Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1458, jueves 18 de marzo
de 2004
QUE REFORMA EL ARTICULO 41 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MANUEL VEGA RAYET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI Versión para Imprimir
El suscrito, diputado federal Juan Manuel Vega Rayet, integrante de la LIX Legislatura y del grupo parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorgó el artículo 70 y la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción II del artículo 55 y en el artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, por la cual se modifica el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que modifica diversos artículos del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Exposición de Motivos
Los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia moderna, instituciones idóneas para canalizar pacíficamente la participación política de los ciudadanos. Son espacios de discusión y debate, su existencia y reconocimiento es indispensable en la democracia nacional. Como instituciones, cumplen funciones sociales de gran importancia para el sistema democrático: la socialización de ideas políticas y movilización política; la representación de intereses diversos; el reclutamiento y selección de elites; la composición de los principales órganos del Estado y, sobre todo, la legitimación del sistema político.
Históricamente, en 1929, por ejemplo, se dan los primeros pasos para dar un golpe al caudillismo, que hasta entonces era uno de los principales obstáculos para la democracia. Hacia 1935 y 1938 se dieron pasos definitivos para reducir las distancias entre los pobres y los más ricos de la sociedad. Todos ellos con la finalidad de evitar que la desigualdad social siguiera siendo una de las piedras angulares de la violencia.
Estas transformaciones, si bien no tan explícitamente, implicaban una búsqueda de mejoramiento de la sociedad para mantener vigente el sistema político.
A menudo, el viaje hacia las transformaciones es necesario en sí, pero debemos definir el puerto de llegada. En esas condiciones, que la intención anunciada de los cambios hacia una mejor democracia suele ser un factor que por sí mismo legitima a quienes hacen el anuncio o la promesa. Anunciar reformas, sin que sea exclusiva del sistema político mexicano, es una práctica de legitimación y este ejercicio produce dividendos considerables, sobre todo cuando existe un trasfondo de dificultades para todo el conjunto. Por ello los esfuerzos de los gobiernos de México se dieron a la tarea de propiciar una mayor participación de los partidos políticos. En una visión más coherente con la realidad política nacional.
Sobre esta premisa, la apertura democrática fue una respuesta de emergencia al creciente deterioro del poder político. Con antecedentes de lucha democrática en el movimiento estudiantil de 1968. Fue con este movimiento y los años subsiguientes, cuando ya la legitimidad del sistema se deslizaba por la pendiente más pronunciada.
Es en 1977 que la Ley Federal de Organizaciones y Procedimientos Electorales (LFOPE) introdujo la figura jurídica de registro para darle cabida a una serie de organizaciones políticas que hasta ese momento no habían podido participar en los procesos electorales federales. Bajo esta denominación diversas organizaciones obtuvieron, y participaron, en las elecciones federales de 1979, 1982 y 1985.
La pluralidad, la diversificación de la sociedad mexicana, su composición heterogénea, sumada a las condiciones de deterioro económico, convirtieron a la competitividad electoral en una amenaza latente. Las reformas electorales y los mecanismos de control del sistema han conseguido contenerla. Pero aún subsiste, aunque con rasgos más democráticos; sin embargo, aún no cuentan con la legitimidad suficiente para seguir siendo la fuente para el ejercicio del poder político.
En 1986 se inicio un proceso de revisión de nuestro ordenamiento electoral federal con el propósito de adecuar las instituciones electorales a los cambios y necesidades del nuevo entorno político-social. De ese modo, en febrero de 1987 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Código Federal Electoral que sustituye a la LFOPE. Una de las novedades de este nuevo código lo constituyó la desaparición de la figura de registro condicionado. Con lo cual, las organizaciones que participaron en los comicios federales lo hicieron a través de la obtención de su registro como partido político o, en su caso, mediante la denominación de asociaciones políticas nacionales. El proceso electoral federal de 1988 produjo una situación inédita en el país. Una de ellas consistió en una creciente impugnación hacia los resultados electorales como una desacreditación de las instituciones y normas electorales. Por ello, el nuevo gobierno se vio en la necesidad de reformar nuestro marco electoral federal para darle respuesta a los reclamos provenientes de diversos sectores sociales como de los propios partidos políticos. Así, en agosto de 1990 se aprueba el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) con el cual se modifican sustancialmente la estructura institucional del máximo órgano electoral. Asimismo, se introducen novedosos mecanismos y reglas electorales. Una de las novedades de dicho código lo constituyó la reinstalación de la figura de registro condicionado y la desaparición de la de asociaciones políticas. El registro condicionado permanece hasta la reforma electoral de 1996, fecha en que desaparece de nuestro marco electoral federal. Mientras que en ese mismo año se reintroduce la denominación de agrupaciones políticas nacionales.
Así, la legislación debe contemplar mecanismos para que los ciudadanos decidan organizarse para formar un partido puedan hacerlo sin mayores dificultades, pero condicionando la duración de su registro a los resultados que obtengan en los procesos electorales. Lo importante es que todos los partidos registrados tengan un número aceptable de simpatizantes: que representan a "una parte" de la ciudadanía. Nuestra legislación, después de la reforma electoral de 1996, contempla reglas para satisfacer estos principios y creo que lo hace de manera adecuada
Toda transición política es -sí se quiere ser auténtica- una transición cultural, avances o retrocesos de unas ideas, de unas normas y expresiones que, juntas orientan las acciones de los hombres en tiempos y lugares distintos. De qué cultura venimos los mexicanos de hoy, especialmente en lo que atañe a la vida política nacional, seguro que venimos de un conjunto de ideas, normas y expresiones que podrían describirse como la cultura sui generis. En este sentido, la educación y la politización son factores que deben ser tomados en cuenta por los partidos políticos. Ninguna legislación electoral y ninguna fuerza política se podrá considerar abanderadas de la transición democrática si se pasan por alto estos factores.
En 1998, cuando por vez primera se aplicaron las reglas y requisitos vigentes para el registro de nuevos partidos, 23 organizaciones notificaron al IFE su intención de alcanzar ese registro, de ellas, 6 cumplieron los requisitos legales. Es cierto que la proliferación de organizaciones, reales o supuestas, en búsqueda del registro como partido político nacional no causa ningún perjuicio al IFE ni al erario, pero lo que está provocando es una reacción muy desfavorable en la opinión pública. Sí pertenecemos y nos comprometernos con los problemas de la democracia, necesitamos reflexionar sobre las causas de por qué para tanta gente el hecho de que algo sea una afirmación política reconocible sea suficiente casi como para desacreditarla. La política se asocia hoy en día con frecuencia en el comportamiento egoísta, la hipocresía y la actividad de las relaciones públicas que forman parte de la venta de paquetes de medidas.
Los partidos existentes son, y seguirán siendo, protagonistas centrales, de esta nueva etapa; la consolidación de la democracia mexicana. En esta democracia ha surgido un sistema de partidos fuertes y consolidados, aglutinadores del voto y ejes centrales de la clase política. Es en este proceso de consolidación que los nuevos partidos políticos juegan un papel de suma importancia para canalizar las expresiones de sectores de la población que desean ser escuchados y ser partícipes de esta consolidación democrática. Pero bien es cierto que algunos partidos noveles que se presentan en las contiendas electorales en realidad no representan los intereses de la sociedad. Donde algunos partidos se pervierten y ven más a estas nobles instituciones como empresas familiares que se aprovechan del financiamiento público otorgado a los partidos, pues por lo general en la primera contienda electoral pierden su registro.
Los partidos políticos mexicanos actuales promueven la integración social con sus postulados, pues todos ellos contemplan dentro de sus programas de acción sistemas para que todos los ciudadanos mexicanos fortalezcan sus lazos nacionales, tanto de carácter étnico como con la identidad general mexicana, es decir, además de promover un mejor trato hacia los grupos indígenas, los partidos consideran fundamental impulsar la cultura política sustentada en los valores del nacionalismo, la soberanía y la identidad nacional. Por este motivo no puede considerarse a los partidos políticos mexicanos como desintegradores de la sociedad, ya que todos ellos, sin importar sus tendencias políticas, concuerdan en que el mejor medio para mantener una nación estable y en constante desarrollo de la participación democrática.
Las elecciones se convierten en un instrumento de diagnóstico y auscultación. Pero no sólo es la necesidad de información, es también una necesidad de legitimidad; la que mueve al sistema de partidos, pues éstas resultan el medio idóneo tanto para el gobierno como para todos aquellos que se ven obligados a legitimar el ejercicio del poder. Es en esta consulta que las ideas políticas de los partidos llamados chicos no convencen ni tienen impacto entre los votantes. Debemos reconocer que en los últimos procesos electorales la situación no ha cambiado a un ritmo acelerado pero sí de manera aceptable.
La conformación y registro ante el Instituto Federal Electoral de partidos políticos nuevos implica mayor inversión y confusión para los electores, por lo tanto, en atomización en las preferencias electorales. El país sostiene un pluripartidismo radical que provoca la polarización del voto. Tener muchos partidos no indica necesariamente una mayor representatividad de la población, ya que puede haber opciones que no tienen nada que ver con lo que la sociedad quiere y sus propuestas no tienen mayor eco. No por ello debemos desalentar o inhibir la participación de estos nuevos partidos. Pero debemos comenzar por iniciar una cultura de respeto por los recursos públicos, así como la de transparencia y rendición de cuentas. Es decir, que debemos alentar el financiamiento de partidos responsables y conscientes que son representantes de la sociedad: Es a ella a la que se debe dar cuenta, pues de ella son los recursos que los hace funcionar. Por ejemplo, los partidos políticos registrados que perdieron las elecciones en el 2003 que no obtuvieron el 2% de la votación y perdieron su registro conservaron los recursos materiales que adquirieron (salvo algunas acepciones). Es decir se constituyen en parásitos de nuestra democracia.
Las normas legales no se corresponden a la nueva era de los partidos políticos. Y no estamos muy lejos de enfrentarnos a lo que alguien ha denominado "el desánimo democrático situación política, tampoco han resultado adecuadas en lo que hace al financiamiento público y la fiscalización de los recursos públicos entregados". El problema central es el excesivo monto de recursos que se destinan a los partidos, y que propicia que se vean como negocios y no como representantes de los intereses de la gente. Cuando se diseñó el financiamiento de los partidos políticos en 1996, se propuso que el 90% de esos recursos tendría que ser público y abundante, para evitar que los intereses de grupo empresariales compraran a los partidos, lo cual fue visionario. Pero no se previó que estos fueran a generar partidos familiares o partidos vistos como negocio.
Pero hoy en día las fórmulas de financiamiento de los partidos se han desbordado y reciben montos muy altos, que no se justifican. En el 2003 compitieron 11 partidos, algunos de ellos con el respaldo de un financiamiento excesivo, aunque no representen a nadie. Más aún, en el 2004 financiar a los partidos costará 6 mil millones de pesos. El gasto en el subsidio al sistema de partidos es muy elevado para el grado de desarrollo de México. Este lujo no se pueden dar las sociedades que pretenden ser democráticas más aún sin una legislación que fomente la transparencia y rendición de cuentas. En México la democracia tiene un muy alto costo, el cual es subsidiado por la población y que genera la existencia de un sistema de partidos extremadamente rico en un país con altos índices de pobreza.
El avance democrático de México dependerá, en buena medida, de la actualización del sistema de partidos. El anterior ha cumplido con sus fines, es hora de mirar hacia adelante, para abrir cauces a la participación de nuevas organizaciones, sin sacrificar la imagen de seriedad, honorabilidad y servicio que los partidos, viejos o nuevos, deben guardar ante la sociedad. El escepticismo y el cinismo respecto a la política no son necesariamente hechos inevitables de la vida política. Si queremos erradicar la empañada imagen de la política, es esencial una imaginación capaz de idear disposiciones alternativas.
En México sólo el 6 por ciento de la población milita o simpatiza con alguna institución política, mientras que al 94 restante no le interesan sus actividades y propuestas. La política es la actividad fundamental para cualquier sociedad y los partidos políticos las instituciones necesarias para dar estabilidad a la democracia de un país, pues una de las finalidades es fungir como instrumento de educación política y cívica para la ciudadanía. Estas nuevas reglas y el mantenimiento de la gobernabilidad, son sin duda, condición indispensable de la transición democrática que puede llevarse a cabo en el país.
La población sabe que el sufragio es el único proceso para expresar su opinión de manera masiva y esta consciente de que votar es una opción para elegir a las autoridades que quiere, ha aprendido a discernir las razones de su voto. Las reformas electorales, inclusive la más reciente, han sido reformas procedimentales, deliberadamente inscritas en un proceso de reforma política. Se debe crear una reforma política que se extienda a todos los ámbitos de la vida política y garantice la gobernabilidad y la estabilidad políticas, con base en un ejercicio eficiente y tolerante de la función pública. La rendición de cuentas y transparencia son valor fundamental de la democracia es una cuestión pendiente, aún no se arraiga de manera satisfactoria en la sociedad y las fuerzas políticas que se dicen representarla.
Por ello debemos ampliar las atribuciones del IFE para que pueda fiscalizar los recursos asignados a los partidos, ya que ahora sus facultades están limitadas. Se debe exigir a los partidos que pierdan su registro a que devuelvan los bienes muebles e inmuebles. Que adquirieron con recursos del erario publico a través del financiamiento además de exigirles la devolución de los remanentes monetarios y financieros no ejercidos del financiamiento que les fue otorgado.
En las elecciones federales, estatales y municipales, además de ser un procedimiento legal para la renovación de elites políticas, son uno de los asientos de la legitimación del propio sistema. Y no podemos estar satisfechos con los modelos de política democrática existentes. Hay algo que aprender y emprender una cultura de rendición de cuentas transparencia y reciclamiento de recursos en este caso. Por ello expongo:
Considerandos
Que los ciudadanos mexicanos no han refrendado, a través de su voto, la permanencia de los partidos denominados nuevos en nuestro sistema electoral.
Que la situación económica por la que atraviesa el país, por lo que se hace necesario ser congruentes con el gasto del erario público.
Que la actuación de los partidos nuevos requiere de medidas más estrictas para la fiscalización de sus recursos y actividades
Que la reglamentación electoral tal y como se encuentra en estos momentos refleja ambigüedades y vacíos en la ley para normar la actuación de los partidos nuevos.
En consecuencia de lo anterior, se propone la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones del Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales.
Se adiciona el inciso d) al numeral II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 41. ...
I. Los
partidos políticos...
II. La ley garantizará que...
a) ...
b) ...
c) ...
d) La ley establecerá los criterios y mecanismos para que aquellos partidos que perdieran su registro, regresen a la nación los bienes muebles e inmuebles que sean adquiridos con el financiamiento público, asimismo, los remanentes monetarios y financieros no ejercidos de ese financiamiento.
Modificaciones al artículo 38 en los incisos t) y u) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 38.
1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:
a) ...
b) ...
c) ...
d) ...
e) ...
f) ...
g) ...
h) ...
i) ...
j) ...
k) ...
l) ...
m) ...
n) ...
o) ...
p) ...
q) ...
r) ...
t) En caso de pérdida de registro, devolver á la nación los bienes muebles e inmuebles adquiridos con financiamiento público. Así como los remanentes de monetarios y financieros no ejercidos del financiamiento público. Esta devolución se hará en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de su notificación de pérdida de registro. La devolución expresada en este inciso se hará mediante los mecanismos descritos en el artículo 49-D de este Código.
u) Las demás que establezca este Código.
Se adiciona el artículo 49-D del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 49-D.
1.- Al partido político que hubiese perdido su registro por razones expresadas en el artículo 32, incisos 1 y 2, de esta ley y que haya recibido financiamiento del erario público. Deberá restituir a la nación los bienes muebles e inmuebles adquiridos con dicho financiamiento. Además de restituir los remanentes monetarios y financieros de dicho financiamiento público.
Para efecto de este artículo se considerarán los siguientes mecanismos para la devolución de bienes muebles e inmuebles:
a) Se deberán enajenar los bienes muebles e inmuebles devueltos a nombre de la Secretaría del Instituto Federal Electoral.
b) Asimismo, los remanentes no ejercidos de dicho financiamiento deberá ser endosado a nombre del Instituto Federal Electoral.
2) De la forma de restituirlos a la nación.
a) De los bienes muebles e inmuebles.
Una vez que los bienes muebles estén en posesión del Instituto Federal Electoral éste convocará a subasta pública dichos muebles para obtener su valor en moneda nacional.
3) De los remanentes financieros y monetarios.
Estos deberán ser endosados a nombre del Instituto Federal Electoral para que legalmente ejerza el uso de ellos. Y hacerlos efectivos en moneda nacional.
a) Del resultado de la subasta pública, los recursos obtenidos se adicionaran los remanentes monetarios y financieros no ejercidos de los partidos políticos que perdieron su registro.
b) La suma resultante en efectivo pasará a formar parte de una bolsa especial destinada al financiamiento de nuevos partidos que obtuvieran su registro. Siendo esta bolsa la primera en repartirse conforme a los mecanismos descritos en el artículo 49 párrafo 8 incisos a) y b) de este Código.
Modificaciones al artículo 89 en los incisos t) y u), y adición de los incisos v) y w) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 89.
1. Son atribuciones del secretario ejecutivo:
a) ...
b) ...
c) ...
d) ...
e) ...
f) ...
g) ...
h) ...
i) ...
j) ...
k) ...
l) ...
m) ...
n) ...
o) ...
p) ...
q) ...
r) ...
s) ...
t) Organizar, convocar, recabar fondos de la subasta pública de los bienes muebles e inmuebles de los partidos que perdieron su registro.
u) Ser administrador de la bolsa especial producto de la subasta pública de los bienes muebles e inmuebles, viendo que se cumplan los mecanismos de distribución descritos en el artículo 49-D de este Código.
v) Expedir las certificaciones que se requieran; y
w) Las demás que le encomienden el Consejo General, su Presidente, la Junta General Ejecutiva y este código.
Se adiciona el inciso 5 al artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 269.
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. Cuando un partido pierda su registro y no devuelva a la nación los bienes muebles e inmuebles, así como los remanentes monetarios y financieros. En los límites de tiempo fijados en el artículo 38, inciso t), de este Código. Haciéndose acreedor a una multa del doble del valor estimado de la suma del valor comercial de los bienes muebles inmuebles y muebles adquiridos con financiamiento público más los remanentes monetarios y financieros del financiamiento público no ejercido. Cuyo monto deberá pagarse antes de treinta días naturales una vez determinado el monto de la multa.
Transitorio
Unico. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2004.