De
reformas a diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, para la incorporacion de la figura del referendum, presentada
por la diputada Beatriz Lorenzo Juarez, del Partido Alianza Social, en la
sesion del jueves 4 de marzo de 2002
Los suscritos, Beatriz Lorenzo
Juárez y José Antonio Calderón Cardoso de la representación parlamentaria del
Partido Alianza Social, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72,
fracción I, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta
honorable Cámara baja, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma
y adiciona los artículos 35, fracción VI, 41, fracciones III y IV, 60, 71, 89,
fracción XVII, 99, fracciones I y IV, 116, fracción IV y 135 de la Constitución
General de la República, para incorporar la figura del referéndum a nuestra
Carta Magna, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
Las diversas iniciativas
propuestas por diferentes partidos, la celebración en la última década de
varios referenda y las reformas a las Constituciones Locales de diversos
Estados de la República Mexicana, con el fin de incluir en ellas el referéndum,
son todas muestras del reclamo social para que se le faculte al ciudadano a
participar en la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes.
En la última década, los mexicanos
hemos visto evolucionar nuestro sistema de gobierno hacia uno cada vez más
democrático. Como consecuencia de la reciente globalización de los sistemas
económicos, el acelerado avance en los sistemas de comunicación, así como la
cada vez más propagada conciencia política entre los mexicanos, nuestros
ciudadanos se encuentran dispuestos a experimentar y/o fomentar modalidades de
la democracia, que en otros países son
ya arraigadas formas de manifestación popular. La creación de un órgano electoral
autónomo, como el Instituto Federal Electoral, junto con los órganos
electorales estatales y las leyes que regulan
sus funciones; las reformas al procedimiento electoral, la facultad
otorgada a los habitantes del Distrito Federal a elegir directamente al Jefe de
Gobierno, la mayor presencia de los partidos de oposición en las gubernaturas
de los estados y en el Congreso, la competencia interna de los partidos políticos para elegir a sus candidatos a puestos gubernamentales,
el debate político y público entre los candidatos, previo a las elecciones
federales; son todos ejemplos de una inercia que trascenderá al nuevo milenio,
y que apunta hacia una democracia en la que cada día participan más los
mexicanos.
El que se instaure la institución
del referéndum en nuestro sistema legal federal, tiene como fin el de provocar
la participación directa y debidamente regulada, de los ciudadanos en los
asuntos del Estado Federal, excepto en aquellas materias que, como en otras
democracias, quedan excluidas del proceso de democracia directa. Si bien es cierto
que, como consecuencia del plebiscito celebrado el día 21 de marzo de 1993 en
el Distrito Federal, y de que en el año de 1996 los partidos políticos,
Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y
del Trabajo, sometieron ante el Congreso de la Unión la iniciativa de ley, por
la que se llevaron a cabo las reformas relativas al régimen de gobierno, hoy
vigentes en esta entidad federativa, no es menos cierto que los resultados de
dicho plebiscito en nada obligaron a los legisladores. ¿Por qué? Porque en la
Constitución Política de nuestro país no
se encuentra consagrada institución alguna de democracia directa, y en
consecuencia, en ninguna ley se regula el procedimiento para su aplicación,
eficacia y validez. Las figuras de democracia directa –referéndum y plebiscito–
no son ya desconocidas para los ciudadanos; y esto indica, de alguna forma, que
los mexicanos están interesados en los asuntos del gobierno, y lo más
importante, están interesados en participar en ellos, porque inclusive los
partidos políticos así lo han propuesto. Por lo tanto, ponemos a su
consideración la posibilidad de instaurar la institución del referéndum en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de regular dicha
figura en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a
fin de darle existencia y asegurar su debida aplicación, porque se corre el
riesgo de que se celebren aún más referenda fuera de un marco jurídico, lo que
puede traer, en consecuencia, la indebida aplicación de una institución
democrática para fines e intereses particulares.
El
referéndum constitucional
La constitución política de un
Estado, da lugar a la creación, modificación, derogación y abrogación de las
normas jurídicas generales, la organización de los poderes y el orden
establecido entre los habitantes de dicho Estado. En ella se encuentra la forma
o sistema de gobierno que tiene el Estado y que refleja la idiosincrasia de su
pueblo; es la Ley fundamental de la organización del mismo, que atañe tanto a
las atribuciones y limites a la autoridad como a los derechos del hombre y
pueblo de un Estado. De la Norma Suprema se derivan las leyes orgánicas, leyes
ordinarias, códigos, estatutos orgánicos y hasta reglamentos administrativos.
Para la elaboración de una
Constitución, el pueblo soberano designa a sus representantes, quienes reciben
el mandato de dar forma positiva a las reglas de convivencia, de crear el
derecho positivo. Las instituciones y normas que se crean posteriores a la
Constitución, serán válidas sólo si en su creación se cumplieron los requisitos
señalados en la Ley Suprema. El poder constituyente plasma la Norma Suprema, y
en ella las reglas de formulación de las normas; crea, además, las
instituciones jurídicas que han de existir en un determinado Estado.
Posteriormente, el poder constituyente desaparece para dar lugar al poder
permanente, el que habrá de obedecer las reglas previamente plasmadas, y
regular las instituciones creadas. Así, se cumplen los principios básicos del
derecho constitucional procesal y con ellos la legitimidad formal de las nuevas
autoridades. La continuidad de los principios fundamentales contenidos en la
Norma Suprema de un Estado, otorga seguridad jurídica a la población de dicho
Estado. Si esta norma es modificada en su totalidad, lo sería para modificar
las instituciones y principios fundamentales que consagra, y que son las que le
han dado una forma de vida a la población.
Por tales motivos, proponemos que
se modifique la Ley Suprema de la Nación para que, en el caso en que sea
revisada en su totalidad, el nuevo texto sea necesariamente aprobado mediante
referéndum, como requisito indispensable para proporcionarle validez,
–referéndum constitucional, total y obligatorio–, y para que, en caso de que la
Constitución sea reformada parcialmente, (excepto en las materias que la misma
Constitución señale), dichas reformas puedan ser sometidas a referéndum, cuando
así lo aprueben ambas Cámaras del Congreso de la Unión -referéndum
constitucional, parcial y facultativo.
En consecuencia, y toda vez que el
pueblo sustenta la soberanía, consideramos que debe adicionarse una fracción al
artículo 35, y reformarse el primer párrafo del artículo 41 constitucionales.
En el primer caso, porque es necesario otorgar a los ciudadanos la facultad de
presentar al Congreso de la Unión proyectos de ley y de solicitar la
celebración del referéndum. En cuanto a la modificación al artículo 41
constitucional, que señala la forma en que el pueblo ejerce su soberanía, es
claro que, instituida la figura del referéndum, el pueblo ejercerá su soberanía
no sólo a través de sus representantes, sino que lo hará de forma directa, a
través del referéndum. Para ser congruente a lo dicho con anterioridad, también
es de modificarse el artículo 135 constitucional, para que las adiciones o
reformas que lleguen a ser parte de la Constitución sean sometidas a referéndum
bajo las condiciones que la norma señale. Así mismo, y con base en la fórmula
“quien puede lo más puede lo menos”, proponemos el referéndum legislativo,
excluyendo del mismo y de nueva cuenta ciertas materias.
Es necesario especificar, como en
las constituciones de otros países, qué materias deberán estar excluidas del
procedimiento del referéndum. Las constituciones de los Estados que contemplan
el referéndum, excluyen las materias relativas a los impuestos, y, en
consecuencia, los presupuestos de egresos e ingresos, ya que dependen del
primero (en general toda la materia fiscal y la materia financiera). Esto,
porque es de suponerse que el elector va a votar a favor de sus intereses a
corto plazo, y no a favor de que se le imponga una carga tributaria. “... en
estos casos, el sufragio no representa una lucha entre convicciones, sino
únicamente el resultado de la reflexión: donde reside el interés”. Tampoco es
de someterse a referéndum, la designación del Presidente de la República, ya
sea con carácter de interino, sustituto o provisional, porque entonces
estaríamos frente al plebiscito. Estas restricciones se consagrarán en el
artículo 71 constitucional.
Ahora bien, aún cuando la
Constitución francesa, en su artículo 89, y la italiana, en su artículo 138,
prohiben que la forma de gobierno del Estado sea sometida a referéndum, no
considero que, en el caso de nuestro país, esto sea conveniente, porque si se
diera el caso por el que una mayoría del Congreso decidiera reformar la
Constitución a favor de otra forma de gobierno, y no fuera factible supeditar
esta decisión a la voluntad del electorado, no cabría otra vía legítima para
evitarlo. Los artículos 40 y 115, primer párrafo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, consagran la forma representativa, democrática y
federal de la República y de los estados, y que es la base de nuestras
instituciones políticas. Cambiar de un sistema de gobierno demócrata, federal y
republicano a una monarquía absoluta y
centralista, por ejemplo, implicaría toda una serie de modificaciones a las
instituciones legales que regulan a nuestro país y que afectarían seriamente la
esfera legal de los ciudadanos, por lo anterior, considero que se requiere de
la ratificación del pueblo. Así, la reforma de estos artículos debe ser
sometida necesariamente a referéndum, para obtener la aprobación o
desaprobación de los ciudadanos, y en consecuencia, evitar la exclusión de
estos últimos en el procedimiento de referéndum.
Por otra parte, la Ley Suprema de
la Nación ha de consagrar, en un párrafo adicional al artículo 116, la facultad
de los estados que componen la República, para acoger la figura del referéndum
en sus propias constituciones, y regulándolas para que no contradigan a la Constitución Federal,
porque para fines de gobierno, lo que no esté regulado no estará permitido, por
lo tanto, debe ser expresa esta facultad en la norma federal. El fin de esta
disposición es fortalecer aún más el principio de federalismo que rige en
nuestra nación.
Por último, es menester que la
Constitución prevenga la existencia de una ley que regule el procedimiento del
referéndum; la ley electoral podrá acoger, en un nuevo capitulo, dichas
disposiciones, como ya lo había propuesto el Partido de Acción Nacional, porque
de no ser así, lo contemplado en la Constitución sería letra muerta, sin
aplicación alguna.
El
procedimiento para la celebración del referéndum
De
la iniciativa
¿Quiénes estarán facultados para
solicitar que se celebre un referéndum respecto de un acto normativo? Para Zimmerman, el referéndum es la toma
decisiones compartida, y para Fayt, es un derecho que tiene el pueblo, y en ese
orden de ideas, considero que no sólo se debe facultar al electorado para que
comparta la decisión sobre un tema que el gobierno decide poner a su
consideración, sino que, además, el electorado esté en posibilidades de
solicitar que un tema sea sometido a referéndum, siempre y cuando se reúnan un
mínimo de firmas de electores inscritos en el padrón electoral, porque de esta
forma se asegura que es voluntad de una parte significativa del electorado el
que se celebre el referéndum, y que además, la solicitud sea legitima, y no
producto de la manipulación de una minoría que pueda inventar nombres de
sujetos inexistentes o incapacitados para ejercer el derecho al voto.
Por otra parte, y toda vez que el
referéndum es un instrumento que complementa al sistema representativo, y que
éste último es otro medio por medio del cual los ciudadanos expresan su
voluntad, es de facultarse a los representantes populares para que soliciten el
referéndum. Así, un porcentaje de quienes componen al Congreso, o bien un
número de legislaturas de los estados de la República, también deberán estar
facultados para promover el referéndum. Por último, el Presidente de la
República habrá de estar facultado para dicho fin, toda vez que goza de la
facultad de iniciar leyes, como lo consagra el artículo 71 constitucional.
Ahora bien, la solicitud para la
celebración del referéndum deberá presentarse respecto de un tema concreto a
discutir, y no podrá referirse a dos o más asuntos distintos, porque de lo
contrario, se confunde al electorado. Deberá, además, contener el artículo cuya
reforma se propone y el sentido de la misma, o el proyecto de reforma ya
redactado, y deberá acompañarse de una breve exposición de motivos, ya sea para
estos casos o si se refiere al referéndum de ratificación o abrogación de una
reforma ya aprobada por el Congreso. La Cámara ante la que se presente la
solicitud deberá discutirla, y sólo se reputara aprobada si votan en su favor
el cincuenta por ciento más uno de los congresistas presentes al momento de la
votación. Esta Cámara, que se denominará
“de origen”, deberá elaborar el texto del referéndum, en los casos en que no se
haya presentado un proyecto del mismo, o podrá realizar modificaciones a la
propuesta previamente elaborada, con el fin de mejorar su redacción, siempre y
cuando no desvirtúe el fondo de la misma.
Una vez aprobada la solicitud,
ésta deberá ser enviada a la Cámara revisora, para su estudio, observaciones y
aprobación, que será por una igual mayoría. Durante el estudio y aprobación de
la celebración del referéndum, las Cámaras podrán modificar la redacción pero
no el espíritu del mismo, con el fin de facilitar a los ciudadanos su
comprensión en toda su extensión, (como lo regula el artículo 378 de la
Constitución colombiana). Aprobada la solicitud por esta Cámara, ordenará la
publicación de la integridad del texto en el Diario Oficial de la Federación.
Ahora bien, si la propuesta del referéndum no es aprobada por la Cámara
revisora, deberá devolverla a la primera con sus observaciones, para su
modificación, y una vez realizada ésta, y aprobada por la mayoría relativa de
los miembros presentes en la Cámara de origen, regresará a la Cámara revisora,
y si fuese confirmada por igual mayoría, se ordenará su publicación en el
Diario Oficial de la Federación, sin que sea necesaria la aprobación del
Ejecutivo, señalando la fecha de celebración del mismo.
Como consecuencia del
procedimiento antes descrito, se faculta a tres agentes -ejecutivo, ciudadano y
legislativo- para proponer el referéndum respecto de una norma; se evita que el
Ejecutivo pueda vetar, en beneficio propio, la celebración del referéndum; y
además, que un solo partido político, que represente la mayoría relativa en el
Congreso, obligue o niegue al mismo a someter a referéndum cualquier reforma
constitucional o legislativa, para sus intereses propios; se intenta además
evitar que influencias políticas e intereses particulares influyan en la
redacción de su texto y en consecuencia su celebración resulte negativa para la
democracia, y no sea más que una pregunta compleja, demagoga y distorsionada a
favor de una minoría partidista o de grupos de interés. En este sentido
propongo que se modifique la fracción XVII del artículo 89 constitucional, para
incluir dentro de las facultades del Presidente de la República, la de proponer
la celebración del referéndum, y además, que se adicionen al artículo 71
constitucional, los párrafos en los que se especifique el procedimiento a
seguir para la celebración del referéndum.
De
la convocatoria
Durante el proceso de aprobación
de la solicitud para la celebración del referéndum, el Ejecutivo no tendrá
facultades para intervenir, y tampoco las tendrá para vetar la convocatoria.
Ésta, publicada en el Diario Oficial de la Federación por órdenes del Congreso
de la Unión, y que deberá contener el texto de la propuesta, redactado en un
lenguaje sencillo, fácil de comprender, concreto y objetivo. También deberá
señalar la fecha de la celebración del referéndum, que no podrá ser anterior a
seis meses de la fecha de publicación, otorgando así un plazo para su debido
estudio y discusión por parte de los ciudadanos; en cuanto a la promoción del
recurso de impugnación sobre la inconstitucionalidad del texto, su plazo que no
podrá ser mayor a nueve meses, para evitar que se posponga la celebración del
referéndum por tiempo indeterminado.
Hasta este momento, los
participantes en el procedimiento de referéndum son: una fracción del
electorado, una fracción del Congreso, una fracción de las Legislaturas y el
Ejecutivo, en todo lo relativo a la iniciativa para comenzar el procedimiento
del referéndum; y para aprobar su celebración, se requiere de la participación
de ambas Cámaras del Congreso, excluyendo en este paso, la aprobación del
Ejecutivo.
Medios
de impugnación
Ahora bien, la Constitución debe
prever los mecanismos de impugnación para el caso de que se solicite la
celebración de un referéndum, así como las autoridades que conocerán de estos
mecanismos. Es menester identificar las diferentes etapas del referéndum para
que se otorguen recursos aplicables a éstas; recursos que serán aplicables a
cualquier irregularidad que se presente durante el procedimiento que comprende
la aprobación, publicación, información, promoción, celebración, conteo de
votos, publicación del resultado y aplicación del mismo, ya sea para ratificar,
crear, modificar o derogar una norma. De la misma manera que el Tribunal
Federal Electoral es el órgano encargado de resolver, en forma definitiva e
inatacable, sobre las impugnaciones en las elecciones federales, y sobre las
impugnaciones de los actos y resoluciones de la autoridad electoral federal,
sugiero que también lo sea respecto de las violaciones al procedimiento del
referéndum. Así, el Tribunal Federal Electoral deberá ser la instancia que
conozca de cualquier irregularidad en el proceso que se inicia desde la
presentación de la propuesta para la celebración del referéndum y hasta la
publicación del resultado, e inclusive, hasta el cabal cumplimiento del mismo,
porque es factible que, una vez que la ciudadanía haya aprobado el referéndum,
el Congreso de la Unión se rehuse a llevar a cabo la ratificación, creación,
modificación, derogación o abrogación de una norma. En estos términos, son de
modificarse los artículos 41, en su fracción IV, y 99, en sus fracciones I y
IV, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el
caso en que se denuncie alguna irregularidad en el procedimiento del
referéndum, no es de concederse la suspensión del mismo, a menos que se
acredite, que de continuarse con el acto reclamado, se cause un daño
irreparable, de no concederse la suspensión del mismo.
Por lo que respecta a las
consecuencias inmediatas de la celebración del referéndum, que puede ser la
ratificación de una reforma constitucional o la creación, modificación,
derogación o abrogación de una norma, y que puede ser la violación de las
garantías constitucionales de un individuo, éste podrá promover el amparo, ante
los Tribunales Federales, dentro de un término de 15 días a partir de que entre
en vigor la disposición refrendada; procedimiento de amparo que se encuentra ya
regulado en los artículos 103 y 107 constitucionales. Al respecto, es de
adicionarse un párrafo a la fracción IV del mencionado artículo 41, toda vez
que, si la aplicación de la norma reformada o la abrogación de la misma, en el
caso, causa agravio directo e irreparable al quejoso, sí es de otorgarse la
suspensión, en los términos de la Ley de Amparo.
Por último, y para evitar que el
referéndum celebrado conforme a los lineamientos constitucionales carezca de
validez, sus resoluciones no podrán ser modificadas ni revocadas sino por medio
de otro referéndum o por acuerdo de dos terceras partes del Congreso de la
Unión, en el periodo de sesiones del año siguiente a la celebración.
El
órgano encargado
El Instituto Federal Electoral
será el órgano encargado de que se celebre el referéndum, de que se cumplan los
requisitos del procedimiento y de publicar su resultado, por lo que es de
modificarse la fracción III del artículo 41 constitucional. El cómputo de los
votos a favor o en contra de las preguntas contenidas en el referéndum, será
sobre la mayoría absoluta de los participantes en él, y estará a cargo del
Instituto Federal Electoral.
También será de su competencia la
difusión del contenido del referéndum, durante el término comprendido desde la
aprobación del mismo y hasta su celebración. Siendo que los temas que se
someten a referéndum originan opiniones
controvertidas, lo común es que el electorado se divida en contra o a
favor de los mismos, y que se formen sectores o grupos en pro y en contra de la
propuesta, ya sea de forma individual y aislada o bien, con apoyo de los
partidos políticos. Sin embargo, en el caso de los temas del referéndum, es
común que los miembros de un mismo partido político difieran entre sí. De
cualquier forma, los grupos de opinión que resulten, habrán de estar facultados
para exteriorizar su punto de vista al público, por los diversos medios de
comunicación, de manera ordenada y equitativa. El fin de promover el referéndum
es motivar el conocimiento y la discusión de los temas materia del mismo, para
obtener votos conscientes, razonados y cautelosos.
La difusión del tema contenido en
el referéndum que se va a celebrar, requiere de recursos materiales y humanos;
recursos que deben ser proporcionados y
explotados dentro de un marco legal y equitativo. Lo anterior se puede obtener
por medio de comités que promuevan la participación ciudadana, pero que se
encuentren bajo la vigilancia del Instituto Federal Electoral; que cuenten con
los medios aportados y controlados por el Gobierno Federal, pero que también
puedan recibir apoyo del público dentro de un límite previamente establecido;
debiendo rendir cuentas al Consejo General del Instituto Federal Electoral,
para evitar el mal manejo del dinero, la admisión desproporcionada de recursos
por parte de un sector o que se pudiera provocar la manipulación de la opinión
pública a través de campañas.
En los Estados Unidos de
Norteamérica, en donde el referéndum no está regulado en el ámbito federal,
pero es una práctica común a nivel local, surgió el debate relativo al
financiamiento de las campañas de referéndum. En 1976, la Suprema Corte de
California se opuso a las limitaciones sobre las contribuciones a las campañas
de referéndum, porque consideró que con ellas se violaría la libertad de
expresión. En 1978, la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró inválido un
estatuto del estado de Massachussets, por el que se restringían las
aportaciones corporativas a las campañas de referéndum, en base a que una corporación
podía hacer uso de la libertad de expresión para promover sus puntos de vista
respecto de una enmienda constitucional.
En México también se encuentra
garantizada la libertad de expresión, y el financiamiento de una campaña de
referéndum es una manera de ejercerla. Sin embargo, no considero que limitar
los montos máximos que una persona física o una persona moral pueda aportar a
una campaña de este tipo, sea una violación a la garantía de expresión, como no
lo es el que se encuentren limitados los topes de campaña de los partidos
políticos en la celebración de elecciones. Contrario a la opinión de la Suprema
Corte de los Estados Unidos, considero que no establecer límites a dichas
aportaciones es permitir el dominio de intereses específicos. Considero que el
Instituto Federal Electoral debe promover una información objetiva y precisa
respecto del contenido del referéndum y las consecuencias legales de las
respuestas; esto se logrará por una parte con el uso de recursos
gubernamentales, por otra vigilando las campañas de referéndum que los
distintos grupos promuevan, para buscar la mayor equidad en los tiempos
televisivos y de radio, en la difusión de propaganda por escrito, y evitando
prácticas corruptas y de manipuleo.
Las
reformas al texto constitucional
De conformidad a lo expuesto con
antelación, propongo la siguiente redacción de los artículos antes mencionados,
por la que es de instituirse el referéndum total o parcial, constitucional
obligatorio y legislativo facultativo, tanto desde el momento de la creación de
la norma y aun después de aprobada por el Poder Legislativo. Esto implica que
los órganos facultados para ello podrán solicitar que se realice un referéndum
respecto de la creación, modificación, derogación y/o abrogación de una norma, por
lo que no se restringe la celebración del referéndum al momento en que ya fue
aprobada la norma o su abrogación. La consecuencia de lo anterior es que un
órgano distinto al Poder Legislativo, estará facultado para solicitar al
Congreso de la Unión que discuta respecto de un tema que considera prioritario.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta
soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que eleva a rango
constitucional la figura del referéndum, con el fin de dar paso en el
desarrollo democrático de la nación, a una autentica democracia participativa;
exigencia social del México de hoy.
La siguiente redacción de los
artículos constitucionales que considero deben ser reformados, responde a la
finalidad de la presente iniciativa de ley, y que es la instauración de la
figura del referéndum en nuestra legislación federal, la que debe ser
complementada con la adición de un libro al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, que defina el concepto del referéndum, y contemple
el procedimiento para su celebración, de conformidad con los lineamientos antes
señalados.
Por lo expuesto y con fundamento
en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se somete a la consideración del Honorable Congreso de la
Unión, por conducto de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a los
artículos 35, 41,60, 71, 89,99, 116 y 135 de la Constitución General de la
República para incorporar a esta última la figura del referéndum.
Decreto
de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Unico:
Se reforman y adicionan los artículos 35, fracción VI, 41,
fracciones III y IV, 60, 71, 89, fracción XVII, 99, fracciones I y IV, 116 y
135 de la Constitución General de la República, para quedar en los siguientes términos:
Artículo
35. Son prerrogativas del ciudadano:
VI.-
Presentar al Congreso de la Unión proyectos de Ley y solicitar al mismo la
celebración de referenda en los términos de la presente Constitución y de la
Ley en la materia.
Artículo
41. El pueblo ejerce su soberanía por medio del referéndum y de
los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de
los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las
estipulaciones del pacto federal.
La renovación de los poderes Legislativo
y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las
siguientes bases:
…
III. La organización de las elecciones federales y de referenda es una función estatal
que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto
Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio
de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad serán principios rectores.
…
El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma
integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades
relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los
derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, los procedimientos de referenda, al
padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación
de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley,
declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de
diputados y senadores, declaración de
validez de los resultados de referenda, cómputo de la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos
electorales uninominales, la regulación de la observación electoral, y de las
encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los
órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.
IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y
legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de
medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley.
Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos
electorales, y garantizará la protección de los derechos políticos de los
ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo
99 de esta Constitución, así como de
presentar iniciativas de Ley y de solicitar la celebración del referéndum,
participando en ello, en los términos del artículo 71 de esta Constitución.
En materia electoral y de referéndum la interposición de los
medios de impugnación constitucionales o legales no producirá efectos
suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado, excepto en aquellos casos que expresamente señale esta Constitución.
Artículo
60.- El organismo público previsto en el artículo 41 de esta
Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, …Además, declarará la validez de los procedimientos de referenda que se
celebren.
Artículo
71. ... (...)
Podrán solicitar que se someta a
referéndum una reforma constitucional, o la creación, modificación, derogación
o abrogación de una ley, de conformidad a los lineamientos contenidos en la
presente Constitución:
A) El Presidente de la República;
B) Una cuarta parte de los miembros de alguna de las Cámaras
del Congreso.
C) Seis o más legislaturas de los estados;
D) Ciudadanos con derecho a voto que representen el 1.5% del
padrón electoral o más.
No serán
objeto de referéndum las cuestiones relativas a:
a) Materia Fiscal
b) Impuestos
c) Presupuestos de egresos e ingresos de la Federación
d) Materia Financiera
e) Designación de Presidente de la República, ya sea con
carácter de interino, sustituto o provisional
La solicitud para la celebración
del referéndum deberá presentarse respecto de un solo tema, y deberá contener
el precepto cuya creación, modificación, ratificación, derogación o abrogación
se propone y el sentido de la misma.
Las propuestas para celebrar el
referéndum pasarán desde luego a comisión. La Cámara de origen deberá redactar
el texto del referéndum, cuando no se haya presentado ya, o podrá realizar
modificaciones al proyecto que se presente, con el fin de mejorar su redacción,
siempre y cuando no se desvirtúe el fondo de la misma. Sólo se reputará
aprobada por la Cámara de Origen, si votan a favor la mayoría simple de los
congresistas presentes al momento de la votación, en cuyo caso pasará a la otra
Cámara para su aprobación en los mismos términos. La Cámara revisora podrá
modificar el texto del referéndum, en cuyo caso deberá devolverlo a la Cámara
de Origen. Si examinado de nuevo fuese aprobado por mayoría simple de los
presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en
consideración.
El texto del referéndum deberá ser
redactado de manera clara y concisa, y no podrá contener una pluralidad de
demandas; una vez aprobado por ambas Cámaras, se ordenará de inmediato la
publicación en el Diario Oficial de la Federación del texto completo del
referéndum, señalando la fecha de celebración del mismo; sin que sea necesaria
la aprobación del Ejecutivo; fecha que no podrá ser anterior a los seis meses
ni posterior a los nueve meses de la fecha de su publicación.
El Instituto Federal Electoral por
conducto del Consejo General, será el órgano encargado de que se celebre el
referéndum con base a los lineamientos que la ley señale. La propuesta
contenida en el referéndum será aprobada, si así lo determina la mitad más uno
de los votantes que concurran al acto del referéndum.
El resultado del referéndum se
dará a conocer por el Consejo General del Instituto Federal Electoral y no
podrá ser vetado por el titular del Ejecutivo ni modificado por el Congreso de
la Unión, por lo que deberá ser publicado de inmediato en el Diario Oficial de
la Federación por el Ejecutivo.
Las resoluciones tomadas por
referéndum no podrán ser modificadas más que por otro referéndum o por dos
terceras partes de los miembros del Congreso de la Unión, y no podrán ser
discutidas en el mismo año en que se publicaron.
La Ley regulará el procedimiento a
que se sujetará la celebración del referéndum, así como el método y los medios
materiales para su difusión.
Artículo
89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las
siguientes:
XVII.- Presentar a consideración del Congreso de la Unión,
la propuesta para la celebración de referéndum de conformidad a lo estipulado
por esta Constitución y a la Ley en la materia; y ejecutar las resoluciones que
resulten de la celebración del referéndum, proveyendo en la esfera
administrativa a su exacta observancia.
Artículo
99. …
Al Tribunal Electoral le
corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta
constitución y según lo disponga la Ley, sobre:
I. Las impugnaciones en las elecciones federales de
diputados, senadores y las impugnaciones
relativas al proceso del referéndum;
…
IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y
firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para
organizar y calificar los comicios y los
referenda, o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que
puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el
resultado final de las elecciones.
Esta vía procederá solamente
cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de
los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o
legalmente fijada para la instalación de los órganos, la toma de posesión de
los funcionarios elegidos o dentro de un
plazo de treinta días posterior a la publicación del resultado del referéndum.
Artículo
116. ...
IV.- Las constituciones y leyes de los estados en materia
electoral garantizarán que
a) a i)
Cada Estado
gozará de autonomía para regular la celebración de referenda locales, debiendo
vigilar que se cumplan las garantías establecidas en los incisos anteriores
para dicho procedimiento.
Artículo
135.
La presente Constitución puede ser
adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte
de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos
terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones,
y que éstas sean aprobadas por la
mayoría de las legislaturas de los estados y,
además, excepto por las materias expresamente señaladas en el articulo 71, se
sometan a referéndum, en los términos de la presente Constitución, en cuyos casos
se requerirá de la mayoría de los ciudadanos con derecho a voto que hayan
participado en él. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su
caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de
haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
Transitorios
Primero.- El
presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se
derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF,
a 4 de abril del 2002.
Diputados: Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, José Antonio Calderón Cardoso
(rúbricas)
(Turnada a las
comisiones de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana. Abril 4 de
2002.)