De reformas al articulo 93 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Gregorio Urias German, del grupo parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica, en la sesion del lunes 9 de abril de 2001 Versión para Imprimir

Exposición de Motivos

En los últimos años, se ha desarrollado en México un intenso debate, cuyo aspecto fundamental tiene que ver con la imperante necesidad de construir un régimen democrático, como garantía para superar rezagos históricos que han postrado a la gran mayoría de los mexicanos, relegándolos de toda expresión de progreso y avance social.

En la actual etapa de transición democrática, es pertinente ubicar los aspectos de diseño normativo e institucional, que han contribuido para la construcción de un sistema no democrático, ahora en crisis y cuya razón de existencia ha perdido sentido, de ahí que resulte fundamental para la construcción del nuevo escenario democrático, el rediseño de los aspectos normativos; abrogando o derogando aquellas disposiciones legales que han servido de sustento para la distorsión en diversos aspectos del actuar del Estado mexicano y dando vida a nuevas normas que corrijan tal distorsión y contribuyan en la construcción del nuevo marco legal, que haga posible la existencia de un Estado social y democrático de derecho.

El régimen político imperante en las últimas siete décadas, se diseñó con base en un sistema presidencialista, en el que la figura imperial del Presidente de la República se erige en forma absolutista como el centro del actuar estatal, en detrimento del esquema universalmente aceptado de división de poderes, mismo que mantiene su vigencia, con todas las adecuaciones propias de la evolución histórica que la creación humana debe experimentar; por lo que a la idea aristotélica, se suma los importantes aportes de Locke y desde luego, la definición teórica que condensa el pensamiento de Montesquieu, quien, supo dar forma a la idea de la necesaria distribución de las tareas estatales en distintos poderes, ubicándolos a todos en un mismo plano, es decir, una indispensable coexistencia desarrollando cada uno, en su ámbito de atribuciones, las tareas que le corresponde conforme a la función estatal asignada. El éxito de tal esquema, se funda en que ninguno de los poderes sobreponga su función sobre los otros y menos aún, se ocupe de las tareas que no le son propias.

En México, se ha caminado en sentido contrario a la esencia de la teoría de la división de poderes, la cual, a la luz de la modernidad, es pertinente asumirla como separación de funciones para que el actuar del Estado sea eficiente y así los mexicanos alcancemos la armonía y el bienestar social a que tenemos derecho. Con el actual diseño constitucional y legal, se ha construido un exacerbado modelo presidencialista, en el que los poderes Legislativo y Judicial, gravitan en torno a la figura del Presidente, quien conforme al texto del artículo 80 de la Constitución General de la República, es el depositario del ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo.

Es obligado reconocer que al crecimiento de la población se acompaña el aumento de las necesidades que el Estado debe atender, principalmente en materia de servicios públicos, de ahí que, es explicable la gran expansión de los órganos de la administración pública, sin embargo, esto no justifica la existencia de un predominio del Poder Ejecutivo, tal como se asume en el orden jurídico mexicano, por lo que la primera gran tarea en el proceso de cambio democrático que ahora cursamos pasa por conceder mayores facultades a los poderes Legislativo y Judicial.

En tal esquema, consideramos pertinente que el Legislativo gane terreno en materia de control y supervisión de las actividades del Ejecutivo. Es oportuno dar un paso más, en cuanto al actual contenido del artículo 93 constitucional; puesto que, no encontramos sustento alguno para que el Congreso de la Unión limite su intervención mediante comisiones investigadoras, solo a organismos descentralizados y empresas de participación estatal y no tenga estas mismas facultades, frente a los órganos que componen la administración pública centralizada, esto resulta una paradoja, en virtud de que es precisamente en dichos órganos, en quienes recae la principales tarea de orden administrativo y cuyo desempeño impacta de manera directa en la esfera de derechos de los gobernados.

Asimismo, es un imperativo que el resultado de la investigaciones desarrolladas, cuando de las mismas se deriven consecuencias de orden penal, civil, administrativas o de cualquier otra índole, el Poder Legislativo, sin perjuicio de poner al tanto al titular del Ejecutivo Federal, esté facultado para ejercer la acción legal correspondiente y acuda ante la instancia competente a solicitar se inicie el procedimiento en los términos de las leyes aplicables, superando el actual planteamiento constitucional en virtud del cual los resultados de las indagatorias sólo se hacen del conocimiento del Presidente de la República.

En consecuencia de lo anterior, se requiere eliminar todo tipo de impedimento para que el Legislativo asuma su importante función de control frente al Ejecutivo, por tanto debe modificarse el texto del artículo 89 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suprimiendo del mismo lo referente a la reserva de información de determinados asunto; ya que no tiene sentido, ni sustento alguno, que bajo el pretexto de tal reserva, se pretenda frenar la intervención del Poder Legislativo.

Por lo antes expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de este Honorable órgano legislativo la siguiente Iniciativa de:

Decreto

Artículo Unico: Se reforma el artículo 93, párrafo tercero, de la Constitución General de la República. Así como el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

…

“Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros tratándose de los diputados, y de una tercera parte, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de la administración pública centralizada, organismos descentralizados y empresas de participación estatal, para lo cual, el titular del Ejecutivo Federal, proveerá en todo momento lo necesario. Los resultados de las investigaciones se darán a conocer tanto al titular del Ejecutivo como a la Cámara respectiva, sin perjuicio de que esta última, cuando haya lugar a ello, ponga a disposición de la autoridad competente el asunto, para que se proceda conforme a las leyes aplicables o en su caso se aplique el título cuarto de la presente Constitución.”

Artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

“Las comisiones, por medio de su Presidente, podrán pedir a cualesquiera archivos y oficinas de la nación, todas las informaciones y copias de documentos que estimen convenientes para el despacho de los negocios; en la inteligencia de que la lenidad o negativa a proporcionar dichas copias dentro de los plazos pertinentes, autorizará a las mencionadas comisiones para dirigirse oficialmente en queja al C. Presidente de la República, sin perjuicio de iniciar los procedimientos a que tal conducta dé lugar, en los términos de la legislación aplicable.”

Diputados: Jesús Garibay García, Ma. de los Angeles Sánchez Lira, Adela del C. Graniel Campos, Luis Herrera Jiménez, Eric Villanueva Mukul, Rufino Rodríguez Cabrera, Rafael Hernández Estrada, Enrique Herrera y Bruquetas, Alfonso Elías Cardona, Rogaciano Morales Reyes, Ricardo Moreno Bastida, Alejandra Barrales Magdaleno, Rafael Servín Maldonado, Gregorio Urías Germán (rúbricas).