Manuel Bribiesca Sahagún reconoció que su fortuna ha crecido, sobre todo a partir del año 2000, aunque atribuyó sus mayores caudales meramente al paso del tiempo. Preguntado si en los últimos años ha mejorado su capacidad económica, contestó afirmativamente. Pero indirectamente rechazó ser un nuevo rico. A diferencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que tiene un concepto lamentablemente estrecho de la libertad de expresión consignada en los artículos sexto y séptimo de la Constitución, el juez trigésimo segundo de lo civil en la Ciudad de México, José Guadalupe Mejía Galán, apoyó en esa libertad la sentencia que exoneró al matrimonio Pando - Pérez Aguilar

La primera dama ha tenido ya que acudir a tribunales a "absolver posiciones", como se llama procesalmente a la operación de contestar un interrogatorio sobre la demanda y su contexto. Se abstuvo de comparecer en el proceso comenzado por su hijo, de igual modo en que el presidente de la República rehusó comparecer como testigo en el iniciado por su esposa.

Maritza Pérez Aguilar y Santiago Pando fueron exonerados el 28 de septiembre (y la información del caso circuló a partir del martes 4 de octubre) de la obligación de reparar el presunto daño moral que habrían inferido a José Luis Santiago Vasconcelos, que no es un ciudadano común y corriente sino un subprocurador de la República, sujeto por lo tanto a la crítica en función de sus tareas. El titular de la subprocuraduría de investigaciones sobre la delincuencia organizada (SIEDO) demandó el 2 de agosto a aquella pareja, por la vía civil. Tasó su reputación en 6 millones 773 mil 131 pesos, cantidad que pidió le fuera cubierta como reparación del daño moral cuya afectación imputó a Maritza y Santiago.

A diferencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que tiene un concepto lamentablemente estrecho de la libertad de expresión consignada en los artículos sexto y séptimo de la Constitución (como se hizo evidente al negar el amparo al escritor Sergio Witz autor de un poema escatológico que ultraja a la bandera según ese angosto criterio), el juez trigésimo segundo de lo civil en la Ciudad de México, José Guadalupe Mejía Galán, apoyó en esa libertad la sentencia que exoneró al matrimonio Pando-Pérez Aguilar. Tuvieron derecho a decir lo que dijeron, consideró el juez, y por lo tanto su actitud es lícita y no ha lugar a que por ella se demande la reparación del daño.

En marzo del año pasado, la SIEDO montó un espectáculo para anunciar la detención de la más importante banda de traficantes de personas. Conforme a un estilo que no se le ha reprochado penal y socialmente lo suficiente, el subprocurador Santiago Vasconcelos definió en tono de sentencia definitiva la conducta de las personas detenidas, entre ellas la señora Artemisa Aguilar. Fue presentada como "jefa de una banda de polleros", actuación que habría consumado desde su trabajo en el Instituto Nacional de Migración donde tenía a su cargo la atención en la ventanilla en vista de sus conocimientos de inglés.

Poco después de la detención de su suegra, Santiago Pando, un publicista que había alcanzado notoriedad pública en el 2000 por su trabajo profesional en la campaña del ahora presidente de la República, descalificó a Santiago Vasconcelos. Originó una página en internet y publicó varios desplegados en medios impresos, cuando llegó a la conclusión de que el subprocurador era un "fabricante de culpables" y un traidor al presidente Fox, pues caminaba en sentido contrario a sus ideales, que el propio Pando había contribuido a hacer triunfar. Después Pando mismo y su esposa obtendrían evidencia de que los testigos sobre cuyos dichos se basaba la acusación, o nunca existieron o desaparecieron (motivos por los cuales jamás ratificaron su testimonio). Tan endeble ha sido el proceso surgido de una consignación igualmente falta de sustento, que se espera que en los próximos días la justicia penal federal deje en libertad a la señora Aguilar, que ha permanecido encarcelada cerca de 20 meses.

Irritado por el sostenido señalamiento contra sus prácticas, en que perseveró Pando, el subprocurador federal consideró públicamente denunciarlo por difamación y finalmente en agosto del año pasado lo demandó por la vía civil. El proceso (que incluyó, incidentalmente, la multa a un grupo de periodistas por rehusar servir de testigos a Santiago Vasconcelos, y una absurda denuncia penal del abogado del subprocurador contra ese mismo grupo) concluyó en su primera instancia con una sentencia que sostiene el derecho de los demandados a expresarse del modo en que lo hicieron.

Santiago Vasconcelos puede apelar esa resolución judicial, y hasta puede acudir, si también le fuera adverso el fallo en segunda instancia, al juicio de amparo. Es deseable que no lo haga, porque de lo contrario prolongaría la inequidad que se condensa en un proceso iniciado por un alto funcionario de la Federación contra particulares a los que se busca inferir un quebranto financiero añadido al de carácter moral infligido precisamente por la conducta del demandante.

El desenlace, así sea en primera instancia, de este proceso por daño moral no debería ser irrelevante en el abordamiento de otros muy notorios que están en curso. Me refiero a los iniciados a fines de abril por la señora Marta Sahagún de Fox y semanas después por su hijo mayor Manuel Bribiesca Sahagún contra la periodista Olga Wornat, en ambos casos. En el primero se demandó también al semanario Proceso, por haber publicado un material de la reportera; y en el segundo a la editorial Random House Mondadori-Grijalbo que dio a la imprenta el libro Crónicas malditas desde un México desolado, de la propia autora. Una obra previa de la misma periodista, La Jefa, elaborada en amplia medida con la colaboración de la propia señora Sahagún, protagonista de la misma, había aparecido en 2003 sin ninguna consecuencia jurídica.

El primer juicio, el iniciado por la esposa del presidente de la República (se hallaba en gira en su marido cuando a través de los servicios de prensa de Los Pinos anunció la apertura de este proceso a comienzos de mayo), se tramita en el juzgado duodécimo civil del Distrito Federal. El segundo, que tiene a Manuel Bribiesca Sahagún como protagonista, está radicado en el juzgado vigésimo primero. Ambos se hallan en la etapa de desahogo de pruebas. La primera dama (título que sin sustento jurídico ostenta la señora Sahagún de Fox) ha tenido ya que acudir a tribunales a "absolver posiciones", como se llama procesalmente a la operación de contestar un interrogatorio sobre la demanda y su contexto. Se abstuvo de comparecer en el proceso comenzado por su hijo, de igual modo en que el presidente de la República rehusó comparecer como testigo en el iniciado por su esposa. Ambos miembros de la pareja presidencial arguyeron en su favor el derecho que da el artículo 288 del código civil a los parientes de un actor o demandado para ser exceptuados de rendir testimonio.

Bribiesca Sahagún enderezó su acción legal contra la periodista Olga Wornat por lo dicho en el capítulo "Los hijos de La Jefa", de sus Crónicas. Se trata de 25 páginas de un libro de 359, presidido por un certero epígrafe del semiólogo Ugo Volli: "Hemos ingresado en la neovulgaridad: una sociedad de derechas cuya primera prioridad es rebajar el nivel de comunicación". Manuel Bribiesca Sahagún no es el único personaje colocado por la investigación periodística en la pasarela. Su propio padre, Manuel Bribiesca Godoy, y el alcalde panista de Celaya José Rivera Carranza, por ejemplo, figuran en estas páginas en anécdotas narradas a la periodista por informantes confiables. Pero el centro del relato lo ocupa el mayor de los hijos de la primera dama. Se hacen puntuales referencias a sus negocios, a su veloz enriquecimiento, a sus viajes y diversiones, al uso de aviones y residencias oficiales para sus desplazamientos y vacaciones, a su estilo de vestir y de ser. Llevado por el ejemplo de su madre, y acaso forzado por ella, contra esa información dirigió su acción civil para reforzar el embate contra Olga Wornat y sus editores.

El 26 de septiembre acudió a contestar preguntas de la defensa de la escritora. Buen número de sus respuestas, por lo que admite y por lo que niega (en relación con pruebas supervinientes), probablemente darán pie a que el juez de su asunto lo resuelva en términos semejantes a los invocados por el juez trigésimo segundo respecto de Maritza Pérez Aguilar y Santiago Pando. Con mayor posibilidad ocurrirá así toda vez que el artículo 1916 bis establece claramente que "no estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información en los términos y con las limitaciones de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República".

Bribiesca Sahagún reconoció que su fortuna ha crecido, sobre todo a partir del año 2000, aunque atribuyó sus mayores caudales meramente al paso del tiempo. Preguntado si en los últimos años ha mejorado su capacidad económica, contestó afirmativamente, con la pretendida aclaración (porque su habla es confusa) de que "conforme uno va teniendo mayor capacidad empresarial va aumentando por consecuencia de la edad la mejora de percepciones económicas; no es lo mismo cuando salí de la preparatoria, luego de la profesional, al día de hoy". Pero indirectamente rechazó ser un nuevo rico. Informó que los viajes a Las Vegas sobre los cuales se le interrogó, y en los que juega apuestas, no son una novedad: "siempre la familia viajamos juntos a la ciudad de Las Vegas. Desde que tengo quince años, cada año íbamos, una o dos veces al año".

Más relevante fue su aceptación de haber viajado en aviones del Ejecutivo, como lo informa la periodista en su libro, pero "nunca los he utilizado yo solo, siempre voy acompañado de mi madre o del señor presidente". No hizo aclaración semejante al responder que sí se ha alojado en las residencias oficiales de Cancún, San Miguel de Allende y Acapulco. Admitió parcial, pero mendazmente, que cuenta con una escolta del Estado Mayor Presidencial: se le preguntó si estaba integrada por 16 personas, negó ese número y dijo que eran cinco. Sin embargo, la propia oficina jurídica de ese cuerpo militar informó al juez que son efectivamente 16 elementos los asignados al resguardo de Manuel Bribiesca Sahagún desde julio de 2001 (precisamente cuando su madre contrajo matrimonio con el presidente de la República).

Causaron sus principales respuestas las preguntas sobre su relación de negocios con el empresario Miguel Khoury, su amigo de la infancia y sobre la empresa Construcciones Prácticas, de la que es socio según la información reunida por Olga Wornat y objetada por el demandante. Contestó con rotundos no a esas preguntas, y quizá se retiró tranquilo de la audiencia después de esas negativas. No tuvo en cuenta que una comisión legislativa, integrada ex profeso, estaba a punto de revelar información que mostró el grado en que en ese punto crucial del caso había faltado a la verdad.

Una semana después del interrogatorio, el 5 de octubre la diputada Martha Lucía Micher, cabeza de esa comisión, expuso el resultado parcial de las investigaciones que realiza sobre el eventual tráfico de influencias practicado por Bribiesca Sahagún. Como se sabía, Construcciones Prácticas, la empresa de Khoury en que no aparece el hijo de la primera dama, adquirió del Instituto de Protección al Ahorro Bancario un importante número de bienes inmuebles. Hasta allí parecía que la excusa de Bribiesca Sahagún era válida: él nada tiene que ver en esa empresa. Pero sí en el siguiente capítulo de la historia: Construcciones Prácticas no realizó directamente la venta de esos bienes, sino que transmitió su propiedad a Inmobiliaria Kilate. Y ocurre que en esa empresa, al contrario de la radical negativa de Bribiesca Sahagún, está en sociedad con Khoury. La comisión encabezada por la diputada Micher obtuvo copia de la escritura constitutiva de Kilate, donde consta inequívocamente la sociedad de ambos amigos.

Hace varios meses Khoury había admitido una cierta relación de negocios con Bribiesca Sahagún: "nos estamos apoyando con capital de los bancos como cualquier otro constructor" (Proceso, 8 de mayo de 2005). Pero con motivo de la revelación del grupo legislativo volvió a negar la relación de su amigo en Construcciones Prácticas. En carta a Reforma, el 6 de octubre Khoury deslindó "a mi empresa del señor Manuel Bribies-ca Sahagún, que no es socio de la misma". No se refirió sin embargo a Kilate. Y el propio Reforma documentó ese mismo día que en junio del año pasado firmaron "como avales y obligados solidarios" un crédito quirografario por 3 millones de pesos que les otorgó Operaciones Hipotecarias de México, una sofol con sede en León. Lo hicieron cuando ya no eran socios de esa empresa, según dijo Khoury ayer a ese diario, lo que podría implicar una simulación.

Las indagaciones de la comisión legislativa han hallado en el registro público de la propiedad en varias entidades unas mil 700 casas en cuya compra o venta participa Bribiesca Sahagún. De ellas, 275 viviendas en el fraccionamiento Santa Catarina fueron adquiridas indirectamente por Kilate al IPAB, cuya dirección respondió que la asignación se hizo conforme a la ley. Lo mismo ha dicho el Infonavit respecto de créditos que han servido a Kilate, a través de otra empresa llamada Residencial Milenio para realizar operaciones en Acapulco. Además de proclamar su apego a la legalidad, ambas dependencias implican que de haber corrupción en estos casos, es nomás tantita, pues subrayan el breve número de operaciones en que en algún tramo aparece Bribiesca.

La Presidencia de la República ha entrado a la discusión de esos negocios. Ha dicho que sean los tribunales los que resuelvan. Así ha de ser: la comisión legislativa debe poner los resultados de su investigación ante el Ministerio Público, para que realice una averiguación penal. Y en ese caso, la energía procesal que requerirá aplicar la defensa de Bribiesca Sahagún será tal que más le conviene desistirse de la acción civil contra Wornat y su editor, antes de que ella obtenga una sentencia absolutoria, como la que exoneró en buena hora a Maritza y Santiago Pando.

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