De reformas a los articulos 61 y 65 de
Los suscritos, Diputados Federales, integrantes de
Exposición de Motivos
El avance Democrático —del que son fenómenos
correlativos el pluralismo y el gobierno compartido del Congreso de
Partimos, ahora, de que la sola alternancia de
Partido en la titularidad del Ejecutivo Federal no equivale a un cambio de
régimen y que, por ende, es apremiante una amplia reforma del Estado que añada
certidumbre al cambio político y a la construcción de las bases materiales del desarrollo
y el bienestar. Los instrumentos para impulsar la consolidación democrática
están ahí, pero debemos reconocer que aún son frágiles y provisionales. El
proceso de ajuste de los Partidos a las condiciones actuales, los nuevos
términos de las relaciones entre ordenes de gobierno, la urgencia del Ejecutivo
por dar resultados, la estrategia mediática que se impone sobre la conducción
política responsable, el peso de las crisis nacional e internacional, la
presión de los grupos de interés, y la inseguridad en la vida de las personas y
las familias introducen tensión y riesgo a la gobernabilidad y a la capacidad
de respuesta de las instituciones.
En todo caso, los Poderes Ejecutivo y Legislativo,
sin demérito del trascendente papel del Poder Judicial, son los entes del
Supremo Poder de
Ha llegado el momento de revalorar el concepto de
División de Poderes y de adecuar el marco institucional que rige la separación
y equilibrio de Poderes a la nueva realidad política que experimenta el país.
El tema es de tal importancia que no debemos dejarlo al juego de intereses que
se expresan difusamente en los medios. Asimismo, la discusión debe trascender
el debate recurrente sobre cuál poder tiene más o menos responsabilidad en la
situación prevaleciente. Nuestra revaloración del esquema de División de
Poderes debe tener como propósito esencial la garantía de un régimen de
libertades y rendición de cuentas mediante la vigilancia recíproca y efectiva
entre poderes. Proponemos a las fuerzas políticas aquí representadas, partir de
la convicción, genuinamente democrática, de que las instituciones ejecutiva y
legislativa deben ser fortalecidas y renovadas para estar a la altura de los
retos que el momento político nos impone y de las aspiraciones y exigencias
legitimas del Pueblo.
Claramente, cada uno de los Poderes de
México posee un sistema presidencial puro que se
apoya todavía en las mismas bases normativas y legales que dieron paso a un
Ejecutivo Federal fuerte que durante varias décadas permitió al país avanzar en
la elevación de sus niveles de vida en un contexto de estabilidad. Sin embargo,
en el nuevo escenario político, el sistema presidencial prevaleciente, con sus
facultades constitucionales y metaconstitucionales, podría representar
obstáculos para la consolidación democrática, especialmente en lo que se
refiere al equilibrio de poderes —en sus vertientes de colaboración y
limitación recíproca. La preeminencia de un solo partido en ambas cámaras
aseguró por varias décadas un alto nivel de unidad y coherencia de la acción
pública. Tal preeminencia ha concluido y nuestros arreglos institucionales
deben ser adaptados a la nueva realidad. Sin el control de su partido sobre la
toma de decisiones en
En el renglón presupuestario, actualmente los
diputados de los partidos de oposición pueden, no sólo vetar la propuesta
presupuestal del presidente sino proponer un proyecto presupuestal alternativo.
La introducción del Ramo 33 y el notable crecimiento de los recursos asignados
a los gobiernos estatales y municipales a partir de 1997 sólo se explican por
el fortalecimiento de la posición negociadora de la oposición ante un Poder
Ejecutivo que necesita aliados para aprobar su presupuesto. Sin embargo el
poder de control de gasto público por parte de
Y si bien las divisiones legislativas entre las
bancadas de los partidos de oposición fortalecen la posición del presidente en
la aprobación del presupuesto, el inmenso aparato burocrático y los vastos
recursos financieros y humanos todavía centralizados en manos del Ejecutivo
Federal, lo dotan adicionalmente de un enorme poder de negociación. El
presidente trasciende la fragilidad de sus facultades legislativas mediante el
uso estratégico de sus capacidades regulatorias y de sus amplias facultades de
remoción y nombramiento. El aparato administrativo del estado y los recursos económicos
a su disposición le proveen grandes ventajas al Poder Ejecutivo en los procesos
de negociación frente al Poder Legislativo.
Actualmente, el Partido que ganó
Así, el principio de división de poderes adquiere
actualmente una peculiar significación. En su versión básica, la doctrina
liberal de la separación o división de poderes supone que las tres funciones esenciales
del Estado moderno —la hechura de leyes, la aplicación de las políticas
públicas y el juicio de los delitos o las diferencias entre particulares— deben
ejercerse por tres órganos diferentes de gobierno —el poder legislativo, el
poder ejecutivo y el poder judicial, respectivamente. Las constituciones
liberales atribuyen a cada uno de los poderes y, en especial, a los órganos de
gobierno que les corresponden tareas específicas e intentan establecer un
equilibrio entre ellos a fin de que actúen coordinadamente a pesar de su
autonomía relativa.
Según la teoría liberal, aquellos gobiernos que
ejercen las tres funciones de gobierno unificadamente corren el riesgo de
convertirse en regímenes despóticos e ineficaces. La ausencia de pesos y
contrapesos al interior del gobierno amplía excesivamente los márgenes de
discrecionalidad de las autoridades públicas y, ante la ausencia de frenos o
límites a las facultades de tales autoridades, la probabilidad de tomar
decisiones injustas (desde un plano normativo) o ineficientes (desde un plano
técnico) aumenta significativamente.
En México el principio constitucional según el cual
la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo y que, por lo
tanto, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio,
funda la división del Supremo Poder de
A lo largo de la historia, el tema ha sido motivo de
amplios estudios teóricos, de tentativas diversas en los modelos de Gobierno y
ha evolucionado, manteniendo la esencia que le dio origen. Desde la antigüedad,
los filósofos abordaron el tema, pero fueron quizás Maquiavelo y Montesquieu
quienes precisaron su incidencia en la estructura del Estado y las formas de
gobierno, aun con ópticas diferentes.
A principios del siglo XVI Maquiavelo, con una visión
pragmática, decía que “en la actualidad, entre los reinos bien organizados,
cabe nombrar el de Francia, que cuenta con muchas instituciones que están al
servicio de la libertad y de la seguridad del rey, de las cuales la primera es
el parlamento. Como el que organizó este reino conocía, por una parte, la
ambición y la violencia de los poderosos y la necesidad de tenerlos como de una
brida para corregirlos y, por otra, el odio a los nobles que el temor hacia
nacer en el pueblo —temor que habría que hacer desaparecer— dispuso que no
fuese cuidado exclusivo del Rey esa tarea, para evitarle los inconvenientes que
tendría con los nobles si favorecía al pueblo y los que tendría con el pueblo
si favorecía a los nobles. Creó entonces un tercer poder que sin
responsabilidad para el Rey castigase a los nobles y beneficiase al pueblo”. Es
decir, para Maquiavelo
A mediados del siglo XVIII, Montesquieu —propiamente
el arquitecto de la estructura del Estado liberal— profesó un planteamiento más
formal, estableciendo por encima de todo, los principios de bienestar del
pueblo y la libertad de los ciudadanos. El amor a la libertad hace necesario
dividir el poder del Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial a efecto de
evitar la tiranía y la degeneración en el ejercicio del poder. El conjunto de
pesos y contrapesos, equilibrios y limitaciones mutuas, interferencias y
frenos, factores de moderación y contención; han dado evolucionado con matices
diferentes, ya sea en sistemas parlamentarios o presidencialistas.
Hoy por hoy, se reconoce que tal división de poderes
no es ni puede ser absoluta. Que no es útil, al interés general, la
confrontación o la polarización de posiciones políticas al grado que los
poderes se anulen totalmente entre sí. La soberanía de cada una de las Cámaras
tampoco es absoluta. Es relativa en cuanto a que existe interdependencia en
algunas de las resoluciones en la que es indispensable el voto de ambas Cámaras
o tratándose de reformas constitucionales de la mayoría de los Congresos de los
Estados. También
Se reconoce, también, que sin equilibrio, no puede
haber división real de poderes. Tal equilibrio tiene que ver con las
condiciones jurídicas y políticas para que ambos poderes ejerzan a plenitud sus
facultades. Y este es quizá el problema central de la ingeniería institucional
del Estado mexicano. ¿Existe el equilibrio de poderes en México? Sólo
parcialmente, ya que el Poder Legislativo enfrenta dificultades para ejercer
plenamente sus facultades formales y desempeñar eficazmente su papel político
de mediación. Por lo que atañe al primer
punto, por ejemplo, la fiscalización del Poder Ejecutivo es aún subóptima y,
por lo que atañe al segundo punto, su presencia en el debate nacional, a través
de los medios escritos y electrónicos de comunicación, está aún muy por debajo
de la que corresponde a su papel en un sistema democrático.
La revisión responsable del principio de separación y
equilibrio de poderes deberá darse en relación con los siguientes temas que nos
parecen centrales:
Primero.- La
revisión a la facultad de veto que otorga el artículo 72 al titular del Poder
Ejecutivo Federal dado que, en el conjunto de las disposiciones que contiene,
obliga a la votación calificada para aprobar una Ley o Decreto que en principio
haya sido rechazado u objetada por el Ejecutivo Federal.
Segundo.- El
fortalecimiento de
Tercero.- La
reorientación en la competencia, exclusiva de
Cuarto.- La
organización de la vida interna del Congreso que está enfrentando enormes
dificultades, sea por el impacto del pluralismo o por la excesiva
centralización de funciones a que da lugar una novedosa Ley Orgánica del
Congreso, que en principio ha puesto más atención en los controles y en la
cohesión internas de las fracciones que en el despliegue pleno y creativo de la
iniciativa de los legisladores.
A este efecto, ya los diputados Ricardo García
Cervantes, Juan Manuel Carrera López, José Feliciano Moo y Can, David Rodríguez
Torres, Alfredo Hernández Raigosa y Luis Jerónimo Barbosa Huerta, han
presentado sendas iniciativas con propuestas razonadas y valiosas que deben ser
el punto de partida para construir una reforma de consenso, que mejore la
organización y el desempeño de
Quinto.-
Vinculado a lo anterior, la revisión de las condiciones jurídicas,
institucionales y materiales para que el Congreso, como órgano colegiado, y los
Diputados y Senadores, como representantes populares, desplieguen sus
facultades constitucionales y su derecho de representación y de opinión de tal
manera que se dignifique el papel del Poder Legislativo como tal, y de los
Legisladores en su labor de mediación entre sociedad y órganos de gobierno, y
de supervisión y vigilancia frente al Poder Ejecutivo.
La iniciativa con proyecto de decreto que hoy
presentamos, tiene que ver con este último tema de la agenda que proponemos
para vigorizar la división de poderes y acercarnos a una ecuación, acorde a la
nueva realidad política y, sobre todo, a las expectativas que han depositado
los electores en los representantes populares que integramos el Congreso de
En torno a lo anterior, dice Norberto Bobbio que “la
práctica parlamentaria, por su necesidad intrínseca de reciprocidad de
comportamientos, de comunicaciones intercambiables, de colaboraciones y de
favores mutuos, es un factor que puede concurrir a determinar un fondo de
cohesión entre las fuerzas políticas, de tal modo que trascienda las
divergencias y pueda servir para contrabalancear los impulsos centrífugos que
nacen inevitablemente de la dialéctica política. Naturalmente, para que el
Parlamento pueda desarrollar con eficacia este papel no es suficiente la
existencia pura y simple de su esqueleto institucional y jurídico; es
necesario, también, que este órgano político este dotado de una vida
institucional propia y real.”
Tenemos la impresión que este no es el caso del
Congreso Mexicano. En sí mismo, el esqueleto jurídico e institucional y la
propia estructura sobre la que se desenvuelve la vida interna de las Cámaras,
como hemos mencionado, está sujeta a revisión. Por otro lado, tanto
En este contexto, la iniciativa propone
modificaciones constitucionales y legales para dar cauce positivo a esta
contradicción entre el texto de la norma y la realidad política que, como hemos
visto, tiende a poner en entredicho, injustificadamente, la vocación
fiscalizadora y mediadora del Congreso y de quienes honrosamente lo integramos.
En el anexo se presenta un análisis comparativo de los artículos que se
reforman y adicionan.
En primer término, se propone modificar el artículo
61 de nuestra Constitución, el cual establece en su primer párrafo que “Los
Diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el
desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.
El espíritu de este mandato, junto con el del segundo
párrafo del mismo artículo, relativo al fuero constitucional y a la
inviolabilidad de los recintos parlamentarios, son parte de una larga tradición
que se observa en el derecho constitucional comparado y, en particular, en
Hoy, la influencia de los medios impresos y,
especialmente, de la radio y la televisión obligan a complementar este mandato,
toda vez que la sola garantía de la libertad de opinión y expresión de los
legisladores no es suficiente para difundir las propias actividades
legislativas y las opiniones de los Legisladores sobre los grandes problemas
nacionales, sobre los temas de debate con el Ejecutivo o sobre los asuntos que
interesan a la ciudadanía en cada uno de los 300 distritos que integran la
representación nacional. No es momento de abundar en el tema, pero es evidente
que el mayor poder e influencia del Ejecutivo federal y algunos grupos de
interés sobre los medios electrónicos dejan en desventaja al Congreso en capacidades
de inducción de la opinión pública.
En la difusión pública de las resoluciones y los
debates del Congreso, del trabajo de las Comisiones o de las comparecencias de
los servidores públicos del Ejecutivo, las opiniones de los legisladores son
consideradas secundarias, y frecuentemente son apreciadas con escasa
objetividad.
Además, la discrecionalidad que permite
“
Esta disposición se complementa con la agregación del
numeral 4 al artículo 46 de
Artículo 46
4. Para difundir adecuada y ampliamente las actividades legislativas y
de atención ciudadana de los Diputados Federales, se formará el Comité de
Comunicación Social que deberá integrar, a propuesta de cada uno de los
Diputados, un proyecto de programa y de presupuesto que permita a los
Legisladores el acceso, de manera equitativa y permanente, a los tiempos
oficiales de Radio y Televisión, y a los medios electrónicos y escritos
comerciales y culturales, de mayor impacto en las demarcaciones que
representan.
En consecuencia, se plantea la reforma al artículo
131 y 132 del Título Quinto que en esencia propone lo siguiente:
Artículo 131
1. El Congreso de
El resto del articulado se adecua ya que en el
vigente sólo se habla del canal de televisión del Congreso.
Se trata, en suma: 1)
de hacer realidad la libertad de expresión y el derecho de opinión de los
legisladores estableciendo los mecanismos y disponiendo lo necesario para el
acceso a todo tipo de medios; 2)
que se difundan los trabajos del Congreso y de las Cámaras como órganos
colegiados, tanto como las opiniones y actividades de representación de los
Legisladores; 3) se propone la
posibilidad de que el Congreso cuente, no sólo con el canal de televisión que
ya tiene, sino también con un canal de radio y con las repetidoras necesarias
para abarcar el ámbito de representación nacional; 4)
se fortalece y asegura el acceso a los medios comerciales, (para lo cual deberá
disponerse sin vacilaciones del presupuesto necesario) a los tiempos oficiales
y a los canales de radio y televisión culturales.
La segunda parte de la propuesta está vinculada con
el concepto de representación política que, junto con las tareas legislativas
de fiscalización superior y rendición de cuentas, constituye la esencia de las
funciones del Congreso y, por ende, de los Legisladores y las fracciones
parlamentarias en las que están agrupados. A nuestro juicio, la representación
política involucra tareas que realiza determinado sujeto a nombre de otro u
otros. El artículo 51 de
La noción de representación es diversa según se trate
de regímenes presidencialistas, parlamentarios o mixtos, o bien se trate de
formas de elección directa, de representación proporcional o mixta. Lo cierto
es que en nuestra realidad los Diputados Uninominales por ser de elección
directa, por el contacto vivo y permanente que mantienen con la ciudadanía y
por tradiciones políticas que han tomado fuerza a lo largo del tiempo, están
sujetos a una fuerte presión social, que es a la vez responsabilidad y
compromiso.
La explicación simple y formal, y en cierta forma
ortodoxa, de que el papel principal de los diputados tiene que ver sólo con
mantener el orden y la estabilidad a través de la buena ley o de la eunomía en
términos de la filosofía griega, no sólo es incomprensible para el pueblo sino
antipolítica y contraria a las expectativas ciudadanas que se generan en los
procesos de elecciones democráticas. Actualmente, el desempeño de la función de
representación tiene en su contra no sólo la rigidez de
“En los periodos de receso, los Diputados y Senadores acudirán a los
distritos y entidades federativas, para conocer de la situación que guardan,
atender las demandas de la ciudadanía, dar tramite a las mismas ante las
autoridades competentes e informar de sus actividades.”
En complemento de lo anterior, se incorpora un
numeral 5 al artículo 4o. de
También se agrega el numeral 2 al artículo 28,
relativo al presupuesto asignado a las fracciones parlamentarias, para asegurar
un presupuesto apropiado justo para que los Diputados estén en posibilidad de
desempeñar con dignidad y eficacia las tareas legislativas y de atención a la
ciudadanía.
Derivado de lo anterior y como parte central de esta
Iniciativa, se agregan dos párrafos al numeral 2 del Artículo 46. En el primer
párrafo se establece la obligación de incluir en el Presupuesto de
“lo necesario para establecer oficinas de representación en las
cabeceras de cada uno de los distritos electorales federales que estarán a
cargo de los Diputados Uninominales”
Se trata de fortalecer la presencia institucional del
Congreso en cada uno de los Distritos tal y como sucede en diversos
Parlamentos, incluyendo algunos en el ámbito local. Esta representación de
En el segundo párrafo de ese mismo numeral, se asigna
al Comité de Información Gestoría y Quejas la facultad de:
“Presentar a
No se trata, como seguramente podrían decir los
ortodoxos, de que el Legislativo invada el ámbito de responsabilidad del
Ejecutivo Federal ni, menos aún, de una agresión a la soberanía de los Estados
o a la libertad municipal. Se trata, simplemente de proveer de soporte jurídico
a una realidad política vinculada con la función de mediación y gestoría de los
Legisladores. Esta es una práctica normal en muchos parlamentos. Cierto que
algunas experiencias en legislaturas de los Estados han sido controvertidas.
Esto ha sido así, justamente porque no existe el marco jurídico apropiado,
quedando la gestoría de los Diputados sujeta a la discrecionalidad de la
autoridad ejecutiva, no obstante su transparencia y legitimidad.
A mayor abundamiento cabe destacar que, en sintonía
con la propuesta que hoy sometemos a consideración de esta Asamblea, en la
sesión del 8 de noviembre pasado, el diputado Víctor Díaz Palacios, en
representación de un grupo plural de Legisladores, presentó una iniciativa de
reformas al artículo 25 de
Compañeras
y compañeros
Quiero concluir esta exposición de motivos, aludiendo
al intenso y profundo debate que se dio en este recinto el pasado 6 de
noviembre, a propósito de lo que aquí se calificó como agresiones a la majestad
y dignidad del Congreso.
En esta ocasión, los coordinadores de los grupos
parlamentarios que hicieron uso de la palabra asumieron, entre otras, las
siguientes posiciones:
“Sin duda alguna hay que fortalecer este Congreso. Nosotros siempre
hemos manifestado, yo estoy convencido de que gran parte de ello tiene que
empezar haciéndose por nosotros y desde adentro. El trabajo del Congreso ha sido superior al
de las legislaturas anteriores, pero no por eso óptimo. Hay que reconocerlo y
hay que buscar mejorar en ese sentido. Hay que actuar aquí con la verdad y no
hay que vaciar las cosas por su origen. A veces pareciera que la falta de
directrices por parte de los grupos parlamentarios le quita institucionalidad a
Diputado Bernardo de
“Esta discusión sobre la crítica al Ejecutivo, sobre la libertad de
expresión, se entrelaza también con las nuevas responsabilidades del Poder
Legislativo porque en el fondo la capacidad crítica del Poder Legislativo en el
cumplimiento de una de sus atribuciones, que es la de ser contrapeso en este
país, coincide esencialmente en la capacidad crítica de los medios de
comunicación que vigilan el quehacer de todos aquellos que tenemos
responsabilidad pública.
Diputado Martí Batres Guadarrama
“Es inconcebible, es triste cuando menos, que una reforma por ejemplo,
una Ley como la de Desarrollo Rural que implicó cientos de horas el trabajo de
comisiones y miles de horas de trabajo de los diputados si se miden
individualmente, no hayan merecido el mínimo reconocimiento de la opinión
pública. La misma Ley que hoy aprobamos o reformamos en materia de derechos humanos
ignoro qué suerte corra mañana, pero sé que habrá más interés por lo que no hacemos y las deficiencias que
tenemos, que por lo que construimos.
“A mí me parece que lo que está verdaderamente en juego es este cambio
republicano y democrático, pleno y completo y que va más allá de fracciones
parlamentarias o partidos. Va más allá de divisiones entre mexicanos.
Creo que la salida es que generemos un espíritu constructivo de nuevo
país, antes de que cedamos a la tentación de la confrontación interminable, de
la ruptura y de la división entre los mexicanos”.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa
“La sabiduría de la humanidad a lo largo de los siglos fue construyendo
sistemas de gobierno distintos en búsqueda de la mejor condición para la vida
del hombre y dentro de ellos, aquellos sistemas en los que priva la división de
poderes, destacaron y permitieron que los pueblos se desarrollaran plenamente,
porque evitaron que el poder público se concentrara en un solo individuo o en
una solo institución y dieron históricamente una batalla contra las tiranías y
las dictaduras”.
“Por esa razón nos ofende el agravio, nos ofende que se califique al
Congreso negativamente; nunca se había visto calificativos de tal naturaleza
que nos lleven hasta la paradoja de considerarnos, por una parte, como un
conjunto de legisladores que actúan y trabajan al vapor con excesiva premura y
por otra, que nuestra tarea es lenta y tediosa”.
Diputado Rafael Rodríguez Barrera
Estas opiniones de legisladores distinguidos hacen
evidente la unidad y la convergencia de varias fracciones parlamentarias. No
obstante, la compleja y contradictoria realidad nos señalan que hoy no bastan
la elocuencia y la contundencia de las declaraciones políticas, todas ellas
enunciadas con convicción, sentido de la historia, y comprometidos con el
progreso y bienestar de
Estamos llamados a actuar y asumir un compromiso
justo y trascendente. Apenas unas semanas después de que los partidos aquí
representados suscribieron un pacto que pretende ser eje para esfuerzo y las
iniciativas nacionales, se desdobla, desde el Poder Ejecutivo, un conjunto de
señales y acciones contradictorias. Apenas unas horas después de la declaración
del Congreso sobre las relaciones con el Ejecutivo y respecto de
La facultad constitucional para que el Congreso
diseñe, reforme y promulgue su propia Ley Orgánica, es un mandato que tiene que
ser asumido en momentos como el que hoy vivimos. Seamos consecuentes, no
hagamos de la aparente modestia ante la sociedad y ante los medios un acto de
fe que termine por conducir al Congreso y a los propios Legisladores a un
espacio marginal, desierto e indigno para la alta responsabilidad que nos ha
sido encomendada.
Convocamos a los Coordinadores de las fracciones
parlamentarias y a toda
El futuro del Congreso Mexicano depende de su
capacidad de adaptación, de su renovada vocación para desempeñar con dignidad y
transparencia su nuevo papel de contrapeso y elemento equilibrador en un
sistema político abierto y pluralista, y de ser un interlocutor eficaz y
receptivo entre la sociedad y el Gobierno.
En consecuencia de lo anterior, proponemos a esta
Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto
de decreto que adiciona los artículos 61 y 65 de
Artículo
Primero.
Se
adiciona el primer párrafo del artículo 61 y un cuarto párrafo al artículo 65
de
Artículo
61.- …
Artículo
65.- …
…
…
En los periodos de receso, los Diputados y Senadores
acudirán a los distritos y entidades federativas, para conocer de la situación
que guardan, atender las demandas de la ciudadanía, dar tramite de las mismas
ante las autoridades competentes e informar de sus actividades.
Artículo
Segundo.- Se adicionan: el numeral 5 al artículo 4º; el numeral 2
al artículo 28; dos párrafos al numeral 2 del artículo 46 y se agrega un
numeral
Artículo
4º.
1.-
…
2.-
…
3.-
…
4.-
…
5. En los periodos de receso,
los Diputados y Senadores que no formen parte de
Artículo
28.
1.- …
2. En el Presupuesto anual de
Egresos de
Artículo
46.
1.- …
2.-
…
En el Presupuesto de
El comité presentará, anualmente,
a
3.- …
4. Para difundir adecuada y
ampliamente las actividades legislativas y de atención ciudadana de los
Diputados Federales, se formará el Comité de Comunicación Social que deberá
integrar, a propuesta de cada uno de los Diputados, un proyecto de programa y
de presupuesto que permita a los Legisladores el acceso, de manera equitativa y
permanente, a los tiempos oficiales de Radio y Televisión, y a los medios
electrónicos y escritos comerciales y culturales, de mayor impacto en las
demarcaciones que representan.
Titulo Quinto
De la difusión e información
de las actividades del Congreso y de las
opiniones de los Diputados y Senadores
Artículo
131
1. El Congreso de
2. Los canales tienen por objeto reseñar y difundir la
actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades
de las cámaras del Congreso, de
Artículo
132
1. Para la conducción de las
actividades que desarrollan los canales, se constituye
2.
…
3.
…
4.
…
5. La organización y
funcionamiento de los canales se
sujetarán a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias
específicas que al efecto dicte el Congreso de
Transitorios
Artículo
Unico.-
Las
presente adiciones y reformas entrarán en vigor a partir de su publicación en
el Diario Oficial de
Palacio Legislativo, San
Lázaro,
a 13 de noviembre de 2001.
Atentamente
Dip. Alberto Amador Leal
(rúbrica)
Diputados: José Feliciano Moo
y Can, Javier García González, Víctor Díaz, Jaime Alcántara Silva, Cutberto
Cantorán Espinosa, Angel Meixueiro González, Concepción González Molina, Benito
Vital Ramírez, Roberto Fuentes Domínguez, Jaime Larrazábal Bretón, Eréndira
Cova Brindis, Agustín Trujillo I., Rubén García Farías, Marcos López Mora (rúbricas).
(Turnada a las Comisiones de
Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Noviembre
13 de 2001.)