidades públicas del país.
En especial, y solicito disculpas
por recordarlo, se duda de la participación de los señores diputados del PAN;
sin embargo, sé de antemano que la existencia de la universidad pública
interesa a una gran mayoría de los miembros de esta bancada, cuya mayor parte
es proveniente de universidades e instituciones educativas estatales.
Personalmente espero que la percepción haya sido equivocada y que los diputados
del Partido Acción Nacional se decidan por otorgar su apoyo a la educación
superior pública de México, expresando su voto de manera favorable a ese gran
proyecto.
Nuestra iniciativa es el comienzo.
Sólo con este tipo de acciones sostendremos el ideal de educación superior que
reclama la población mexicana. En este caso, la universidad pública merece una
declaración categórica de apoyo.
Diagnóstico
1. En contraste con los logros en
materia de crecimiento económico y exportaciones que sitúan al país como la
novena potencia económica y séptima exportadora del mundo, México acusa grandes
carencias en sus indicadores de desarrollo humano, como lo muestra la creciente
concentración de la riqueza y el incesante crecimiento de los índices de
pobreza a lo largo de las dos últimas décadas. Ello se expresa, entre otras
cosas, en el reconocimiento oficial de la cifra de pobres en el país, que se
ubica en 53.7 millones de mexicanos, o en el acusado deterioro educativo que ha
significado una reducción del gasto público en educación, al pasar de 5.2 por
ciento del Producto Interno Bruto en 1994, a 4.9 por ciento en 2000, no
obstante los compromisos internacionales adquiridos para garantizar su
elevación a 8 por ciento.
2. Por su parte, el nivel de
educación superior muestra mayores problemas, a pesar de ser un sector
estratégico para el desarrollo económico y social de la nación. Hoy se reconoce
la formación de profesionales y científicos como uno de los indicadores más
importantes del desarrollo de un país, y en el nuestro, el gasto público por alumno
en educación superior disminuyó de 22 mil 756 pesos en 1982 a 17 mil 482 en
2002, a precios constantes de 2000.
Además, considerando al conjunto
de los 30 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico,
México es el país con menor inversión en educación superior por estudiante. Su
gasto anual equivale a menos de la mitad del promedio de los países de dicha
organización y a una quinta parte del que se ejerce en Estados Unidos. La
matrícula de las universidades públicas se mantuvo estancada en el curso de la
última década frente a la triplicación de ésta en las universidades privadas.
La gravedad de este panorama se expresa mejor si consideramos la tasa bruta de
escolarización, que se ubica, según la fuente, entre el 15 y el 19 por ciento
en 2000, en contraste con el 23 por ciento en República Dominicana, 29 por
ciento en Barbados, 30 por ciento en Costa Rica, 31 por ciento en Panamá y
Chile, y 36 por ciento en Argentina. Esta brecha se amplía frente a países como
Corea del Sur con una tasa del 68 por ciento, Estados Unidos con 81 por ciento
y Canadá con 87 por ciento. Además, como evidencia de la limitada capacidad de
desarrollo del país, México cuenta con 214 científicos e ingenieros en labores
de investigación y desarrollo por cada millón de habitantes, frente a 532 de
Costa Rica, 660 de Argentina, 2 mil 193 de Corea del Sur, 2 mil 719 de Canadá,
2 mil 831 de Alemania y 3 mil 676 de Estados Unidos.
Un punto culminante de esta
situación se refiere al creciente endeudamiento de la mayoría de las
universidades públicas del país, con lo que se pone en cuestión su viabilidad.
3. Esta apretada radiografía de la
situación de la educación superior, y en particular de las universidades
públicas, llama nuestra atención para enderezar el rumbo y otorgarles el papel
estratégico que reclaman en el desarrollo y el fortalecimiento de la soberanía
nacional. Es necesario reivindicar su aporte a la sociedad a través del
cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas:
• Formar profesionales de alto nivel con capacidad de
aprender a aprender y a forjar nuevas realidades;
• Organizar y efectuar investigaciones en torno a las
problemáticas filosóficas, científicas, sociopolíticas, éticas y artísticas,
que ubiquen de manera permanente a cada institución en los ámbitos académicos
fundamentales, básicos y aplicados, al igual que en los de mayor actualidad en
todos los campos del saber y en los niveles más elevados de desarrollo del
conocimiento, el pensamiento crítico y el arte, con la mira puesta en todos los
problemas humanos y en la creatividad, para contribuir a la creación de
alternativas y a la construcción de la equidad en todos los órdenes, para la
convivencia pacífica, tolerante e igualitaria en México y en el mundo actual;
• Fundamentar sus acciones en los resultados y avances del
desarrollo científico, ajenas a cualquier doctrina religiosa y partidista,
encaminadas a contribuir a la construcción de la ciudadanización integral, la
democracia, el ejercicio pleno de los derechos humanos, la justicia, la equidad
y la igualdad en todos los terrenos de la vida nacional, así como de la paz
mundial;
• Emprender la revisión crítica de todas las escuelas del
conocimiento y las tendencias del pensamiento, con la finalidad de combatir la
ignorancia, los prejuicios, la discriminación de cualquier tipo (sobre todo las
de género, etnia, nacionalidad e idioma), la opresión, los fanatismos, las
servidumbres, la xenofobia, el totalitarismo, el belicismo y la antidemocracia.
4. Para avanzar en el
fortalecimiento del sistema universitario público resultan fundamentales cuatro
elementos:
a) El establecimiento
de una política de Estado para la universidad: que la proteja de las crisis
económicas y las políticas coyunturales, y le otorgue estabilidad y certidumbre
de largo plazo. Ello exige:
• Ubicar la
responsabilidad de financiamiento del Estado a la educación superior desde una
perspectiva estratégica, por lo que será compartida por los actuales y los
próximos gobiernos en un horizonte de por lo menos 20 años. El país debe
dedicar a la educación superior el 1.5 por ciento del PIB en 2006 e
incrementarlo de manera progresiva, manteniendo el servicio del sistema de
forma gratuita, equitativa y amplia. Con ello será posible alcanzar una tasa
bruta de escolarización del 60 por ciento del grupo de edad escolar
correspondiente en 2024, y llegar a erogar el 4 por ciento del PIB;
• La revisión del marco legislativo del sistema
universitario para eliminar las ambigüedades en elementos clave como los de la
autonomía, la gratuidad y el financiamiento, considerando para ello la
participación amplia de las instituciones y sus comunidades.
b) La asignación de
recursos económicos extraordinarios: que atiendan los rezagos acumulados y
garanticen la realización continuada de los proyectos institucionales que
compensen tales rezagos. Ello exige:
• El establecimiento de programas de financiamiento
extraordinario, manejados por organismos independientes del gobierno, para
atender las carencias en regiones e instituciones históricamente desatendidas y
cancelar su endeudamiento.
c) El ejercicio de la
autonomía al margen de la regulación del Estado: para garantizar que las
comunidades de cada institución decidan efectivamente los términos específicos
y los alcances de sus proyectos. Ello exige:
• El establecimiento de procedimientos de evaluación
sustentados en los compromisos académicos acordados por la institución y sus
comunidades;
• El establecimiento de la evaluación como mecanismo de
retroalimentación de la actuación institucional y, en consecuencia, la
eliminación de todo posible castigo financiero ante un eventual resultado
negativo.
• La creación y operación de una instancia social de
definición, contraloría, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del
financiamiento público, para la buena realización de las metas propuestas.
• En caso de que se realicen ajustes al gasto público, éstos
no deberán ser en ningún caso aplicados al gasto correspondiente a educación
superior sin la aprobación previa de la Cámara de Diputados.
d) La consolidación de
una comunidad de núcleo duro: sustentada en la profesionalización de la
carrera académica y la formación de equipos de trabajo que permitan potenciar
los proyectos de docencia, investigación y difusión. Ello exige:
• La ampliación del número de profesores de tiempo completo
sobre los de medio tiempo y los de asignatura;
• La consolidación de los programas de formación y
actualización del personal académico de carrera;
• El establecimiento de un modelo de regulación
académico-laboral sustentado en una remuneración adecuada y estable, y en el
reconocimiento de la trayectoria académica de largo plazo.
Por lo hasta aquí expuesto, someto
a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente propuesta
de
Decreto
Mediante
el cual se adiciona el artículo tercero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Artículo
3º.
...
IX. El financiamiento del Estado orientado a las
instituciones de educación superior públicas y autónomas comprendidas en el presente
ordenamiento, será siempre suficiente para el adecuado cumplimiento de sus
funciones, objetivos y tareas, y nunca podrá ser menor al del ejercicio anual
previo.
Los recursos correspondientes
estarán resguardados y podrán ser acrecentados por un consejo nacional para la
educación superior y universitaria en el que intervengan las instituciones, la
ciudadanía y el Poder Legislativo. Sus funciones serán la definición,
contraloría, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del financiamiento
público, para la buena realización de las metas propuestas.”
TRANSITORIOS
Unico.-
Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 10 días del mes de septiembre de 2002.
Diputados: Oscar Alfonso del Real Muñoz, Enrique Meléndez Pérez, José Antonio
García Leyva, Víctor R. Infante González, Juan Carlos Regis Adame, Jorge Luis
García Vera (rúbricas).
(Turnada a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios
Educativos. Septiembre 10 de 2002.)