Participa en la revisión servidora recién contratada.
Encargan expediente a un funcionario de origen priista y un ex
mando de la SEP
La Secretaría de la Función Pública delegó el caso Bribiesca a un funcionario
de origen priista, un ex mando de la SEP que renunció a su
encargo tras un escándalo de presuntas irregularidades y una
dirección que estuvo vacante más de 50 días.
Eduardo Romero, titular de la SFP, encomendó el jueves a la
Unidad de Auditoría Gubernamental, la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, y a la Contraloría
Interna, atender ocho propuestas de la Comisión Investigadora
de la Cámara de Diputados.
La primera de estas oficinas se hará responsable de atender
tres de las propuestas, mientras que la segunda asumirá cuatro
y la Contraloría Interna una.
El jefe de Auditoría Gubernamental es Marcos González
Tejeda, quien fue contralor general y secretario de Finanzas
del gobierno de Veracruz en el sexenio de Patricio Chirinos, y
también director general de Ingresos del Estado de México, con
el gobernador Mario Ramón Beteta.
En su currículum disponible se precisa que en el último año
del sexenio de Ernesto Zedillo, fue administrador general de
Grandes Contribuyentes, en el SAT.
La participación que tendrá la oficina de González en las
pesquisas en torno a los hijos de Marta Sahagún, en principio
será la más importante, porque ordenará primeras auditorías a
dependencias federales, de acuerdo con la instrucción de
Romero.
La Contraloría Interna de la SFP, órgano dependiente de la
Presidencia de la República, tiene como titular a Francisco
Medellín Leal, ex Oficial Mayor de la SEP.
Medellín renunció a ese cargo en el 2004, luego de que la
empresa Foliservis denunciara supuestas irregularidades en la
licitación del programa Enciclomedia, que estaba bajo su
responsabilidad.
La SFP declaró infundados los cuestionamientos y Medellín
no fue sancionado. No obstante, tras convertirse en contralor
interno de la Función Pública, el 8 de febrero de 2005, en el
Senado se promovió un punto de acuerdo para pedirle una
explicación a Romero sobre la designación.
En tanto, el titular de la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, Jesús María
Robledo, fue despedido el pasado 18 de diciembre tras ser
acusado por acoso sexual.
La SFP informó que apenas esta semana Romero nombró como
relevo a Verónica López Santa. En las páginas de la
dependencia no aparecen antecedentes de la funcionaria.
Esa dirección, igual que la Contraloría Interna, debe
valorar los elementos de las solicitudes para fincar
responsabilidad administrativa, según lo expresado por
Romero.
Las oficinas de la Función Pública estarán respaldadas por
despachos de auditores externos que serán contratados en los
próximos días. Para los gastos, la SFP tiene una partida anual
de 180 millones de pesos.