De reformas a
Exposición de Motivos
El problema de las drogas ha estado presente en la
vida de la humanidad misma. Para las distintas sociedades éste ha sido un
fenómeno de orden cultural, económico y político; también, ha sido tema de
debate desde diversos enfoques: científico, religioso y de salud. A inicios del
siglo pasado, el mundo entra en el esquema de la prohibición legal de la gran
mayoría de las drogas e inicia con ello la formación de grupos organizados
dedicados a este negocio ilícito.
El narcotráfico en sus diversas modalidades se ha
convertido en un peligro que acecha en mayor o menor intensidad a todos los
pueblos del orbe y en gran medida, atenta contra el desarrollo humano
sustentable, en tanto se asume como la principal fuente de delincuencia. El
tema ha sido abordado en escenarios de orden internacional, como
De conformidad con el Informe Mundial sobre las Drogas 2000 de
En Bolivia los ingresos que deja está actividad
alcanzan el 12 por ciento del Producto Interno Bruto; mientras que en Colombia
se dedican al cultivo de hoja de coca más de
El problema del “lavado” de las inmensas fortunas que
se amasan con el tráfico de drogas es punto de preocupación y debate en
organismos y conferencias de carácter internacionales. Los países cuyas
legislaciones mantienen vigente el llamado secreto
bancario, permiten que las grandes mafias “legalicen” el producto de su
actividades ilícitas; y con ello, dificultan la acción de las naciones que han
legislado con mayor rigor en la materia.
En México el problema alcanza dimensiones
preocupantes, sobre todo en las últimas tres décadas, a tal grado, que es
considerado como un asunto de seguridad nacional. La ganancia que acaparan los
grandes cárteles de la droga se calcula en 30 mil millones de dólares al año,
lo que equivale aproximadamente al 5 por ciento del Producto Interno Bruto; el
consumo va en marcado aumento especialmente entre la población cuyas edades
oscilan entre los 12 y los 19 años.
El número de mexicanos que han muerto por causas
ligadas al narcotráfico es de tal magnitud que en algunas regiones del país,
nos encontramos en un verdadero estado
de guerra; baste revisar someramente las cifras de algunos estados de
De conformidad con los datos aportados por
Lamentablemente el narcotráfico ha corroído gran
parte de las instituciones del Estado mexicano, como se puede apreciar en los
sonados casos en los que se han visto involucrados funcionarios públicos de
primer nivel, ya sea directamente o bien por medio de personas allegadas.
En un balance objetivo los resultados en materia de
combate al narcotráfico nos indican que el paradigma represivo, impulsado
principalmente desde los Estados Unidos de América, ha fracasado y que debe
sustituirse por el diseño de políticas públicas con una visión estratégica
integral, que atienda las diferentes aristas del fenómeno y se sustente en la
actividad preventiva, sin descuidar los aspectos de orden estrictamente penal,
en los que por cierto, es urgente actuar con mayor eficiencia y eficacia, en
aras de que las acciones punitivas alcancen la legitimidad que hasta hoy las
instituciones responsables de procurar y administrar justicia no se han ganado
en México.
En tanto este flagelo sigue lastimando
considerablemente la convivencia y armonía de la sociedad mexicana, se requiere
que el Legislativo y el Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias,
desarrollen una actividad más profunda y eficaz, que se coordinen con el
Ejecutivo en forma permanente. El reto es diseñar una estrategia de Estado en
la lucha contra los efectos perniciosos de las drogas e inscribir estas
acciones en el proceso de reforma del Estado mexicano.
No es posible entender avances en el campo de la
democracia, mientras que miles de familias mexicanas son lastimadas por la
violencia y los problemas de salud que generan las drogas.
En lo que corresponde a la participación del Poder
Legislativo, debemos reconocer la insuficiencia de nuestra acción que, desde
luego, la entendemos más allá de la elaboración de la legislación aplicable en
la materia; es importante inscribir nuestro actuar parlamentario de conformidad
con los lineamientos internacionales.
En 1987 se creó, al seno del Parlamento
Latinoamericano,
El Comité de Asuntos Internacionales a través de esta
Comisión ha emitido importantes recomendaciones para el trabajo parlamentario
de los países miembros; destacan las conclusiones asentadas en los puntos once
y doce de la sesión de fecha 22 de mayo de 1999, celebrada en San Pablo,
Brasil:
Once:
Doce: Igualmente se
recomienda a los órganos del Parlatino establecer un seguimiento permanente
sobre todos los temas relativos al narcotráfico.
Un instrumento que puede significar un gran aporte
del Legislativo en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado es la
instalación de Comisiones Parlamentarias que se ocupen del tema. El Parlatino
recomienda la instalación de comisiones parlamentarias con carácter permanentes
en los poderes legislativos de todos los países miembros.
A la fecha han
atendido la anterior recomendación 14 países: Argentina, Brasil, Chile,
Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.
El ejemplo –por citar solo un caso– que nos ofrece la
experiencia brasileña es sumamente ilustrativa. En el mes de abril de 1999 se
instaló
En México no hemos atendido la recomendación de
De inmediato debemos corregir tan grave falla, por lo
que proponemos reformar el punto dos del artículo 39 de
La etapa de transición que vive nuestra nación es por
demás esperanzadora, más quienes luchamos para que la democracia se arraigue de
una vez y para siempre como una forma de vida en México. No debemos de perder
de vista que también son etapas de suma vulnerabilidad y en gran medida
propicias para que los males que vician y lastiman la armonía social, avancen y
destruyan lo más valioso de nuestra sociedad y desde luego, ataquen las
instituciones estatales, máxime con los lastres que estas arrastran como es la
corrupción, ineficiencia, burocratismo, etcétera.
Es momento de buscar acuerdos de orden político que
faciliten consolidar un marco jurídico, así como el diseño de políticas de
Estado con eficacia frente al crimen organizado, especialmente contra el
narcotráfico, en aras de garantizar la tranquilidad y armonía social a la que
todo mexicano tiene derecho por mandato constitucional y hasta hoy, no
garantizado por el Estado mexicano.
En razón de las consideraciones expuestas y con
fundamento en las facultades concedidas por la fracción II del artículo 71 de
Artículo
Primero: Se adiciona la fracción XXXVII, y se recorre el contenido
de las fracciones a partir de la fracción XXII, del punto 2 del artículo 39 de
Artículo
39.
…
2.
Fracciones de
XXII.
Narcotráfico y Crimen Organizado.
XXIII. Participación
Ciudadana;
XXIV. Pesca;
XXV. Población, Fronteras y
Asuntos Migratorios;
XVI. Presupuesto y Cuenta
Pública;
XXVII. Puntos
Constitucionales;
XXVIII. Radio, Televisión y
Cinematografía;
XXIX. Recursos Hidráulicos;
XXX. Reforma Agraria;
XXXI. Relaciones Exteriores;
XXXII. Salud;
XXXIII. Seguridad Social;
XXXIV. Trabajo y Previsión
Social;
XXXV. Transporte;
XXXVI. Turismo y
XXXVII. Vivienda.
Dip. Gregorio Urías Germán
(rúbrica)
(Turnada a