Con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Marti Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del PRD, en la sesion de la Comision Permanente del miercoles 8 de mayo de 2002.     Versión para Imprimir

El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto, por la que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reforma del Estado está llamada a ser el tema por el que se evaluará el trabajo de esta legislatura.

Las expectativas son muchas con respecto a este Congreso, pues es fruto de un proceso democrático de especial singularidad, donde la sociedad decidió y se le respetó esa decisión, la alternancia en el Poder Ejecutivo después de más de siete décadas de predominio de un solo partido político y también decidió y se respetó, la integración, por primera vez, por cierto, en la historia del país, de un Congreso plural, sin mayoría absoluta de un partido político.

La sociedad decidió un gobierno colectivo en contrapartida con las experiencias pasadas, donde la preponderancia del Ejecutivo con un Congreso con mayoría propia, que además no tenía ánimo para ejercer su histórica tarea, hacía de la función de gobernar un acto unipersonal.

El mensaje de la sociedad fue: no más un poder por encima de los demás; y sí un equilibrio de poderes.

Ante esta situación ciertamente inédita, se requiere del legislativo mexicano dos tareas de importancia similar:

1. Ejercer plenamente sus atribuciones, como no siempre lo hizo a lo largo de su historia. Por ello, por ejemplo, más allá de las reacciones generadas, el hecho que el Senado hubiera negado el permiso para ausentarse del país al Ejecutivo, es parte de este proceso, que también es cultural.

2. Hacer las reformas estructurales necesarias, para volver compatible esta nueva realidad con las leyes, pues aquéllas hechas para otros tiempos tenían evidentes pendientes democráticos.

La iniciativa que presento en esta ocasión se inscribe en el esfuerzo de crear mecanismos legales para el cumplimiento pleno de las atribuciones de los diputados y en consecuencia, de la Cámara de Diputados; y para hacer las reformas a las viejas estructuras y crear un nuevo andamiaje institucional para un país más democrático y socialmente justo.

Se trata, en suma, de una iniciativa inmersa en el tema de la reforma del Estado, que busca la transformación de la forma en que se concibe al legislador como servidor público, para que su carácter de representante popular, se traduzca en un permanente ejercicio de consulta de la opinión de sus representados y para que rinda cuentas ante ellos.

El esquema se materializa en servidores públicos que verdaderamente sirvan y que consulten permanentemente a sus representados.

Cuando no se consulta a los destinatarios de una ley, la identificación que debe haber para su cumplimiento se diluye y la legitimidad de la reforma es cuestionable.

Tenemos ejemplos donde, aún en esta legislatura, al no consultarse a los destinatarios de la norma, finalmente han surgido legislaciones con las que nadie se identifica.

La llamada Ley Indígena, es un ejemplo claro de la falta de sensibilidad que tuvo la mayoría del Congreso, ante el reclamo histórico de los indígenas del país.

Y es que el problema, resulta de la ausencia de mecanismos jurídicos para obligar al legislador a rendir cuentas de sus actos ante sus representados.

Con esta propuesta, ni siquiera planteamos una responsabilidad ante el electorado propio, sino ante los representados, que constituyen un espectro evidentemente mucho más amplio.

La rendición de cuentas a la sociedad civil, por parte de los diputados, es el eje que motiva la iniciativa.

Buscamos acabar con los “diputados golondrinos” que sólo acuden a sus territorios electorales para solicitar el voto y se olvidan de las demandas de sus representados.

Pensamos que al establecer un mecanismo de rendición de cuentas de los diputados, terminaremos fortaleciendo igualmente a la propia Cámara de Diputados, desde la perspectiva de la sociedad.

Se busca, con la iniciativa, acabar con las representaciones que no representan, con diputados ajenos al pulso social.

La forma como vamos a hacer efectivo este procedimiento de rendición de cuentas, es estableciendo como obligación de los diputados la de presentar un informe anual a la sociedad civil, en sus distritos o circunscripciones, según se trate, y que este informe se difunda de manera institucional.

Esta obligación, necesariamente también derivará en un mayor y mejor trabajo por parte de los diputados, ante la necesidad que tendrán de informar respecto a lo hecho, de manera efectiva.

No escapamos al hecho de que hay diputados que de manera voluntaria rinden informes en sus distritos o circunscripciones o de que, en el caso del Partido de la Revolución Democrática, es una obligación estatutaria, por la que todos sus legisladores presentan informes anuales en sus comunidades; sin embargo, debemos reconocer que también hay muchos legisladores que no lo hacen y que no hay forma de exigirles que cumplan con su condición de representantes populares.

Estas reformas son las que se requieren para fortalecer al legislativo y no aquéllas que plantean regresar a esquemas de reelección indefinida de legisladores, que no garantizan cercanía del legislador con el electorado y sí, en cambio, redundan en el apropiamiento del cargo para beneficio de los intereses que arropan las campañas políticas.

Lo que nosotros buscamos, con esta iniciativa es establecer como obligación la tarea de representación popular que tiene encomendada un legislador.

En órganos de esta naturaleza se legisla, pero no sólo se hace o se debe hacer esta función, sino que también en conjunto y como institución somos un órgano de control político y una instancia de representación social.

Por ello, proponemos reformar la Ley Orgánica del Congreso, para que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, reciba un ejemplar y ordene su difusión de los informes anuales que deben presentar los diputados a la sociedad civil, respecto de sus actividades como representantes populares, en sus respectivos distritos o circunscripciones, según se trate.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta iniciativa la siguiente

Iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Unico. Se reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 34

1. A la Junta de Coordinación Política le corresponden las atribuciones siguientes:

a) a f) (...)

g) Recibir un ejemplar de los informes anuales que deben presentar los diputados a la sociedad civil en acto público, respecto de sus actividades como representantes populares en sus respectivos distritos o circunscripciones, según se trate, y ordenar su difusión.

h) Las demás que le atribuyen esta ley o los ordenamientos relativos.

Transitorios

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro
a los ocho días del mes de mayo de dos mil dos

(Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Mayo 8 de 2002.)