De reformas a la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, para que se garantice la obligacion del Ejecutivo de destinar
por lo menos 8% del PIB a la educacion, presentada por el diputado Jose Narro
Cespedes, del grupo parlamentario del PT, en la sesion del jueves 6 de
diciembre de 2001
Los suscritos, diputados federales
a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que se dispone en
los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
sometemos a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, por
el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman la fracción IV del artículo 3º y el párrafo cuarto del artículo 4º, ambos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base en la
siguiente:
Exposición de Motivos
México fue el primer país en el
mundo que incorporó, como resultado de la lucha social armada de 1910-1917, en
su Constitución Política los denominados Derechos Sociales, aspecto que rompe con
las concepciones liberal-individualistas de las Constituciones decimonónicas.
México es reconocido
internacionalmente por esta aportación al Derecho Público que ha sido imitada
por muchos otros países y que los mexicanos del presente siglo no podemos cancelar.
El Constituyente de 1916-1917
consagró estos Derechos Sociales como reconocimiento a las desigualdades
sociales que tuvieron su cruento desenlace en la nefasta dictadura de Porfirio
Díaz. El texto constitucional establece derechos para los gobernados y,
simultáneamente, obligaciones a cargo del Estado.
En el texto original de nuestra
norma fundamental se reconoce como obligación a cargo del Estado la de impartir
educación, y en la fracción VII del artículo 3º
clara e indubitable que “toda la educación que el Estado imparta será
gratuita”.
Desde 1917 a la fecha,
simultáneamente a la educación a cargo del Estado, se ha desarrollado la
educación por particulares con reconocimiento de validez oficial.
Han sido las instituciones
públicas de Educación Superior de este país: la Universidad Nacional Autónoma
de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma
Metropolitana y todas las universidades públicas de los estados las que han
contribuido de manera vigorosa, a través de sus egresados y estudiantes a
generar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.
Sin embargo, el Estado se ha
desentendido paulatinamente de su obligación de apoyar presupuestalmente al
sistema de educación pública en todos sus niveles, esto se ha traducido en la
baja de la calidad académica, y en la creencia a todas luces falsa, de que la
educación privada es mejor que la pública.
La inversión pública en el aspecto
educativo ha decrecido en términos reales y su proporción con relación al
Producto Interno Bruto también ha disminuido, lo que implica que tengamos en la
actualidad millones de mexicanos que no tienen acceso a la educación básica,
media superior y superior. En especial en la educación media y superior la
cobertura es totalmente insuficiente.
Por ello, el grupo parlamentario
del Partido del Trabajo está convencido de la necesidad de incrementar los
recursos que se destinen a la educación en cualquiera de sus modalidades.
En consecuencia, nuestra propuesta
específica es que se garantice en la fracción séptima del artículo tercero
constitucional, la obligación del Gobierno Federal de destinar recursos
públicos al menos por el equivalente al 8 por ciento del Producto Interno Bruto
al ramo educativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación en los ejercicios
fiscales correspondientes.
Compañeras
y compañeros legisladores:
La mejor inversión que un país
puede hacer en beneficio de su población es invertir en materia educativa. Todos los países que
han aprovechado las condiciones del nuevo orden mundial han dedicado un monto
sustancial en el ramo educativo. Los llamados “Tigres Asiáticos” son una
muestra palpable de ello.
Las organizaciones internacionales
públicas y privadas ponen especial énfasis en señalar que los países de
desarrollo medio como el nuestro destinen fondos suficientes a la educación y a
la investigación.
Los procesos de modernización de
los países en la fase reciente reiteran la necesidad de que los pueblos tengan
el Derecho a la Educación y a la Salud si es que quieren avanzar en el nuevo
entorno de la globalización. Las nuevas tendencias de la economía y la sociedad
suponen necesariamente que la educación en particular debe tener una prioridad
estratégica, porque el conocimiento es el recurso fundamental y es el parámetro
con el que hoy se mide la capacidad productiva de una Nación.
Debemos evitarnos la vergüenza de
los resultados que arrojan las evaluaciones internacionales, que nos sitúan en
niveles que están muy por debajo de lo deseable. Resulta increíble que seis
años después tengamos que enterarnos que nuestro sistema educativo está en el
nivel más bajo de los países encuestados.
En lo que se refiere al derecho a
la protección de la Salud, que fue incorporado por el Constituyente Permanente
a nuestra Norma Fundamental con la publicación en el Diario Oficial de la
Federación del 3 de febrero de 1983, al establecer en el párrafo IV del
Artículo 4º que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud“.
Desde luego resulta claro que en
un país en donde 40 millones de personas se encuentran en niveles de pobreza
extrema este derecho no se cumple cabalmente. Las instituciones de Salud
dependientes de la Secretaría de Salud, el Seguro Social y el ISSSTE, en muchas
ocasiones no prestan el servicio como debería ser. El argumento reiterado es la
incapacidad económica para afrontar debidamente sus responsabilidades.
La situación de los particulares
que no son derechohabientes de alguna Institución de Salud Pública es
dramática, en muchas ocasiones carecen de los recursos económicos para tener
acceso a la medicina privada. También los médicos se han vuelto insensibles
ante el dolor de quien ha perdido su salud. La prensa y los medios electrónicos
con frecuencia nos informan sobre ello.
En el ámbito de la Salud también
se requiere una cuantiosa inversión para satisfacer este servicio público que
supone importantes erogaciones en infraestructura física, equipo, materiales y
recursos humanos.
Los diputados integrantes del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos plenamente convencidos de
que la mejor inversión que el Estado Mexicano puede hacer es precisamente en
los aspectos educativos y de salud, si logramos impulsar esta medida estaremos
construyendo un mejor futuro para las próximas generaciones de mexicanos.
El porcentaje del gasto público
que se plantea con respecto al Producto Interno Bruto tiene como sustento por
una parte, los criterios que los organismos internacionales públicos y privados
recomiendan como mínimo para el Gasto en Educación y Salud, por otra parte, tal
y como lo hemos señalado el rezago en estos dos rubros es alarmante en nuestro
país. Por tanto, si queremos ser competitivos con nuestros socios comerciales y
arribar a un estadio de desarrollo superior solo lo podremos lograr si
atendemos de manera suficiente la demanda de estos servicios.
Compañeras
y compañeros diputados:
Por lo anteriormente expuesto y
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los
artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración
del pleno de la H. Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción
IV del artículo 3º y se reforma el
párrafo cuarto del Artículo 4º, ambos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
ARTÍCULO
PRIMERO.- Se reforma la
fracción IV del Artículo 3º y se reforma
el párrafo cuarto del artículo 4º ambos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:
Artículo 3º.
...
...
I. a III. ...
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. El
Gobierno Mexicano destinará en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, al menos el ocho
por ciento del Producto Interno Bruto para
satisfacer las necesidades del sistema educativo público en sus
diferentes niveles.
V. a VIII. ...
Artículo 4. ...
...
...
Toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. El Gobierno Mexicano destinará en el
Presupuesto de Egresos de la Federación
de cada ejercicio fiscal, al menos el ocho por ciento del Producto
Interno Bruto para satisfacer las
necesidades del sistema de salud público en sus diferentes niveles. La ley definirá las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
...
...
...
Transitorio
UNICO.- El
presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 6 días
del mes de diciembre del año dos mil uno.
Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes (rúbrica),
vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia
Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila, Juan
Carlos Regis Adame (rúbrica), Jaime Martínez Veloz (rúbrica), José Manuel del
Río Virgen (rúbrica), Martí Batres Guadarrama (rúbrica).
(Turnada a la Comisión
de Puntos Constitucionales. Diciembre 6 de 2001.)