En la antesala del carpetazo en San Lázaro, aparecen más revelaciones
de anomalías
Documentan asignaciones irregulares de Petróleos Mexicanos a Bribiesca
Las nuevas revelaciones sobre el expediente de Manuel Bribiesca Sahagún habrán de ser archivadas ante el próximo fin de la comisión legislativa encargada de revisar este caso.
La presidenta del organismo, Martha Lucía Micher Camarena, recibió un nuevo testimonio en el que se denuncia que la empresa Saint Martin tuvo asignaciones de contratos irregulares de Pemex por un monto de 896 millones de pesos. Esta compañía había sido denunciada previamente como una de las beneficiarias del hijo de la esposa del Presidente de la República, Marta Sahagún.
En una áspera sesión, la comisión legislativa comenzó ayer el proceso para dar por concluida su tarea el próximo 31 de diciembre. Se declaró en sesión permanente hasta entonces, pero de por medio hubo un debate entre la perredista Sofía Castro y el panista Sergio Vázquez, acompañado de la burla del blanquiazul Federico Döring hacia la representante del sol azteca.
Aunque también el propio vicecoordinador perredista, Eduardo Espinoza, cuestionó en forma reiterada a su compañera Micher Camarena, lo mismo para objetar la lectura del informe de la Junta de Coordinación Política que anticipó el fin de la comisión, que para preguntar si había o no despacho que se encargase del dictamen jurídico de las 13 cajas que integraron la información que se allegó el grupo legislativo.
La denuncia anónima, aunque documentada en contra de la empresa Saint Martin, establece que los contratos irregulares de Pemex hacia esa compañía continúan siendo protegidos por el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos; el director de Pemex, Luis Ramírez Corzo; el titular del órgano de control interno de Pemex Exploración, Jorge Ramos Negrete, y el procurador federal del Medio Ambiente, Ignacio Loyola Vera, entre otros.
En ese documento se detalla que las irregularidades fueron denunciadas ante el propio Ramírez Corzo desde marzo pasado, quien remitió el expediente al órgano de control interno. Se incluyen las quejas en torno al rompimiento del ducto Nanchital, en el que hubo una asignación directa para su atención sin cumplimiento del contrato respectivo.
Pese a que la Procuraduría del Medio Ambiente decidió sancionar a la empresa Saint Martin con una multa de 1.2 millones de pesos y una clausura temporal, la compañía continuó sus operaciones.
En la soledad, Micher Camarena esperó más de una hora a que los integrantes de la comisión legislativa llegaran al encuentro convocado después de la determinación que asumiera el pleno camaral en la víspera. De sus 12 integrantes llegaron nueve.
Cuando Micher daba lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política que anticipó el fin de este grupo legislativo, su propio compañero, Eduardo Espinoza, le pidió que no leyese el acuerdo del pleno. "No lo tenemos, aunque ya lo hemos pedido", le respondió Micher.
Después se abrió el debate en torno a la empresa Escobar y Asociados, que tendrá que realizar su tarea en 15 días y no en seis meses, como inicialmente estaba planeado, para ofrecer un dictamen jurídico sobre el caso de las anomalías cometidas por Manuel Bribiesca.
El panista Sergio Vázquez puso en tela de juicio la especialidad del despacho por ser de carácter contable y no jurídico. La perredista Sofía Castro lo encaró y le dijo que las objeciones no se habían hecho con antelación e inclusive se había aceptado la decisión que asumiese el grupo parlamentario.
-¡Yo no dije eso! -reviró Vázquez-. A lo mejor no está bien de sus oídos.
-No me falte al respeto diputado -retó Castro. La propia Micher empezó a localizar en la grabadora la versión de Vázquez al respecto.
Entonces terció el priísta Porfirio Alarcón. "Hay que hacer un monumento a la impunidad y mostrarlo a los jóvenes universitarios que a menudo visitan la Cámara", ironizó.
Fue el propio panista Vázquez quien le recordó que su voto, con el de 160 priístas más, había sido por la abstención y que entonces no había razones para que ahora tratase de esgrimir algo distinto.
"A ese monumento a la impunidad -manifestó el priísta Alarcón- habrá que añadirle algunos sarcófagos en los que se guarden las 13 cajas con la información respectiva."
Al final, la comisión se declaró en sesión permanente. Tiene una reunión prevista para la próxima semana, antes de que el despacho les entregue el dictamen previo al 31 de diciembre. Transcurrida esta fecha, la comisión tendrá 30 días naturales para elaborar el informe final que entregará a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política, que a su vez lo turnará al presidente Fox.