Que reforma el articulo 39 de la Ley Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una comision ordinaria de proteccion civil, presentada por la diputada Patricia Aguilar Garcia, del grupo parlamentario del PRI, en la sesion del jueves 13 de diciembre de 2001.     Versión para Imprimir

En mi calidad de diputada federal a la LVIII Legislatura del Congreso General, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

Por acuerdo del pleno de esta honorable Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, el 30 de septiembre de 1997 se constituyó la Comisión Especial de Protección Civil, misma que se instaló formalmente el 8 de octubre del propio año, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 42 de la Ley Orgánica entonces vigente, y 65 y 71 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo fundamental de desarrollar un proceso de investigación y consulta para proponer y elaborar el marco legislativo de la protección civil mexicana, así como analizar los problemas reales y potenciales tendientes al diseño de políticas públicas en materia, entre los cuales, de manera primordial se encuentran los aspectos financieros y presupuestales, así como en materia de prevención de desastres.

Aun cuando su carácter era transitorio, la Comisión Especial de Protección Civil dio puntual cumplimiento a las funciones que establece el artículo decimosegundo del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, así como a los ordenamientos relativos contenidos en la Ley Orgánica, y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, la Comisión desarrolló un intenso programa de trabajo, del que dio puntual cuenta a esta soberanía, respecto al que cabe destacar la presentación, por parte de uno de sus integrantes, de una iniciativa de reforma constitucional, para facultar el Congreso de la Unión, a fin de que pueda legislar en la materia, mismo que fue aprobado por unanimidad en el pleno de la Cámara de Diputados, en su sesión del 30 de abril del 1998; por la de Senadores, el 11 de diciembre del propio año en curso, siendo publicada en el Diario Oficia de la Federación el 28 de julio de 1999. Resultado de ello, la Comisión de Protección Civil, tras culminar el proceso de consulta pública correspondiente, presentó a la consideración del pleno de esta honorable Cámara el sábado 11 de diciembre de 1999, una iniciativa de Ley General de Protección Civil, cuyo proceso legislativo culminó, tras su aprobación unánime por ambas Cámaras, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2000.

El caso que se trae a esta tribuna sirve para ilustrar la problemática que se puede generar, al cumplirse —tal y como lo prevé la Ley Orgánica del Congreso General en vigor—, la desaparición de la Comisión Especial de Protección Civil, que ha tenido a su cargo una encomienda amplia, asignada por el pleno de esta soberanía, en diversas épocas de su accionar, que materializó en ocasión de numerosas situaciones de emergencia, así como a través de la participación en distintas acciones de carácter preventivo, llevadas a efecto por el Sistema Nacional de Protección Civil.

Por ello, de cara a la necesidad de dar continuidad al proceso de legislación en diversas materias como sería la de implementar una cultura de prevención y de acciones elementales e innovadoras, de auxilio y recuperación inmediata de desastres, de tener una mejor difusión y capacitación para lograr con todo ello un mejor financiamiento, convenios y enlaces con instituciones privadas y gubernamentales, así como tener una mayor colaboración con otros países observando siempre que el marco jurídico, los planes, programas y las acciones relativas, adquieran una perspectiva de gran alcance, y respondan a las necesidades de la población, es que el día de hoy formulo en esta tribuna la presente iniciativa de decreto, basándose en las siguientes:

 

Consideraciones

1. Es indiscutible que especialmente en las décadas recientes, los desastres tanto de origen natural como tecnológico, han ido incrementando su potencial destructivo, cobrando cantidades crecientes de víctimas humanas, así como cuantiosos daños materiales a la infraestructura, ocasionando no sólo un impacto en las economías, sino incluso, retrocesos muy desfavorables cuya recuperación lleva años e incluso décadas.

2. Lo anterior se vio reflejado en hechos tales como aquel de fines de los años ochenta, en el cual un grupo de científicos —entre los que figuraban el ya fallecido mexicano de prestigio mundial, Dr. Emilio Rosenblueth—, se acercó a la Asamblea de la Naciones Unidas, para promover la adopción de una estrategia global, que se encaminara a la mitigación de los efectos de los, cada vez mas devastadores, desastres naturales. El resultado de dicha gestión, fue que por acuerdo del pleno de la Asamblea, se pusiera en marcha la denominación de la década de los noventa, como el “Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales”, como una estrategia integral, en cuyo marco se propiciara y fomentara:

• La incorporación de la protección civil para la prevención de los desastres, en  los procesos nacionales de planeación del desarrollo;

• El intercambio de información útil en la materia, entre países;

• La cooperación internacional, bilateral y multilateral, científica y tecnológica para la mitigación de los desastres; y

• La instauración de segundo miércoles de octubre de cada año del decenio, bajo la denominación de “Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales”, a fin de realizar acciones, especialmente de carácter educativo e informativo, encaminadas hacia la población en general.

Por el acuerdo del Consejo Nacional de Protección Civil, adoptado el 11 de agosto de 1990, México se adhirió a dicha estrategia mundial, procurando, desde entonces, cumplir a cabalidad con el compromiso asumido en el seno de la Naciones Unidas.

3. Esta realidad indiscutible, ha propiciado que los países del mundo, en mayor o menor medida, hayan avanzado en sus propios sistemas de prevención y atención a desastres, entre cuyos preparativos se han dado, con especial intensidad, un involucramiento de los congresos, parlamentarios o asambleas nacionales, para establecer los marcos jurídicos que sustenten las acciones necesarias para responder a la necesidad de protección de su población, ante los fenómenos.

4. A mayor abundamiento, México ha suscrito ocho convenios internacionales, a efecto de intercambiar y compartir los conocimientos y experiencia necesarios para prepararse adecuadamente, especialmente en lo que se refiere  a la creación de los marcos jurídicos inherentes, en cuya construcción ha destacado la creación de las estructuras legislativas responsables de dicha labor. Asimismo, como ejemplo podemos citar la colaboración del Gobierno de Japón al emprender con el gobierno mexicano un importante laboratorio en vulcanología para estudiar la actividad del Popocatépetl, donde la tecnología utilizada es de origen japonés, el gobierno mexicano proporciona el financiamiento y la UNAM destacados científicos en la materia, así como el edificio del laboratorio.

5. En 1994, en el marco de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres Naturales (Yokohama, Japón), se reconocieron los avances registrados y los logros alcanzados, pero se recomendó, como conclusión, imprimir mayor celeridad a las acciones nacionales en la materia, a modo de arribar al tercer milenio con la certeza de la capacidad de responder todos, individuos y nacionales, a los impactos destructivos de estos fenómenos naturales.

6. A nivel nacional, veintiséis entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, han legislado en la materia, destacando el hecho de que existen comisiones permanentes de protección civil en el marco de sus Congresos locales en 14 estados de la República mexicana que vigilan el adecuado desarrollo y gestión de esta importante política pública y que son: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Esto, compañeros diputados y compañeras diputadas es muestra de que no podemos quedar al margen y hacer caso omiso ante posibles emergencias y desastres naturales.

7. Por su importancia, el gobierno mexicano, en el marco de los Planes Nacionales de Desarrollo 1983-1988, 1989-1994 y 1995-2000, incorporó el programa sectorial correspondiente a la política pública de protección civil, en cuyo desarrollo se han generado acciones de gran importancia, de entre las que destacan la creación del Fondo Nacional para Desastres–Atención a Damnificados, cuyo monto, cada vez de mayor envergadura, se ha ido aplicando en la solución de las recurrentes calamidades que ocurren en el país. El grado de vulnerabilidad en México es reconocido en el Programa de Protección Civil 1995-2000 publicado en el Diario Oficial en febrero de 1996. Dada su dimensión territorial, su ubicación geográfica y diversidad socioeconómica y de ecosistemas, nuestro país es vulnerable a riesgos geológicos, fisioquímicos, sanitarios, hidrometeorológicos y socio-organizativos de gran magnitud. Entre los geológicos se cuentan la actividad que en los últimos años han mostrado los 14 volcanes del país entre ellos el de Colima, el Tacaná, Everman y Popocatéptl, y la gran sismicidad del territorio nacional, así como la eventualidad de que ocurra un temblor similar o superior al registrado en 1985. El extenso patrimonio litoral que tenemos y su ubicación en la región intertrópical propician que huracanes y ciclones dañen recurrentemente bastas zonas tanto por la acción de los vientos y marejadas, como por las intensas lluvias que traen aparejadas, las cuales provocan desbordamientos de ríos, deslaves, desgajamientos de cerros, rupturas de bordos e inundaciones de poblados y terrenos agrícolas como los ocurridos en el estado de Chiapas en octubre de 1998, en Guerrero y Oaxaca; y Baja California este año por mencionar algunos. La extremosidad climática en el Norte del país es otro fenómeno que produce periódicamente enormes desastres humanos y económicos, entre ellos la sequía —con la consecuente pérdida de ganado y productos agrícolas— y los incendios forestales, de cuya secuela devastadora sobre el ambiente y la biodiversidad tuvimos noticias recientes. En México el empobrecimiento social y la irracional concentración de las ciudades da lugar a los riesgos sanitarios y pérdidas humanas donde se registran peligrosos incrementos de enfermedades epidémicas, como el cólera y el dengue entre otras, mientras que en la capital del país es grave la presencia de afecciones bronco-respiratorias producto de la contaminación atmosférica. El desarrollo tecnológico a su vez, conlleva el riesgo de accidentes y catástrofes de origen fisioquímico, como los provocados por el derrame de crudo del pozo Ixtoc I, la explosión de la fábrica Anaversa en Veracruz, las conflagraciones de San Juan Ixhuatepec y Guadalajara.

8. En consonancia con lo anterior, la LVII Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados, constituyó la Comisión de Protección Civil de cuyas acciones se dio cuenta al inicio de la presente. No obstante, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el pleno cameral y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999, prevé su desaparición, truncando una importante tarea legislativa y parlamentaria a favor de la seguridad e integridad de los mexicanos, sus bienes y el entorno, ante la ocurrencia de desastres.

9. Los desastres son eventos singulares, con características y procesos de gestación, evolución y resolución muy importantes, que conjuntados con expresiones actuales de la dinámica de los grupos sociales, imprimen a esta política una vertiginosa evolución, que exige de propuestas y soluciones cada vez mas imaginativas, a fin de que las respuestas sean cada vez más ágiles y eficaces, a efecto de proteger a fondo y con firmeza, a la población ante eventos que la lesionen o afecten. Los acontecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos nos hacen ver que casos como éste también tienen que ver con el tema y la respuesta de la ciudadanía y la solidaridad internacional en apoyo al rescate de las víctimas nos confirman el valor de la previsión para responder a la sociedad en situaciones inéditas. La existencia de numerosos acuerdos y decretos federales, ordenamientos estatales y reglamentos municipales en la materia provocan la dispersión de normas y fallas de coordinación e integración entre las autoridades y órganos de las distintas esferas del gobierno, y por ende la falta de solución inmediata para tener una cultura de prevención de desastres. No contamos con el conjunto de normas, procedimientos y acciones que solidaria y coordinadamente deben realizar los gobernados y los gobernantes con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y su entorno frente a las diversas amenazas de riesgo a fin de prevenir, mitigar, auxiliar, rehabilitar, reconstruir y restablecer para garantizar la normatividad y bienestar de la población.

10. Lo anterior, demanda políticas, programas y acciones de largo aliento, que, con un carácter pragmático e integral, pero al propio tiempo flexible, vayan adecuándose a las necesidades y realidades cambiantes que esta problemática reviste, incluyendo en los mismos, el marco jurídico que los sustente, les otorgue fortaleza y les garantice permanencia en el tiempo. Lo anterior no debe soslayar que a la protección civil concurren políticas públicas como la protección ambiental, la salud pública, la seguridad pública, la educación y en general, todas aquellas que integran el capítulo del bienestar y el desarrollo social.

Señores diputados y señoras diputadas:

Es cierto, nadie discute que era necesario llevar a cabo un proceso de análisis pormenorizado de las responsabilidades y funciones encomendadas a cada estructura cameral a efecto de poder racionalizar y reordenar el trabajo parlamentario. Es congruente eliminar duplicidades que seguramente han venido ocurriendo en el trabajo de las comisiones y comités.

En la situación compleja, especialmente desde la óptica económica, que caracteriza en estos momentos la función pública, es importante adecuar y aprovechar al máximo el costo que el Congreso de Unión significa para los mexicanos.

Pero no de manera unilateral, ni dando la espalda a la solución de problemas y necesidades de nuestro país, cuya respuesta se encuentra en manos del Poder Legislativo y especialmente en las comisiones sin haber evaluado sus acciones y resultados, en aras de una visión de eficiencia a ultranza, muy cuestionable.

Hace casi quince años, nadie hablaba de protección civil en México. Hace cinco años nadie hablaba de legislar en materia de protección civil en el honorable Congreso de la Unión. México requiere de órganos que agilicen el trabajo legislativo y que se tomen medidas para salvaguardar la seguridad de los mexicanos. La falta de normatividad general ha venido influyendo para que las tareas de Protección Civil se realicen sobre y al momento mismo de la emergencia, despreciándose la fase preventiva que puede ser mucho más eficaz en la reducción de desastres. Un aspecto especial y de particular interés es crear una cultura de prevención para la reducción de desastres en el país. Todos los gobernantes y gobernados tenemos algo qué hacer en materia de Protección Civil, no debemos cerrarnos a esa posibilidad, la nación lo necesita. Tenemos una Ley de Protección Civil, una ley que es perfectible y que los legisladores debemos de trabajar en ella. En el futuro, las nuevas realidades y las nuevas formas de convivencia que adoptemos los mexicanos, seguramente exigirán el abordar la solución de los respectivos espacios de interacción, especialmente mediante los procesos y productos legislativos inherentes.

Abramos un espacio de reflexión, en el que participen y sean escuchados los legisladores, en relación a la permanencia de las Comisiones y Comités, analizando, evaluando y ponderando los casos en lo individual, seguramente nos permitirá adoptar las mejores decisiones, sobre los criterios adecuados y suficientemente sustentados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Honorable Congreso General por conducto de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Unico.- Se adiciona una fracción XXVI y se recorre el orden de las fracciones del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. ...

I. a la XXV. ...

XXVI. Protección Civil;

XXVII. Puntos Constitucionales;

XXVIII. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXIX. Recursos Hidráulicos;

XXX. Reforma Agraria;

XXXI. Relaciones Exteriores;

XXXII. Salud;

XXXIII. Seguridad Social;

XXXIV. Trabajo y Previsión Social;

XXXV. Transportes;

XXXVI. Turismo y

XXXVII. Vivienda.

3. ...

Transitorio

Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Patricia Aguilar García, Augusto Gómez Villanueva, Andrés Carballo Bustamante, Adela Cerezo Bautista, Mabel Ojeda, Guillermo Díaz Gea, Eréndira Cova Brindis, Feliciano Calzada Padrón, Alberto Zavala Echevarría, Hortencia Enríquez Ortega, Martha Ofelia Meza Escalante, Antonio Silva Beltrán, Eduardo Andrade Sánchez, Santiago Guerrero Gutiérrez, Jaime Rodríguez López, Alfonso Oliverio Elías Cardona, Petra Santos Ortiz, MAgdalena Núñez Monreal, Bonifacio Castillo Cruz, Jaime Cervantes Rivera, José Narro Céspedes, Rosa Delia Cota Montaño, Manuel Duarte Ramírez, César Duarte Jáquez, Alma Carolina Viggiano Austria, Salvador Castañeda Salcedo, Hortensia Aragón Castillo (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Diciembre 13 de 2001.)