Que reforma diversas disposiciones de la Ley Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para proponer la creacion del Centro de Analisis Agropecuario y Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el diputado Jaime Alcantara Silva, del grupo parlamentario del PRI, en la sesion del martes 8 de abril de 2003.     Versión para Imprimir

Los que suscribimos, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar la siguiente iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 49, numeral 3.

Exposición de Motivos

México es un país con una gran población rural que vive y se debate en condiciones de inseguridad. De acuerdo a las estadísticas recientes, en el campo habita una cuarta parte de los mexicanos. Es decir, 25 millones de compatriotas. Esto no tendría significado alguno si sus condiciones económicas fueran adecuadas. Sin embargo, sólo para ejemplificar, vemos con preocupación que contribuye al desarrollo nacional apenas con el 5 % del Producto Interno Bruto. Por ello, todas y todos los mexicanos tenemos una gran deuda con quienes hacen posible nuestra alimentación y parte del bienestar que disfrutamos. No debemos olvidar, por otra parte, que los grandes movimientos, las grandes reivindicaciones sociales han venido del campo.

Los trabajos de la LVIII Legislatura, en materia de desarrollo rural, resaltan la necesidad de crear un Centro de análisis de los diferentes aspectos agropecuarios y de desarrollo rural. Este servicio de orden técnico especializado, será de gran utilidad a las Comisiones Ordinarias en los asuntos relacionados con el campo mexicano, a los Grupos Parlamentarios y legisladores en lo particular que requieran de asesorías técnicas para el mejor desempeño de sus funciones.

En este sentido, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se ha propuesto revisar a fondo los ordenamientos que rigen la organización y el funcionamiento de la Cámara de Diputados. El objeto es optimizar su sistema administrativo y establecer con claridad las reformas y los procedimientos de vinculación entre los órganos de la Cámara.

Durante los trabajos parlamentarios de esta legislatura para estudiar y analizar la propuesta del Ejecutivo en materia de Ingresos y Presupuesto de Egresos, el Congreso contó con información y asesoría oportuna del Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Los legisladores, con ello, tuvieron el respaldo del análisis económico y financiero para la toma de decisiones.

Quienes integramos la fracción priísta hemos mantenido de forma sistemática la crítica pero también la propuesta, ante la indiferencia del Ejecutivo hacia los problemas del campo. Interés particular reviste la idea de actualizar todo el andamiaje jurídico y técnico vinculado al sector rural para formular una política de Estado, que no se ha visto en esta administración.

Para el PRI, el poder legislativo debe proponer y contribuir a la formación de una sociedad integral y un desarrollo personal, más libre, más justo y más próspero. El legislativo aspira a convertirse en un poder pleno que mejore sus propuestas y acciones, con libertad política y equidad en todos los órdenes.

Para los integrantes de la Diputación Campesina, se hace evidente la complejidad y dispersión de las leyes en materia agraria. Esto ha provocado la duplicidad de funciones y el desperdicio de recursos públicos y privados en programas agropecuarios, mal orientados con escasos y nulos resultados.

El abandono del sector rural es ostensible. Hoy día no encontramos soluciones integrales que respondan a las necesidades más urgentes para quienes viven del y en el campo. Se prevé, por ello, que en poco tiempo empezaremos a sufrir desabasto de alimentos producidos por mexicanos. La economía agropecuaria no encuentra orientación en la conducción de una política acorde a las necesidades de un proyecto nacional.

Creemos que toda la reorganización del campo debe partir de varias premisas: la descapitalización crítica, la carencia de créditos, el desplome de las políticas públicas amén de ausencia de planes, tecnificación, comercialización y regulación. Todos estos sucesos constituyen un entorno peligroso. Cabe reiterar que el campo es un factor muy importante de seguridad nacional, debido a que una política alimentaria y nutricional deficiente atenta contra la soberanía de cualquier pueblo.

En muchas ocasiones hemos señalado el error que implicó, y que ahora se profundiza, al haber desmantelado aceleradamente, bajo criterios de eficientismo y de mercadeo, toda la obra histórica del proyecto revolucionario que daba funcionalidad al agro.

Este diagnóstico tiene su contraparte social en términos de pobreza y pobreza extrema, desempleo, migración masiva, inseguridad pública, zonas críticas y de conflicto. Esto ocurre con la población en general, pero en el campo se agudiza.

El sector agrario de nuestro partido ha promovido de manera constante propuestas valiosas, que constituyen la base fundamental de la orientación agropecuaria. En ese sentido, tenemos que hacer un compromiso para reconstruir leyes, reglas, instituciones y políticas públicas que refuercen dicho sector.

En el Congreso existen condiciones de pluralidad para preparar una definición clara de políticas de Estado para el campo. Que analice e involucre de raíz los problemas y soluciones. Que marque plazos, instrumentos, instituciones y formas de financiamientos públicos y privados. Igualmente, elementos estructurales y de coyuntura, compromisos de recuperación y distribución de los costos y esfuerzos. Tiene además, la competencia para formular políticas de cogobierno en materia agraria.

El Congreso puede y debe contribuir a la instrumentación presupuestal específica para el desarrollo rural sustentable. Es deseable, por otra parte, proponer presupuestos multianuales que vayan más allá de una simple sumatoria que directa o indirectamente reciba el sector agrario. En la actualidad, como todos sabemos, los recursos son insuficientes, a pesar del incremento que alcanzó el campo en el último año, no obstante los obstáculos que tuvo que sortear esta Cámara.

El marco jurídico que se sustenta en los artículos 25, 26 y 27 de la Carta Magna, puede hacer posible el desarrollo rural real, como una premisa esencial para sentar las bases de lo que debe ser el gran proyecto para el campo.

En términos de lo expuesto, pueden distinguirse diversas atribuciones de la Cámara –algunas compartidas, para su ejercicio, con el Senado de la República– en materia de desarrollo rural sustentable. Estas son las precisadas en las fracciones VI, VII y XXV del artículo 73 de la Constitución General de la República.

En ese orden de ideas, se propone la modificación de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 49 numeral 3, para crear el Centro de Análisis Agropecuario y Desarrollo Rural Sustentable. Tendría como objeto, brindar los servicios de asesoría, análisis e información, relacionados con el ejercicio de estas responsabilidades.

Se propone que el centro recopile, ordene, analice y ponga a disposición de las Comisiones y Legisladores, la información sobre diversos temas.

Uno de los problemas más graves del país es el rezago del sector rural con relación al resto de la economía. Con la finalidad de atenderlo, se han promulgado varias leyes. A saber: Desarrollo Rural Sustentable, Capitalización del Procampo; la que crea la Financiera Rural y la iniciativa de Investigación, Desarrollo Biotecnológico y Bioseguridad.

Por otro lado, aunque el Poder Legislativo no ha intervenido directamente en la formulación y suscripción de los tratados comerciales con otros países, es evidente que en el futuro tendrá que participar en su discusión y revisión.

La presente actividad legislativa y gestión de la Cámara de Diputados, requiere de apoyo documental, que permita a sus miembros tener con oportunidad la información relativa a:

1. Producción agrícola: Insumos y productos; maquinaria agrícola; normas y legislaciones sanitarias de otros países; nuevas tecnologías para la producción, tecnología de punta y biotecnología, entre otros.

2. Producción pecuaria: Insumos, productos, especies aprovechables, normas y legislaciones sanitarias de otros países; desarrollo tecnológico para la producción, biotecnología, producción de forrajes, nutrición animal, impacto nutricional, transformación, conservación y procesamiento de productos pecuarios.

3. Producción forestal: Especies aprovechables; metodología de manejo y aprovechamiento; maquinaria y normas para la extracción, conservación, reciclado; nuevos materiales, plagas, incendios, biodiversidad, esquilmos, tecnologías de aprovechamiento.

4. Agroindustria: Procesamiento, empacado, diferenciación, normatividad para envasado y etiquetado; legislación de otros países; desarrollo tecnológico, aspectos nutricionales, sanitarios, inocuidad; nuevos procesos, nuevos materiales.

5. Abasto y comercialización rurales: Acopio, infraestructura comercial, almacenamiento, transporte, conservación, normatividad y normas de otros países; redes de abasto y circuitos comerciales, redes regionales, participación social, estructuras organizativas.

6. Financiamiento agropecuario y rural: Entidades de financiamiento y fomento, banca de desarrollo; concentradoras y parafinancieras; incubadoras de empresas, capital de riesgo, cofinanciamiento, recursos a fondo perdido; normatividad y legislación de otros países; fuentes alternas de financiamiento, organismos multilaterales.

7. Organización rural: Formas y figuras asociativas, legislación y normatividad de otros países y socios comerciales; empresas integradoras, alianzas estratégicas, franquicias; integración vertical y horizontal, asociación con empresas internacionales, maquiladoras; asociación para la distribución y representación; organizaciones no gubernamentales, entre otras sociedades.

8. Agua y medio ambiente: El agua es un recurso estratégico que en la actualidad y en el futuro es tema de controversia internacional, nacional y regional por las transferencias o trasvasos entre las entidades federativas y naciones. Se requerirá información oportuna sobre problemas existentes en los distintos usos, en las cuencas más importantes para el desarrollo rural sustentable y urbano. Lo mismo en la captación, distribución, conducción y consumo deficiente. Otro insumo relevante es revalorar los esfuerzos en la captura del carbono atmosférico y los distintos servicios ambientales como alternativas para fortalecer vías alternas de ingreso de los pobladores del campo y mejorar la calidad de vida en los centros urbanos.

En atención a lo antes mencionado, nos permitimos plantear a esa soberanía los siguientes

Considerandos

I. La creciente complejidad del funcionamiento gubernamental, hace necesario que toda actividad legislativa de los representantes populares, tenga que ser apoyados por trabajos especializados de profundidad, evitando la dependencia del Ejecutivo.

II. La discusión actual sobre el TLCAN ha puesto de manifiesto la necesidad de una reflexión de largo alcance. La actividad legislativa por tanto, deberá pugnar por una adecuación del marco jurídico y la elaboración de nuevas leyes sobre la materia. Conviene recordar que en la negociación y elaboración del TLCAN no hubo participación directa del Congreso de la Unión. Independientemente de los errores de procedimiento, esta situación fue propiciada por la ausencia de un organismo propio de la Cámara de Diputados encargado de recopilar, ordenar e investigar toda la información generada por los diversos actores involucrados.

III. En la situación actual, es evidente que se requiere una mayor participación de la Cámara de Diputados en la elaboración de este tipo de acuerdos, que garanticen un mejor producto legal.

IV. En el mundo globalizado del que forma parte el país, esta tendencia, en lugar de disminuir, tiende a agudizarse. Esto hace que sea necesario desarrollar instrumentos especializados que faciliten la actividad legislativa.

V. Esta LVIII Legislatura tiene aún la oportunidad de proponer al pleno la revisión de los procedimientos y ordenamientos que rigen la organización y el funcionamiento de la Cámara de Diputados en materia de desarrollo rural, para estrechar los vínculos entre los legisladores y las organizaciones relacionadas con el sector.

VI. La posibilidad de revisar tratados. Auxiliar en las reuniones de trabajo y de consultas entre comisiones de esta Cámara y su Colegisladora.

VII. Ante la escasa inversión en la investigación científica, tecnológica, agrícola, agropecuaria y forestal, se hace necesario promover, en las instancias correspondientes, el intercambio con centros especializados, nacionales e internacionales.

VIII. El rescate y la conservación de usos, costumbres y tradiciones de producción, cultura, salud y protección del ambiente de las comunidades del campo deben ser prioritarios. Sin ello, las acciones irán en detrimento del patrimonio nacional.

IX. La proliferación de los estudios y documentos sobre el sector rural, así como de las fuentes que las elaboran y difunden públicas o privadas, hacen necesaria una actividad permanente de recopilación, ordenamiento y selección, que no puede ser abordada de manera individual, por carencia de recursos.

X. En tanto el Ejecutivo de la Unión tiene todo el aparato administrativo, el Legislativo apenas si cuenta con apoyos. Un diputado o un senador con estas limitaciones, siempre rebasado por el otro poder, en perjuicio de nuestros compatriotas.

Para intentar un apoyo de calidad en la legislación y, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Unico. Se reforma el artículo 49, numeral 3, para quedar como sigue:

La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas, Centro de Análisis Agropecuario y Desarrollo Rural sustentable; de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

Por lo anterior, a usted, C. diputado Presidente de la H. Cámara de Diputados, nos permitimos solicitar:

• Tener por presentada esta iniciativa para sus efectos constitucionales.

• Dar el curso parlamentario que establece el Título Tercero, Capítulo II, Sección II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a las comisiones respectivas.

Palacio Legislativo, a 8 de abril de 2003.

Diputados: Jaime Alcántara Silva, Cutberto Cantorán Espinosa (rúbrica), Concepción González Molina (rúbrica), Esther López Cruz (rúbrica), Jaime Mantecón Rojo (rúbrica), Guillermo Díaz Gea (rúbrica), Adela Cerezo Bautista (rúbrica), Luis Miguel G. Barbosa Huerta (rúbrica), Manuel Pozos C. (rúbrica), Jaime Vázquez Castillo (rúbrica), Roberto Fuentes Domínguez (rúbrica), Benito Vital Ramírez (rúbrica), Augusto Gómez Villanueva (rúbrica), Norma Enriqueta Basilio Sotelo (rúbrica), Miguel Vega Pérez (rúbrica), Edilberto Buenfil Montalvo (rúbrica), Rafael Rodríguez Barrera, Jesús de la Rosa Godoy (rúbrica), Oscar Alvarado Cook (rúbrica), Nicolás Lorenzo Alvarez Martínez (rúbrica), Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, Roberto Domínguez Castellanos (rúbrica), Santiago López Hernández, José Jacobo Nazar Morales, César Augusto Santiago Ramírez, César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Hortencia Enríquez Ortega (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa, Samuel Aguilar Solís (rúbrica), José Manuel Díaz Medina (rúbrica), Rubén García Farías (rúbrica), Celestino Bailón Guerrero (rúbrica), Santiago Guerrero Gutiérrez, Sergio Maldonado Aguilar, Gustavo Nabor Ojeda Delgado (rúbrica), Marcelo García Morales, Jaime Hernández González, Gustavo Donis Alonso García, Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Ismael Estrada Colín (rúbrica), José Jaimes García, Juan Manuel Martínez Nava (rúbrica), Enrique Martínez Orta Flores (rúbrica), Hermilo Monroy Pérez (rúbrica), Jaime Vázquez Castillo, José Luis González Aguilera, Jaime Rodríguez López (rúbrica), Maricela Sánchez Cortés (rúbrica), Juan Paredes Gloria, Vitálico Cándido Coheto Martínez, María de las Nieves García Fernández, María Lilia Arcelia Mendoza Cruz (rúbrica), Irma Pineyro Arias, José Soto Martínez, Nahúm Idelfonso Zorrilla Cuevas (rúbrica), Jaime Alcántara Silva (rúbrica), Marisela Guadalupe Meza Cabrera (rúbrica), María Luisa Araceli Domínguez Ramírez (rúbrica), Melitón Morales Sánchez (rúbrica), José Timoteo Martínez Pérez (rúbrica), Héctor Esquiliano Solís (rúbrica), Justino Hernández Hilaria, José Manuel Medellín Milán (rúbrica), Aarón Irizar López (rúbrica), Jesús Burgos Pinto, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, Martha Ofelia Meza Escalante (rúbrica), Policarpo Infante Fierro (rúbrica), Juan Leyva Mendivil (rúbrica), Julián Luzanilla Contreras (rúbrica), Feliciano Calzada Padrón (rúbrica), Julio César Vidal Pérez, Librado Treviño Gutiérrez (rúbrica), Eréndira Cova Brindis (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Arturo León Lerma (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Gustavo Carvajal Moreno, Francisco Castro González, Edgar Consejo Flores Galván, José María Guillén Torres, Abraham Leines Barrera (rúbrica), Francisco Ríos Alarcón (rúbrica), Jorge Schettino Pérez, Rosa Elena Baduy Isaac, Jorge Carlos Berlín Montero, Federico Granja Ricalde, José Ignacio Mendicutti Pavón (rúbrica), Oscar del Real Muñoz, José Antonio García Leyva, Josefina Hinojosa Herrera, Víctor Roberto Infante González.

(Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Abril 8 de 2003.)