De decreto que adiciona el articulo tercero de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la educacion publica superior en Mexico, presentada por el diputado Oscar Alfonso del Real Muñoz, del grupo parlamentario del PRI, en la sesion del martes 10 de septiembre de 2002     Versión para Imprimir

El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 73 fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el artículo 3º de nuestra Carta Magna, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como semillero de profesionistas que participan en la vida pública o como fuente de expertos que toman decisiones políticas importantes, la educación superior pública en México constituye un baluarte fundamental de la riqueza y soberanía nacional.

Los beneficiados por la educación superior pública vemos con preocupación su problemática y contradicciones. Consideramos útil otorgarle el mejor de los cuidados, sin escatimar recursos y respetando su vida interna.

Creemos, además, que su desarrollo debe ser observado y sostenido por un Estado claro en sus fortalezas, consciente de que con la definición de una política para la educación superior pública responde positivamente a la mayoría de los mexicanos, que aspira a que sus recintos educativos sigan siendo apoyados e impulsados, de modo que alcancen los niveles de cobertura y excelencia que hoy demanda el país; sin embargo, hoy sabemos que 26 universidades públicas sufren condiciones económicas extenuantes que las ponen en peligro de desaparecer o de ceder al marasmo, víctimas de las deudas.

Ante este panorama, algunos investigadores de la educación, académicos y legisladores, nos hemos reunido para intercambiar inquietudes y hacer un análisis más riguroso acerca del estado que guarda la educación superior pública en nuestro país y cuyos materiales hemos volcado en la realización de un foro, efectuado en el mes de agosto que acaba de pasar.

En efecto, quienes nos reunimos en ese foro hemos tomado la iniciativa para discutir los problemas más acuciantes de las universidades públicas. Creemos que de su análisis y debate ha surgido un diagnóstico que nos muestra con claridad las partes álgidas que deben ser atendidas para echar adelante a las escuelas que trabajan en medio del acecho y de la crisis.

Deseamos que las conclusiones de ese foro sean lo suficientemente interesantes, para tomar en manos de este Congreso la defensa de la universidad pública, pero sobre todo que coadyuve en una postura del Estado que sea clara y a favor de ella.

Desde esta tribuna, agradecemos la participación de todos los que nos han regalado lo mejor de sus planteamientos para que este evento concluyera con un pronunciamiento claro que, ojalá, motive a los compañeros diputados. Sabemos que hay muchos temas de importancia que tendrán prioridad en la agenda legislativa de este periodo; pero el tema que hoy nos interesa y por el que deseamos una manifestación expresa de todos ustedes apoyando esta iniciativa, nos parece de significativa relevancia.

No omito mencionar que en algunos ámbitos del medio universitario me expresaron opiniones pesimistas respecto a la posibilidad de poder lograr las dos terceras partes de los votos para dar blindaje de existencia y desarrollo a las universidades públicas del país.

En especial, y solicito disculpas por recordarlo, se duda de la participación de los señores diputados del PAN; sin embargo, sé de antemano que la existencia de la universidad pública interesa a una gran mayoría de los miembros de esta bancada, cuya mayor parte es proveniente de universidades e instituciones educativas estatales. Personalmente espero que la percepción haya sido equivocada y que los diputados del Partido Acción Nacional se decidan por otorgar su apoyo a la educación superior pública de México, expresando su voto de manera favorable a ese gran proyecto.

Nuestra iniciativa es el comienzo. Sólo con este tipo de acciones sostendremos el ideal de educación superior que reclama la población mexicana. En este caso, la universidad pública merece una declaración categórica de apoyo.

Diagnóstico

1. En contraste con los logros en materia de crecimiento económico y exportaciones que sitúan al país como la novena potencia económica y séptima exportadora del mundo, México acusa grandes carencias en sus indicadores de desarrollo humano, como lo muestra la creciente concentración de la riqueza y el incesante crecimiento de los índices de pobreza a lo largo de las dos últimas décadas. Ello se expresa, entre otras cosas, en el reconocimiento oficial de la cifra de pobres en el país, que se ubica en 53.7 millones de mexicanos, o en el acusado deterioro educativo que ha significado una reducción del gasto público en educación, al pasar de 5.2 por ciento del Producto Interno Bruto en 1994, a 4.9 por ciento en 2000, no obstante los compromisos internacionales adquiridos para garantizar su elevación a 8 por ciento.

2. Por su parte, el nivel de educación superior muestra mayores problemas, a pesar de ser un sector estratégico para el desarrollo económico y social de la nación. Hoy se reconoce la formación de profesionales y científicos como uno de los indicadores más importantes del desarrollo de un país, y en el nuestro, el gasto público por alumno en educación superior disminuyó de 22 mil 756 pesos en 1982 a 17 mil 482 en 2002, a precios constantes de 2000.

Además, considerando al conjunto de los 30 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México es el país con menor inversión en educación superior por estudiante. Su gasto anual equivale a menos de la mitad del promedio de los países de dicha organización y a una quinta parte del que se ejerce en Estados Unidos. La matrícula de las universidades públicas se mantuvo estancada en el curso de la última década frente a la triplicación de ésta en las universidades privadas. La gravedad de este panorama se expresa mejor si consideramos la tasa bruta de escolarización, que se ubica, según la fuente, entre el 15 y el 19 por ciento en 2000, en contraste con el 23 por ciento en República Dominicana, 29 por ciento en Barbados, 30 por ciento en Costa Rica, 31 por ciento en Panamá y Chile, y 36 por ciento en Argentina. Esta brecha se amplía frente a países como Corea del Sur con una tasa del 68 por ciento, Estados Unidos con 81 por ciento y Canadá con 87 por ciento. Además, como evidencia de la limitada capacidad de desarrollo del país, México cuenta con 214 científicos e ingenieros en labores de investigación y desarrollo por cada millón de habitantes, frente a 532 de Costa Rica, 660 de Argentina, 2 mil 193 de Corea del Sur, 2 mil 719 de Canadá, 2 mil 831 de Alemania y 3 mil 676 de Estados Unidos.

Un punto culminante de esta situación se refiere al creciente endeudamiento de la mayoría de las universidades públicas del país, con lo que se pone en cuestión su viabilidad.

3. Esta apretada radiografía de la situación de la educación superior, y en particular de las universidades públicas, llama nuestra atención para enderezar el rumbo y otorgarles el papel estratégico que reclaman en el desarrollo y el fortalecimiento de la soberanía nacional. Es necesario reivindicar su aporte a la sociedad a través del cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas:

• Formar profesionales de alto nivel con capacidad de aprender a aprender y a forjar nuevas realidades;

• Organizar y efectuar investigaciones en torno a las problemáticas filosóficas, científicas, sociopolíticas, éticas y artísticas, que ubiquen de manera permanente a cada institución en los ámbitos académicos fundamentales, básicos y aplicados, al igual que en los de mayor actualidad en todos los campos del saber y en los niveles más elevados de desarrollo del conocimiento, el pensamiento crítico y el arte, con la mira puesta en todos los problemas humanos y en la creatividad, para contribuir a la creación de alternativas y a la construcción de la equidad en todos los órdenes, para la convivencia pacífica, tolerante e igualitaria en México y en el mundo actual;

• Fundamentar sus acciones en los resultados y avances del desarrollo científico, ajenas a cualquier doctrina religiosa y partidista, encaminadas a contribuir a la construcción de la ciudadanización integral, la democracia, el ejercicio pleno de los derechos humanos, la justicia, la equidad y la igualdad en todos los terrenos de la vida nacional, así como de la paz mundial;

• Emprender la revisión crítica de todas las escuelas del conocimiento y las tendencias del pensamiento, con la finalidad de combatir la ignorancia, los prejuicios, la discriminación de cualquier tipo (sobre todo las de género, etnia, nacionalidad e idioma), la opresión, los fanatismos, las servidumbres, la xenofobia, el totalitarismo, el belicismo y la antidemocracia.

4. Para avanzar en el fortalecimiento del sistema universitario público resultan fundamentales cuatro elementos:

a) El establecimiento de una política de Estado para la universidad: que la proteja de las crisis económicas y las políticas coyunturales, y le otorgue estabilidad y certidumbre de largo plazo. Ello exige:

 • Ubicar la responsabilidad de financiamiento del Estado a la educación superior desde una perspectiva estratégica, por lo que será compartida por los actuales y los próximos gobiernos en un horizonte de por lo menos 20 años. El país debe dedicar a la educación superior el 1.5 por ciento del PIB en 2006 e incrementarlo de manera progresiva, manteniendo el servicio del sistema de forma gratuita, equitativa y amplia. Con ello será posible alcanzar una tasa bruta de escolarización del 60 por ciento del grupo de edad escolar correspondiente en 2024, y llegar a erogar el 4 por ciento del PIB;

• La revisión del marco legislativo del sistema universitario para eliminar las ambigüedades en elementos clave como los de la autonomía, la gratuidad y el financiamiento, considerando para ello la participación amplia de las instituciones y sus comunidades.

b) La asignación de recursos económicos extraordinarios: que atiendan los rezagos acumulados y garanticen la realización continuada de los proyectos institucionales que compensen tales rezagos. Ello exige:

• El establecimiento de programas de financiamiento extraordinario, manejados por organismos independientes del gobierno, para atender las carencias en regiones e instituciones históricamente desatendidas y cancelar su endeudamiento.

c) El ejercicio de la autonomía al margen de la regulación del Estado: para garantizar que las comunidades de cada institución decidan efectivamente los términos específicos y los alcances de sus proyectos. Ello exige:

• El establecimiento de procedimientos de evaluación sustentados en los compromisos académicos acordados por la institución y sus comunidades;

• El establecimiento de la evaluación como mecanismo de retroalimentación de la actuación institucional y, en consecuencia, la eliminación de todo posible castigo financiero ante un eventual resultado negativo.

• La creación y operación de una instancia social de definición, contraloría, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del financiamiento público, para la buena realización de las metas propuestas.

• En caso de que se realicen ajustes al gasto público, éstos no deberán ser en ningún caso aplicados al gasto correspondiente a educación superior sin la aprobación previa de la Cámara de Diputados.

d) La consolidación de una comunidad de núcleo duro: sustentada en la profesionalización de la carrera académica y la formación de equipos de trabajo que permitan potenciar los proyectos de docencia, investigación y difusión. Ello exige:

• La ampliación del número de profesores de tiempo completo sobre los de medio tiempo y los de asignatura;

• La consolidación de los programas de formación y actualización del personal académico de carrera;

• El establecimiento de un modelo de regulación académico-laboral sustentado en una remuneración adecuada y estable, y en el reconocimiento de la trayectoria académica de largo plazo.

Por lo hasta aquí expuesto, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente propuesta de 

Decreto

Mediante el cual se adiciona el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 3º.

...

IX. El financiamiento del Estado orientado a las instituciones de educación superior públicas y autónomas comprendidas en el presente ordenamiento, será siempre suficiente para el adecuado cumplimiento de sus funciones, objetivos y tareas, y nunca podrá ser menor al del ejercicio anual previo.

Los recursos correspondientes estarán resguardados y podrán ser acrecentados por un consejo nacional para la educación superior y universitaria en el que intervengan las instituciones, la ciudadanía y el Poder Legislativo. Sus funciones serán la definición, contraloría, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del financiamiento público, para la buena realización de las metas propuestas.”

TRANSITORIOS

Unico.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 10 días del mes de septiembre de 2002.

Diputados: Oscar Alfonso del Real Muñoz, Enrique Meléndez Pérez, José Antonio García Leyva, Víctor R. Infante González, Juan Carlos Regis Adame, Jorge Luis García Vera (rúbricas).

(Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos. Septiembre 10 de 2002.)