El secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos,
aseguró que la dependencia a su cargo nunca ha tenido un solo
indicio de que los hijos de Marta Sahagún hubiesen sido
beneficiados de forma indebida con contratos de obra pública
del Gobierno Federal.
En entrevista, Romero sostuvo que cuando se vinculó a
Manuel Bribiesca
con la constructora Facopsa, de Cosme Mares, se investigaron
11 contratos que le otorgó la SCT y se rescindieron 8 de
ellos, pero nunca se probó la sociedad de la empresa con el
hijo de Sahagún.
"Allí los socios de la compañía son el señor Mares y sus
parientes, pero si alguien tiene una comprobación de que fuese
alguien más, pues que lo compruebe, que presente las
pruebas.
"Yo no las tengo, no las conozco, nunca he visto una ni he
leído una sola línea de medios de comunicación en prensa o en
radio, y nunca he escuchado datos concretos... De todas las
declaraciones que he leído, no he leído un solo dato concreto,
pero no lo puedo descartar. Digo que no lo conozco, nunca lo
hemos recibido.
"Yo le puedo asegurar que las obras de los últimos 3 años
que ha ejecutado esta compañía que se conoce como Facopsa,
fueron auditados; de 11 contratos que revisamos, 2 terminaron
sus trabajos satisfactoriamente, en otro está en proceso de
terminar y en otros 8 fueron rescindidos porque los trabajos
iban retrasados", dijo Romero.
El funcionario rechazó que la Función Pública "proteja" a
los hijos de la Primera Dama, como le acusaron en días
recientes diputados perredistas encabezados por Martha Lucía
Micher, e insistió a sus críticos que le entreguen evidencias,
para poder proceder.
Los legisladores del PRD le recriminaron esta semana a
Romero, negar el padrón de empresas y contratos de suministro
de bienes, para detectar la compraventa de inmuebles a
constructoras vinculadas a los hijos de Sahagún. Pero el
secretario dijo que esas listas no las tiene la SFP.
"A la Secretaría... le han solicitado determinada
información con determinada presentación, con la que no
contamos, sencillamente porque llevamos los registros y los
archivos y la información que la ley nos pide.
"Por razones de eliminación de trámites, los registros de
proveedores y contratistas quedaron fuera de la Función
Pública desde hace más de 10 años, porque esto permite que
cualquier persona pueda participar sin necesidad de requisitos
previos de registro", aseguró.
El secretario dijo que la dependencia a su cargo es
responsable de indagar y sancionar la actuación de servidores
públicos, pero no la de particulares. De lo que sí dijo estar
seguro es que el Gobierno Federal no le ha dado contratos a
los hijos de Sahagún.
"No tengo noticia de un contrato que haya realizado alguna
empresa en la que estén vinculados los hijos de la señora Fox;
la SFP no tiene esa información", expresó.