La Jornada

Domingo 23 de octubre de 2005

Solecito Están asociados con potenciales compradores, alertan funcionarios del sector

Avanza la privatización de aduanas; los Sahagún serían beneficiarios

Solecito Ex directivo inhabilitado, detrás de la empresa suiza que cumple los requisitos de la licitación

Solecito Con utilidades anuales de entre 2 mil y 3 mil mdd, será el negocio transexenal de Fox, estiman

JAIME AVILES

Por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de manera por demás silenciosa, el gobierno federal ha puesto en marcha un mecanismo jurídico para privatizar las aduanas del país en beneficio de la trasnacional suiza Societé General de Surveillance (SGS), de acuerdo con documentos oficiales en poder de La Jornada.

SGS estaría representada en México por la empresa mexicana Logistic Free Trade Zone, cuyo director y principal accionista es Juan Carlos López Rodríguez, ex funcionario aduanal inhabilitado, pero amigo de José Guzmán Montalvo, titular de la Administración General de Aduanas (AGA), quien le otorgó la concesión del recinto fiscal que se encuentra en el desierto de San Luis Potosí, a pesar de que había sido destituido.

López Rodríguez y Guzmán Montalvo "están asociados con la familia (de Marta) Sahagún", por lo que "éste podría ser el negocio transexenal del presidente (Vicente) Fox, por conducto de la familia Sahagún, con utilidades directas e indirectas calculadas entre 2 mil y 3 mil millones de dólares al año", denunciaron funcionarios de la AGA que pidieron el anonimato.

"Reconocemos que nos preocupa la posibilidad de sufrir represalias, pero consideramos que debemos dar a conocer oportunamente esta situación para evitar la virtual privatización de la aduana en México y el negocio transexenal que está detrás de ello", dijeron al entregar -a cambio del secreto- suficientes pruebas tangibles de sus afirmaciones, sin ocultar que en caso de consumarse la maniobra, muchos de ellos perderían su empleo.

La operación, respaldada plenamente por el titular de la SHCP, Francisco Gil Díaz, violaría los artículos 25, 32 y 131 constitucionales -que estipulan que el manejo de las aduanas es "una de las principales funciones de soberanía estatal"-, pero "podría quedar cerrada a más tardar el martes primero de noviembre", de acuerdo con la información oficial disponible.

La convocatoria a la licitación respectiva -"para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la ley aduanera", eufemismo que en realidad encubre el propósito de vender a extranjeros las aduanas del país- fue publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la SHCP, en el Diario Oficial de la Federación del pasado martes 11 de octubre (páginas 23 a 26), y citó a los interesados a una "reunión para aclaración de dudas" siete días después.

Esta se llevó a cabo, efectivamente, el martes 18 de octubre en el segundo piso del edificio número 43 de la calle Sinaloa, en la colonia Roma del Distrito Federal, y a ella asistieron representantes de cuatro empresas interesadas en adquirir las aduanas de México: Hilda Farah, de Goodrich, Riquelme y Asociados; Carlos E. Kempff, de Baltic Control Americas Ltd; Alejandro Cano, de Intertek Testing Services de México, y Carolina Cáceres, de Societé General de Surveillance México TAS Manager, según consta en el acta oficial de ese encuentro, que fue presidido por el licenciado Manuel González Franco, adscrito a la Administración de Adquisiciones del SAT.

Los próximos 10 días

De acuerdo con el cronograma incluido en la convocatoria de la licitación, los interesados cuentan con un plazo que expira pasado mañana a las 2 de la tarde para entregar los documentos requeridos. Y el siguiente martes, 1º de noviembre, en punto de las 11 de la mañana, el licenciado González Franco dará lectura a la resolución y con ella al nombre de la empresa ganadora que, a partir del lunes 7 de noviembre, podrá pasar a recoger los "títulos de autorización" para desempeñar las siguientes funciones:

"1. Revisión, dentro de las instalaciones de la Aduana, de mercancías de importación y/o en tránsito, así como de sus muestras, para allegarse de elementos que ayuden a comprobar su correcta internación y/o legal estancia en territorio nacional, precisando el número de piezas, volumen, descripción, naturaleza, estado, origen y demás datos que permitan la identificación de mercancías.

"2. Clasificación arancelaria de la mercancía sujeta a la revisión, de conformidad con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

"3. Verificación documental o en sitio de la veracidad del valor, proveedor/productor, y el origen, declarados en la factura y/o demás documentos presentados con motivo de la importación de la mercancía sujeta a revisión o para comprobar su legal estancia en territorio nacional. Dicha valoración deberá efectuarse, en caso de ser necesario, en sitio, por lo que los participantes, para obtener el título de autorización motivo de esta convocatoria, deberán contar con cobertura mundial".

De las cuatro empresas que se inscribieron en el concurso, aseguran los denunciantes, "sólo SGS tiene cobertura mundial". Sin embargo, como se aprecia en el acta de la reunión del 18 de octubre, la representante de la trasnacional suiza, Carolina Cáceres, preguntó: "¿Podrían precisar en qué consiste la cobertura mundial indicada al final del párrafo que refiere al servicio número 3?", y "el licenciado Roberto Ramírez de la Parra respondió que en este momento no se está solicitando un mínimo de cobertura mundial, por tanto, con que tenga representación en más de un país es suficiente".

¿Aduana africana en México?

Con la Constitución en la mano, los denunciantes mostraron los artículos que serían violados por Gil Díaz y Fox. El 25 señala que "corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y llevar a cabo las acciones de regulación y fomento", por lo que dejar en manos de empresas extranjeras la función aduanal "pone en riesgo la seguridad del país".

Según la ley, dijeron los denunciantes, toca al Estado la seguridad y el control del tránsito de mercancías (por medio de las aduanas) y de las personas (con Migración), por lo que advirtieron que "estas responsabilidades no son delegables ni transmisibles, menos aún a empresas extranjeras, como propone la convocatoria".

Asimismo, recordaron que el artículo 131 dice que "es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por territorio nacional", pero las empresas privadas que actualmente desempeñan esas funciones en países de Africa y Europa del este "a menudo se hacen de la vista gorda ante las actividades del crimen organizado trasnacional", advirtieron.

Por lo que toca al artículo 32, según el cual "los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias", la convocatoria lo viola, porque "entre los requisitos que exige para licitar el servicio, hay algunos que sólo puede cumplir SGS, como el que pide un capital social de por lo menos un millón 373 mil 988 pesos, hecho como un traje a la medida".

Societé General de Surveillance tiene sus "cuarteles generales" en el número 1 de la Place des Alpes, en Ginebra, Suiza, así como en Techoparkstrasse 1, en Zurich, Suiza, y en la Vía Vincenzo Vela 8-a, en Basilea, Suiza, pero no cuenta con ninguna sede oficial en la República Mexicana, según consta en la página electrónica del consorcio, donde informa que controla las aduanas de varias ex colonias europeas de Africa, dato que para los denunciantes evidencia "a qué nivel quiere bajar Fox a México".


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