Que
reforma diversos articulos constitucionales, en materia de politica economica,
con el fin de ampliar las facultades del Congreso, presentada por el diputado
Marti Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del PRD, en la sesion del
viernes 14 de diciembre de 2001
El suscrito, diputado integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, me permito presentar la siguiente Iniciativa de Decreto por el que
se adicionan y reforman diversas disposiciones de los artículos 73 y 74 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En los últimos veinte años, el
tema de la política económica en México, se ha vuelto un asunto de realidad
concreta para la gente común. Sus damnificados son franjas cada vez más amplias
de la sociedad.
El tema dejó de ser un asunto
teórico, de aulas universitarias, para colocarse en el centro de las
preocupaciones populares.
Del año de 1982 al día de hoy, en
México se ha aplicado una política económica que sigue el modelo denominado
neoliberal, cuya principal característica es la apertura indiscriminada hacia
las fuerzas del mercado y la contención gubernamental de las variables
macroeconómicas, con el paliativo de que en “un futuro”, que nunca llega por
cierto, la riqueza acumulada se derramará en el grueso de la población.
Actualmente, quien diseña y
ejecuta la política económica del país, es el Presidente de la República, quien
ha hecho de este asunto, un tema de su monopólica incumbencia.
Aunque constitucionalmente nuestra
economía es definida como mixta, y que esto significa la participación de los
sectores privado, público y social; y que hay actividades económicas reservadas
al Estado. Lo cierto es que los principales instrumentos de la política
económica son definidos y ejecutados únicamente por el Presidente de la
República, sin una participación formal ni eficaz por parte de los otros
poderes de la Unión y específicamente por parte del Congreso de la Unión.
Esa política económica está
desfasada con principios que todavía prevalecen en nuestra Constitución.
Sin embargo, se aplica sin
restricciones, sin controles, sin mecanismos de corrección y sin información
cierta a la sociedad.
El asunto toma relevancia, si
somos capaces de constatar, que en las campañas electorales para la Presidencia
de la República, nadie, absolutamente nadie, planteó seguir la política
económica de los últimos veinte años.
Nadie votó por eso, y sin embargo
se sigue aplicando la misma receta de De la Madrid, de Carlos Salinas de
Gortari y de Ernesto Zedillo.
La disciplina presupuestal como
dogma y el empobrecimiento del pueblo a través de la contención de su capacidad
adquisitiva; dependencia absoluta al exterior, con el desmantelamiento de
nuestra planta productiva; la gran aceptación de organismos financieros
internacionales para seguir ampliando nuestra incuantificable deuda pública,
son rasgos distintivos de esta política económica.
Una parte de los instrumentos de
la política económica, se encuentra en la definición y ejecución del llamado
Plan Nacional de Desarrollo y en las políticas de ingreso y gasto público.
El Plan Nacional de Desarrollo, en
la actualidad se ha constituido sólo en un referente, unilateral y de no
obligatoria observancia, por lo que ya hemos planteado que el Congreso lo
apruebe y verifique su cumplimiento.
En la política de ingresos y de
gasto público, es donde se plantea una de las interrogantes fundamentales del
Estado moderno: ¿ A quién y cuánto se le cobra, y cómo se gastan los recursos
públicos?
Avanzar en la definición de las
políticas de Estado, mediante el diseño compartido de los programas públicos,
es un reclamo, fruto de la pluralidad
política, que no admite decisiones verticales que afecten a la colectividad.
La realidad política de México, da
cuenta del reconocimiento de que se acabó el tiempo de las decisiones
unipersonales. Esto quiere decir que gran parte de las políticas públicas, no
pueden seguirse depositando en un sólo poder.
Es en los temas de Estado,
definidos así por su importancia y trascendencia dado su impacto en los asuntos
nacionales, en donde deben crearse mecanismos que hagan de estos temas un acto
colegiado y no personal.
Uno de estos asuntos de Estado, es
el correspondiente a la política económica del país. Se debe cambiar la actual
política económica, que hasta ahora se aplica de forma unilateral y su impacto
es directo e inmediato en la economía de la gente.
Para hacer eso, tenemos que
redistribuir el poder público, acotar el presidencialismo asfixiante y
fortalecer en contrapartida las competencias de control y ejecución, por parte
del Congreso de la Unión.
En estas discusiones en relación a
la necesaria redistribución del poder, se han escuchado argumentos en contra
como el que señala que la información para definir la política económica y los
asesores necesarios para ello, sólo el Ejecutivo tiene capacidad de tenerlos.
Sin embargo, aceptar ésas, tiende a debilitar cada vez más la posibilidad de
cambio del Estado Mexicano.
Por ello, con esta iniciativa
planteamos trasladar de manera expresa la definición de la política económica
del país como una atribución del Congreso de la Unión, política que implica
ingresos, egresos, relaciones económicas internacionales, y endeudamiento
público, entre otros.
Para hacer eficaz esta atribución,
proponemos igualmente que la facultad de iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos no sea sólo del Ejecutivo Federal, como actualmente sucede, sino de
todos los que tienen la atribución de proponer iniciativas, de conformidad con
el artículo 71 constitucional.
Las iniciativas del Ejecutivo, en
este terreno ya no serían el único marco
para definir la política de ingreso y de egresos.
Pensamos que con esto la discusión
se amplia y en consecuencia se enriquece.
El año pasado le hicimos la tarea
al Ejecutivo en materia presupuestal, y todo parece indicar que este año también
se la haremos, dado el errático calculo en relación al precio del petróleo, lo
que modifica de manera sustancial los ingresos y los egresos del país.
Por ello planteamos que en un solo
decreto, y respecto a las iniciativas que se presenten en la materia por parte
de los legisladores, los Congresos Estatales y también el Ejecutivo Federal, se
defina nuestra Ley de Ingresos y en otro con las mismas características,
nuestro presupuesto de egresos.
Con esta modificación, quienes
saldrán ganando son los ciudadanos que han padecido desde sexenios anteriores y
en este, una política económica aplicada como dogma y contraria a su bienestar,
bajo promesas de un futuro que nunca llega.
Por lo anteriormente expuesto y
fundado, presento la siguiente
Iniciativa
de decreto por la que se adicionan y reforman diversas disposiciones de los
artículos 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo
Único.- Se reforman y adicionan los artículos 73 y 74 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Art.
73.- El Congreso tiene facultad para:
I a V. …
VI. Para definir la política económica que debe seguir el
país.
VII a XXX. ...
Art.
74.- ...
I a III. …
IV. …
La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la
Federación, deberán ser aprobados a más tardar el 31 de diciembre, cuyas
iniciativas y propuestas que se presenten en términos del artículo 71
Constitucional, serán objeto de análisis y dictamen en los mismos decretos. En
cualquier caso la Cámara recibirá la comparecencia del Secretario del Despacho,
para resolver lo conducente.
...
...
...
...
...
V a VIII. ...
Transitorios
Único.-
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 13 días del mes de diciembre de 2001.
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Diciembre 14 de 2001.)