Que reforma los articulos 94, 105 y 107 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Poder Judicial de la Federacion, presentada por el diputado Amador Rodriguez Lozano, en la sesion del martes 29 de octubre de 2002     Versión para Imprimir

El que suscribe, Amador Rodríguez Lozano, diputado federal de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que reforma los párrafos primero y quinto del artículo 94; fracción III, párrafo primero, del artículo 105; fracción VIII, párrafo primero, y fracciones XI y XII, en sus párrafos primero y segundo, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con arreglo a la siguiente

Exposición de Motivos

La justicia deja de ser un propósito etéreo cuando las instituciones encargadas de aplicarla son eficientes. Cuando todo individuo tiene la certeza de que, independientemente de su condición económica y social, la justicia se aplicará oportunamente.

Porque la justicia o es pronta y expedita o simplemente deja de serlo. En este sentido lograr que nuestras instituciones tengan la capacidad de actuar de manera oportuna y eficaz, es una tarea permanente y a la cual debe de aplicarse el mayor de los esfuerzos.

Sobre todo en una sociedad como la mexicana que reclama y exige instituciones de justicia sólidas y eficientes, que den certidumbre y confianza a todos los individuos.

Ciertamente la problemática que aqueja a la impartición de la justicia no resulta tarea sencilla de resolver, dada la complejidad que ello reviste, en donde no bastan las solas declaraciones formales contenidas en los ordenamientos legales, sino la conjunción de elementos económicos, políticos, sociales y culturales, que las hagan viables.

En este propósito de lograr una mejor impartición de justicia en México, se ha reformado el ordenamiento penal para castigar con mayor severidad y perseguir con mayor eficacia el crimen organizado; reorganizado el Poder Judicial Federal, en especial la Suprema Corte de Justicia, para que de manera especial asuma la delicada tarea de dirimir las controversias constitucionales; creado un Consejo de la Judicatura que permite hacer una realidad la carrera judicial; consagrado nuevas acciones, reglas y principios para la observancia y defensa de la Ley Fundamental, en la que destaca la acción de inconstitucionalidad; expedido una nueva Ley de Defensoría Pública, que brinde a las personas más desprotegidas el respeto a sus garantías consagradas en el ordenamiento constitucional, por señalar sólo algunos ejemplos.

Sin embargo, en esta materia quedan aún tareas que reclaman pronta solución, entre las que destaca la lentitud y el rezago en la impartición de la justicia, cuestión que hoy ocupa nuestra atención y que propongo subsanar mediante la iniciativa que hoy presento a la consideración de esta honorable asamblea. El propósito fundamental de la misma estriba en reformar la integración de los actuales tribunales unitarios de circuito para convertirlos en tribunales colegiados, con las responsabilidades y competencias que ahora tienen, pero con el enriquecimiento y apoyo que traería aparejada la presencia de un mayor número de magistrados. Fundan la presente iniciativa las siguientes consideraciones jurídicas que se presentan a continuación.

De la evolución en la organización del Poder Judicial Federal y la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Entre los mecanismos para lograr una más oportuna y dinámica impartición de justicia en México, destacan las diversas reformas al Poder Judicial a lo largo del presente siglo, tratando de alcanzar tal idea, en el que sobresale la modificación a la organización, integración y competencia de los tribunales federales que lo conforman, para así evitar el rezago que siempre ha existido en esta materia y que tanto preocupa y sufre la sociedad; sin embargo, cuáles han sido las particularidades que se han presentado en esta evolución en la impartición de la justicia y del porqué de la iniciativa que hoy presentamos.

La creación de los Tribunales Colegiados de Circuito en México se inspiró, como han señalado importantes tratadistas, aun cuando no se dijera de manera expresa en la correspondiente exposición de motivos, en la reforma de la organización judicial de los Estados Unidos de 1891, a través de la cual se introdujeron tribunales de circuito de apelación, precisamente para auxiliar a la Corte Suprema Federal del gran número de asuntos que impedían su debida atención y su debido funcionamiento.

Fue durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, con la reforma constitucional y legal que entró en vigor en el mes de mayo de 1951, cuando se establecieron nuevos órganos de la justicia federal, al lado de los tradicionales Tribunales Unitarios de Circuito. Los nuevos órganos creados fueron los Tribunales Colegiados de Circuito, integrados por tres magistrados, con la función específica de auxiliar a la Suprema Corte de Justicia, desahogando todos aquellos expedientes que contuvieran recursos de apelación, aunque no quedaban exentos del conocimiento de los juicios de amparo, tanto de una sola instancia como de doble grado, en aquellos aspectos que se consideraran de menor importancia; desde luego este hecho, además de contribuir a aligerar la pesada carga de trabajo que abrumaba a nuestro máximo tribunal de justicia, comenzó el proceso irreversible para que la Suprema Corte de Justicia se abocara a resolver de manera particular las controversias constitucionales, claro está que tuvieron que pasar aún varias décadas para que este fenómeno se consolidara.

También en ese año (1951) se aumentó el número de los ministros de la Suprema Corte con cinco supernumerarios, con doble función de sustituir a los numerarios e integrar una sala auxiliar con la competencia que le encomendara el Tribunal en pleno.

Desde entonces, a nuestro juicio, la evolución y desarrollo que se observa entre la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados y los Juzgados de Distrito en relación a los Tribunales Unitarios no ha sido equilibrado, pues como veremos a continuación, mientras las reformas realizadas al Poder Judicial de la Federación se han ocupado en consolidar a nuestro máximo tribunal, como verdadero tribunal constitucional, fortalecer su integración y competencia así como incrementar el número de Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, se ha desdeñado la composición de los Tribunales Unitarios, lo cual resulta incongruente con la reforma integral de justicia que queremos para el país.

En efecto, no puede comprenderse el cabal desarrollo de la impartición de la justicia en México, si omitimos atender la condición que guardan los Tribunales Unitarios de Circuito del país y su necesidad de transformarlos en Tribunales Colegiados, conservando las atribuciones y responsabilidades que hasta ahora tienen encomendadas, pero dando el primer paso con el enriquecimiento que significaría su actuación como cuerpo colegiado.

Los Tribunales Colegiados como medio para agilizar la impartición de justicia.

Como es sabido, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su integración y competencia original, se le confirió al Pleno de la misma, con sus once ministros que entonces la integraban, la única instancia para resolver los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas en materia civil y penal, pero en segunda instancia, a través del llamado recurso de revisión, de los juicios de amparo iniciados ante los jueces de distrito contra actos de autoridad distinta de la judicial o de actos de ésta efectuados fuera de juicio, después de concluidos o de actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación o afectara a personas extrañas al juicio.

Los primeros diez años de funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, como era de esperarse, culminó con la reforma constitucional de 1928, que dividió al más alto tribunal en tres salas especializadas para el conocimiento del juicio de amparo, con lo cual se reconoció el predominio de la función de casación que tenía encomendada. Sin embargo, es de destacar que un gran porcentaje de los procesos de amparo planteados ante la propia Suprema Corte se refería a la impugnación de las resoluciones judiciales, por aplicación de preceptos legislativos de carácter ordinario.

Esta tendencia hacia la especialización de la Suprema Corte en salas, iniciada en 1928, se continuó en la reforma del propio artículo 94 de la carta federal promulgada el 15 de diciembre de 1934, a través de la cual se elevó el número de ministros a veintiuno, funcionando en Pleno o en cuatro salas de cinco magistrados cada una. El objeto de esta reforma fue el establecimiento de una sala para conocer de los juicios de amparo en materia laboral, que anteriormente correspondían a la Segunda Sala, administrativa, del propio alto tribunal, por considerarse que las resoluciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje eran actos administrativos en sentido formal.

Las subsecuentes reformas, muy numerosas, a la legislación de amparo, tanto constitucional como reglamentaria, tuvieron como propósito esencial combatir el rezago de la Suprema Corte de Justicia en el conocimiento del juicio de amparo, si se toma en cuenta que las citadas modificaciones de 1928 y 1934 no fueron suficientes para aliviar la elevada carga de trabajo que afectaba gravemente el funcionamiento de los tribunales federales, pero en forma especial a la propia Suprema Corte, entre esas reformas destacan la previsión de los llamados ministros supernumerarios a los cuales hemos aludido anteriormente.

Se advierte, en cada reforma una natural tendencia de “constitucionalización” de la Suprema Corte de Justicia, consistente en que el control relativo a las cuestiones de legalidad se confirieran en su totalidad a los Tribunales Colegiados de Circuito, cuya presencia como también hemos acotado se remonta al gobierno alemanista.

La reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994, concluye de manera importante la organización del Poder Judicial de la Federación. Dicha reorganización se traduce fundamentalmente en una nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas facultades como tribunal constitucional se amplían y refuerzan, lo que no es sino un paso más en la evolución iniciada y llevada adelante por reformas anteriores, especialmente la de 1987, y en la creación del Consejo de la Judicatura Federal como órgano especializado de gobierno, administración y disciplina del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el nuevo párrafo segundo del artículo 94, la Suprema Corte vuelve a su composición original de once ministros y desaparece la figura de los ministros supernumerarios.

Esta nueva integración parece necesaria y congruente desde el punto de vista de las funciones de la Corte como tribunal constitucional. Las reformas que habían ampliado sucesivamente el número de integrantes de la Suprema Corte y que, posteriormente, habían creado los Tribunales Colegiados tuvieron como propósito fundamental aliviar la carga de trabajo de la Corte y auxiliarla en la muy difícil tarea de ser la última instancia de revisión de todos los asuntos judiciales del país.

De la necesidad de transformar los Tribunales Unitarios en Colegiados de Circuito.

Resulta incuestionable el hecho de que la creación de los Tribunales Colegiados contribuyó a lograr una mejor impartición de justicia en México, al revisarse con mayor detenimiento cada uno de los asuntos planteados, lo que contribuyó de manera significativa a abatir el rezago de los asuntos encomendados a la Suprema Corte de Justicia; por lo anterior, creemos que es tiempo de reformar la integración de los Tribunales Unitarios de Circuito para transformarlos en cuerpos colegiados y así se pueda lograr una justicia más oportuna y eficaz.

Con la presente iniciativa, se pretende impulsar y fortalecer la impartición de justicia del país, apoyados en la experiencia positiva que resultó la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que es tiempo de que los Tribunales Unitarios se vean beneficiados con la presencia de mayor número de magistrados, profesionales y honorables, que con mayor cuidado y detenimiento puedan analizar y resolver cada uno de los expedientes asignados, y con ello también aminorar el lamentable rezago que estos Tribunales padecen.

De transformarse los Tribunales Unitarios en Colegiados, se daría un paso importante y definitivo en hacer la justicia mexicana más ágil y expedita.

En efecto, un primer aspecto en el que se avanzaría fundamentalmente, sería en abatir el rezago judicial, ya que en los hechos se triplicaría el número de magistrados que conocerían de asuntos sin necesidad de aumentar sensiblemente ni la infraestructura administrativa ni la creación de nuevos tribunales.

Otro aspecto no menos trascendente, es el de la imparcialidad del juzgador. En efecto, al colegiarse la decisión de las resoluciones de los tribunales, se quitaría mucha de la presión que actualmente se ejerce en asuntos de gran importancia nacional, penal y administrativa, en contra de una sola persona. Al establecerse ahora, Tribunales Colegiados para todas las resoluciones, esta circunstancia se reduciría notablemente y se ganaría mucho en cuanto a la imparcialidad e independencia del Poder Judicial, dos temas profundamente vinculados con una mejor justicia en México.

Desde luego, esta reforma constitucional en caso de ser aprobada, requerirá en su momento adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Amparo respectivamente.

Por lo anteriormente expuesto, por el digno conducto de ustedes ciudadanos secretarios, me permito someter a la consideración del poder revisor de la Constitución, la presente iniciativa de reforma constitucional para quedar como sigue:

Art. 94.-  Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito.

...

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división de circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito.

...

Art. 105.-

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

...

Art. 107.- ...

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los jueces de Distrito o los Tribunales Colegiados de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia.

...

XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los Tribunales Colegiados de Circuito y la propia autoridad responsable decidirá al respecto. En todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los Juzgados de Distrito o los Tribunales Colegiados de Distrito.

XII...

Si el juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca.

XIII...

Palacio Legislativo, a 29 de octubre de 2002.

Dip. Amador Rodríguez Lozano (rúbrica)


(Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma  del Estado. Octubre 29 de 2002.)